sábado, 9 de febrero de 2013

El Estado colombiano frente a la Sociedad Civil



Por: Erika Santana Henker*

La presencia de una sociedad civil[1] que se diferencie de una sociedad política es una apuesta necesaria para la consolidación de la democracia en cualquier país, pues, sin ella, no hay un Estado legítimo. En Colombia, la sociedad civil está compuesta por un gran número de organizaciones que oscilan entre el apego a las decisiones estatales y la búsqueda de su ratificación social hasta la oposición a las mismas en pro de la lucha por los derechos de toda índole. Estas organizaciones de oposición buscan la reivindicación de los derechos que les han sido negados a grandes capas de la población,  se asimilan a los “viejos” y “nuevos” movimientos sociales y encuentran en ellos su asidero.

Para Mauricio Archila, a la sociedad civil se la puede caracterizar como un  espacio  no estatal, también históricamente construido, en el que  convergen individuos y grupos  que  desarrollan distintos intereses y diversas formas de interacción que van desde la solidaridad y la cooperación hasta el antagonismo y el conflicto. Por tanto, no hay que ver a la sociedad civil como un  terreno pacificado o moralmente superior al estatal. El choque de intereses y la pluralidad le son consustanciales (Sorj - Darcy de Oliveira pp 105)

El Estado colombiano enfoca sus esfuerzos en adaptarse al contexto internacional y debe responder, además, a una situación interna de confrontación y deslegitimidad  que, sumada a la descomposición social, es causa y efecto de un conflicto social, político y armado, donde la sociedad civil irrumpe en medio de las dificultades para generar propuestas, porque el conflicto y el antagonismo, están marcados por el aniquilamiento del contrario, con lo cual no existen garantías para la participación, ni hay cabida para sus planteamientos dentro de las políticas estatales.

Sin embargo, la sociedad civil colombiana se presenta, como reacción de algunos sectores y grupos, a los procesos de destrucción social, donde las expresiones sociales y ciudadanas  se manifiestan en torno a la paz y el conflicto (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz). Es aquí donde la sociedad civil, también, nos presenta un interrogante fundamental, el grado de importancia que ella tiene frente a las decisiones que el Estado, toma de cara a sus nacionales y el curso que da a las políticas pues, a diario, se toman medidas que afectan a la población, sin tener en cuenta la idea que tiene la sociedad civil para afrontar los hechos que la afectan, como la reforma tributaria, los procesos de megaminería, la salud, la reforma pensional, los diálogos de Paz en la Habana, entre otros, donde, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil  por sentar su voz, el Estado parece tener oídos sordos a las propuestas que se presentan desde la oposición.

El agro colombiano ha sido ignorado por décadas y sus organizaciones parecen no recibir del gobierno nacional sino represión y oídos sordos ante sus reclamos y propuestas. En la Colombia actual, la sociedad civil agraria está agrupada por organizaciones como FENSUAGRO, ACVC, ANZORC, entre otras, quienes han lanzado propuestas como el Desarrollo Agrario Integral, las Zonas de Reserva Campesina, la necesidad de una Soberanía Alimentaria y unas nuevas políticas públicas para el Agro, con el apoyo de organizaciones internacionales tan importantes como el PNUD y el Programa Mundial de Alimentos (WFP). Sin embargo, el Estado Colombiano se mantiene al margen de las necesidades y las peticiones de los movimientos agrarios, pues la megaminería y la agroindustria son mucho más rentables y llenan los bolsillos de unos pocos poderosos que mantienen al país entre la miseria y la guerra. Estamos convencidos de que la paz en Colombia empieza en el agro. Esto mismo se escucha desde La Habana, donde se solicitan cambios estructurales para el campo, para que los niveles de vida de los campesinos mejoren y, con ellos, los de toda Colombia.

Desde esta perspectiva, se consolida la idea de que la sociedad civil colombiana, en su tendencia actual, debe jugar un papel relevante en el proceso de paz en Colombia; por una parte, presionando el fin de la confrontación militar y el cese de las violencias y, por otra, aportando a la construcción de una paz estable y duradera dentro de un proceso de democratización de la sociedad (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz).

Mientras el Estado colombiano siga dándole la espalda a los planteamientos que se hacen desde la sociedad civil, fundamentada en el apoyo de los movimientos sociales, y continúe con la tendencia histórica de acabar a sangre y fuego con todas las voces que se alzan para reclamar su espacio en las decisiones fundamentales del gobierno, éste nunca va a conseguir la legitimidad necesaria para fundamentar sus políticas frente a una ciudadanía que reclama, con vehemencia, el ser escuchada y tenida en cuenta, pues es el pueblo, en últimas, el constituyente primario y el fundamento de cualquier gobierno que pretenda ser democrático.


Bibliografía

Sorj, Bernardo y Darcy de Oliveira, Miguel(ED). Sociedad Civil y Democracia en América Latina: crisis y reinvención de la política. Ediciones Centro Edelstein Rio de Janeiro, Ediciones iFHC Sao Paulo. 2007
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz: Eje I Fortalecimiento de la Sociedad Civil y proceso de Paz. Tomado de: http://asamblea.atarraya.org/3_Plenaria/3_Eje_I_C_sociedad_civil.html
Restrepo, Luis Alberto. Relaciones entre la Sociedad Civil y Estado. Tomado de: http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/revistas/analisispolitico/ap9.pdf
Sociedad civil, instituciones públicas y gestor internacional. Tomado de: http://www.institut-gouvernance.org/fr/synthese/fiche-synthese-11.html


* Investigadora Linea Agraria CEIS





[1] Entiéndase ciudadanos que deben estar organizados con el propósito concreto de tomar decisiones, reclamar sus derechos, hacer veeduría a instituciones estatales

1 comentario:

  1. Buen articulo, solo con la participación comprometida de los sectores populares se lograra un equilibrio de fuerzas que posibilite cambios estructurales a los que el gobierno ha cerrado la puerta,

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