Con casi 700 reclamantes de tierras amenazados en un año, el proceso de
restitución arriesga convertirse en el nuevo motivo del conflicto en las zonas
agrarias más importantes del país
Una alarma silenciosa se extiende por Colombia. A
un año escaso de iniciado el proceso de restitución de tierras, hay 683
reclamantes de tierras amenazados. La cifra es verdaderamente alarmante. Hasta
ahora, apenas se ha emitido una docena de sentencias que devuelven a sus dueños
las fincas despojadas por la violencia. ¿Qué puede pasar en los próximos meses,
cuando los jueces de restitución van a producir cientos de fallos más?
En este caso, el Estado ha respondido. Los
asesinatos, en marzo pasado, de Manuel Ruiz y su hijo Samir, que reclamaban
tierras colectivas en Chocó; y de Jairo Mejía, líder del Carmen de Bolívar, en
junio, cerca de Montería, encendieron las alarmas. La Unidad Nacional de
Protección (UNP), encargada de proveer seguridad a personas en riesgo, tomó
decisiones extraordinarias. Mediante un procedimiento de emergencia ha cobijado
con medidas de protección, aun antes de hacerles el estudio de riesgo, a 425
líderes y participantes del proceso de restitución de tierras.
“En 2012 no nos han matado a nadie”, afirma el
director de la UNP, Andrés Villamizar. “Basta con que una entidad en el terreno
nos ponga por escrito un riesgo inminente (para un reclamante) y se le ponen
medidas.”
Si bien la protección parece estar funcionando, la
magnitud del recurso a las amenazas de todo tipo para frenar los procesos de
restitución es tal, que la UNP calcula que para finales de 2013 tendrá 1.000
participantes de procesos de restitución bajo su cuidado, dos veces y media los
que tiene hoy. Solo en lo que va de este año se han entregado medidas de
protección a 50 reclamantes más. Panfletos y sufragios, algunos firmados por el
Comando Central Antirrestitución, visitas amenazantes a las casas, mensajes de
texto y recados vienen en aumento en varias de las regiones que la Unidad de
Tierras ha priorizado para adelantar la restitución.
Pese a la prelación que se ha dado a atender a los
reclamantes de tierras en riesgo, hay quejas por casos de lentitud en las
medidas y dudas de hasta dónde son efectivas para proteger a personas que viven
en zonas rurales apartadas y entornos donde un celular, un chaleco blindado y
hasta una escolta armada no son a menudo las fórmulas más adecuadas.
SEMANA estuvo en el Cesar y pudo constatar allí la
gravedad del problema. En muchos de los procesos de restitución en curso hay
amenazados. Líderes con los que habló esta revista afirman que, además, son
muchos los que han desistido de reclamar sus tierras por miedo.
Justo cuando salía la primera sentencia para
devolver tierras despojadas en el departamento, en el predio El Toco, uno
de los líderes del proceso, Miguel Antonio Ricardo Serna debió huir del
municipio de Codazzi por amenazas. “Aquí hay una cantidad de gente que estamos
en el mismo problema”, dijo Pompilio Herrera, participante del proceso para
recuperar el predio Mechoacán, en La Jagua de Ibirico. José Luis Peralta, que
lidera a desplazados del poblado de Minas de Iracal, en Pueblo Bello, está
amenazado, como lo está Sifredy Culma, desplazado de la finca Santa Fe, en
Becerril, y muchos más.
En total, 51 reclamantes del Cesar están en la
mira. A 44 se les pusieron medidas de protección. La mayoría de aquellos con
los que habló SEMANA tiene un nivel de riesgo evaluado como extraordinario. La
Defensoría del Pueblo local y otras organizaciones humanitarias han promovido
tres reuniones de los reclamantes amenazados, la última de ellas, la semana
pasada.
Muchos se quejan de lentitud en la implementación
de las medidas de la UNP para protegerlos, de que les entregan vehículos con
problemas mecánicos o avanteles en zonas sin cobertura y de que los pagos para
auxilio de transporte se tardan mucho tiempo. La Defensoría, incluso, ofició a
la Procuraduría, exponiendo estos problemas. En Bogotá, en la UNP aceptan que esos
líos se presentan, pero señalan que los reclamantes de tierras tienen una
atención prioritaria e insisten en que la protección ha funcionado.
El Cesar es emblemático. Con 2.600 solicitudes para
restituir 170.000 hectáreas de tierras, casi todas despojadas por los
paramilitares del Bloque Norte de Jorge 40, el departamento es un crisol de los
problemas que enfrenta la restitución. Aunque los paras se desmovilizaron, los
mandos medios siguen activos y muchos terratenientes y políticos que los
apoyaron conservan su influencia y su poder. Estos sectores y grupos sucesores
de los paramilitares, como los Rastrojos, no solo estarían tras las amenazas
sino que orquestan campañas para señalar como guerrilleros a los reclamantes de
tierras o, en algunos casos, para montarles procesos judiciales que los hagan
desistir.
El cuadro del Cesar dista de ser el único. Hace
poco, siete congresistas estadounidenses le enviaron una carta al presidente
Santos en la que manifestaban su preocupación por el crecimiento de las
amenazas contra líderes del proceso de restitución de territorios colectivos en
Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, y contra la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz, que los acompaña, diciendo que 45 personas están amenazadas
(allí mataron a Manuel Ruiz y su hijo). Antioquia, donde 75 reclamantes tienen
medidas de protección, Chocó, con 65, y Bolívar, con 49 encabezan la lista de
los departamentos donde hay más líderes de tierras en riesgo.
Allí y en otras regiones, el patrón del Cesar se
reproduce. El sustrato político y social que respaldó al fenómeno paramilitar
nunca se afectó de manera irreversible y ahora asoma la cabeza, en entornos en
los que nuevos y viejos grupos armados están dispuestos a proveer la ‘mano de
obra’ para atacar la restitución y en los que la institucionalidad local es
débil para defenderla. El ambicioso proyecto de restitución de tierras del
gobierno enfrenta el gigantesco desafío no solo de proteger a sus
participantes, sino de prevenir los ataques contra ellos y de investigar las
amenazas en su contra. Más allá de los esfuerzos que se están haciendo en
protección, estos son dos de los flancos débiles en la política oficial para
lidiar con un reto que puede incendiar el campo colombiano si no se toman
medidas de fondo.
Tomado de: Semana.com/nacion
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