El diálogo y el encuentro se convirtieron en la
estrategia para ir fijando problemáticas comunes y visibilizando procesos de
resistencia y alternativas a los problemas que afectan los territorios y a las
distintas comunidades.
Diferentes organizaciones vienen liderando procesos
de empoderamiento y participación social y política, cuyas líneas de acción se convierten
en elementos de aprendizaje y de respuesta a los conflictos sociales, económicos,
culturales y políticos que aquejan al país, como lo expresa Miguel Cifuentes
Ardila de la ACVC “en este país existen miles de organizaciones que tienen
sus propias particularidades, que han desarrollado desde su seno la forma de
resistir, ese intercambio, esa síntesis cultural, organizativa y política, es
lo que nos debe permitir plantear y exigirle al país propuestas claras de
transformación, en el que el trabajo conjunto y las acciones colectivas
lideradas en cada territorio están construyendo agendas políticas en pro a la
solución de los conflictos presentes, que deben ser atendidos por el Estado y
por todos aquello actores del conflicto, porque es el pueblo, quien está
hablando, y construyéndose así mismo, de ahí lo significativo del encuentro”. [1]
Dentro de las líneas generales del encuentro
nacional se resaltó el íntimo vínculo existente entre el problema de la tierra,
el territorio y el conflicto. Este se vuelve un eje importante de discusión
para búsqueda de la paz, donde la modernización del campo, en el marco del
modelo neoliberal, crea un contexto favorable para la incursión de los
grandes capitales mediante la privatización de empresas, la explotación de
recursos minerales, petrolíferos y agroindustriales por parte de compañías
extranjeras, así como su inversión mayoritaria en el sector financiero, como lo
expresa José Antonio Gutiérrez:
“La solución al problema del latifundio y de un
modelo de explotación ligado al gran capital agroexportador y agroindustrial,
así como a la explotación intensiva de los recursos naturales, mineros y
energéticos (con los problemas derivados de la expropiación violenta del
campesinado por medio del terror, la violencia y el desplazamiento forzoso),
así como las propuestas para una reforma agraria que han venido siendo
elaboradas por organizaciones campesinas y comunidades indígenas y
afrodescendientes, constituyen la solución a la raíz del conflicto”. [2]
En este marco, diferentes organizaciones expresaron
el problema del desplazamiento forzado como un problema por el control de
los territorios, control que tiene que ver con el uso del suelo y la
implementación de mega proyectos en el territorio nacional y con conflicto armado
por el dominio de zonas estratégicas.
Parte de este debate se desarrollo en el marco de
la mesa “derechos de las víctimas, restitución de tierras y reforma rural y
agraria”.
En primer lugar se menciono que el auge en el
mercado internacional de los agrocombustibles ha traído una dinámica de
desarrollo basado en los monocultivos, desplazando con esto los cultivos
tradicionales, que son colocados en un segundo plano, por no generar las
ganancias económicas que devienen los primeros, (esto debido a la demanda que
tienen en el mercado internacional).
Al respecto Oscar Peralta de la organización “Vida
y territorio por la defensa del Baudo” señaló “que la tierra deja de ser un
medio de sostenibilidad para la vida del ser humano, un medio de subsistencia
para el campesino, el indígena y el afro y se convierte en un recurso generador
de biocombustibles. El gobierno ha dado prioridad a la producción de combustibles
agrícolas a partir de la caña de azúcar, palma africana, yuca y maíz etc. Ese
modelo de producción uno de los factores responsable de las decenas de muertos
y el desplazamiento de miles de campesinos y de comunidades en general. Por
ejemplo en el Pacífico donde la palma se cultiva desde los años 70, las
denuncias vinculan esas plantaciones con el violento accionar de grupos
paramilitares, con la sistemática violación de derechos humanos,
intimidaciones, expropiación de tierras y desplazamiento forzado”. [3]
Otra causa de desplazamiento en Colombia tienen que
ver el narcotráfico y la presencia de cultivos ilícitos en algunas
regiones del país presenta una estrecha relación con el fenómeno del
desplazamiento. La presencia de cultivos ilícitos genera una presión adicional
sobre la tierra y sobre el desplazamiento debido no sólo a la adquisición de tierras
para el cultivo de coca y amapola sino también por la importancia del control
de corredores para el transporte de drogas.
Gerardo Medina de la Asociación “Semillas de paz”
menciona que “mediante el uso de la violencia se han desocupado territorios
estratégicos para la implementación de proyectos agroindustriales, para la construcción
de grandes obras de infraestructura o para asegurar el control de zonas de
cultivo y procesamiento de drogas ilícitas, estas dinámicas generan procesos de
desarticulación de la vida rural de las comunidades, afectando sus formas de
vida y maneras de relacionarse con el entorno, resquebrajando su cohesión
social”. [4]
El incremento continuo del fenómeno del
desplazamiento como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado es un
hecho innegable.
Una de las características del enfrentamiento armado,
es que no se reduce solamente al combate abierto entre las partes por el control
de un territorio y el aniquilamiento del enemigo, el conflicto armado colombiano
se caracteriza por que cada actor armado busca golpear las bases sociales,
reales o supuestas, del enemigo, y esto significa que el conflicto colombiano
es una guerra contra la población civil, que en medio de la guerra es visto
como un aliado de una u otra parte, quedando expuesta a las represalias de la contraparte,
de ahí la profunda crisis humanitaria evidente en el aumento de violaciones a
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Tanto guerrilleros, como paramilitares y las
fuerzas armadas del Estado, en medio de la confrontación armada que sostienen,
ha provocado de forma masiva el desplazamiento de millones de personas en todo
el territorio nacional, en esta confrontación la población civil se ve inmersa
en asesinatos selectivos, torturas, amenazas e intimidación de personas que
acusan de pertenecer o colaborar con uno u otro grupo.
Maita Rodríguez de la corporación “Vida y dignidad”
señala que en el marco de la “localización de los desplazamientos guarda relación
con el acaparamiento de tierras, el control de territorios estratégicos por sus
recursos o beneficios derivados de la futura instalación de proyectos de
desarrollo de gran envergadura, o por su significado militar y político dentro
de la confrontación, en medio de este juego de intereses no existe ningún tipo
de respeto a la dignidad humana, así miles de familias huyendo de la violencia
se ven envueltas en un proceso de desarraigo disperso y silencioso que se
asienta en distintas ciudades bajo precarias condiciones sociales y económicas
y en medio de la desprotección y el abandono, casi total por parte del Estado.” [5]
Geraldine Pérez de la Asociación “Territorios libre
de violencia” del Valle del Cauca indicó “que el desplazamiento se ha convertido
en una estrategia para desarticular la acción social, donde las acciones
comunales y de organización social pierden fuerza debido al desarraigo a que se
ven obligados por causa de la violencia. La desaparición forzosa se convierte
en un medio de intimidación y silencio, donde familiares, amigos, vecinos, por
temor deciden huir y callar cualquier tipo de denuncia, lucha y reivindicación
que permita dar solución colectivamente a sus necesidades”. [6]
Avanzar hacia una alternativa a los problemas
antes expuestos supone un proceso de restitución de bienes patrimoniales a la
población desplazada, integral y sostenible, y por tanto exige hablar de un nuevo
modelo de desarrollo, bajo la lógica actual el campo se ve destinado a
especializarse entre monocultivos, grandes extensiones ganaderas, turismo,
entre otros, modelo en el que se inscribe los megaproyectos; estas dinámicas
fragmentan a las comunidades y niegan el manejo autónomo de sus territorios,
colectivos y ancestrales.
Para Gerardo Medina de la Asociación “Semillas de
paz”, “restituir las tierras a las comunidades desplazadas exige garantizar
a las comunidades su derecho a la identidad y la autonomía, le exige brindar
las condiciones garantizar su derecho a la seguridad y soberanía alimentaria,
así se requiere desmontar los factores que alimentan la concentración de la
propiedad”. [7]
Otro obstáculo severo para la implementación de
propuestas alternativas es la impunidad, no sólo hay una altísima probabilidad
de expulsión violenta, masacre y persecución, sino que además, quienes lo han
hecho dejan de ser castigados, este ejercicio de silencio y negación impide
romper el círculo de la violencia y contar con una sociedad civil, fuerte y
organizada, de ahí que el primer paso sea empezar a exigir respuestas concretas
por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Donde luchar por la paz, es un ejercicio de
movilización constante por la dignidad, por la memoria, por la palabra y por el
derecho a existir como pueblos.
Notas
[1] Miguel Cifuentes Ardila de la Asociación
Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC. Entrevista Civis. Agosto 15 de
2011.
[2] José Antonio Gutiérrez. Sobre el encuentro de
Barrancabermeja: un paso adelante para el movimiento popular colombiano. En: www.prensarural.org
[3] Oscar Peralta de la organización “Vida y
territorio por la defensa del Baudo”. Entrevista Civis. 15 de agosto de 2011.
[4] Gerardo Medina. Asociación “Semillas de paz”.
Entrevista Civis. 15 de agosto de 2011.
[5] Maita Rodríguez de la corporación “Vida y
dignidad. Entrevista Civis. 15 de agosto de 2011.
[6] Geraldine Pérez. Asociación “Territorios libre
de violencia” del Valle del Cauca. Entrevista Civis. 15 de agosto de 2011
[7] Gerardo Medina. Asociación “Semillas de paz”.
Entrevista Civis. 15 de agosto de 2011
Tomado de: http://civis.se
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