La Asociación Nacional de Zonas de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc,
reunió a 300 delegados de todo el país en el Congreso de la República,
para exigir acceso a la tierra, un nuevo ordenamiento territorial que
incluya a las ZRC y la vigencia de los derechos humanos en el campo
colombiano
El siguiente, es el texto del discurso pronunciado por César Jerez,
en representación de Anzorc, durante la audiencia pública "Las ZRC una
iniciativa agraria de paz. Estado actual y perspectivas", realizada el
pasado 1 de Noviembre de 2012 en el Congreso de la República
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Les hablo en nombre de 36 procesos organizativos, sociales, que en el
país construyen ZRC. Somos más de un millón de colombianos y
colombianas los que habitamos en unas seis millones de hectáreas dentro
de las Zonas de Reserva Campesina constituidas y de hecho de Colombia.
Las ZRC somos un proceso político y social acumulado en la lucha por la
tierra. Somos hijos e hijas resistentes del despojo, del desplazamiento
forzado, de la violencia política, de la guerra. Las ZRC son hoy parte
fundamental de un movimiento campesino que se reconstruye y se
reconfigura en el contexto de un prolongado proceso de persecución
política y de exterminio contra el campesinado colombiano.
Las ZRC son también un fiel indicador de que pese a todos los
empeños para desalojar el campo y descampenizar al país, finalmente no
lo lograron, resistimos, pervivimos, aquí estamos. Hoy podemos decir
desde acá con tranquilidad y con mucha responsabilidad que el conflicto
por la tierra en nuestro país está abierto, que es un conflicto todavía
irresuelto, que es un conflicto estructural ubicado en la génesis de la
guerra y que las ZRC pueden ser el comienzo de su solución. Si nos
ponemos de acuerdo entre todos.
Las ZRC son el resultado de la lucha histórica del campesinado
colombiano por el acceso y el derecho a la tierra y el territorio.
Es necesario recordar que las ZRC están consagradas en la ley 160
como figura de ordenamiento territorial con la finalidad contener la
extensión de la frontera agrícola; para corregir los fenómenos de
inequitativa concentración de la tierra, la fragmentación antieconómica
de la propiedad, para crear las condiciones para la consolidación de la
economía campesina; para regular la ocupación y aprovechamiento de las
tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos;
para crear y constituir una propuesta integral de desarrollo rural, de
ordenamiento territorial, de gestión pública y política; para facilitar
la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, fortalecer
los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural
entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando la adecuada
participación del campesinado en las instancias de planeación y decisión
local-regional. Todo esto está en el papel que pueden llegar a jugar
las ZRC.
El actual gobierno de Santos, finalmente, ha reconocido que Colombia
ha vivido durante las últimas décadas un conflicto político, social y
armado, prolongado e intenso, que ha afectado principalmente a la
población rural, ocasionando entre muchas otras violaciones y
vulneraciones, el asesinato de decenas de miles de campesinos y el
desplazamiento forzado de millones de pobladores rurales y un cuantioso
despojo de tierras a comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes, estimado en seis millones de hectáreas.
Partiendo de este reconocimiento y después de 8 años de oscurantismo
en los que se considera que el país retrocedió 30 años en materia de
desarrollo e institucionalidad rural, el gobierno se ha propuesto
construir una política pública agraria y de tierras que eventualmente
buscaría restituir las tierras despojadas, cerrar la frontera agrícola e
introducir enfoques e iniciativas de desarrollo territorial y rural que
superen la pobreza y la marginalidad social que caracterizan al mundo
rural colombiano.
Sin embargo, llama la atención que las aparentes buenas intenciones
del discurso institucional chocan con el modelo de desarrollo y las
iniciativas centrales del gobierno, como lo son la concesión de los
territorios para la explotación energética, petrolera, minera y la
agroindustria a gran escala. Actividades que claramente configuran un
escenario del campo sin campesinos y una depredación ambiental sin
precedentes en la historia del país.
En este complejo marco, el gobierno ha decidido, en respuesta a la
presión del campesinado organizado, reactivar e impulsar las Zonas de
Reserva Campesina (ZRC). El anuncio gubernamental realizado durante el
primer encuentro nacional de ZRC llevado a cabo en Barrancabermeja en
Agosto de 2010, suscitó primero muchas inquietudes y después una gran
expectativa.
Empero, el proceso de reactivación de las ZRC y la constitución de
nuevas ZRC se ha encontrado con múltiples obstáculos que es
imprescindible superar, si se quiere, de manera compartida y concertada,
realmente reactivar e implementar efectivamente las ZRC, como parte de
la política publica de tierras del actual gobierno.
Los obstáculos son claramente los siguientes:
1. Se intenta a como de lugar relativizar el papel fundamental que
juegan las Unidades Agrícolas Familiares en el establecimiento del
límite de la propiedad y el freno al latifundio (La reglamentación de
los artículos 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo afortunadamente
fue declarada inconstitucional,por la corte).
2. No se ha avanzado en la reglamentación de las ZRC, lo que impide
que estas tengan un marco jurídico que garantice y consolide su
reactivación e implementación. Se requiere de manera urgente una
reglamentación que proteja a las ZRC de los intereses empresariales y
que las ponga acorde con otras figuras de ordenamiento territorial y
ambiental.
3. La formulación de la gubernamental Ley general agraria y de
desarrollo rural no contó con la participación de las organizaciones
campesinas. Esto indica que las ZRC no contarán en esta ley con el
enfoque de ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo rural de
las organizaciones sociales del campo.
4. La reactivación de las ZRC y su implementación en otras regiones
del país se ha encontrado con la debilidad o la ausencia institucional,
la lentitud burocrática y a veces la desidia de los funcionarios de la
institucionalidad del sector.
5. En los Montes de María, el campesinado ha planteado una mayor
socializacion de la figura de la ZRC y mayor autonomía en la toma de
decisiones sobre las ZRC sin que hasta el momento se haya garantizado un
real proceso de participación de los beneficiarios directos de las ZRC,
quedando latente el riesgo de legalizar el despojo en los Montes de
María.
6. En el Cauca es necesario incluir al campesinado y las negritudes
en la construcción de las políticas de desarrollo rural, de tierras y
territorio que lleven a la solución, de manera concertada y colectiva,
de los conflictos interculturales originados por las políticas estatales
de discriminación positiva, como lo es el denominado Plan Cauca o los
eventuales acuerdos bilaterales entre gobierno y la dirigencia del CRIC,
acuerdos que podrían desconocer al campesinado y a las negritudes como
sujetos políticos de derechos territoriales.
7. En grandes extensiones de territorios campesinos en los que
impulsamos la construcción de ZRC, los campesinos han sido despojados de
sus tierras y se ha violado el límite de la propiedad de las ZRC, para
instalar cultivos de palma aceitera, de agrocombustibles y ganadería
extensiva, aumentando la ya dramática concentración de la tierra. Es
indispensable la recuperación de estas tierras para los campesinos y la
producción de alimentos.
8. Existe una sobreposición de figuras territoriales de ordenamiento
territorial, ambiental, de desarrollo rural y empresarial que
conflictúan la implementación de las ZRC. A este panorama se suma que la
mayoría de los territorios de las ZRC han sido titulados ha empresas
mineras para la prospección y el desarrollo de macroproyectos minero -
energéticos.
9. No existe disponibilidad presupuestal para la ejecución de los
Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de las ZRC, lo que genera
incertidumbre frente al futuro de las ZRC y desconfianza frente a las
propuestas gubernamentales.
10. No existe ninguna articulación interinstitucional que impulse las
ZRC. Las instituciones y las administraciones nacionales,
departamentales y municipales están de espaldas a las ZRC y en muchas
ocasiones promueven el estigma sobre las ZRC. El gobierno no ha
desarrollado acciones de promoción favorable de las ZRC ni ninguna
acción contra la estigmatización a la que permanentemente son sometidas
las ZRC.
11. Perdura un doble discurso institucional frente a las ZRC. De un
lado el discurso oficial público, mediático de algunos funcionarios que
reconocen y eventualmente impulsan las ZRC. De otro lado, avanza el
discurso perverso que antepone la seguridad y la consolidación militar
al desarrollo de las ZRC. Altos funcionarios y asesores desarrollan una
campaña taimada contra las ZRC, promueven el estigma contra las ZRC y
sus organizaciones, proponen poner a las ZRC como moneda de cambio a la
guerrilla en una eventual negociación del conflicto armado o destinar
las ZRC a jugar un papel de campos de confinamiento de guerrilleros
desmovilizados, otros afirman que el desarrollo de las ZRC oxigenaría a
la guerrilla de las FARC y la impulsaría en un nuevo ciclo de la
guerra. Desde acá queremos hacer un llamado de atención al señor
ministro de defensa, a la cúpula militar, a los funcionarios de
consolidación territorial, basta ya de señalar y estigmatizar, basta de
perseguir, basta de intoxicar, basta ya de presionar, intimidar y
condicionar para que los funcionarios del sector agropecuario no cumplan
con sus funciones misionales, con ustedes hablaremos de derechos
humanos y de las normas de la guerra, del DIH, ustedes no serán
deliberantes con nosotros sobre el desarrollo rural o el futuro de las
ZRC. Ese no es su papel.
Estamos ad portas de iniciar la segunda fase de un proceso de paz en
la ciudad de La Habana, las partes han acordado abordar en primera
instancia el crucial tema del desarrollo agrario integral, haciendo
referencia directa en uno de los literales de la agenda a las ZRC.
Entendemos claramente el enorme desafío que para el gobierno y la
guerrilla de las FARC implica abordar este punto desde posturas y
enfoques tan distintos y distantes. Se sientan a conversar dos modelos,
dos propuestas antagónicas de país. Pero no perdemos la esperanza,
estamos, seguimos convencidos de que el diálogo es la ruta.
Un tema tan trascendental para el futuro del país, como lo es el
desarrollo rural, tan determinante para el logro de la paz o para la
continuidad de la guerra. Un tema de tal magnitud no puede discutirse
sin sus protagonistas, las campesinas, los campesinos, sin las
organizaciones campesinas en la mesa. Así como hace dos años una de las
organizaciones de ANZORC, la ACVC, al merecer el Premio Nacional de Paz,
les solicitó sentarse en una mesa a hablar, así cómo hace un año 30
mil campesinos, indígenas y afro-descendientes, convocados también por
la ACVC, reunidos en el encuentro nacional por la tierra y la paz de
Barrancabermeja, les exigieron iniciar un proceso de paz, así mismo hoy
les reclamamos nuestra presencia en la mesa de conversaciones. Estamos
convencidos que nuestras propuestas de modelo de desarrollo incluyente,
de desarrollo rural con enfoque territorial, de un programa nacional de
zonas de reserva campesina que garantice su efectiva reactivación, de
ordenamiento territorial y de paz, serán fundamentales para la discusión
de la problemática que nos convoca y de sus soluciones. Reclamamos ser
parte del diálogo fundamental que nos acerque a la convivencia, a la
reconciliación, ser parte de la ruta nos saque de la guerra.
Nuestro aporte programático es sencillo y será fácilmente entendido
por la sociedad colombiana. Las ZRC son capaces de garantizar el acceso a
los alimentos de las poblaciones urbanas, de proteger el medio
ambiente, de mejorar el ordenamiento territorial del país y de prevenir
el desplazamiento forzado en condiciones de conflicto armado. Estamos
seguros de que las ZRC en los campos de Colombia pueden ser el primer
paso en el largo camino del reconocimiento del campesinado, como sujeto
político promotor de la justicia social, la vigencia plena de los
derechos humanos, el desarrollo rural y la paz. Muchas gracias
Tomado de: http://prensarural.org
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