jueves, 28 de febrero de 2013

El porqué del paro cívico cafetero nacional



“¿Es cierto que están trayendo café de afuera?” pregunta con incredulidad un cafetero guambiano durante una reunión en Piendamó, Cauca. “!Es cierto!” grita otro sentado a mi lado y un murmullo de indignación se extiende por el auditorio.

Efectivamente esta situación no puede causar más que indignación. Muy probablemente el café que me estoy tomando mientras escribo este artículo -o el que usted se está tomando como lector- proviene de Perú, Ecuador o algún país centroamericano. Así que lo que era impensable, está sucediendo, como ha sucedido con productos como el arroz, el trigo o el maíz desde que empezó el “libre” comercio: estamos pasando de ser un país autosuficiente en café para pasar a ser importadores, al menos en estos días de crisis. Sólo el año pasado se importaron 900.000 sacos de café para abastecer el mercado interno, y el país ha perdido cuatro millones de sacos en los últimos cuatro años, pasando de producir once millones de sacos de café verde en 2008 a siete millones en 2012. Esto significa que los cafeteros –pequeños, medianos y grandes porque la magnitud de la crisis es tal que los afecta a todos- han dejado de percibir cuantiosos ingresos por el café que han dejado de producir. Y el que han logrado producir, ha sido a pérdida. Como lo explica un cafetero de Belén de Umbría, los costos de producción por arroba están entre $60,000 y $70,000 pesos, pero se está pagando entre $40,000 y $50,000 pesos, dependiendo de la calidad del grano.

Con todo, el presidente Santos anuncia, en medio de un show mediático en Chinchiná que terminó con rechiflas, que se otorgará un subsidio de $6,000 pesos por arroba hasta junio de este año y la refinanciación a dos años de los créditos que no están vencidos con el Banco Agrario. “Con eso lo único que hacen es alargarnos la muerte” me dice un cafetero de Riosucio, Caldas. Así mismo surgen varios interrogantes. Por ejemplo, ¿qué soluciones hay para aquellos cafeteros que ya tienen sus pagarés vencidos? ¿O para aquellos que no tienen cédula cafetera y, por tanto, no reciben ningún subsidio? Por su parte, Luis Genaro Muñoz, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, afirma que los cafeteros tradicionales no participarán en el Paro Cívico Nacional del próximo lunes 25 de febrero, el cuál esta siendo promovido por “fuerzas oscuras”. Como siempre en este país, la protesta civil se reprime y estigmatiza ante la opinión pública bajo este trillado y falaz argumento.

Pero la realidad es que el Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros es pacífico, autogestionado y autofinanciado por los cafeteros y sus comunidades. Cómo lo explica una líder de Asproinca, una asociación de productores campesinos e indígenas de Riosucio y Supía, en Caldas: “Todos los que participen del paro deben llevar preparada su comida para el primer día y traer ‘remesa’ para los siguientes: plátanos, yucas y otros productos de la finca. Además debemos organizarnos por veredas para conseguir ollas y madera para cocinar, los dos mil pesos por persona para el transporte en chiva, y las pancartas con las demandas del paro”. Igualmente, el paro cafetero cuenta con el apoyo de comerciantes, transportadores, autoridades municipales, sindicatos y organizaciones gremiales e indígenas de once departamentos del país. Por ejemplo, en Risaralda, la Asamblea Departamental ha declarado por unanimidad su apoyo al paro cafetero y los comerciantes de Belén de Umbría cerrarán sus negocios el lunes como muestra de solidaridad. En Caldas, varios alcaldes también han expresado su apoyo, brindando transporte y exigiendo al gobierno nacional que le dé soluciones a la crisis cafetera. Así mismo, los educadores de Caldas, agremiados en Educal, han expresado su respaldo al paro y los estudiantes de las universidades de Manizales, a través de la Mane, han realizado reuniones informativas y se han organizado para conseguir transporte para los estudiantes que quieran acompañar a los cafeteros el 25 de febrero. Incluso funcionarios de algunos de los comités municipales de la Federación de Cafeteros –que conocen de cerca la dramática situación de las zonas cafeteras, a diferencia de aquellos que no salen de sus oficinas- han expresado su solidaridad con el paro. Es necesario recordar que la crisis del café no solamente afecta a las 550,000 familias que viven de este producto y que generan la tercera parte del empleo rural nacional, sino a la mayoría de la población de las zonas cafeteras. Como me dice un cafetero de Supía, Caldas: “Si nosotros no tenemos ingresos, ¿quién le va a pagar el pasaje al del jeep, o comprarle al de la revueltería o al de la miscelánea?”

La crisis debe ser muy profunda para que los cafeteros salgan a protestar a las carreteras, a sabiendas de que se exponen a ser violentados por la fuerza pública, a aguantar las inclemencias del tiempo, a dormir en improvisadas carpas, y a perder días de trabajo en el cafetal. Hacer un paro exige muchos sacrificios, pero eso no lo saben los altos mandos de la Federación ni el presidente Santos -quien fue representante ante la Organización Internacional del Café - quienes desde su muy abullonada silla de escritorio se ganan millonarios sueldos con el sudor de aquellos a los que dicen representar. Pero los sacrificios son necesarios cuando la institucionalidad cafetera y el gobierno nacional son sordos a las peticiones de los cafeteros quienes han realizado ya varias acciones de protesta, todas ellas pacíficas. Por ejemplo, la Movilización Cafetera a Manizales del 27 de agosto de 2012 donde se concentraron 20,000 productores de todo el país, y el Plantón Cafetero del 28 de noviembre en Bogotá durante la instalación del Congreso Nacional Cafetero. Movilizaciones que han contado con el apoyo no solamente de gobiernos locales y departamentales, sino también de diez senadores y representantes de todo el espectro político nacional –desde el Partido de la U, con Adriana Gutiérrez, hasta Jorge Robledo del Polo Democrático.

Desgraciadamente en este país, el gobierno sólo responde bajo presión. Gracias a las protestas cafeteras, el gobierno de Santos retiró de la nefasta reforma tributaria el aumento a la contribución cafetera –impuesto que pagan todos los cafeteros, la mayoría sin saberlo, por cada libra de café exportado- de seis a doce centavos de dólar. Esto lo tienen claro no sólo los cafeteros, sino también los arroceros, cacaoteros y maiceros, quienes también están en crisis por las importaciones y la caída de la producción nacional ante el total abandono del gobierno, como lo muestran las protestas de las últimas semanas. Un gobierno que sigue repitiendo la mantra neoliberal de que es mejor importar alimentos baratos y especializarnos en productos exóticos, en ciertos nichos de mercado, o en la gran minería en donde supuestamente tenemos “ventaja comparativa”. Por esto es que la Federación desde hace varios años se ha volcado a apoyar los cafés especiales, sin tener en cuenta que estos representan solamente el 15% de la producción nacional y del mercado mundial, abandonando la producción del café suave colombiano para la exportación y el consumo interno. Un gobierno que perjudica a los exportadores con una política monetaria que no logra controlar la revaluación del peso a pesar de que el Banco de la República haya anunciado la compra de 30 millones de dólares diarios. Esta situación se agrava con la continua caída del precio internacional del café que ha llegado a estar por debajo de los 1,40 dólares la libra en este mes de febrero. Un gobierno maniatado por los TLC que no puede ejercer ningún control sobre las importaciones y que le otorga toda clase de beneficios económicos –incluyendo las vergonzosas exenciones tributarias- a las empresas transnacionales, en especial mineras. El impulso de la “locomotora minero-energética”, que va en contra de la agricultura nacional, las fuentes hídricas y la biodiversidad del país, afecta también a las zonas cafeteras donde se han concesionado grandes extensiones mineras. Por ejemplo, la Gran Colombia Gold tiene extensas concesiones en Marmato, Caldas, y la Seafield Resources en Quinchía, Risaralda, amenazando con el desplazamiento no solamente de los mineros tradicionales sino también de los cafeteros.

Ante esta grave situación, los cafeteros saldrán a protestar a las carreteras del país este lunes 25 de febrero para exigir al gobierno central un precio remunerativo y estable, el control de los precios y la calidad de los insumos del café, la solución definitiva a las deudas bancarias, el cese de las importaciones de café y el rechazo a la gran minería en zonas cafeteras.

La crisis del café también responde, en el largo plazo, al modelo de agricultura del país, ligado a la Revolución Verde. Me refiero en específico a la política impulsada por la Federación de Cafeteros desde los años ochenta para acabar con el cultivo tradicional de café con sombrío -el llamado “bosque cafetero”-, y reemplazarlo por el monocultivo de café de sol. Según María Elena Bernal, agrónoma de la Universidad de Caldas, el bosque cafetero –que cubría la gran mayoría de las zonas cafeteras- se caracteriza por su gran biodiversidad dado que el café se cultiva bajo la sombra de especies de árboles nativos como guayacanes, guamos y yarumos, e intercalado con otros cultivos como el plátano, el maíz, el frijol, el aguacate y numerosas plantas medicinales y aromáticas, que a su vez atraen gran variedad de pájaros, insectos y otros animales propios de esta zona. Esta diversidad de cultivos, flora y fauna asociados al café mantiene la fertilidad del suelo, evita la erosión, protege las fuentes de agua, contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias cafeteras, y permite el control biológico de plagas y enfermedades. El modelo de cafetal de sol, ligado a los paquetes tecnológicos de fertilizantes y herbicidas químicos, constituye, por el contrario, una grave amenaza para la biodiversidad de la zona cafetera, promoviendo la erosión y la contaminación de las aguas, y convirtiendo al suelo y al caficultor en dependientes de las grandes compañías de agroquímicos y de las variedades de café de la Federación que –como sucede con la ‘Variedad Colombia’- no se dan bien en todas la zonas. Testigo de esto es el tan ahora promocionado “paisaje cultural cafetero” que en muchas zonas ofrece la deprimente panorámica de cafetales envejecidos –porque los cafeteros no tienen con qué renovar sus cafetales – flanqueados por grandes extensiones erosionadas donde ya no crece ni una mata de maíz. Esta problemática debe comenzar a discutirse dentro del movimiento cafetero y a nivel nacional para encontrar soluciones que permitan construir una caficultura sostenible tanto económica como ambientalmente.

Es hora entonces de que el gobierno y el país ayuden a los cafeteros a salir de la peor crisis de su historia. Ahora es el turno de solidarizarnos con quienes, a través de sus contribuciones al Fondo Nacional del Café, han financiado por más de medio siglo no solamente las obras públicas de las zonas cafeteras como escuelas, hospitales, carreteras, alumbrado y alcantarillado público –y por tanto relevado al gobierno de cumplir con estas obligaciones- sino la economía y la vida del país, desde la reconstrucción del Palacio de Justicia hasta los equipos de ciclismo nacional. Como he oído afirmar una y otra vez en las últimas semanas: “Nosotros somos cafeteros, no limosneros.”

Por: Laura Gutiérrez Escobar
Tomado de: http://www.nasaacin.org


Café: prestigio y riqueza para el país, pobreza para los cafeteros



Autor:  CXAB WALA KIWE - ACIN

El abandono a la producción en el campo ha llegado a tal punto, que las comunidades, desesperadas y buscando defender las fuentes de sustento y bienestar, han decidido levantarse en el Paro Cafetero Nacional contra las políticas impuestas por los gobiernos, entre ellos el de Juan Manuel Santos.

Esta es la actual situación de la población cafetera en Colombia: abandonada, explotada y relegada por falta de políticas estatales apropiadas y necesarias para impulsar y fortalecer uno de los sectores que mueven la economía nacional. Situación que no sólo afecta a las y los cafeteros en Colombia sino que se ha profundizado también con productores de arroz, de trigo, de algodón y de maíz desde que se implementaron los tratados comerciales TLCs.

Las importaciones que se permiten con los tratados comerciales, la falta de apoyo y subsidios para la producción en el campo han generado que los pequeños, medianos y grandes cafeteros del país produzcan a pérdida sus productos. Producir una arroba de café cuesta entre $60,000 y $70,000 pesos, y lo que pagan por el producto es $40,000 y $50,000 pesos, eso dependiendo de la calidad del grano. Ante la actual crisis, el presidente Santos anuncia durante algunos meses un subsidio de $6,000 pesos por arroba y la refinanciación de los créditos que no están vencidos. Propuestas que muy lejos de ser soluciones van a aumentar la problemática.

El paro cafetero no es la lucha de quienes se sustentan de este producto. Es una lucha del pueblo colombiano. Por esto la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA - ACIN, las Autoridades Tradicionales y las comunidades, RESPALDAN, APOYAN, ANIMAN y se SOLIDARIZAN con las jornadas de movilización del Paro Cafetero Nacional, iniciado desde el 25 de febrero en las diferentes regiones del país.

El derecho a la protesta social está establecido en la Constitución Política de Colombia, en este sentido consideramos estas acciones de movilización y exigencia JUSTAS, DIGNAS, NECESARIAS Y LEGÍTIMAS, dado que en nuestro país los derechos se defienden y se alcanzan en las calles.

Condenamos y rechazamos los atropellos de los que han sido víctimas las comunidades movilizadas en los departamentos del Quindío, Risaralda, Caldas, Huila, Tolima y Cauca por parte de la fuerza pública (ESMAD), cuyo resultado ya deja un campesino muerto en Garzón Huila y decenas de heridos en los diferentes puntos de movilización.

Denunciamos también, la desinformación tendenciosa que altos funcionarios del gobierno nacional a través de los medios masivos de comunicación, vienen generando alrededor de las movilizaciones, señalando ante la pública que dichas jornadas pacíficas están permeadas por grupos armados al margen de la ley.

Finalmente, anunciamos que como ACIN estamos atentos a cualquier situación que se presente en el marco de las luchas que libra la población cafetera y que nuestras comunidades están participando de manera activa en las jornadas de protesta como organización indígena.

En tal sentido compartimos y hacemos propias las exigencias del Paro Cafetero Nacional:

· Un precio remunerativo y estable del grano
· Subsidios para garantizar la producción del café
· Control de los precios de insumos y la calidad de estos mismos.
· Una solución definitiva a las deudas bancarias
· El cese de las importaciones de café
· La no implementación de la gran minería en zonas cafeteras 

Tomado de: http://www.nasaacin.org

Algunos elementos para el análisis de la acumulación de capital a partir de la minería de oro

Por Freddy Ordoñez
Este documento pretende entregar elementos para el análisis de las nuevas realidades en la acumulación de capitales a partir de la minería de oro, para ello en primer lugar, se presentan los orígenes de la presencia de capital extranjero en la minería aurífera nacional; seguidamente, se evidencia el papel jugado por la producción de oro en el desarrollo capitalista del país; en un tercer momento, se relacionan los intereses foráneos actuales en el sector; luego se muestran los dispositivos institucionales-particulares para la acumulación y finalmente se presentan algunas conclusiones.

Los orígenes de la presencia de capital extranjero en la minería

La extracción aurífera ligada a los intereses de las potencias extranjeras ha estado presente a lo largo de la historia republicana de Colombia: El vicepresidente Santander, aceptó los ofrecimientos de préstamo realizados por el imperio británico, a pesar de que éstos se presentaban en condiciones desfavorables para el país. Los banqueros ingleses recibieron “como seguridad de garantía para el crédito y como contraprestación financiera, entre muchos otros gajes, el arrendamiento de las minas de Supía y de Marmato […] el empréstito se firmó en 1825 con los banqueros ingleses A. B. Goldsmit”, éstos, y los también ingleses Powells Illingworth y Co. y la Western Andes Mining Co. fueron los primeros beneficiados de la minería en Marmato, Supía y Quiebralomo.
De otra parte, en el Nordeste Antioqueño, surgía a mediados del siglo XIX, con capital inglés la Frontino and Bolivia Company, operaba igualmente en Antioquia la Pato Mining y de igual forma, hacían presencia algunas empresas mineras francesas.
Ya en el siglo XX, las empresas francesas e inglesas que operaban en Colombia, pasaron en su mayoría a manos norteamericanas, lo que se tradujo en la supremacía de EEUU –por lo menos hasta mediados de siglo- en la extracción de oro en el país, lo que significó además su capacidad decisoria en la política sectorial, así como en general en la política económica nacional, puesto que el país del norte, se volvió un gran inversionista en sectores como petróleos, transportes, telecomunicaciones, servicios públicos y agricultura, lo que dejó, a Colombia, ubicada bajo la órbita de dominación de los Estados Unidos.

La minería y el desarrollo del capitalismo nacional

La minería implementada a partir de 1825 en Antioquia representó la puesta en escena de una minería de tipo capitalista en el país, en lo que han sido calificadas como las primeras empresas capitalistas en Colombia [1], el principal beneficiario de esto fue la economía británica (seguidos de Francia y Estados Unidos, siendo este último durante buena parte del siglo XX el único extractor extranjero del metal). El imperio Británico mediante un proceso de expansión atlántica, pretendió dar salida a los procesos de sobreacumulación y crisis capitalista vivida en Europa a mediados del siglo XIX. Sobre la base de la minería de oro de Marmato y del Nordeste del siglo XIX se construyó el capitalismo colombiano del siglo XX.
Efectivamente, algunos de los empresarios del oro, gracias a las experiencias de la extracción aurífera y a los capitales que amasaron, se convirtieron en los fundadores de las primeras fábricas y emporios comerciales antioqueños, que comenzaron a surgir a partir de 1880, dentro de los que se pueden contar: casas de cambio y de comercio internacional, tabacaleras y cigarrerías, empresas de vapores en el Magdalena, latifundios para ganadería y pastos importados, construcción de viviendas en Medellín, importación de mercancías, agroindustrias cafeteras, industrias textiles y cerveceras, mercados de víveres, industrias ladrilleras, molinos de trigo y cacao, entre otros. Así el oro de determinadas zonas de Antioquia permitió la construcción industrial del Valle de Aburrá y del llamado “triangulo industrial” conformado por Medellín, Bogotá y Cali.
Además las “olas migratorias” que se vivieron en el occidente del país obedecieron a diferentes momentos vividos por la extracción de oro, incluyendo la famosa “colonización antioqueña”.

La acumulación de capitales en la minería actual y los intereses foráneos en el sector.

La minería durante el siglo XX e inicios del XXI no dejó de tener importancia en la economía nacional, de igual forma se presentó ligada a los intereses de compañías transnacionales. En efecto, la inversión extranjera en la explotación de minas y canteras fue en el año 2000 de US$ 507 millones, pasando a US$2.116 millones en el año 2008, es decir en 8 años se dio un crecimiento del 400%. Los países con mayor inversión en exploración minera en Colombia son Canadá, Sudáfrica, Suiza, Brasil, Reino Unido, Australia, EEUU y Japón. En lo correspondiente a exploración de metales, las empresas canadienses prevalecen, seguidas por las colombianas, las estadounidenses y británicas, pero presentándose los mayores gastos en exploración –en su orden- de parte de los canadienses, las empresas surafricanas, las suizas, las empresas estadounidenses y del Reino Unido.
Fue durante la administración de Álvaro Uribe Vélez que se implementaron y diseñaron o bien profundizaron diferentes dispositivos funcionales a la minería y en general al desarrollo y potenciación de las economías extractivas, en detrimento de la llamada “minería de hecho”.

La minería y los dispositivos estatales-particulares para la acumulación.

La normatividad implementada en el último periodo ha apuntado a una política económica contra los sectores tradicionales del campo, tal ha sido el caso de las leyes 1021 de 2006, Estatuto Forestal; 1152 de 2007, Estatuto de Desarrollo Rural; y 1382 de 2010, “Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”, todas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, y cuya característica fundamental era su esencia desterritorializadora, y su funcionalidad a los intereses privados, presentándose de esa forma, la máxima conjunción entre la lógica capitalista y la lógica territorial: que fueran el mercado minero-energético y el agroindustrial, junto con las empresas de estos sectores económicos las ordenadoras del territorio rural.
Los empresarios, dedicados a la extracción de minerales preciosos en el país, han tenido la posibilidad de aumentar sus capitales desde finales del siglo XX, a partir de la intensificación y expansión del conflicto armado, de la acumulación por desposesión y de la implementación de dispositivos institucionales orientados a respaldar y facilitar la minería de gran escala y perseguir la minería de hecho, así como de los avances en infraestructura vial y portuaria.
Cuando se habla de la minería transnacional y a gran escala y de la minería tradicional, artesanal o de hecho estamos frente a dos modelos productivos diametralmente diferentes, lo que lleva a señalar también la presencia de dos modelos territoriales diferenciados y contradictorios en lo que es claramente una disputa por la tierra y principalmente una disputa por la definición de un territorio.

Persecución a la minería tradicional, artesanal o de hecho.

Las medidas normativas diseñadas apuntan cada vez más a atacar la llamada “minería ilegal”, es decir, aquella minería tradicional, artesanal o de hecho, que se aleja de las lógicas capitalistas de acumulación y cuya finalidad principal, es la subsistencia y no la generación de excedentes (producto de la explotación del trabajo vivo y de la tierra), por lo que no cuenta con los recursos suficientes para adelantar los trámites respectivos para su legalización y que se considera una forma de frenar el aumento de la pobreza, según la Defensoría del Pueblo (2010):
La minería en pequeña escala, tradicional y de hecho ha sido reconocida […] como un tipo de producción que tiene profundas raíces históricas y sociales y que está asentado en la cultura y la economía de América Latina, según los cuales debe considerarse como una forma de erradicación de la pobreza de un gran número de personas que habitan en zonas rurales.
Según el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas “la minería artesanal es un arma eficaz contra la pobreza rural y la migración de las zonas rurales a las urbanas y, como tal, debe recibir apoyo”.
Según los cálculos más modestos, la minería artesanal representa el sustento de 15.000 familias. Para la extracción aurífera, se cree que en esta laboran al menos 40.382 mineros, lo que indica que de ella dependen aproximadamente 10.000 familias en el 44% de los municipios del país (Defensoría del Pueblo, 2010). Los departamentos con mayor número de municipios que presentan minería de hecho son Córdoba, Boyacá, Risaralda y Quindio.
En la actualidad, el Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, ha señalado la próxima presentación de una reforma al Código (Ley 685 de 2001), la cual pretende atacar a la minería de hecho, eliminando el articulado que refiere a la legalización de explotaciones realizadas por grupos y asociaciones de minería tradicional [2], bajo el pretexto de que con esta figura se estarían encubriendo diversas formas de minería ilegal. Si bien, la normatividad vigente permite la legalización de las explotaciones, en la práctica esta no ha dado resultados, en parte por la cantidad de requisitos y exigencias para su alcance [3]. A manera de ilustración, para mediados del año 2006 “Los pequeños mineros radicaron 3.634 solicitudes que fueron evaluadas; 2.049 fueron archivadas y solo 986 consideradas viables para visitas; se realizaron 617 visitas de las cuales solo 107 pasaron a elaborar sus planes de obra y de manejo ambiental; al final solo 4 contratos habían sido firmados.” (Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos, 2008). A la fecha de las más de 3.600 solicitudes, únicamente el 1% fue legalizado.
Si con la normatividad vigente se presentan tantas dificultades para acceder a la legalización de las minas, con la nueva reforma se espera aún menos posibilidades de avance, ya que otro aspecto contemplado en la anunciada reforma, es el endurecimiento de los requisitos para acceder a un título minero, para lo cual se solicitará mayor capacidad financiera y técnica (El Espectador, 2011, Jun. 20), lo cual evidentemente no solo perjudica al minero artesanal sino que favorece al gran empresario.
Las retaliaciones contra la minería de hecho se han realizado desde una estrategia de criminalización que ha incluido los señalamientos del presidente Juan Manuel Santos sobre esta actividad como la nueva fuente de financiación de grupos armados, principalmente de la guerrilla de las FARC, convirtiéndose la persecución a la minería ilegal, según anunció el Presidente, en la nueva prioridad de las autoridades (BBC Mundo, 2011, Mar. 11). Lo cierto es que buena parte de los grupos paramilitares han ejercido influencia y control territorial en zonas de extracción no solo de oro, también de plata, carbón y esmeraldas, pero no precisamente de minería de hecho, sino de gran minería, la cual, en un buen número de casos, ha estado vinculada política y económicamente con el accionar criminal de estos grupos. Ya en Chocó se ha venido presentando la estigmatización a pequeños mineros, en el Nordeste Antioqueño, según denuncia de la ACVC, un reconocido líder de los mineros artesanales fue asesinado en Segovia.

La favorabilidad a la minería transnacional.

Los dispositivos institucionales además de atacar la minería artesanal, directamente favorecen la gran industria, en lo que es claramente un reto por desaparecer formas de producción diferentes a la capitalista, como modalidad de acumulación por desposesión (Harvey, 2004). El Código de 1988 (Decreto 2655 de 1988), bajo el supuesto de legalización de las formas mineras, escondía la intencionalidad de ordenar la industrialización mediante una serie de exigencias y procedimientos técnicos e infraestructurales, que sólo el gran capital podía cumplir. La Ley 685 de 2001, Código de Minas vigente, fortaleció de forma explícita al empresariado, desapareciendo la protección a la minería de hecho en pequeña escala. El Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos de CECOIN, señala que “El Código coloca como iguales ante la ley a la pequeña minería y a la transnacional, de modo que contraen costosas obligaciones técnicas y organizacionales similares a pesar de que los impactos socioambientales son claramente diferenciados, y las condiciones financieras distan mares de ser equivalentes” (Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos, 2008).
Los favorecimientos a la minería capitalista, no deben sorprender, toda vez que la Ley 685 de 2001 fue proyectada, asesorada y reglamentada por los abogados de las compañías cementeras Holcim, Cemex y ladrillera Santa Fé (Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos, 2008). Ha sido precisamente durante la vigencia de este Código que se ha presentado un aumento tanto en títulos solicitados, como en hectáreas dedicadas a la minería en el país, pero particularmente fue a partir del segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez, que se disparó exponencialmente el área nacional dedicada a minería, llegando para el año 2009 a ser de 8,53 millones de hectáreas. En el mismo sentido se ha presentado un aumento en la Inversión Extranjera Directa en el sector minero: entre 2006 y 2009, aumentó un 74%, pasando de USD$ 1.783 a USD$ 3.094.
El marco normativo favorable, la guerra, la inversión en infraestructura, la tecnología aplicada al proceso productivo, la formación de un proletariado sin tierras a partir del desplazamiento y el despojo, aumentaron las posibilidades de expansión del capital vinculado a la minería. A manera de ilustración, Antioquia es el principal productor nacional de oro, pero también el principal departamento expulsor de población desplazada del país. Este departamento en las dos últimas décadas, ha contado con importantes participaciones dentro de la producción nacional de oro, representando un 40,64% del total extraído entre los años 1990 – 2000, muy por encima de otros departamentos como Córdoba y Bolívar.
El boom de la minería ha ido de la mano, no sólo de la normatividad sectorial sino de otras estrategias como son, entre otros:
(i) Coordinación interministerial entre el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Transporte para la identificación y puesta en marcha de necesidades en infraestructura vial, férrea y portuaria;
(ii) Diseño de políticas gubernamentales con matices de política estatal como son la las apuestas nacionales para el sector Metales y piedras preciosas, joyería y bisutería, desarrolladas en la Agenda Interna para la productividad y la competitividad; las apuestas productivas en Carbón, oro y calcáreos desarrolladas en Documentos Regionales de algunos departamentos de la Agenda Interna para la productividad y la competitividad; y principalmente el documento marco “Colombia país minero. Plan Nacional para el desarrollo minero. Visión al año 2019”;
(iii) La inserción de funcionarios públicos de alto nivel en el sector minero y viceversa, en lo que se ha conocido vulgarmente como puerta giratoria. De lo anterior se destaca, la denuncia del Ex Ministro de Minas, Manuel Rodríguez: “El ex director de Ingeominas Julián Villarruel trabaja hoy para AngloGold Ashanti, la empresa con mayor extensión en títulos mineros (550.000 hectáreas y solicitudes por 2’000.000 adicionales). La ex canciller María Consuelo Araújo es presidenta de la Gran Colombia Gold Company, fusionada recientemente con Medoro. Gloria Lucía Álvarez, después de haber dejado el cargo de directora de la CAR de Cundinamarca (2007), ingresó a AngloGold Ashanti como flamante asesora jurídica. Hoy ataca a la directora de Cortolima por cuestionar públicamente el proyecto de La Colosa. […] el ex ministro de Minas Hernán Martínez sea miembro de la junta directiva de Medoro Resources. Durante su período como Ministro de Minas (2006-2010) se tramitó la reforma del código minero y se otorgó en forma caótica el mayor número de títulos mineros en la historia del país [...] El ex ministro de Justicia Rafael Nieto es el presidente de la Greystar […] Claudia Jiménez, directora ejecutiva del Sector de la Minería de Gran Escala, fue la coordinadora de las relaciones del gobierno Uribe con los gremios como ministra consejera del Gobierno hasta el 2010” [4].
La etapa de consolidación de la política minera se desarrollará en el gobierno Santos, quien pretende duplicar los niveles de exportaciones mediante la actividad minera, lo cual evidencia las líneas de continuidad entre su administración y la de Uribe. El actual mandatario se propone “consolidar al sector minero como motor para el desarrollo económico”, para lo cual se requiere una reforma institucional orientada a regular el mercado, vigilar el cumplimiento de las normas vigentes e implementar mecanismos sancionatorios. La pequeña minería según Santos debe ser “competitiva, responsable y productiva”.

Algunas conclusiones

La minería ha estado ligada de manera principal a la acumulación y circulación de capitales en el país, siendo en su momento el soporte del despliegue del capital en su fase industrializada nacional. Durante la administración anterior se evidenció la forma en que sectores económicos participaron del gobierno nacional y orientaron la política favorable al sector de manera que permitiera un mayor beneficio para éstos, lo que se ve reflejado en el aumento presentado en inversión extranjera directa en minería, el número de títulos solicitados, las hectáreas dedicadas a exploración y explotación, etc., así como en la acumulación realizada mediante la desposesión y el despojo, en la implementación de dispositivos normativos que buscaban la persecución y criminalización de la pequeña minería artesanal. Las proyecciones y los anuncios del gobierno Santos evidencian la continuidad en el favorecimiento a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, así como en la eliminación o cooptación de los pequeños mineros, en lo que se muestra como la disposición de las tierras y territorios en función del gran capital.
Freddy Ordóñez es autor de Nordeste Antioqueño: Territorio en disputa. Entre la acumulación de capital y la alternativa campesina. Bogotá: Cahucopana, 2011.
[1] Gabriel Poveda (1981, 55) señala que las minas de veta constituidas a partir de 1829 en Antioquia, serían las primeras empresas capitalistas en Colombia.
[2] Entre otros, el artículo 165 del actual Código, Ley 685 de 2001.
[3] Uno de esos requisitos es contar con un Plan de Trabajo y Obras, el cual, según el artículo 84 del Código, debe contener los siguientes elementos y documentos: (1) Delimitación definitiva del área de explotación; (2) Mapa topográfico de dicha área; (3) Detallada información cartográfica del área; (4) Ubicación, cálculo y características de las reservas que habrán de ser explotadas en desarrollo del proyecto; (5) Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito de minerales, beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación; (6) Plan Minero de Explotación, que incluya la indicación de las guías técnicas que se utilizarán; (7) Plan de Obra de Recuperación geomorfológica paisajística y forestal del sistema alterado; (8) Escala y duración de la producción esperada; (9) Características físicas y químicas de los minerales por explotarse; (10) Descripción y localización de las obras e instalaciones necesarias para el ejercicio de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras; y (11) Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura.
[4] “Estamos ad portas de una tragedia ambiental”: Ex ministro de Minas. En El Tiempo http://www.eltiempo.com/politica/re.... Un referente histórico de la puerta giratoria lo constituye Florentino González, 1805-1875, quien fue un economista liberal colombiano, que ocupó varios cargos públicos a nivel de Cundinamarca y del país. Participó de la conspiración septembrina contra el Libertador, lo que le hizo merecedor de una condena de 18 meses en la prisión del castillo de Bocachica, posterior a la pena, salió hacia Caracas, de donde regresó a la vida política en la Nueva Granada de la mano de Francisco de Paula Santander. Fue designado Secretario de Hacienda durante el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera, viajando en 1848 como encargado de negocios a Francia y a Gran Bretaña, promovió durante su permanencia en el gobierno del general Mosquera, el libre cambio, sin ningún tipo de obstáculos, con las potencias europeas. Actuando como agente de compañías Inglesas a mediados del Siglo XIX, compró algunas minas de veta en Frontino […] por $105.000 y una en Remedios por $3.000, lo que posteriormente fue parte fundamental en la creación de la Frontino and Bolivia Company

Tomado de: prensarural.org Septiembre/2011

El hambre y las grandes cadenas de distribución: El modelo neoliberal de comercialización alimentaria

Por: Freddy Ordoñez
Una acción rutinaria como esperar el transporte público, puede terminar dando elementos para analizar las transformaciones culturales producidas por la presencia de Grandes Superficies y Cadenas de Supermercados: Los buses y busetas no indican su transitar por barrios y calles, sino que sus rutas señalan si pasan por frente a un almacén de la cadena Carrefour o Éxito, por ejemplo.
Otro elemento interesante tiene que ver con las transformaciones en el lenguaje y los significados dados a las palabras. En Bogotá, es normal referirse al dueño del minimercado de barrio o al tendero con la expresión “vecino”, con lo cual se identifica a esta persona como parte del entorno más próximo y cotidiano, habitante del barrio, de la cuadra, etc., con un aire de familiaridad si se quiere. Como parte de su proceso de expansión el grupo Éxito ha venido implementando los supermercados “Éxito Vecino”, modelo con un tamaño mucho menor al de los grandes almacenes y que tiene por finalidad hacerse a los clientes de localidades y sectores no centrales o cercanos a una gran superficie de dicha compañía.
No sólo se transforma la cultura, sino que el espacio social se define en función de estos supermercados (frente a…, detrás de…, una cuadra después de…, etc), urbanizaciones y ciudadelas se edifican entorno a un almacén, llevando a que incluso se pueda decir que la comercialización por medio de grandes superficies no sólo define lo que comemos, sino también define las construcciones territoriales de nuestras ciudades.
Esta invasión de las grandes cadenas de distribución (en sus múltiples formatos), se presenta como la implementación de un modelo de comercialización de productos, especialmente alimentos, que operan bajo las reglas del sistema capitalista neoliberal y globalizado, con características de oligopolio y monopsonio, haciendo del derecho a la alimentación un lucrativo negocio.

La maximización de las ganancias de un modelo neoliberal de comercialización de alimentos: Algunos casos emblemáticos.

La revista Fortune 500 publicó a principios de año el listado de las empresas norteamericanas que registraron, a nivel mundial, mayores ventas durante el 2009 [1]. El primer lugar lo ocupó la gigante de las tiendas Wal-Mart Stores, cuyas ventas llegaron a los 408.214 millones de dólares, superando a empresas como Exxon Mobile, AT&T, Ford Motors y el City Group. El año anterior [2], esta compañía había ocupado el segundo lugar, con 405.507 millones de dólares.
Wal-Mart Stores se presenta como el caso emblemático a nivel mundial de las jugosas ganancias que, para las grandes empresas, deja la venta de alimentos y otros productos básicos al por menor. Pero no es la única compañía que se lucra de los alimentos. Otras que se encuentran bien situadas en la clasificación de Fortune 500 son: JP Morgan Chase [3], Berkshire Hathaway [4], Kraft Foods, PepsiCo, Coca-Cola, y Tyson Foods.
La multinacional estaría próxima a llegar a Colombia y cuenta ya con marcas registradas en el país (como Sam’s Club). Esto hace pensar que se profundizaría en nuestra nación un modelo nocivo para la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos.
El otro caso paradigmático de la distribución de alimentos lo constituye el gigante francés Carrefour, empresa con presencia en más de 30 países, que se presenta como la segunda de mayor importancia en el sector a nivel mundial y como la número uno en Europa. Las ventas del año 2009 a nivel mundial de Carrefour estuvieron en el orden de los € 85,963 M. Éstas se dieron un 43% en Francia, un 35,7% en el resto de Europa y 13,7% en Latinoamérica, siendo los hipermercados los que concentraron un 62,1% de la ganancia anual. En segundo lugar estuvo el formato supermercado con un 21,5% [5]. En España, Carrefour concentra el 23,7% de la distribución de alimentos, es decir, prácticamente controla uno de cada cuatro alimentos que se compran en este país [6]; en Francia, se destaca el hecho de que junto con otras cuatro empresas, controlan el 90% de la comercialización de productos alimenticios [7]. En Colombia, en algo más de una década de su llegada (1997), Carrefour ha abierto más de 60 tiendas en 33 ciudades de 18 departamentos.
A nivel nacional, Gonzalo Restrepo López, presidente de Almacenes Éxito, señala que el 70% de sus ventas son alimentos. En el 2009, Éxito fue la tercera mejor compañía del país. Esta cadena de distribución en prácticamente diez años ha tenido cambios significativos. Específicamente son resaltables la adquisición del 25% de las acciones de Almacenes Éxito por la francesa Casino, en 1999; la obtención por parte de Éxito de la mayoría accionaria de Cadenalco SA, en 1999, y la posterior fusión en 2001; en 2006 la apropiación de la mayoría accionaria de Carulla – Vivero; y a partir de ese año, la expansión adelantada a nivel nacional, no sólo bajo la denominación Éxito, sino mediante los almacenes Carulla, y Surtimax, abriendo los tradicionales hipermercados, pero también por medio de formatos de “minimercado” y pequeños almacenes en sectores más populares (que serían los Éxito Vecino, Carulla Express y Surtimax)  [8].
Actualmente, el Grupo Casino, de Francia, es dueño de más del 62% de Almacenes Éxito, siendo en el país su principal competencia el otro francés, Carrefour. Entre estos dos gigantes y Wal-Mart se estarían disputando prácticamente el mercado nacional de alimentos, lo que deja en entredicho la seguridad y soberanía alimentaria de los colombianos.

Hambre y modelo capitalista agroalimentario.

Como se ha mostrado, la comercialización de alimentos mediante el modelo de grandes cadenas y sus formatos adjuntos es un negocio rentable a escala planetaria, que encuentra soporte fundamental en la aplicación indiscriminada de las políticas neoliberales a la agricultura y la alimentación. Esta lógica capitalista agroalimentaria ha tenido relación directa con la llamada crisis alimentaria evidenciada entre el 2006 y el 2008, y de la que hasta ahora el mundo no se ha recuperado. Principalmente ha sido el modelo agroalimentario, enmarcado dentro de un modelo económico capitalista, el responsable del hambre en el mundo.
Efectivamente, lo anterior ha sido constatado por la misma FAO, organismo que ha señalado que el hambre en el planeta iba en aumento mucho antes de la crisis alimentaria: Desde el año de 1995 ha crecido constantemente el número de personas subnutridas en el planeta, coincidiendo con el despliegue global del neoliberalismo, encontrando su pico más alto en el 2009, con 1.020 millones de personas. El hambre ha tenido como origen, no la disminución de las cosechas, mucho menos reducciones en la producción de alimentos [9].
En síntesis, se puede observar que la garantía del derecho a la alimentación va de la mano con la capacidad para adquirir los alimentos, aclarando que entre mayor sea el número de intermediarios y mayor sea el monopolio de acopio y distribución, los productos tendrán mayores costos y los intermediarios tendrán mayores rentas de la venta de los mismos.

Cómo hacer dinero distribuyendo alimentos

Una de las formas más evidentes para generar mayores ganancias en la distribución de alimentos tiene que ver con ampliar el margen entre el precio de compra al productor y el precio de venta al consumidor final. Las cifras sobre el pago y la ganancia obtenida por producto vendido en las GCDA varían entre países, regiones y empresas. Por ejemplo, en Europa, según señala Andoni García, “más del 60% del beneficio final se concentra en las grandes superficies. La media en que participamos como consumidores en lo que cobra el agricultor/a es del 27%” [10].
Wal-Mart, es también un claro ejemplo de inequidad entre el precio de compra y el precio de venta, logrando muy buenas ganancias de los alimentos en los Estados Unidos, mediante la explotación al agricultor: “Wal-Mart toma 68 centavos de cada dólar por alimento vendido […] y 30 centavos lo gasta en publicidad, transporte y envoltura. El productor campesino recibe el resto de la ganancia: dos centavos por cada dólar” [11].
En Bogotá, un consumidor paga $100 pesos por un alimento que fue comprado en $35 pesos al productor. Cuando las vendedoras son las grandes cadenas de distribución de alimentos, las ganancias de éstas pueden llegar al 43%, siendo generalmente las capas populares quienes más pagan por los alimentos.
Este tipo de asfixia comercial a productores y compradores de alimentos es la que actualmente se está imponiendo, con diversos matices, en el mercado global, siendo claramente perjudicial para las pequeñas economías, la agricultura familiar, la producción limpia y los círculos populares de comercialización de alimentos, definiendo también el qué comemos, por qué lo comemos, quién lo produce, cómo se produce y dónde se produce.
A la ganancia generada por el margen entre precio de compra y el precio de venta, habría que añadir otras estrategias de las GCDA para aumentar la captación de recursos como son una política laboral interna precaria y superexplotadora de los empleados; la deslocalización de la producción de alimentos; y la competencia desleal contra sectores tradicionales de venta como las tiendas, los supermercados de barrio y las plazas de mercado.

La distribución y comercialización alimentaria en Bogotá.

A pesar de que los campesinos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta proveen el 75% de las 2,8 millones de toneladas de alimentos que anualmente se consumen en Bogotá, lo anterior no significa que sean ellos quienes obtengan los mejores dividendos del negocio.
En efecto, la distribución y comercialización de alimentos se encuentra centrada en pocas manos. Los alimentos una vez salen del campo son acopiados principalmente en diez grandes bodegas pertenecientes a cadenas integradas de comercialización, las cuales corresponden a los almacenes Cadenalco (Almacenes Éxito), Cafam, Carulla (Almacenes Éxito), Tía, Alkosto, Olímpica, Makro, Carrefour, Colsubsidio y YEP; mientras que “Corabastos cumple la función mayorista para los pequeños y medianos comerciantes y transformadores” [12].
Es en este escenario que se puede ver la figura de “embudo” que posee el proceso de producción, distribución y comercialización de alimentos: 2.000.000 de productores rurales anuales -> 1.846 intermediarios -> 4.800 agentes mayoristas -> 135.000 distribuidores minoristas -> 7.363.782 consumidores.
Las cifras muestran que en las tiendas, supermercados independientes y grandes cadenas, el 78% de las ventas corresponden a alimentos (seguido por productos de tocador y bebidas), y, aunque en la distribución de las ventas por canal comercial en el país los almacenes de cadena tienen un 23%, los supermercados independientes 21% y las tiendas 55%; las cifras de gasto (es decir la cantidad de dinero que quedan en cada canal) muestran que las familias con relación a sus ingresos consumen en los almacenes de cadena un 51%, en los supermercados independientes 25% y en las tiendas un 24%.
Si se mira el hábito de compra de los consumidores se tiene que para hacer el mercado completo se prefieren los almacenes de cadena, 52%; seguido por los supermercados de barrio (47%) y finalmente se encuentran las tiendas con un 13%. Para las compras diarias las preferidas son las tiendas, con un 66%, seguidas de los supermercados de barrio con 27%, y finalmente se encuentran los almacenes de cadena con un 5%. En cuanto a ajustes en el mercado se tienen cifras sin mayores diferencias: supermercados de barrio, 25%, almacenes de cadena, 21%, y tiendas 20% [13].
Por otra parte, las plazas de mercado públicas venden tan solo el 0,88% del valor total mensual de los alimentos de Bogotá.

Un modelo alternativo de producción y consumo de alimentos.

Las propuestas hechas por las grandes superficies (básicamente los Carulla Express y los Éxito Express) para ampliar su cobertura y llegar a más consumidores, permiten ver que su objetivo es apropiarse también de las ventas y ganancias que obtienen hoy los pequeños supermercados y las tiendas de barrio, previéndose la generación de un oligopolio en manos de Casino, Carrefour y Wal-Mart, donde saldrán también perjudicados los campesinos y pequeños productores rurales, los consumidores urbanos y los pequeños comerciantes. Proyectándose también la generación de más hambre, desempleo y miseria, tanto en el campo como en las ciudades, en la profundización del modelo capitalista agroalimentario y la distribución neoliberal de alimentos en Colombia.
Sumada a esta expansión, se encuentran las políticas y programas como los tratados de libre comercio (con EEUU y la Unión Europea), la agenda interna de competitividad y productividad, el Programa de Transformación Productiva para el Sector Agropecuario y Agroindustrial, la legislación antieconomía campesina y proagroindustrial, que obligan a fortalecer procesos y a la construcción de alternativas en torno a la posibilidad de ejercer el derecho a la alimentación adecuada, la seguridad, la soberanía, la autonomía, la autosuficiencia y la autogestión alimentaria, especialmente apuntalando hacia procesos de producción, distribución y comercialización de alimentos en condiciones de proximidad, diversidad y justeza.
Por ello se requieren propuestas organizativas del campesinado, asociaciones de consumidores, redes de productores y consumidores (tendientes a construir una relación directa entre el agricultor y el consumidor), que denuncien la situación de las GCDA, el abuso que cometen con agricultores, empleados y consumidores, la complicidad de los gobiernos y administraciones, pero sobre todo, que identifiquen en la GCDA un modelo capitalista de alimentación, que profundiza el hambre y la pobreza, y que luchen por la implementación de un modelo alternativo de producción y consumo de alimentos, dentro de un marco de lucha por un modelo económico y de sociedad diferente, diametralmente diferente al que se impone desde el capital, las transnacionales y el gobierno colombiano.
[1] http://money.cnn.com/magazines/fort...
[2] http://money.cnn.com/magazines/fort...
[3] Que a pesar de ser una empresa financiera, opera en el mercado de frutas y vegetales en Londres, Inglaterra.
[4] Empresa con acciones en múltiples sectores, principalmente seguros, dueña de, entre otras, el 8,6% de Coca-Cola Company; el 8,1% de Kraft Foods; y del 4,8% de Anheuser-Busch Companies, Inc., cervecería hoy parte de InBev.
[5] Breakdown of consolidated net sales by geographic region and by store format http://www.carrefour.com/cdc/financ...
[6] Garcia Ferran y Rivera Marta. <>: El planeta de los supermercados. En: Montagut Xavier y Vivas Esther (Coords.). Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas. Barcelona: Icaria, 2007. p. 14.
[7] Montagut Xavier y Dogliotti Fabrizio. Alimentos globalizados. Soberanía alimentaria y comercio justo. (2ª Edición). Barcelona: Icaria, 2008. p. 32.
[8] “Estamos preparados para la llegada de Wal-Mart al país”. http://rse.larepublica.com.co/archi... Consultado el 19 de abril de 2010.
[9] “La producción de cereales a nivel mundial se ha triplicado desde los años sesenta, mientras que la población a escala global tan sólo se ha duplicado”. Vivas Esther. Los entresijos del sistema agroalimentario mundial. En: Montagut Xavier y Vivas Esther. Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos. Barcelona, Icaria, 2009. p. 11.
[10] García Andoni. “Precios en origen y precios en destino”. En: Montagut Xavier y Vivas Esther (Coords.). Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas. Barcelona: Icaria, 2007. p. 66.
[11] CASTRO Gustavo y ZINN Ryan. Wal-Mart y el asalto contra campesinos y consumidores. Disponible en: http://www.ciepac.org/boletines/chi.... Consultado el 19 de abril de 2010.
[12] MONDRAGÓN Héctor y MONTOYA Gloria. Los mercados campesinos: comercialización alternativa de alimentos en Bogotá. Bogotá : Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, 2010. p. 11.
[13] Cifras tomadas de: MONDRAGÓN Héctor y MONTOYA Gloria. Los mercados campesinos: comercialización alternativa de alimentos en Bogotá. Documento para el debate. Bogotá : (mimeo), 2010

Tomado de: prensarural.org Octubre/2010