Por: Natalia Herrera Durán
El tema de las zonas de reserva campesina sigue en el centro del
debate dentro del proceso de paz que adelantan Gobierno y Farc en La
Habana. Primero fue la guerrilla la que demandó que se garantice el
derecho a la tierra a estos colectivos, así como su financiación,
hablando de la necesidad de crear 59 zonas con independencia política y
9,5 millones de hectáreas. Sin embargo, para el ministro de Agricultura,
Juan Camilo Restrepo, el asunto no es tan sencillo, pues no se puede
patrocinar la creación de “una constelación de republiquetas
independientes”.
En medio de la polémica, la voz de César Jerez,
uno de los representantes de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina (Anzorc), es clave para conocer la realidad de una figura
surgida en la década de los 90, a partir de las marchas de los
campesinos cocaleros del sur del país, que —según dice— ha sido
estigmatizada y perseguida. En diálogo con El Espectador, denuncia un
veto del Ministerio de Defensa que tiene paralizada en el Incoder la
constitución de nuevas zonas, al tiempo que les exige a las Farc no
pararse de la mesa de diálogos hasta concretar acuerdos.
¿Cuál es la postura de las zonas de reserva campesina, hoy en medio del debate de la paz?
No
somos ‘republiquetas’. Las zonas de reserva campesina son el acumulado
de una lucha del campesinado por la tierra de muchas décadas y lo que
buscamos es el reconocimiento político, social, económico y territorial.
La figura está en la Ley 160, que creó su régimen normativo y
constitucional.
Las Farc hablan de 9,5 millones de hectáreas para ellas...
Lo
que hoy están considerando como una pretensión exclusiva de las Farc
corresponde a los 50 procesos que hay vigentes de reconocimiento de
zonas de reserva campesina en el país. Hay zonas que tienen 500 mil
hectáreas, otras 400 mil o 300 mil. Si a esos procesos les ponemos un
promedio de 200 mil hectáreas, estamos hablando de unos 10 millones de
hectáreas. Pero eso no es un planteamiento de las Farc, pues nosotros ya
lo hemos manifestado en diferentes escenarios.
¿Ante quién se presentan esos procesos de constitución?
Ante el Incoder, que es la entidad encargada de constituirlas.
¿Cuántas zonas existen hoy?
Seis
constituidas y seis en proceso de constitución, que ya formularon su
plan de desarrollo, llegaron a audiencias públicas —la última instancia—
y están esperando que el Consejo Directivo del Incoder las avale.
Y si ya surtieron todo ese trámite, ¿por qué no las han avalado?
Porque hay un veto ilegal del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar.
¿Cómo así que veto ilegal?
Porque
el Ministerio de Defensa no tiene competencia en el desarrollo rural ni
en el tema de reforma agraria. Lo que sabemos es que en el proceso de
negociación de paz, la constitución de las zonas de reserva se convirtió
en un problema y el Ministerio dijo que mientras no haya un acuerdo en
Cuba se deben parar todos los procesos de constitución.
¿Cuáles son estas seis zonas que están por consolidarse?
Dos en Montes de María, una en el Cesar, una en Lozada, Guayabero, en las cuencas de los ríos en La Macarena y en Catatumbo.
¿Y cómo se ejerce el veto por el Ministerio de Defensa?
Llaman a altos funcionarios y les dan la orden de suspender los procesos, argumentando problemas de seguridad nacional.
¿Funcionarios del Incoder?
Sí,
allí hay una serie de funcionarios que entienden la importancia de las
zonas de reserva campesina, pero cuando llegó como directora Myriam
Villegas, no se ha constituido ni una zona, a pesar de que las de
Catatumbo y La Macarena surtieron el proceso.
Claro que el Ministerio de Defensa habla de que esas zonas por constituir están en regiones de fuerte presencia guerrillera...
En
todas las zonas de reserva campesina hay presencia de las Farc y en una
gran parte de ellas del Eln. Pero lo importante es que tenemos una
oportunidad reconocida por el Gobierno de sacar adelante un proceso del
campesinado, que en esta coyuntura puede ser un aporte fundamental para
una reforma agraria.
¿Qué tipo de reforma agraria?
Una
reforma agraria materializada en que se garanticen el acceso a la
tierra, su formalización, los derechos civiles del campesinado y,
finalmente, hacer en estos territorios lo que el campesino quiere, no
las políticas impuestas desde los intereses del poder económico y
político.
¿Cuál es la posición de la Asociación frente a las Farc?
Las
guerrillas en general tienen una relación con la base social, con las
economías campesinas y su modo de vivir, porque la mayoría de los
guerrilleros vienen de familias campesinas. Hay acuerdos en esas
regiones que tienen carácter humanitario, expreso y público. Y hay una
lectura política de la guerrilla en las organizaciones campesinas, pero
también hay una exigencia y un reclamo para terminar el conflicto, para
que se sienten en la mesa y no se paren hasta lograr un acuerdo.
¿Es la agenda de las Farc la misma de ustedes?
No,
nosotros vamos a presentar nuestra propuesta en San Vicente del Caguán
el próximo 9 de abril, y apunta a construir un sistema de zonas de
reserva campesina, un programa que lo haga viable —con financiamiento—,
que articule una nueva institucionalidad para los territorios campesinos
y les dé verdadera autonomía. Estamos convencidos de que ese es el
camino para la paz.
¿Esta autonomía no es de la que se quejan el ministro Restrepo y hasta José Félix Lafaurie, de Fedegán?
La
autonomía ya existe, es de hecho. En la mayoría de zonas no hay
presencia del Estado más allá de la presencia militar. La gente ha
tenido que solucionarse la salud o la educación. Lo que se está buscando
es que haya un reconocimiento normativo e institucional que impida que
mafiosos, agronegociantes de palma o multinacionales vendan o exploten
esos territorios. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? Que no
quieren que el campesinado tenga derechos sobre su tierra.
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dice que las zonas de reserva son un retroceso, que es volver a Marquetalia...
Eso
repite él como un loro, cuando no tiene moral para hablar de
retrocesos. ¿Qué más regresivo que la ganadería extensiva en Colombia?
Tienen cerca de 30 millones de hectáreas a las que le hacen un mal uso y
ejercen un latifundio improductivo. Es precisamente esa aberrante
concentración de la tierra la que genera los problemas
Tomado de: El Espectador. com
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