Zonas de Reserva Campesina

GeoRaizAL: seminario de Geografía crítica.
Mesa: Territorialidad, espacio y poder en América Latina

Universidad Externado de Colombia-Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, Septiembre 28 y 29, 2011
Dario Fajardo

Experiencias y perspectivas de las zonas de reserva campesina

En esta ponencia se presentan algunos elementos básicos sobre las  zonas de reserva campesina establecidos en la ley 160 de 1994, a partir de algunas referencias básicas a las experiencias en su organización y sus posibles alcances dentro de la perspectiva de las territorialidades para la vida propuesta para este seminario organizado por GeoRaizAL.

Un observador desprevenido del encuentro campesino realizado en Barrancabermeja Santander, a mediados del año 2011, posiblemente le sorprendería advertir los carteles de varias organizaciones campesinas pidiendo la creación de  una zona de reserva campesina en su territorio. En un evento similar realizado hace tres años, en la misma ciudad, también se pudieron observar estas peticiones. Este observado se preguntaría: qué son las “reservas campesinas?”, interrogantes que nos llevan a indagar entre muchas cosas por su historia.

De entrada hay que decir, que si bien la figura está consignada en la ley vigente de reforma agraria (160 de 1994) y existe un Comité de impulso de las zonas de reserva Campesina, en el que participan representantes de varias de estas iniciativas, su promotor más activo en estos dos encuentros ha sido la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), cuya gestión ha que permitió la constitución de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina.

La ley 160 de 1994 estableció el Sistema Nacional de Reforma agraria y dentro de ella, en su capítulo sobre colonizaciones definió escuetamente como zonas de reserva campesina: “Las zonas de colonización y aquellas en donde predominen los baldíos son ZRC” y señala que el entonces Instituto de la reforma agraria, INCORA, establecería las nomas y condiciones para la adjudicación de tierras en ellas. Posteriormente y por demanda de las movilizaciones se estableció la reglamentación de las mismas, abriendo la posibilidad de que se las declarara no solamente en áreas de baldíos sino en otros espacios de acuerdo con las necesidades sociales.

Esta figura territorial, en efecto, ha sobrevivido grandes y graves persecuciones y, tal vez por eso mismo posee un significado especial para muchas organizaciones de las gentes del campo. Digamos por ahora, que fue incorporada en esa ley como propuesta de los colonos, reglamentada y puesta en marcha por presión de marchas campesinas y casi ahogada por la persecución del gobierno anterior y de algunas de sus autoridades militares. Añadamos que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra recibió hace dos años el Premio Nacional de Paz, que permite plantear su experiencia organizativa como ejemplo de gestión de territorialidades  para la vida y la paz.

Los antecedentes

 La figura tiene un ya largo recorrido: una atenta historiadora, Martha Herrera en su disertación doctoral Ordenar para controlar[1] estudió los desarrollos del estado colonial para sojuzgar las comunidades de la Nueva Granada y encontró, dentro de las formas de resistencia de las comunidades las “rochelas”, territorios habitados por indios, mestizos, cimarrones y blancos pobres, libres de la administración española; estos asentamientos autónomos convivieron con los palenques de los negros fugados y habrían de retomar su sentido en los núcleos campesinos, “baluartes”, establecidos en las tierras al margen de las haciendas, ya en los primeros decenios del siglo XX.

 En esos años iniciales del siglo pasado la economía colombiana vivía las nuevas condiciones de su inserción en la economía mundial con precios al alza de su principal exportación, el café, e inversiones crecientes de capitales extranjeros en otros rubros de producción agrícola, en particular el banano y la extracción de petróleo; en las antiguas haciendas se endurecieron las relaciones entre los propietarios y los arrendatarios y otros trabajadores vinculados a ellas, al tiempo que entró a cuestionarse la legalidad de la ocupación de las tierras en muchas de ellas, lo que condujo a extendidos enfrentamientos entre los hacendados y los campesinos que alegaban su derecho a recibir títulos de las tierras que venían trabajando como baldíos de los que venían apropiándose los hacendados.

 Hasta entonces las políticas de tierras del estado colombiano habían oscilado entre el favorecimiento a la gran propiedad para requerir a cambio a los beneficiados inversiones en vías o el estímulo a la mediana propiedad para impulsar la formación de asentamientos campesinos. Ante las magnitudes de las usurpaciones de tierras por las haciendas y el  endurecimiento de los conflictos agrarios, a finales de 1928 el gobierno dictó el decreto 1110 dirigido a establecer colonias agrícolas para asegurar tierras a los campesinos.

 Esta medida dio piso legal a los asentamientos de colonos que se habían iniciado en las tierras en disputa con las haciendas y habrían de calar en la formación de la cultura política campesina[2]. En esos mismos años, como lo atestiguaron los trabajos de Orlando Fals Borda en los lomeríos del interior de la costa Caribe[3] los campesinos intensificaron la defensa de las tierras contra las presiones de los hacendados criollos y los inversionistas norteamericanos, dando paso a la creación de espacios de comunidad, llamados “baluartes”, en los que se configuraron experiencias de organización, educación y organización con notables liderazgos de mujeres.

 Las tensiones en torno a la modernización de la sociedad y la economía colombianas condujeron a una profunda crisis política a finales de la década de 1940; su desarrollo tomó el curso de una larga guerra civil resuelta por las élites con la imposición de un sistema político bipartidista y excluyente y el afianzamiento de un régimen agrario favorable a la gran propiedad. Durante la guerra, algunas comunidades campesinas organizaron territorios para su protección en áreas aisladas de las cordilleras, a las que denominaron “zonas de autodefensa campesina”; no obstante para ese entonces los Estados Unidos comenzaron a desplegar en Colombia la aplicación experimental de una estrategia contrainsurgente que fue conocida como “Plan LASO”: los territorios campesinos, señalados como “repúblicas independientes”, fueron el blanco de las acciones militares,  respondidas con la formación de organizaciones insurgentes armadas, con todo lo cual se inició la fase actual de la guerra en Colombia[4].

 A comienzos de los años 1980, en medio de los diálogos de paz establecidos por el Presidente Belisario Betancur, surgió un acuerdo entre el gobierno, los colonos y la insurgencia para poner en marcha un programa de desarrollo local en el río Caguán, en el departamento de Caquetá. El acuerdo conllevaba un cese al fuego bilateral, la atención del estado para estabilizar la colonización y el compromiso de los colonos de asumir prácticas productivas amigables con el medio ambiente; no obstante, la terminación de los diálogos interrumpió el acuerdo, cuyo desarrollo fue documentado en un estudio pionero de la Universidad Nacional sobre los procesos recientes de la ocupación del bosque húmedo en Colombia[5].

 A finales de esa  década y en medio de una investigación sobre la colonización de la Serranía de la Macarena, al norte del Caguán[6], el sociólogo Alfredo Molano recogió una propuesta de los colonos al gobierno para darle continuidad a esa experiencia. En ese momento ya se extendían sobre la región las acciones de terror del paramilitarismo dirigidas a desplazar a las comunidades de colonos; ante esa amenaza las comunidades pidieron la protección del Estado a través de la titulación de las tierras que ocupaban en medio de la reserva natural, para acordar con el gobierno programas de asistencia técnica productiva; por su parte, la comunidad se comprometía a realizar impulsar organizadamente un manejo adecuado del bosque, la fauna y los suelos.

 La propuesta se concretaría en la organización de las que entraron a llamarse Zonas de Reserva Campesina; fue incorporada en la ley 160, de reforma agraria, bajo la figura de zonas de reserva campesina, con el compromiso del estado de atender las necesidades de desarrollo agrícola de las comunidades. Poco después y bajo la presión de algunas movilizaciones campesinas en demanda de atención estatal el gobierno reglamentó la ley en lo referente a las Reservas a través del decreto 1777 de 1996 y el acuerdo del 24 de noviembre de ese mismo año y estableció las primeras de ellas, con carácter piloto, con la estrecha participación de sus organizaciones y la financiación del Banco Mundial como apoyo al proceso de paz[7].

 En desarrollo de un proyecto piloto se establecieron las reservas de El Pato (San Vicente del Caguán, Caquetá), con 1.500 familias, 38 veredas y 111.000 hectáreas; Calamar (Guaviare), con 450 familias, 11 veredas y 40.000 hectáreas y Cabrera (Cundinamarca), con 850 familias, 17 veredas y 44.000 hectáreas.

 A pesar de su corta duración, entre 1999 y 2002, el desarrollo de las primeras experiencias con esta figura territorial permitió apreciar la incidencia de la historia de cada comunidad en la configuración de cada reserva, así como  su potencialidad para estimular iniciativas de las organizaciones campesinas para identificar y jerarquizar problemas, plantear, gestionar y evaluar soluciones para los mismos.

Una de las comunidades con mayor experiencia en gestión política, la de Calamar en el Guaviare, potenció sus estructuras organizativas pre-existentes, las Juntas de Acción Comunal (o Juntas de colonos en el caso de la reserva de El Pato, Caquetá) y la organización de segundo nivel, las juntas interveredales, para llevar al Concejo municipal a través de sus representantes, el plan de inversiones o “plan de desarrollo rural”. La propuesta correspondía al plan con el que había sido reconocida la reserva campesina. Estas primeras experiencias fueron evaluadas por la Universidad Javeriana.

 Las reservas así organizadas tuvieron una corta duración. Al terminar este nuevo proceso de paz, el gobierno señaló a las organizaciones responsables como aliadas de la subversión, judicializando y encarcelando a sus dirigentes. Los proyectos que se adelantaban en ellas fueron suspendidos y en el caso de la Reserva del Río Cimitarra, por decisión del presidente de la república y del ministro de agricultura, celosamente aplicada por el mando militar local se pretendió revocar su constitución.

Sin embargo, la organización, constituida como Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra continuó impulsando sus principales proyectos relacionados con el fortalecimiento de su base económica, la sustentación económica de la solidaridad y el abastecimiento alimentario. La reserva comprende 134 veredas de cuatro municipios con una población de 35.800 personas.

Colateralmente ha continuado el desarrollo de su fortalecimiento político dentro de las comunidades que la componen, con otras organizaciones campesinas, en particular con las relacionadas con las reservas campesinas y con organizaciones del exterior como Vía Campesina.

Mirando hacia adelante

En el contexto inmediato es necesario apreciar dos tipos de señales en la política agraria: de una parte, la discursiva oficial con referencias insistentes a la preocupación del gobierno en torno a la restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado y la titulación masiva de predios como medida para frenar el desplazamiento forzado.

De otra, las líneas de la política agraria planteadas establecidas en el Plan de desarrollo y contempladas en la “locomotora” agraria, las cuales insisten en la priorización de los “cultivos promisorios” del gobierno anterior, el impulso a las “Áreas de desarrollo rural”, así como la perspectiva de la empresarización como única alternativa para los campesinos.

La propuesta de las “Áreas de desarrollo rural” contempla la focalización de inversiones en espacios relativamente homogéneos y contiguos, en los cuales se trataría de “racionalizar” el gasto público, estimular la inversión privada, afianzar la descentralización y consolidar la “seguridad democrática”.

Como parte de la estrategia de desarrollo agrario se articulan varias propuestas:

• Las “alianzas productivas”, con pobres resultados para los campesinos, de acuerdo con la evaluación del gremio de los empresarios palmeros FEDEPALMA

• La “palma campesina” del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que impulsa los contratos de venta de los frutos de palma producidos por campesinos a las empresas procesadoras. Esta iniciativa se ha tratado de contraponer a la propuesta de la Reserva Campesina en marcha adelantada en el valle del río Cimitarra

• La propuesta de establecer reservas campesinas en la región de Montes de María, en medio de una zona de consolidación y de los extensos terrenos adquiridos por empresarios para distintos desarrollos agrícolas y mineros. Para poner en marcha esta propuesta el gobierno está estableciendo una organización campesina “ad hoc” dispuesta a actuar dentro del marco de la zona de consolidación y de las condiciones que fijen los empresarios, según lo manifestó uno de sus dirigentes.

Conclusiones

Genera preocupación esta iniciativa al tener en cuenta la información de la ONG CODHES según la cual “de un total aproximado de 280 mil personas desplazadas en 2010, el 32.7%, es decir 91.500, provenían de las llamadas zonas de consolidación[8].

Se han configurado entonces dos propuestas: de una parte, la construida por comunidades campesinas a lo largo de nuestra historia, en condiciones siempre difíciles y generalmente bajo las presiones de la guerra. De otra, la dominada por la gran propiedad, apoyada por el estado y hoy inscrita en la tendencia hacia la llamada “relocalización de la agricultura a escala mundial”.

No quiero dejar de lado algunos resultados incipientes del programa de investigaciones de la Universidad Externado de Colombia, los cuales ilustran las dos propuestas: de una parte, el estudio de Liliana García sobre la Reserva Campesina del valle del río Cimitarra y sus experiencias en proyectos de producción para el abastecimiento alimentario y el afianzamiento territorial de las comunidades; de otra, la de Laura Escobar sobre la implantación de un complejo agrícola y pecuario en tierras usurpadas a las comunidades del Bajo Atrato, entre Antioquia y Chocó, con acciones ejecutadas por el ejército con apoyo paramilitar, para establecer plantaciones financiadas con fondos estatales y e la cooperación internacional.

Sobre las perspectivas de las reservas campesinas como “espacios de vida” gravitan, de una parte las tendencias mencionadas con las cuales se identifican en términos generales las fuerzas del capital transnacional y el empresariado del país.

De otra parte, los propios desarrollos de la economía mundial que hacen inciertos los mercados de alimentos con los que se suplirían los mercados nacionales hoy afectados por el desabastecimiento causado por la guerra y por las crecientes importaciones a las que ha debido recurrir Colombia.

Ante estas incertidumbres, el eventual afianzamiento de las economías campesinas tendrá que nutrirse de un mundo rural aún pujante y difícilmente sustituible en una economía a la cual se diagnostica una crisis de largos alcances.

Cuentan a su favor la persistencia y el arraigo de las comunidades campesinas, sus capacidades de articulación a los mercados y como condición obligatoria, cambios en las correlaciones de fuerzas que permitan confrontar con éxito las asimetrías en las que se ha sustentado nuestro “modelo de desarrollo”

[1] Martha Herrera A. Ordenar para controlar, ICANH, Bogotá, 2002

[2] Laura Varela M., Yuri Romero P., Surcando amaneceres. Historia de Los Agrarios de Sumapaz y Oriente del Tolima, Universidad Antonio Nariño, Bogotá, 2007; Laura Varela M., Deyanira Duque O., Juan de la Cruz Varela entre la historia y la memoria, Universidad Antonio Nariño, Bogotá, 2010; Rocío Londoño B., Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 2011

[3] Orlando Fals Borda, Retorno a la tierra. Historia doble de la Costa, (tomo IV), Carlos Valencia Editores, Bogotá,1986

[4] Diego Otero P. El papel de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. De la doctrina Monroe a la cesión de siete bases militares, Ediciones Aurora, Bogotá, 2010

[5] Jaime E. Jaramillo, Leonidas Mora, Fernando Cubides, Colonización ,coca y guerrilla, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1986

[6] Alfredo Molano, Darío Fajardo, Julio Carrizosa, Fernando Rozo, Yo le digo una de las cosas…La colonización de la reserva de La Macarena, Fondo FEN Colombia/Corporación Araracuara, Bogotá, (s.f.)

[7] Ver Marc Chernick,

[8] CODHES, Boletín Informativo N°77. Bogotá, 15 de febrero de 2011

Tomado de: http://www.georaizal.org