Por: Diego Andres Bulla Beltrán
El conflicto entre latifundistas contra campesinos, colonos y
arrendatarios que se hizo crítico hacia los años 20 y 30, no fue mediado
por las vías institucionales, más bien el Estado reforzó la violencia
que ya ejercían los propietarios de la tierra y la estructura social y
económica sobre los campesinos. Las zonas de frontera agraria se
convierten en el principal espacio de confrontación social, donde se
agudizan las contradicciones con la entrada de la economía ilegal, con
los cultivos de coca, su transformación y distribución.
La política rural históricamente no ha sido efectiva para modernizar
la estructura agraria, el reformismo desde mediados de los años sesenta
no ha tenido mayor impacto y en la última década ha agudizado el
problema. La carencia de voluntad política por parte de las clases
dirigentes ha imposibilitado una solución democrática y por el contrario
la violencia ha estado ligada a la defensa de los diferentes intereses
rurales.
Después de 200 años de vida republicana no se han realizado las
reformas pertinentes por parte del Estado para modernizar el sector
rural. Pobreza, concentración de la propiedad, uso irracional del suelo,
desplazamiento forzado, la destrucción de la economía campesina, saqueo
de los recursos naturales y más de cincuenta años de un conflicto
social y armado que se reproduce en estas relaciones sobre el uso de la
tierra.
A partir de la liberalización de la economía en la década de los
noventa la cuestión agraria se enmarca en un contexto de
internacionalización y globalización del capital. No es casualidad que
una década después, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se otorgaron
más licencias mineras a transnacionales que en más de un siglo y en la
actualidad más de la mitad del territorio esta solicitado para explotar
recursos mineros.
Sin embargo, la figura de Zona de Reserva Campesina se ha convertido
en las pocas herramientas jurídicas de reivindicación de los colonos
para garantizar su derecho al territorio. En la actualidad se puede
decir que esta normativa abre un pequeño espacio para garantizar el
acceso comunal a la tierra, a pesar de que según la Constitución es
deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos
rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la
población campesina. Bajo la fórmula de propiedad colectiva de la
tenencia de la tierra y consagrada en la Ley 160 de 1994 en su capítulo
13 sobre colonización.
En esta ley se ordeno específicamente que la acción del estado
tuviera en cuenta “las reglas y criterios sobre ordenamientos ambiental
territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de los campesinos, su participación en las instancias de
planificación y decisión regionales y las características de las
modalidades de producción.” (Artículo 79, capitulo 13).
Por lo anterior es pertinente retomar la problemática de la tierra y
avanzar en el diagnostico de los problemas y propuestas de solución
desde la academia. El caso específico a seguir es la región del sur del
departamento de Bolívar y el nordeste de Antioquia, región donde se
viene desarrollando procesos organizativos de comunidades campesinas
principalmente colonos que buscan proteger su territorio, también se
pretende referenciar las diferentes experiencias organizativas concretas
en diferentes puntos de la geografía colombiana.
I. REFERENTES TEÓRICOS PARA EL ESTUDIO
MARCO TEÓRICO
En esta parte del trabajo se abordara desde la teoría económica,
partiendo de los clásicos, con el trabajo de David Ricardo, el problema
de la distribución. Según Nicholas Kaldor (p. 77) , para David Ricardo
“el descubrimiento de las leyes que regulan las proporciones en que se
distribuye el producto “es el problema fundamental de la Economía
política”.
La distribución la podemos definir desde su concepción clásica como
las leyes de repartición a los individuos del producto obtenido con el
aprovechamiento social de la naturaleza. Para Malthus, esta era el
estudio principal que se debía hacer desde la economía política. Para
Malthus (citado en la p. 79), la economía política debería definirse
como “una investigación sobre las leyes que determinan la división del
producto de la industria entre las clases que recurren a su formación.”
Las proporciones del producido total de la tierra se distribuye entre
tres clases: renta, beneficios y salarios. Esta distribución será
cambiante de acuerdo a la etapa de la sociedad (Kaldor 1956, p.78)
principalmente debido a los “fenomenales cambios en las técnicas de
producción, de la acumulación de capital en relación al trabajo, y en el
aumento del ingreso per cápita (Kaldor 1956, p. 79).”
Alrededor de estas tres categorías (renta, beneficios y salarios) va a
girar el problema distributivo y su relación con el crecimiento. El
hecho de que el productor necesita reinvertir sus ganancias lo que va a
generar que produzca a una escala mayor o si por el contrario distribuye
en términos de salarios lo que vería mermado su beneficio. Como lo
interpreta Kaldor desde Ricardo, todo aumento en salarios necesariamente
debe bajar la tasa de utilidad y disminuye la tasa de crecimiento
(Kaldor 1956, p. 84).
A pesar de que el trabajo de Marx parte del excedente de Ricardo,
tiene diferencias analíticas importantes, como no hacer la
diferenciación entre renta y beneficio, sino que era considerado el
excedente del costo de consumo menos el costo de producción.
Según Kaldor (p. 86) desde la teoría marxista “cuanto mayor es la
escala de operaciones es más eficiente el negocio, cada capitalista se
ve forzado a incrementar el tamaño de sus negocios por medio de la
reinversión de sus ganancias si es que no quiere quedar atrás en la
lucha competitiva entablada.”
Y esto es similar a lo que ocurre alrededor de la estructura agraria
según la escala de producción. Es obligatorio para la supervivencia de
la gran propiedad concentrar la mayor parte de tierra, no tanto para
producir sino para evitar que exista la propiedad de pequeña escala la
cual resulta económicamente más eficiente que la gran propiedad.
Cuanto mayor es la escala de la propiedad del terrateniente le es más
eficiente garantizar el monopolio sobre la tierra, siempre recurriendo a
medios extraeconómicos. Cada terrateniente necesita no solo defender su
propiedad sino también incrementar su tamaño por medio de distorsiones,
de lo contrario la competencia con la pequeña propiedad generara
presión del mercado para su desaparición.
Sobre el valor producido por la tierra se dice que su fertilidad
decreciente “es la mayor, y finalmente la única causa necesaria de la
caída de la ganancia.” En este punto no se tiene en cuenta la
realización de la mercancía, es decir, se parte del hecho que lo
producido se va a vender y la única atención parte de si la tierra es
fértil o no. Se omite el hecho de cómo el funcionamiento del mercado
tiene impacto en el porcentaje de ganancia de los productores.
El conflicto entre crecimiento y distribución ha sido central en el
debate de la teoría económica clásica y el tema de la distribución
agraria también cobra vigencia. Si se privilegia el crecimiento
capitalista por medio de mayor utilidad para el productor que se vea
reflejada en la reproducción del capital generando distribución por
medio del empleo. O si por el contrario se reparte la utilidad del
producto entre quienes intervienen en su producción generando una
distribución justa.
Sustentabilidad
El concepto de sustentabilidad ecológica aparece para cuestionar
incluso el peligro que corría la supervivencia de la especie humana. Se
proponía la reconstrucción del orden económico buscando un desarrollo
durable y problematizando las bases mismas de la producción (Leff 2004,
p. 17). “La racionalidad económica desterró a la naturaleza de la esfera
de la producción, generando procesos de destrucción ecológica y
degradación ambiental. El concepto de sustentabilidad emerge así del
reconocimiento de la función que cumple la naturaleza como soporte,
condición y potencial del proceso de producción.” (Leff 2004, p. 17).
Sin embargo es válido hacer un análisis crítico respecto a esta
opción de sustentabilidad. Desde esta teoría es aceptada la
“irracionalidad ecológica de los patrones dominantes de producción y
consumo” (Leff 2004, p 17). A partir de esta valoración se realiza todo
un debate teórico y político para reasignar valor a la naturaleza
poniéndole valoración dentro del sistema de producción capitalista. Sin
embargo teniendo en cuenta la naturaleza y características propias del
sistema de producción capitalista es idealista cambiar su relación con
los recursos naturales sin realizar una transformación misma del sistema
de producción.
Las relaciones que hay dentro de un sistema económico no obedecen a
voluntades de individuos sino a formaciones objetivas organizadas para
la producción. Que el sistema de producción capitalista sea depredador
de recursos no es porque voluntariamente lo hace y pude cambiarlo a
voluntad sino porque es su misma naturaleza que solo puede ser cambiada
transformando las relaciones de producción.
Sin embargo la crítica que recoge el autor va más allá del sistema de
producción, cuestiona la misma concepción de modernidad que se sigue.
Un modelo de producción de economía centralmente planificada,
redistribuyendo socialmente los beneficios, pero bajo la misma lógica
desarrollista puede degenerar igualmente en uso desmedido de los
recursos. “La cuestión ambiental problematiza las bases mismas de la
producción; apunta hacia la desconstrucción del paradigma económico de
la modernidad y a la construcción de futuros posibles, fundados en los
límites de las leyes de la naturaleza, en los potenciales ecológicos y
en la producción de sentidos sociales en la creatividad humana. “ (Leff
2004, p. 19).
Escasez
La evidente limitación de recursos que supone un modelo de producción
que depreda a gran escala. “La escasez, fundante de la teoría y
práctica económica, se convirtió en una escasez global. Ésta ya no es
resoluble mediante el progreso técnico, la sustitución de recursos
escasos por otros más abundantes, o el aprovechamiento de espacios no
saturados para la disposición de los desechos generados por el
crecimiento desenfrenado de la producción.” (Leff 2004, p. 18).
La escasez también supone un problema de distribución de los
recursos. A mayor escases de recursos mayor lucha por su apropiación y
mayor necesidad de su cuidado si es que no se tiene otro recurso que lo
pueda remplazar.
Por lo tanto el discurso ecológico termina siendo funcional a los
intereses económicos dominantes que pretenden apropiarse de ciertos
recursos escasos que están en el poder de actores secundarios (como
naciones periféricas), por lo tanto justifican su apropiación con el
hecho de que son los llamados a ejercer su protección.
Tecnología: crecimiento vs conservación de recursos
El ecodesarrollo emerge por una conciencia de la necesidad de
proteger los recursos naturales que son finitos. La necesidad de
articular los procesos ecológicos, tecnológicos y culturales bajo nuevos
valores éticos. “El saber ambiental ocupa su lugar en el vacío dejado
por el progreso de la racionalidad científica, como síntoma de su falta
de conocimiento y como signo de un proceso interminable de producción
teórica y acciones prácticas orientados por una utopía: la construcción
de un mundo sustentable, democrático, igualitario y diverso (Leff,
1986/2000) (p. 19).”
La herramienta con la cual se pretende solventar la contradicción
entre crecimiento económico y conservación de la naturaleza es por medio
del cambio técnico. Con el modelo de modernidad hegemónico la razón
tecnológica había estado siempre por encima de la organización de la
naturaleza. Ahora “la tecnología se encargaría de revertir los efectos
de la degradación ambiental en los procesos de producción, distribución y
consumo de mercancías.” “La tecnología, que ha contribuido al
agotamiento de los recursos, resolvería el problema de la escasez global
haciendo descansar la producción en un manejo indiferenciado de materia
y energía.” (Leff 2004, p. 26).
Posteriormente se cambia el discurso del ecodesarrollo con el de
desarrollo sostenible. El orden económico dominante sometió el discurso
ambiental crítico para someterlo a los dictados de la globalización
económica (p. 20). Pretendía lograr un crecimiento económico sostenible
por medio del marcado, según lo que hemos argumentado, totalmente
contradictorio. La contradicción entre medio ambiente y desarrollo es
realmente irreconciliable bajo la globalización y producción
capitalista. Solamente busca legitimarse por medio de este discurso. “El
discurso de la sostenibilidad busca así reconciliar a los contrarios de
la dialéctica del desarrollo: el medio ambiente y el crecimiento
económico. (…) proclamar el crecimiento económico como un proceso
sostenible, sustentado en los mecanismos del libre mercado como medio
eficaz para asegurar el equilibrio ecológico y la igualdad social” (Leff
2004, p. 26). Este discurso copta la crítica ambiental contra el
capitalismo funcionalizandola totalmente hacia la reproducción del
sistema con una máscara ecologista y profundizando la mercantilización
de los recursos naturales.
Los factores de producción
En la mayoría de países en desarrollo (después de la segunda guerra
mundial) se ha presentado un desempeño agrícola deficiente, es decir, la
producción agrícola ha sido lenta o constante. Esto se evidencia en el
desequilibrio entre importaciones y exportaciones de alimentos; el
crecimiento de la fuerza de trabajo absoluto; la baja tasa de
crecimiento de la productividad de la mano de obra; insuficiente
adsorción de mano de obra en sectores urbanos; bajo ritmo de crecimiento
de productividad; declive de la tierra agrícola por trabajador. Los
factores anteriores son los que componen el problema agrario de los
países en desarrollo.
Inversión y deficiente cambio técnico
El deficiente desarrollo agrícola, la baja productividad y el lento
crecimiento del ingresos han sido explicados de diferentes maneras por
los teóricos, algunos señalan que “la restricción principal del
desarrollo agrícola esta en las políticas que impiden la innovación
técnica e institucional (lo que amplía la brecha entre capacidad
productiva potencial y capacidad productiva efectiva)”. Por otro lado
otros señalan que esto se debe a los bloqueos estructurales de la
productividad y la tenencia. (Bejarano 1998, p. 48) .
“La discriminación en contra de la agricultura en los mercados de
factores y productos redujo los incentivos de la producción”. Las
políticas realizadas por parte de los gobiernos para regular el mercado
buscaron asignarle cargas impositivas a los sectores campesinos sin
asignarle eficientemente recursos suficientes para el sector. Esta
situación genero considerable pérdida de eficiencia a largo plazo que
desaprovecho “las ganancias potenciales de los cambios técnicos e
institucionales que habrían ocurrido con políticas de mercado, comercio
e inversión más apropiadas” (Bejarano 1998, p. 48).
La falta de capacidad y voluntad por parte de los Estados para
implementar reformas estructurales sobre la estructura agraria que diera
condiciones para que los pequeños campesinos produjeran eficientemente
integrándose al mercado, condujo a bloquear el desarrollo agrario
incluyendo tecnología y cobertura institucional. Bejarano (Bejarano
1998, p. 49), basándose en otros autores expone otros bloqueos
estructurales que no son propios de los enfoques latinoamericanos, donde
cabe destacarse el desarrollo de un limitado y pequeño sector urbano
que no demanda suficientes materias primas y alimentos del campo y
además no lleva insumos técnicos (fertilizantes, equipos agrícolas del
sector industrial, etc) al sector rural. Otro de los bloqueos
estructurales para el desarrollo agrícola que se expone, es una
desigualdad muy grande en el tamaño de la propiedad rural, que dificulta
la creación de un mercado fuerte para los productos industriales.
En América Latina ha prevalecido el enfoque estructuralista, según la
cual el patrón de desarrollo agrícola y el desempeño del sector
dependen de las interacciones que se establezcan entre la estructura
agraria, las instituciones y la nueva tecnología. La importancia de la
estructura agraria en el patrón de desarrollo de las naciones es
primordial. La distribución de la tierra, las estructuras de poder rural
y las orientaciones de las instituciones van a enmarcar el tipo de
desarrollo de los países (Bejarano 1998, p. 50).
Recursos y distorsiones
La producción agrícola depende del acceso a los recursos naturales
(físicos o biológicos) y a los factores económicos (factores
tecnológicos: técnicas de cultivo y de aprovechamiento de la tierra. Sin
embargo Bejarano nos dice que lo más importante no se refiere
principalmente a la cantidad de recursos a los que se accede sino a la
innovación tecnológica, que desde los años cincuenta ha sido la causa
para que se aumente la producción en un 60%. Por lo tanto el aumento de
la producción agrícola ha estado en menor medida aumentada por el uso de
más hectáreas de tierras por año (1% más cada año) pero
significativamente por la innovación tecnológica que se desarrolla en el
sector urbano.
A pesar de esto la problemática de la agricultura no se ha superado,
teniendo condiciones en términos de recursos, mano de obra, capital,
tecnología, la estructura agraria a condicionado y frenado el desarrollo
productivo agrario. “El problema es que no basta tener recursos
adecuados y suficientes. En el conjunto, las distorsiones, dislocaciones
o deformaciones en la distribución de estos recursos, el acceso a los
mismos y la condición de apropiación del ingreso, son los frenos
principales a la producción y son también la causa principal de las
deficiencias en la producción de alimentos (Bejarano 1998, p. 52).”
Las distorsiones principales son la distribución desigual del acceso a
la tierra, la desigualdad de acceso al crédito entre campesinos y
grandes propietarios y la desigualdad de acceder a tecnología que debido
a la distribución de poder en manos de los grandes pueden acceder a
ella. Son distorsiones en la medida en que en condiciones económicas
normales no existirían, se basan de métodos extraeconómicos los grandes
propietarios para tener una propiedad mucho más grande que los
campesinos, tener créditos baratos y tener la posibilidad de acceso a la
tecnología. “Estas distorsiones, en todo caso, restringen la
productividad, socavan la posibilidad de los adelantos tecnológicos y de
otra índole y se ramifican en sus efectos más allá de los terrenos
puramente agrícolas, afectando el conjunto de la economía (Bejarano
1998, p. 53)”
Según Bejarano, el problema fundamental del sector agrario, es que
los grandes recursos de mano de obra que son todos los campesinos con
vocación para trabajar la tierra están separados del escaso capital sin
siquiera acceder a los créditos del Estado y además están separados de
la tierra, por medio del acceso desigual a esta y el monopolio de los
grandes terratenientes.
Estos factores de producción (mano de obra, capital y tierra) por
condiciones extraeconómicas no se juntan a pesar de que su desarrollo
haría productiva la estructura agraria. La generalización del minifundio
donde las familias campesinas puedan desarrollar su gran capacidad de
trabajo con utilización intensiva de la propiedad y con acceso a crédito
en condiciones favorables, seria condiciones óptimas para el desarrollo
productivo del sector agrario. Bejarano argumenta que entre menor sea
el tamaño de la propiedad mayor es la productividad y mejor el
aprovechamiento del uso del suelo. Se da una relación negativa entre
producción y tamaño de la propiedad en los países en desarrollo.
“El trabajo es el factor productivo que abunda en las fincas pequeñas
y que escasea en las grandes; la producción total aumentaría si el
trabajo se distribuyere uniformemente sobre la tierra. En principio de
obtendría una producción más alta mediante la redistribución de la
tierra, de modo que todas las fincas fueran del mismo tamaño (Bejarano
1998, p. 58). ”Se evidencia el problema principal y estructural es la
desigual distribución de la tierra, un problema social y político que
tiene impactos en el desarrollo económico. La estrategia bimodal es una
gran falla para el desarrollo de la estructura agraria.
MARCO CONCEPTUAL
Realizaremos este acercamiento conceptual desde el texto del profesor
canadiense Albert Berry “¿Colombia encontró por fin una reforma
agraria que funcione?”. El diagnostico gira alrededor de las
problemática que ha azotado al sector rural de la mayoría de países
latinoamericanos y especialmente a Colombia, es una extrema desigualdad
en la distribución del acceso a la tierra agrícola en la cual coincido
con el autor. De antemano este elemento ha sido transversal a todo el
problema agrario que ha traído como consecuencias identificadas:
malestar, injusticia, pobreza, violencia, inestabilidad política,
ambigüedad (especialmente entorno de los derechos de propiedad y la
ineficacia (Berry 2003, p. 23). La ambigüedad respecto a los derechos de
propiedad es el resumen de la escasa institucionalidad del Estado no
solo en términos legales y policivos para ordenar estos derechos, sino
ausencia en el sentido de mediar en estos conflictos sociales que
generaba la injusta estructura agraria, y aplicar reformas que evitaran
que se desbordaran por fuera de la institucionalidad, como evidentemente
ocurriría.
Escases y distribución
Revisando la categoría de escases a la luz de la desigualdad en la
distribución del acceso a la tierra, según lo expuesto por el autor se
pueden dar dos situaciones (Berry 2003, p. 25):
1. Situaciones de gran escasez de tierra, en las que su distribución
es muy desigual y la mayoría de las personas trabajan como arrendatarios
en la tierra de otros.
2. Situación donde no hay gran escases de tierra, el problema gira en
torno a quien tiene la primera opción de las tierras públicas, qué
infraestructura construirá el Estado en las tierras recién colonizadas,
si la propiedad es independiente de la explotación o la tierra ociosa
revierte al Estado y, por tanto, queda a disposición de otros
aspirantes.
Colombia no tiene un grado alto de escases de tierra, tanto así que
se planteo la colonización de tierras baldías para que los campesinos
pudieran acceder a la tierra y se cerró las puertas a una reforma
agraria donde se interviniera las propiedades ya concentradas. Los pocos
adelantos reformistas que se dieron sucumbieron con el “Pacto de
Chicoral” donde empresarios, estado y dirigentes políticos tradicionales
objetaron una posible redistribución de tierras, privilegiando la
alternativa de colonización de tierras más alejadas.
Las dos situaciones expuestas por Berry se presentan en la
estructura agraria colombiana, el problema de la tenencia de la tierra
ha permanecido a lo largo del siglo XX. El conflicto entre latifundistas
contra campesinos, colonos y arrendatarios que se hizo crítico hacia
los años 20 y 30, no fue mediado por las vías institucionales, más bien
el Estado reforzó la violencia que ya ejercían los latifundistas y el
modelo social y económico excluyente sobre los campesinos. Las zonas de
frontera agraria se convierten en el principal espacio de confrontación
social, donde se agudizan las contradicciones con la entrada de la
economía ilegal, con los cultivos de coca, su transformación y
distribución. Es estas zonas de frontera “…los procesos de expansión del
control monopólico de la tierra, como vía para forzar a colonos,
jornaleros sin tierra y otros pequeños campesinos a ofertar su fuerza de
trabajo a las grandes explotaciones, en la medida en que están
excluidos del acceso a tierras de mejor calidad.”
Según Berry, “en donde no hay otra manera de dar tierras a la mayoría
de los que la necesitan excepto expropiarlas a los propietarios (o
poseedores) actuales, puede ocurrir una grave confrontación.”
En la década de los treinta se conformo el principal intento de
reforma de la estructura agraria por parte del gobierno de López
Pumarejo, según Berry (2003, p. 29) “el gobierno, concentrado cada vez
más en las necesidades del proceso de industrialización, se preocupó aún
más por la producción agrícola para el mercado doméstico, gran parte de
la cual provenía del sector de pequeños agricultores, y menos por las
exportaciones.” Sin embargo, dado el escenario adverso la reforma no
tuvo un impacto suficiente que modernizara la estructura agraria.
Cabe que preguntarse cuál fue el papel que jugó el Estado en la
procura de garantizar un modelo económico industrial que generara
crecimiento en las ciudades, democratizara la tierra y generara
bienestar para el campesinado y un mercado de alimentos sustentable para
las ciudades fortaleciendo el mercado interno.
Crecimiento y distribución
La discusión que existe desde la economía política entre crecimiento y
distribución analizando de nuevo el caso colombiano desde el texto de
Berry, podemos ver que la distribución puede generar también crecimiento
económico y bienestar de la población si se lleva a cabo de manera
sostenida y planificada por el Estado. Económicamente Albert Berry ha
defendido la pequeña propiedad debido a que puede ser mucho más
eficiente que la grande en términos económicos. En estas décadas de
inicio de los años XX ni siquiera los dueños de las grandes propiedades
tenia capital suficiente para trabajar toda su propiedad, lo que se
generaba era captación de rentas y mantenimiento de su posición social y
poder político por medio de la acumulación de tierra.
Una política redistributiva de tierra que genera condiciones para que
el pequeño productor sea productivo con un modelo económico que se base
en fortalecer el mercado interno y garantizar la soberanía y seguridad
alimentaria de la masa de trabajadores en las ciudades podría generar
mayor crecimiento principalmente en el sector industrial y mayor
bienestar para los campesinos productores.
Patrón de desarrollo del control y uso de la tierra
Albert Berry identifica 4 características en del desarrollo del
control y uso de la tierra desde la independencia (2003, p. 26, 27).
Primero ambigüedad acerca de quién controla o debe controlar la tierra,
segundo y tercero el Estado como un actor importante pero no coherente y
cuarto el dominio de la tierra como forma de controlar los factores de
la producción agrícola.
Es evidente que el Estado no tuvo la suficiente decisión política
para transformar la estructura agraria que en consecuencia se refleja en
no garantizar su acceso progresivo a los campesinos que necesitaban de
este factor de producción para vivir como tal, el terrateniente debía
separarlo de la tierra y evitar que fuera económicamente productivo ya
que no podría competir con él. El terrateniente se ha valido de factores
extraeconómicos para conservar su poder político y social.
III. ESTRUCTURA Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA
Reformas y problema histórico de la tierra
El problema de la tenencia de la tierra ha permanecido a lo largo del
siglo XX. El conflicto entre latifundistas contra campesinos, colonos y
arrendatarios que se hizo crítico hacia los años 20 y 30, no fue
mediado por las vías institucionales, más bien el Estado reforzó la
violencia que ya ejercían los latifundistas y el modelo social y
económico excluyente sobre los campesinos. Las zonas de frontera agraria
se convierten en el principal espacio de confrontación social, donde se
agudizan las contradicciones con la entrada de la economía ilegal, con
los cultivos de coca, su transformación y distribución. Es estas zonas
de frontera “…los procesos de expansión del control monopólico de la
tierra, como vía para forzar a colonos, jornaleros sin tierra y otros
pequeños campesinos a ofertar su fuerza de trabajo a las grandes
explotaciones, en la medida en que están excluidos del acceso a tierras
de mejor calidad.”
El primer intento modernizador del sector rural se llevo a cabo en el
gobierno de Alfonso López donde por primera vez se reconoce que la
propiedad tiene una función social. Sin embargo no tuvo una efectiva
realización. Mediante la Ley 200 de 1936 y a reformas constitucionales
se trato de ordenar la legalidad de los títulos de propiedad en disputa,
legalizando las tierras de colonos y campesinos que ya venían
trabajando la propiedad desde hacía varios años. Además buscaba
delimitar claramente la propiedad del Estado y la propiedad que habían
obtenido particulares legalmente. Sin embargo esta reforma que pretendía
ordenar los derechos de propiedad, no tenía un fin redistributivo y
trajo como consecuencia la expulsión de arrendatarios y aparceros de las
haciendas por parte de los propietarios ante el temor de que los
campesinos reclamaran la titularidad por su trabajo sobre la tierra.
Posteriormente, en los años 60 se aprobaron reformas que pretendían
retomar las disposiciones de la Ley 200 sobre el carácter social de la
propiedad. La ley 135 de 1961 de nuevo reconoció el derecho de propiedad
de aparceros y arrendatarios que trabajaran la tierra como dueños por
cinco años. Se adelantaron la aprobación de mas normatividad durante los
años sesenta con la finalidad de transformar estructura agraria, sin
embargo no fueron efectivas y se mantuvo la tensión entre propietarios y
campesinos sin tierra, colonos, aparceros y arrendatarios.
No hubo una decidida voluntad política del Estado por reformar la
estructura agraria. El origen de las denominadas autodefensas campesinas
de Marquetalia, río Chiquito y el Guayabero, se remontan a este
conflicto social, donde las reivindicaciones de los campesinos no son
atendidas por el Estado con medidas y reformas efectivas, sino por el
contrario son víctimas de la represión Estatal. En este contexto nacen
las FARC en 1964 y plantean también como muchos sectores sociales la
necesidad de una reforma agraria efectiva y la resolución por las vías
de las reformas las contradicciones entre terratenientes y trabajadores
de la tierra, propuesta en su programa agrario: “Los colonos, ocupantes,
arrendatarios, aparceros, terrazgueros, agregados, etc., de tierras de
los latifundistas y de la nación, recibirán los títulos correspondientes
de propiedad de los terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de
explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el
arriendo en especie o en dinero.”
También se plantea medidas que posibiliten la economía campesina,
poniendo limite al latifundio: “Se creará la unidad económica en el
campo de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos, con un
mínimo de 10 a 20 hectáreas, cuando se trate de tierras planas y
aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras tierras, de acuerdo con su
fertilidad y red de comunicaciones. Se anularán todas las deudas de los
campesinos con los usureros, especuladores, instituciones oficiales y
semi-oficiales de crédito.”
La voluntad que tenía el Estado de adelantar algunas reformas en los
años 60 se vieron cuestionadas por la clase propietaria, quienes veían
en estas reformas la posibilidad de que se presentara un despojo legal
de las tierras atreves del Instituto Colombiano de Reforma Agraria
–INCORA-. Los pocos adelantos que se dieron sucumbieron con el “Pacto de
Chicoral” donde empresarios, estado y dirigentes políticos
tradicionales objetaron una posible redistribución de tierras,
privilegiando la alternativa de colonización de tierras más alejadas.
Este pacto se expreso luego en la Ley 4ª de 1973 que termino
congelando la reforma y termino orientando al INCORA solo hacia la
titulación de baldíos, la atención de parceleros, el manejo de la
cartera y las empresas comunitarias creadas. Los años posteriores es de
intensa lucha social, hasta la organización campesina promovida por el
gobierno se radicalizo en su lucha, la ANUC promovía en tierras en
varios departamentos, principalmente en Sucre y Córdoba.
Las siguiente leyes que se van a aprobar sobre el sector agrario
tienen como fin insertar el sector rural en la lógica del mercado de
tierras con la ley 30 de 1988 y después de la apertura económica del
gobierno liberal de Cesar Gaviria, la ley 160 de 1994. “La vieja demanda
campesina por la tierra, en condiciones estables y en donde se
permitiera a la comunidades desarrollar sus iniciativas productivas,
organizativas y de interlocución (…) vino a abrirse paso
contradictoriamente en medio de una ley destinada a implantar el
mecanismo del mercado de tierras como sustituto neoliberal a una reforma
agraria.”
Al lado de estas reformas marginales se impuso mediante la violencia
paramilitar una contra reforma agraria que despojo a millones de
campesinos des sus tierras y los desplazo a las periferias urbanas. En
palabras de Absalón Machado:
“Pero en este período se había iniciado y consolidado, al lado de la
política gubernamental, un proceso de contrarreforma agraria y de
apropiación de tierras con recursos del narcotráfico, el cual
transcurrió sin cortapisas, sin que los gobiernos de la época intentaran
ningún proceso para frenar la concentración de la propiedad y el
despojo de tierras realizado por diversos métodos por parte del
narcotráfico y de los grupos armado ilegales, que actuaron en
connivencia con autoridades públicas y la realización de alianzas con
las élites regionales y locales, especialmente con la clase política y
los grandes propietarios rurales, originando el conocido proceso de la
parapolítica.”
Problemáticas estructurales
La problemática es la carencia de voluntad política del Estado para
viabilizar la economía campesina, un problema histórico y base del
actual conflicto armado. En profundidad estas problemáticas son: el
antagonismo entre la economía campesina y la ganadería extensiva que
tiene que ver con el uso y tenencia de la tierra al igual que la tensión
entre la economía campesina y la agroindustria capitalista; la gran
minería y en general las economías extractivas vinculadas al capital
extranjero que disputan el control territorial por recursos minerales,
carbón, petróleo, palma aceitera y cultivos de uso ilícito.
Desde la apertura económica en el gobierno de Cesar Gaviria la
política estatal le apuesta al sometimiento de la economía campesina a
la economía extractiva y de megaproyectos promovida por el capital
transnacional. La política económica hacia el sector rural se ha
vincularlo directamente con mercado internacional. Esto se evidencia con
la pérdida de la soberanía alimentaria. Actualmente se importan unas 9
millones de toneladas de alimentos al año, anteriormente solo se
importaban 2 millones de toneladas . A los campesinos les queda para
sobrevivir el cultivo de la coca y demás cultivos ilícitos que resultan
más rentables ante la realidad de que el mercado interno de alimentos
está copado por los productos extranjeros.
Uno de los problemas principales que se opone al desarrollo de la
economía campesina es la concentración de la propiedad de la tierra que
hay en Colombia. Según cifras del Instituto Agustín Codazzi , el 0.06%
del total de propietarios de la tierra rural en Colombia (2.428
propietarios) poseen el 53.5% de las tierras (44 millones de hectáreas),
en contraste el 55.6% de dueños de minifundios (2.3 millones de
propietarios) son dueños apenas del 1.7% de las tierras (1.4 millones de
hectáreas). Y peor aún, más de 655 mil hogares campesinos no tienen
acceso a la tierra y siguen esperando la reforma agraria lo que hace
totalmente cuestionable las labores del Instituto Colombiano de Reforma
Agraria –INCORA- que tenía como función una distribución de la tierra
regulada por el Estado, que además de ser totalmente ineficiente en esta
labor, con la transformación en el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural -INCODER-, infiltrado por el paramilitarismo, legalizo el despojo
realizado en las últimas décadas.
Ley de Restitución de Tierras
Es pertinente analizar las iniciativas de reformas que pretende
realizar el gobierno de Santos, principalmente la ley de tierras y muy
ligada a la de reparación de víctimas. Estas reformas que se proponen
para avanzar en la solución de estos problemas, ¿si son las adecuadas o
responden a los mismos intereses de las políticas que adelanto el
gobierno Uribe? ¿Es viable una reforma de tierras bajo el continuismo
del modelo económico impuesto al sector rural?
El eje central de la reforma de tierras y de victimas de Santos es la
restitución de tierra a las víctimas. Se pretende devolver dos millones
de hectáreas de tierras a las víctimas por medio de dos mecanismos
principales. Primero, el de unificar varias bases de datos para crear un
gran sistema de información catastral y el de invertir el orden de la
prueba en donde el acusado de despojo sea el que demuestre que adquirió
la propiedad de manera legitima. Además se creerá un cuerpo especial de
Magistrados para el tema de restitución ubicado en el distrito para que
este fuera de la presión de los grupos armados regionales.
A pesar de las buenas intenciones, estas reformas dejan muchas dudas
de que en verdad vayan a llevarse a buen término de ser aprobadas. Los
intereses gubernamentales van más por el lado de reorganizar los
derechos de propiedad. Para garantizar una masiva inversión del capital
extranjero en el sector rural para el desarrollo minero, agroindustrial y
petrolero, es necesario saber legalmente a quien le pertenece la tierra
para realizar su explotación.
Que garantía hay con la devolución de tierras a las victimas cuando
no tienen garantías de retorno. Y no solo en términos de seguridad, sino
en poder garantizar una economía sustentable. Mientras que no se
ataquen aquellos actores e intereses armados y no armados que generan
presión sobre estos territorios y son los causantes directa o
indirectamente de los 4 millones de desplazados que hay en Colombia.
Esta política pública propuesta busca es garantizar las condiciones
legales para la explotación masiva de recursos naturales. Se pretende
formalizar 1.2 millones de predios rurales que hoy no tienen papales de
propiedad y suman más de 6 millones de hectáreas. Medidas progresistas
como la modernización al impuesto predial en el campo, para atacar al
gran latifundio improductivo, con el continuismo del modelo económico
imperante solo busca garantizar las relaciones capitalistas en el sector
rural.
Para garantizar la economía campesina es necesario otro modelo
económico que fundamente la economía agraria en la soberanía
alimentaria, que el campo se convierta en la despensa de las ciudades,
posibilitando garantías económicas reales al campesinado más allá del
cultivo ilegal como la coca. El actual modelo económico profundiza “los
problemas generados por la falta de acceso y el sistemático despojo de
las tierras y los territorios con la finalidad de incorporarlos,
generalmente mediante el uso de la violencia, a las dinámicas
productivas capitalistas, que desconocen las necesidades de
sobrevivencia, de producción de alimentos y los usos ancestrales y
culturales del territorio por parte de las poblaciones campesinas,
indígenas y afrocolombianas.”
Bajo el modelo actual que se aplica en la actualidad al sector rural
la economía campesina no es viable. Bajo este modelo la una producción
agropecuaria rentable serian los cultivos favorecidos como los del Agro
Ingreso Seguro, “han sido “rentables” ficticiamente por subsidios y
exención de impuestos. Este rentabilidad creada por el Estado ha
fortalecido el latifundio especulativo, el 0.06% de propietarios que
tienen el 63% de la tierra que está en propiedad privada.”
La política económica adelantada para compensar esa destrucción de la
economía agropecuaria ha sido la búsqueda a gran escala de la economía
extractiva, petrolera y minera, además de monocultivos de exportación,
lesivos totalmente para la economía campesina agropecuaria y para la
territorialidad indígena y afro, quienes son despojados continuamente de
su territorio (la cifra de tierras despojadas alcanza los 10 millones
de hectáreas según el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado) .
Los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea profundizan este modelo de despojo y destruyen la
producción agropecuaria.
La política agraria no responde a los intereses del país de construir
una economía nacional, un mercado interno que garantice la seguridad y
soberanía alimentaria. La ley de tierras y la ley de víctimas que se
proponen como solución a estos problemas estructurales del campo
mientras sigan enmarcadas bajo el mismo modelo económico para el sector
rural no van a tener ninguna incidencia positiva para las víctimas y
campesinos en general. Los problemas económicos del Estado que
argumentaba el gobierno Uribe para no adelantar estos procesos de
restitución a las víctimas no tienen validez. “La viabilidad no es
fiscal, la viabilidad es política” .
La solución frente a esta realidad “exige la puesta en práctica de
una Reforma Agraria Integral, un modelo productivo inclusivo centrado en
la defensa de la Agricultura Campesina, la legalización y ampliación de
las Zonas de Reserva Campesina y amplios procesos de consulta con las
organizaciones de Víctimas, las organizaciones campesinas, indígenas y
afrocolombianas.”
El fortalecimiento del tejido social debe ser una prioridad, las
comunidades se deben convertir en formuladoras y ejecutores de las
políticas que adelante el Estado en sus territorios. El reconocimiento
de las Zonas de Reserva Campesina garantiza la estabilización del colono
en el territorio, hay que garantizar que esta estabilización sea
integral, económica, política, social y cultural. Los territorios
colectivos de las comunidades indígenas y afrocolombianas deben
garantizarse inembargables. Estas figuras colectivas garantizan
obstáculos al latifundio y a las dinámicas capitalistas extractivas y
agroexportadora.
Modelo económico y Desplazamiento forzado.
Contrario a un avance en términos distributivos de la tierra, con el
auge del paramilitarismo se consolido la contra reforma agraria que ya
se venía imponiendo por diversos mecanismos desde los sectores
latifundistas y ganaderos ligados a la mafia. Alejandro Reyes
caracteriza el impacto del paramilitarismo en distintas regiones según
las estructuras agrarias anteriores al desplazamiento. En regiones como
la costa atlántica donde históricamente ha habido una tradición de
concentración de la propiedad de la tierra, la acción paramilitar
fortaleció esta estructura agraria y la situación de marginalidad y
subordinación de los campesinos. En regiones como el Meta y Caquetá,
zonas de colonización campesina reciente, “los paramilitares aumentaron
la movilidad migratoria de la población campesina, articulada a los
cultivos ilícitos y a la compra de tierras por narcotraficantes.” En
regiones de minifundio y propiedad fragmentada de la tierra no fueron de
la ambición paramilitar y se conservo esta estructura anti monopólica
de la propiedad.
En la actualidad es necesario plantear un modelo de desarrollo para
el sector rural que garantice la economía campesina y que este integrado
con el sector urbano. El desplazamiento forzado no es solo generado
directamente por actores armados, sino que detrás de estos hay también
presiones económicas y factores estructurales que terminan empujando al
campesino hacia las ciudades.
Darío Fajardo identifica cinco espacios geográficos (“circuitos”) en
donde se produce el desplazamiento: Norte-Nororiente (Bolívar, Sucre,
Magdalena, Atlántico, Guajira, San Andrés, Cesar, Norte de Santander,
Santander, Arauca) Centro-oriente (Cundinamarca, Tolima, Boyacá,
Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Amazonas norte), Noroccidente
(Antioquia, Caldas, Risaralda, Norte del Valle, Chocó, Córdoba),
Sur-occidente (Nariño, Cauca, Valle, Quindío, Huila, Caquetá, Putumayo,
Amazonas sur).
Estas regiones contienen:
1) Un sistema “árbol”, urbano, compuesto por una capital principal, ciudades intermedias y pequeños centros comerciales.
2) Un área de grandes empresas agrícolas
3) Un área de latifundios ganaderos
4) Áreas de minifundios
5) Áreas de colonización
El desplazamiento hace parte de las estructuras productivas de estas
regiones. Dentro de estos circuitos las migraciones son “dinamizadas por
el comportamiento de la economía y empujadas por las acciones
violentas que dirigen los grandes intereses económico-políticos en torno
a los recursos territoriales y el control de la población.”
Esta situación se regulariza dentro del modelo económico. La
población desplazada de los campos empujados por la violencia, pero
sobre todo por un modelo económico donde su existencia se ve
comprometida. Si no es por medio de la economía ilegal (siembra de
cultivos de uso ilícito) los campesinos, colonos y demás trabajadores de
la tierra no tienen posibilidad de garantizar sus condiciones de vida.
La economía centrada en el cultivo de alimentos es sustituida por la
importación.
También la marginalidad en las ciudades a la que es sometido el
campesino desplazado va de la mano de la liberalización laboral. La
precarización del empleo encuentra como una de las causas el aumento del
ejército de reserva del que hablaba Marx en el capital.
Absalón Machado propone una articulación entre lo urbano y lo rural,
donde este último con un grado de modernización y modernidad se
convierte en un “instrumento dinámico de articulación con el sector
urbano-industrial que permitiera una transferencia de tecnología para
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo.”
Sin embargo en Colombia el desarrollo industrial es precario, no se
ha desarrollado plenamente y no permite el empleo de una gran masa de
trabajadores, por el contrario Colombia tiene la cifra más alta de
desempleo de Latinoamérica, 14.6% según datos del Departamento Nacional
de Estadística DANE que para febrero del 2010 había un total de 3
millones 128 mil personas sin empleo, con un incremento de 298 mil
desocupados más.
En este contexto económico se debe garantizar para el campesino,
colono, arrendatario y demás trabajadores de la tierra la estabilización
en el territorio. Además de esto se debe generar un modelo económico
sustentable donde estas regiones rurales de los “circuitos” se
conviertan en despensa de alimentos de las ciudades principales e
intermedias, propiciando la recuperación de la soberanía alimentaria del
país y garantizándole a esa gran masa de pobres rurales el acceso a
estos alimentos, la seguridad alimentaria. Sin embargo como hemos
analizado, con un modelo económico que privilegia la importación de
alimentos (9 millones de toneladas) que atenta contra la soberanía del
país, la economía campesina resulta totalmente precarizada.
Mientras no se garantice un modelo económico sustentable y
democrático, que tenga en cuenta al pequeño productor, que viabilice la
economía campesina por encima de la economía extractiva la
agroindustria y los megaproyectos el desplazamiento se va seguir
cometiendo.
IV. CONFLICTOS Y PERSPECTIVA DE DESARROLLO
Criterios para una reforma agraria moderna ¿Mercado de tierras?
Según Machado, en nuestro país el mercado de tierras en Colombia ha
sido un negocio entre particulares, limitado como institución económica
debido a la carencia de intervención del Estado. El mercado de tierras
hace referencia “tanto a las transacciones de compra-venta como a los
contratos para su uso y su alquiler. Requiere de transparencia en las
transacciones, de un buen sistemas de información y coincidencias en la
oferta y la demanda; debe ser competitivo e inducir a la distribución
más racional de los recursos y su uso más productivo.”
En Colombia ha existido un mercado asistido de tierras principalmente
en la década de los años noventa, presentándose una transferencia
horizontal de tierras, es decir transferencia de propiedad asistida por
el Estado entre pequeños y medianos propietarios, sin que esto pase con
la gran propiedad. Los grandes propietarios antes de vender sus
propiedades han aumentado sus terrenos en detrimento de la pequeña
propiedad donde la violencia ha jugado un factor determinante.
El estado por medio de las políticas públicas tiene retos grandes
para solucionar un problema estructural que se debe tratar
integralmente, con una institucionalidad fuerte, con un presupuesto
fiscal suficiente y con sobre todo voluntad política por generar cambios
que permitan la democratización del campo colombiano.
Siguiendo a Machado:
1. Los derechos de propiedad deben ser la garantía para que los
pequeños propietarios rurales tengan un respaldo institucional a la hora
de un posible despojo. El Estado no solo debe ser mediador entre
pequeños y grandes propietarios, sino que debe garantizar la estabilidad
del campesino en su territorio.
2. Es necesario transformar la estructura rígida del sector rural,
llamada por Machado “bimodal”, donde convive el sector moderno de
pequeña propiedad con producción intensiva con la gran propiedad de
tierras ociosas e improductivas.
3. Una verdadera voluntad política del Estado para transformar la
inequitativa tenencia de la tierra requiere atacar institucionalmente a
los poderes económicos y políticos del sector rural. El pacto entre la
incipiente burguesía nacional y el sector terrateniente ha
imposibilitado las transformaciones estructurales que se debieron
realizar hace mucho tiempo para un pleno desarrollo social y productivo
del país.
4. Es necesario trasformar la política pública que se incremento con
el gobierno de Álvaro Uribe de políticas como Agro ingreso seguro o el
caso de Carimagua donde se legitimaba por parte del gobierno unas
políticas agrarias que privilegiaban a los propietarios que mas tenían,
con el pretexto de que pueden utilizar mejor los recursos para producir
riqueza. Es necesario garantizar subsidios y créditos al pequeño
productor para garantizar una economía rentable e integrada con el
mercado interno.
5. Parte del desincentivo para la gran propiedad debe ser una
política tributaria fuerte contra los grandes tenedores. Impuestos
progresivos que impongan mas cargas a la gran propiedad de tierras
ociosas y las obligue a ser rentables o a vender su propiedad. El Estado
debe garantizar un mercado justo y asistido entre pequeños, medianos y
grandes propietarios.
6. No solo el problema es la tenencia de la tierra sino el mal uso
que se le ha dado. En la actualidad, según cifras oficiales, hay casi
20 millones de hectáreas destinadas a la ganadería extensiva y apenas 4
millones a la agricultura. La producción alimentaria debe ser el eje
principal de la economía rural, la producción agraria que garantice la
soberanía alimentaria nacional y la seguridad alimentaria de los pobres
urbanos.
7. La protección de los recursos naturales renovables y no renovables
debe ser una prioridad. La economía no puede basarse en el saqueo de
nuestros recursos por parte de empresas transnacionales que no pagan
mayores impuestos, que no generan empleo de calidad y de lago plazo y
que extraen los recursos sin dejar mayores ingresos al país y a las
regiones de explotación.
8. Es necesario buscar soluciones dialogadas al conflicto social y
armado buscando un escenario de construcción con la población civil y
las guerrillas donde se impulsen reformas contando son el respaldo de
las organizaciones campesinas.
9. La garantía de territorios colectivos para las comunidades negras e
indígenas pero también para los campesinos. Las zonas de reserva
campesina se deben convertir en la garantía de los campesinos colonos
para su estabilización y la limitación del latifundio. La Unidad Agraria
Familiar –UAF- debe regular la pequeña propiedad y garantizar su
estabilidad económica.
Zonas de reserva campesina. Estabilización de los colonos.
La figura de Zona de Reserva Campesina consagrada en la Ley 160 de
1994 se ha convertido en la herramienta jurídica para garantizar el
derecho al territorio de comunidades campesinas, colonos principalmente.
Posibilita luchar contra el gran monopolio de la tierra y los intereses
del capital transnacional sobre nuestros recursos y garantiza la
tenencia de la tierra de las comunidades.
Los procesos organizativos de los campesinos, especialmente los que
surgen a partir de las marchas cocaleras de 1996, se han desarrollado a
partir de la demanda por la tierra y con esta figura jurídica de
propiedad colectiva del territorio han logrado permanecer en él y
desarrollar todo un tejido social y un desarrollo económico endógeno que
ha estado a la altura del conflicto con el Estado y avanzado en la
construcción de ciudadanía a pesar de los grandes intereses del capital
respaldados por las políticas gubernamentales sobre estos territorios de
colonización campesina y sobre el campo en general.
A pesar de la lógica neoliberal de inserción al mercado global y de
adaptar al campo para estas necesidades la ley ordena que el Estado
tuviera en cuanta al momento de su acción “las reglas y criterios sobre
ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos
sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en
las instancias de planificación y decisión regionales y las
características de las modalidades de producción.”
En este contexto se empiezan a incrementar la movilización campesina,
principalmente cocaleros, pidiendo atención económica y social del
Estado, ya que sus políticas contra los cultivos además de la sobre
oferta de la producción, estaban sumiendo en la pobreza estas regiones
alejadas del país que dependen del cultivo de la coca. Se desarrollan
grandes protestas campesinas para el año de 1996 en las zonas cocaleras
del sur del Bolívar, Cauca, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
Esta movilización obliga al gobierno a firmar algunos acuerdos con
los campesinos y además se reglamenta inmediatamente por medio del
Decreto 1777 de 1996 la figura de la Zona de Reserva Campesina
consagrada en la Ley 160. La figura de Zonas de Reserva Campesina
pretende destinar territorios titulados colectivamente donde se haga
efectivo sus derechos de acceso a la tierra y a los recursos naturales
para su utilización de manera sostenible, el fortalecimiento de sus
procesos organizativos debido a que la comunidad campesina se convierte
en el actor fundamental que plantea y desarrolla las iniciativas con el
apoyo del Estado.
“Era lograr una atención plena del Estado para sus demandas de
tierras y protección para sus vidas, créditos, asistencia técnica para
la producción y comercialización, infraestructuras como elementos
mínimos que les garantice condiciones dignas de existencia.” Mejorando
el nivel de vida de los campesinos y fortaleciendo su economía agrícola
legal se reducía la necesidad y dependencia hacia los cultivos de coca.
Además las ZRC reducían los factores que generaban el desplazamiento
forzado ya que fortalece la economía campesina y los protegía de las
acciones violentas de los grandes intereses económicos.
El proceso inicia con el establecimiento de cuatro ZRC: Primera la de
El Pato en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, la segunda
reserva en la Macarena, la tercera estaba ubicada en el municipio de
Cabrera, lindando el Parque Natural del Sumapaz y la cuarta se
estableció en la zona del río Cimitarra, municipio de Yondó, Antioquia.
La fortaleza organizativa de estas comunidades propicio y facilito el
proceso de establecimiento, sin embargo no siempre se contó con la
voluntad política del estado que debía ser actor principal a la hora de
incentivar y financiar los proyectos que se querían llevar a cabo. Se
organizaron en juntas de colonos, juntas de acción comunal y en un nivel
superior en juntas interveredales.
El caso de la Zona de Reserva del Valle del río Cimitarra
El valle del río Cimitarra se ubica en el Magdalena Medio (entre el
sur de bolívar, nordeste antioqueño y Santander) con una posición
estratégica importante y gran riqueza de recursos naturales. Esta región
ha sufrido históricamente el abandono estatal en términos de políticas
públicas que garanticen la estabilidad de las comunidades campesinas.
Por el contrario la acumulación de tierras y la presión de los
terratenientes sobre la frontera agrícola, además del interés de
multinacionales sobre los recursos naturales presentes han propiciado la
exclusión y las desigualdades regionales. Es una zona histórica de
colonización, donde han llegado campesinos desplazados de muchas
regiones del país.
“La pobreza generalizada de grandes masas campesinas, la inexistencia
de reales posibilidades de desarrollo económico y social, la
precariedad de sectores claves para el desarrollo como la salud, la
educación, la vivienda y los servicios básicos, la concentración de la
tenencia de la tierra, la economía de enclave como una posibilidad de
subsistir, entre otros fenómenos, son de por sí factores estructurales
generadores de conflicto en la región.”
La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) es la
forma organizativa de los campesinos colonos de esta región que ha
orientado la ocupación y uso del territorio, al igual que ha impulsado
la propuesta de ZRC y se ha convertido en un interlocutor directo. Nace a
partir de las movilizaciones de 1996 donde campesinos cocaleros exigían
atención por parte del Estado y soluciones reales que propiciaran el
desarrollo integral de estas regiones.
El gobierno de Samper firmo el acuerdo de Mayo de 1996 y el de
Pastrana el de Octubre de 1998 donde el Estado adquiría compromisos
políticos, económicos y sociales que no fueron cumplidos.
En este contexto el proceso organizativo avanzo en la región y
empezaron a plantear la necesidad de la ZRC como fórmula que articulara
la región a un desarrollo estable para las comunidades campesinas que
estaban establecidas allí y que han venido siendo desplazadas a lo largo
del conflicto. Con esto empezaron un empoderamiento de su territorio,
de sus recursos, una participación social y política que se vio
reflejada en la articulación de las juntas de acción comunal que se
convirtieron en el gobierno de la región.
Esta lucha por la defensa de su territorio no se pudo a ver llevado
sin la fortaleza con la que se ha llevado a cabo la organización
campesina. Desarrollando procesos solidarios y comunitarios,
fortaleciendo el tejido social, desarrollando una economía estable y
creando normas de convivencia comunitaria que permita vivir y proteger a
su comunidad en el medio del conflicto armado.
Esta empoderamiento de la población campesina enmarcados en la
propuesta organizativa y política de la ACVC desarrollaron avances en la
construcción de la ZRC como lo es el Plan de Desarrollo Sostenible.
“El conocimiento y experiencia de los líderes de la ACVC, la realización
de diagnósticos comunitarios veredales y un gran taller regional
desarrollado en el municipio de Cantagallo se constituyen en las bases
de la Planificación Participativa para la construcción de esta propuesta
regional.”
Se desarrollaron 5 ejes temáticos en el plan de desarrollo: político,
derechos humanos, desarrollo económico, educación y cultura, medio
ambiente y salud. Enfocados en estos se desarrollaron 7 programas con
sus respectivos proyectos: Desarrollo Agropecuario y Forestal, Dotación
de Infraestructura Básica, Dotación de Servicios, Redistribución y
Formalización de la Tenencia de la Tierra, Recuperación y Protección
Ambiental, Difusión del Estado Local Seguimiento y Control y Derechos
Humanos. Estos proyectos se plantean la realización para 4 años y para
ello se pide la financiación estatal.
La ACVC ha realizado toda una organización, propuestas y regulación
de esta zona, orientando temas como la tala de bosques sosteniblemente,
debido a que la comercialización de madera es de las pocas opciones
productivas que les quedan a los campesinos al igual que el cultivo de
coca.
Por lo tanto esta comunidad por medio de su Asociación Campesina ACVC
ha logrado cierta legitimidad en la demanda de la Zona de Reserva
Campesina que en la actualidad no está constituida legalmente, pero sus
principios orientadores están siendo desarrollados.
CONCLUSIONES
A
pesar de que la propuesta de Zona de Reserva Campesina se ha venido
llenando de contenido desde las comunidades, articulado a un modelo
alternativo de tipo económico, social y político, ha entrado en
contradicción con la visión institucional de política pública agraria,
articulada a un modelo de desarrollo que en la actualidad privilegia el
extractivismo, los megaproyectos y los mono cultivos, antagónicos a la
protección de la economía campesina.
Aunque
la problemática agraria ha tenido un desarrollo histórico donde se
establecen diferentes políticas de reforma agraria desde el Estado, en
la realidad la organización agraria mantiene las problemáticas
estructurales.
Una
política agraria en la actualidad no solo tendría que tocar la
distribución de la tierra, sino hacer transformaciones estructurales de
tipo cultural, social, económico que se encuentran arraigadas en la
caduca estructura rural. Por lo tanto se debe realizar una
transformación de todas las relaciones que están articuladas alrededor
de la tierra, cuyos conflictos no han sido solucionado por las vías
institucionales, sino que ha mediado la expresión violenta del conflicto
social. Por lo tanto en la actualidad el gran latifundio ha sido
privilegiado desde las políticas estatales, dando alternativas
secundarias a la mediana y pequeña propiedad.
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