Luego de dos semanas de
movilización pacífica contra la explotación petrolera en Arauca, el 12
de febrero de 2013 se dio inicio al paro cívico anunciado en días
pasados por las organizaciones sociales de este departamento, como
respuesta a los reiterados incumplimientos por parte del gobierno
nacional y las empresas transnacionales.
El
último intento de diálogo se produjo el lunes 11 de febrero, entre la
Comisión vocera (compuesta por delegados de indígenas, campesinos,
jóvenes, mujeres, trabajadores y comunales) y representantes del
Ministerio del Interior así como de las empresas petroleras que operan
en la región, a fin de establecer las condiciones en que se daría
cumplimiento a los compromisos que éstos últimos han hecho desde mayo de
2012.
Los incumplimientos reiterados por parte
del gobierno y las empresas, y la dilación del proceso de negociación
causó el rompimiento de ese espacio de diálogo, ante lo cual se procedió
al uso de la fuerza estatal: aproximadamente 1200 efectivos del ESMAD
(Escuadrón Móvil Anti Disturbios) llegaron a desalojar violentamente a
las comunidades en los sitios de concentración.
El primer hecho se presentó en la vereda
San Isidro, sobre la vía que de Tame conduce a Arauca capital, en el
punto de acceso al complejo petrolero Caricare explotado por la
transnacional OXY, donde el ESMAD, la Policía y el Ejército agredieron a
las comunidades movilizadas incendiando los potreros aledaños,
disparando sus armas de dotación, destruyendo bienes civiles (una
escuela), saqueando las provisiones de alimentos que tenían los
manifestantes en el sitio, golpeando y reteniendo a cuatro personas.
Como
consecuencia de lo anterior una mujer indígena en estado de embarazo,
que transitaba por el lugar, perdió su bebe por el efecto de los gases
lacrimógenos, y debió ser traslada de urgencia a un centro de atención
médica.
La fuerza pública ha impedido la labor
periodística de los medios de comunicación locales y nacionales al
obstaculizar el paso de corresponsales de CM&, RCN y otros medios
locales que se desplazaban hacia Cari Care; el ejército nacional efectuó
un retén en el sector del Lipa y determinó que “por razones de
seguridad” los periodistas no podían pasar. Cabe recordar que en los
hechos del Quimbo (Huila) la fuerza pública también restringió la
presencia de los medios de comunicación y se produjo una serie de hechos
de violatorios de los derechos fundamentales y del Derecho
Internacional Humanitario (DIH).
Frente a esta situación la Fundación de
Derechos Humanos Joel Sierrra emitió una Acción Urgente en la cual
manifiestan su preocupación por la detención de las personas, la
agresión y brutal violencia ejercida contra campesinos e indígenas, las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por la
fuerza pública al violentar y destruir instalaciones civiles, y, el
saqueo de víveres destinados a la alimentación de los manifestantes,
expresaron. La Fundación, también instó al Estado colombiano a respetar
las normas de los derechos humanos y el DIH.
En el mismo sentido, la Acción Urgente
denuncia una serie de vulneraciones a los derechos de los manifestantes
por parte de la fuerza pública, cuyos miembros se han dedicado a
fotografiar constantemente a quienes participan de la jornada de
protesta, han retenido, interrogado y reseñado a algunos de ellos, han hecho presencia hombres vestidos de civil y armados a altas horas de la noche en cercanías a los lugares de concentración, entre otros casos.
Es importante anotar que en este momento
no se presenta movilidad de personas y vehículos por vía terrestre
hacia fuera del departamento de Arauca por las dos únicas vías de acceso
(Casanare y Norte de Santander), el comercio y todas las actividades
han sido paralizadas por completo en esta región del país.
Tomado de: http://www.colombiainforma.info
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