Política agraria, Zonas de Reserva Campesina y el problema de la tierra en Colombia

Por: Diego Andres Bulla Beltrán


El conflicto entre latifundistas contra campesinos, colonos y arrendatarios que se hizo crítico hacia los años 20 y 30, no fue mediado por las vías institucionales, más bien el Estado reforzó la violencia que ya ejercían los propietarios de la tierra y la estructura social y económica sobre los campesinos. Las zonas de frontera agraria se convierten en el principal espacio de confrontación social, donde se agudizan las contradicciones con la entrada de la economía ilegal, con los cultivos de coca, su transformación y distribución.
La política rural históricamente no ha sido efectiva para modernizar la estructura agraria, el reformismo desde mediados de los años sesenta no ha tenido mayor impacto y en la última década ha agudizado el problema. La carencia de voluntad política por parte de las clases dirigentes ha imposibilitado una solución democrática y por el contrario la violencia ha estado ligada a la defensa de los diferentes intereses rurales.
Después de 200 años de vida republicana no se han realizado las reformas pertinentes por parte del Estado para modernizar el sector rural. Pobreza, concentración de la propiedad, uso irracional del suelo, desplazamiento forzado, la destrucción de la economía campesina, saqueo de los recursos naturales y más de cincuenta años de un conflicto social y armado que se reproduce en estas relaciones sobre el uso de la tierra.
A partir de la liberalización de la economía en la década de los noventa la cuestión agraria se enmarca en un contexto de internacionalización y globalización del capital. No es casualidad que una década después, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se otorgaron más licencias mineras a transnacionales que en más de un siglo y en la actualidad más de la mitad del territorio esta solicitado para explotar recursos mineros.
Sin embargo, la figura de Zona de Reserva Campesina se ha convertido en las pocas herramientas jurídicas de reivindicación de los colonos para garantizar su derecho al territorio. En la actualidad se puede decir que esta normativa abre un pequeño espacio para garantizar el acceso comunal a la tierra, a pesar de que según la Constitución es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. Bajo la fórmula de propiedad colectiva de la tenencia de la tierra y consagrada en la Ley 160 de 1994 en su capítulo 13 sobre colonización.
En esta ley se ordeno específicamente que la acción del estado tuviera en cuenta “las reglas y criterios sobre ordenamientos ambiental territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de producción.” (Artículo 79, capitulo 13).
Por lo anterior es pertinente retomar la problemática de la tierra y avanzar en el diagnostico de los problemas y propuestas de solución desde la academia. El caso específico a seguir es la región del sur del departamento de Bolívar y el nordeste de Antioquia, región donde se viene desarrollando procesos organizativos de comunidades campesinas principalmente colonos que buscan proteger su territorio, también se pretende referenciar las diferentes experiencias organizativas concretas en diferentes puntos de la geografía colombiana.
I. REFERENTES TEÓRICOS PARA EL ESTUDIO
MARCO TEÓRICO
En esta parte del trabajo se abordara desde la teoría económica, partiendo de los clásicos, con el trabajo de David Ricardo, el problema de la distribución. Según Nicholas Kaldor (p. 77) , para David Ricardo “el descubrimiento de las leyes que regulan las proporciones en que se distribuye el producto “es el problema fundamental de la Economía política”.
La distribución la podemos definir desde su concepción clásica como las leyes de repartición a los individuos del producto obtenido con el aprovechamiento social de la naturaleza. Para Malthus, esta era el estudio principal que se debía hacer desde la economía política. Para Malthus (citado en la p. 79), la economía política debería definirse como “una investigación sobre las leyes que determinan la división del producto de la industria entre las clases que recurren a su formación.”
Las proporciones del producido total de la tierra se distribuye entre tres clases: renta, beneficios y salarios. Esta distribución será cambiante de acuerdo a la etapa de la sociedad (Kaldor 1956, p.78) principalmente debido a los “fenomenales cambios en las técnicas de producción, de la acumulación de capital en relación al trabajo, y en el aumento del ingreso per cápita (Kaldor 1956, p. 79).”
Alrededor de estas tres categorías (renta, beneficios y salarios) va a girar el problema distributivo y su relación con el crecimiento. El hecho de que el productor necesita reinvertir sus ganancias lo que va a generar que produzca a una escala mayor o si por el contrario distribuye en términos de salarios lo que vería mermado su beneficio. Como lo interpreta Kaldor desde Ricardo, todo aumento en salarios necesariamente debe bajar la tasa de utilidad y disminuye la tasa de crecimiento (Kaldor 1956, p. 84).
A pesar de que el trabajo de Marx parte del excedente de Ricardo, tiene diferencias analíticas importantes, como no hacer la diferenciación entre renta y beneficio, sino que era considerado el excedente del costo de consumo menos el costo de producción.
Según Kaldor (p. 86) desde la teoría marxista “cuanto mayor es la escala de operaciones es más eficiente el negocio, cada capitalista se ve forzado a incrementar el tamaño de sus negocios por medio de la reinversión de sus ganancias si es que no quiere quedar atrás en la lucha competitiva entablada.”
Y esto es similar a lo que ocurre alrededor de la estructura agraria según la escala de producción. Es obligatorio para la supervivencia de la gran propiedad concentrar la mayor parte de tierra, no tanto para producir sino para evitar que exista la propiedad de pequeña escala la cual resulta económicamente más eficiente que la gran propiedad.
Cuanto mayor es la escala de la propiedad del terrateniente le es más eficiente garantizar el monopolio sobre la tierra, siempre recurriendo a medios extraeconómicos. Cada terrateniente necesita no solo defender su propiedad sino también incrementar su tamaño por medio de distorsiones, de lo contrario la competencia con la pequeña propiedad generara presión del mercado para su desaparición.
Sobre el valor producido por la tierra se dice que su fertilidad decreciente “es la mayor, y finalmente la única causa necesaria de la caída de la ganancia.” En este punto no se tiene en cuenta la realización de la mercancía, es decir, se parte del hecho que lo producido se va a vender y la única atención parte de si la tierra es fértil o no. Se omite el hecho de cómo el funcionamiento del mercado tiene impacto en el porcentaje de ganancia de los productores.
El conflicto entre crecimiento y distribución ha sido central en el debate de la teoría económica clásica y el tema de la distribución agraria también cobra vigencia. Si se privilegia el crecimiento capitalista por medio de mayor utilidad para el productor que se vea reflejada en la reproducción del capital generando distribución por medio del empleo. O si por el contrario se reparte la utilidad del producto entre quienes intervienen en su producción generando una distribución justa.
Sustentabilidad
El concepto de sustentabilidad ecológica aparece para cuestionar incluso el peligro que corría la supervivencia de la especie humana. Se proponía la reconstrucción del orden económico buscando un desarrollo durable y problematizando las bases mismas de la producción (Leff 2004, p. 17). “La racionalidad económica desterró a la naturaleza de la esfera de la producción, generando procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental. El concepto de sustentabilidad emerge así del reconocimiento de la función que cumple la naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción.” (Leff 2004, p. 17).
Sin embargo es válido hacer un análisis crítico respecto a esta opción de sustentabilidad. Desde esta teoría es aceptada la “irracionalidad ecológica de los patrones dominantes de producción y consumo” (Leff 2004, p 17). A partir de esta valoración se realiza todo un debate teórico y político para reasignar valor a la naturaleza poniéndole valoración dentro del sistema de producción capitalista. Sin embargo teniendo en cuenta la naturaleza y características propias del sistema de producción capitalista es idealista cambiar su relación con los recursos naturales sin realizar una transformación misma del sistema de producción.
Las relaciones que hay dentro de un sistema económico no obedecen a voluntades de individuos sino a formaciones objetivas organizadas para la producción. Que el sistema de producción capitalista sea depredador de recursos no es porque voluntariamente lo hace y pude cambiarlo a voluntad sino porque es su misma naturaleza que solo puede ser cambiada transformando las relaciones de producción.
Sin embargo la crítica que recoge el autor va más allá del sistema de producción, cuestiona la misma concepción de modernidad que se sigue. Un modelo de producción de economía centralmente planificada, redistribuyendo socialmente los beneficios, pero bajo la misma lógica desarrollista puede degenerar igualmente en uso desmedido de los recursos. “La cuestión ambiental problematiza las bases mismas de la producción; apunta hacia la desconstrucción del paradigma económico de la modernidad y a la construcción de futuros posibles, fundados en los límites de las leyes de la naturaleza, en los potenciales ecológicos y en la producción de sentidos sociales en la creatividad humana. “ (Leff 2004, p. 19).
Escasez
La evidente limitación de recursos que supone un modelo de producción que depreda a gran escala. “La escasez, fundante de la teoría y práctica económica, se convirtió en una escasez global. Ésta ya no es resoluble mediante el progreso técnico, la sustitución de recursos escasos por otros más abundantes, o el aprovechamiento de espacios no saturados para la disposición de los desechos generados por el crecimiento desenfrenado de la producción.” (Leff 2004, p. 18).
La escasez también supone un problema de distribución de los recursos. A mayor escases de recursos mayor lucha por su apropiación y mayor necesidad de su cuidado si es que no se tiene otro recurso que lo pueda remplazar.
Por lo tanto el discurso ecológico termina siendo funcional a los intereses económicos dominantes que pretenden apropiarse de ciertos recursos escasos que están en el poder de actores secundarios (como naciones periféricas), por lo tanto justifican su apropiación con el hecho de que son los llamados a ejercer su protección.
Tecnología: crecimiento vs conservación de recursos
El ecodesarrollo emerge por una conciencia de la necesidad de proteger los recursos naturales que son finitos. La necesidad de articular los procesos ecológicos, tecnológicos y culturales bajo nuevos valores éticos. “El saber ambiental ocupa su lugar en el vacío dejado por el progreso de la racionalidad científica, como síntoma de su falta de conocimiento y como signo de un proceso interminable de producción teórica y acciones prácticas orientados por una utopía: la construcción de un mundo sustentable, democrático, igualitario y diverso (Leff, 1986/2000) (p. 19).”
La herramienta con la cual se pretende solventar la contradicción entre crecimiento económico y conservación de la naturaleza es por medio del cambio técnico. Con el modelo de modernidad hegemónico la razón tecnológica había estado siempre por encima de la organización de la naturaleza. Ahora “la tecnología se encargaría de revertir los efectos de la degradación ambiental en los procesos de producción, distribución y consumo de mercancías.” “La tecnología, que ha contribuido al agotamiento de los recursos, resolvería el problema de la escasez global haciendo descansar la producción en un manejo indiferenciado de materia y energía.” (Leff 2004, p. 26).
Posteriormente se cambia el discurso del ecodesarrollo con el de desarrollo sostenible. El orden económico dominante sometió el discurso ambiental crítico para someterlo a los dictados de la globalización económica (p. 20). Pretendía lograr un crecimiento económico sostenible por medio del marcado, según lo que hemos argumentado, totalmente contradictorio. La contradicción entre medio ambiente y desarrollo es realmente irreconciliable bajo la globalización y producción capitalista. Solamente busca legitimarse por medio de este discurso. “El discurso de la sostenibilidad busca así reconciliar a los contrarios de la dialéctica del desarrollo: el medio ambiente y el crecimiento económico. (…) proclamar el crecimiento económico como un proceso sostenible, sustentado en los mecanismos del libre mercado como medio eficaz para asegurar el equilibrio ecológico y la igualdad social” (Leff 2004, p. 26). Este discurso copta la crítica ambiental contra el capitalismo funcionalizandola totalmente hacia la reproducción del sistema con una máscara ecologista y profundizando la mercantilización de los recursos naturales.
Los factores de producción
En la mayoría de países en desarrollo (después de la segunda guerra mundial) se ha presentado un desempeño agrícola deficiente, es decir, la producción agrícola ha sido lenta o constante. Esto se evidencia en el desequilibrio entre importaciones y exportaciones de alimentos; el crecimiento de la fuerza de trabajo absoluto; la baja tasa de crecimiento de la productividad de la mano de obra; insuficiente adsorción de mano de obra en sectores urbanos; bajo ritmo de crecimiento de productividad; declive de la tierra agrícola por trabajador. Los factores anteriores son los que componen el problema agrario de los países en desarrollo.
Inversión y deficiente cambio técnico
El deficiente desarrollo agrícola, la baja productividad y el lento crecimiento del ingresos han sido explicados de diferentes maneras por los teóricos, algunos señalan que “la restricción principal del desarrollo agrícola esta en las políticas que impiden la innovación técnica e institucional (lo que amplía la brecha entre capacidad productiva potencial y capacidad productiva efectiva)”. Por otro lado otros señalan que esto se debe a los bloqueos estructurales de la productividad y la tenencia. (Bejarano 1998, p. 48) .
“La discriminación en contra de la agricultura en los mercados de factores y productos redujo los incentivos de la producción”. Las políticas realizadas por parte de los gobiernos para regular el mercado buscaron asignarle cargas impositivas a los sectores campesinos sin asignarle eficientemente recursos suficientes para el sector. Esta situación genero considerable pérdida de eficiencia a largo plazo que desaprovecho “las ganancias potenciales de los cambios técnicos e institucionales que habrían ocurrido con políticas de mercado, comercio e inversión más apropiadas” (Bejarano 1998, p. 48).
La falta de capacidad y voluntad por parte de los Estados para implementar reformas estructurales sobre la estructura agraria que diera condiciones para que los pequeños campesinos produjeran eficientemente integrándose al mercado, condujo a bloquear el desarrollo agrario incluyendo tecnología y cobertura institucional. Bejarano (Bejarano 1998, p. 49), basándose en otros autores expone otros bloqueos estructurales que no son propios de los enfoques latinoamericanos, donde cabe destacarse el desarrollo de un limitado y pequeño sector urbano que no demanda suficientes materias primas y alimentos del campo y además no lleva insumos técnicos (fertilizantes, equipos agrícolas del sector industrial, etc) al sector rural. Otro de los bloqueos estructurales para el desarrollo agrícola que se expone, es una desigualdad muy grande en el tamaño de la propiedad rural, que dificulta la creación de un mercado fuerte para los productos industriales.
En América Latina ha prevalecido el enfoque estructuralista, según la cual el patrón de desarrollo agrícola y el desempeño del sector dependen de las interacciones que se establezcan entre la estructura agraria, las instituciones y la nueva tecnología. La importancia de la estructura agraria en el patrón de desarrollo de las naciones es primordial. La distribución de la tierra, las estructuras de poder rural y las orientaciones de las instituciones van a enmarcar el tipo de desarrollo de los países (Bejarano 1998, p. 50).
Recursos y distorsiones
La producción agrícola depende del acceso a los recursos naturales (físicos o biológicos) y a los factores económicos (factores tecnológicos: técnicas de cultivo y de aprovechamiento de la tierra. Sin embargo Bejarano nos dice que lo más importante no se refiere principalmente a la cantidad de recursos a los que se accede sino a la innovación tecnológica, que desde los años cincuenta ha sido la causa para que se aumente la producción en un 60%. Por lo tanto el aumento de la producción agrícola ha estado en menor medida aumentada por el uso de más hectáreas de tierras por año (1% más cada año) pero significativamente por la innovación tecnológica que se desarrolla en el sector urbano.
A pesar de esto la problemática de la agricultura no se ha superado, teniendo condiciones en términos de recursos, mano de obra, capital, tecnología, la estructura agraria a condicionado y frenado el desarrollo productivo agrario. “El problema es que no basta tener recursos adecuados y suficientes. En el conjunto, las distorsiones, dislocaciones o deformaciones en la distribución de estos recursos, el acceso a los mismos y la condición de apropiación del ingreso, son los frenos principales a la producción y son también la causa principal de las deficiencias en la producción de alimentos (Bejarano 1998, p. 52).”
Las distorsiones principales son la distribución desigual del acceso a la tierra, la desigualdad de acceso al crédito entre campesinos y grandes propietarios y la desigualdad de acceder a tecnología que debido a la distribución de poder en manos de los grandes pueden acceder a ella. Son distorsiones en la medida en que en condiciones económicas normales no existirían, se basan de métodos extraeconómicos los grandes propietarios para tener una propiedad mucho más grande que los campesinos, tener créditos baratos y tener la posibilidad de acceso a la tecnología. “Estas distorsiones, en todo caso, restringen la productividad, socavan la posibilidad de los adelantos tecnológicos y de otra índole y se ramifican en sus efectos más allá de los terrenos puramente agrícolas, afectando el conjunto de la economía (Bejarano 1998, p. 53)”
Según Bejarano, el problema fundamental del sector agrario, es que los grandes recursos de mano de obra que son todos los campesinos con vocación para trabajar la tierra están separados del escaso capital sin siquiera acceder a los créditos del Estado y además están separados de la tierra, por medio del acceso desigual a esta y el monopolio de los grandes terratenientes.
Estos factores de producción (mano de obra, capital y tierra) por condiciones extraeconómicas no se juntan a pesar de que su desarrollo haría productiva la estructura agraria. La generalización del minifundio donde las familias campesinas puedan desarrollar su gran capacidad de trabajo con utilización intensiva de la propiedad y con acceso a crédito en condiciones favorables, seria condiciones óptimas para el desarrollo productivo del sector agrario. Bejarano argumenta que entre menor sea el tamaño de la propiedad mayor es la productividad y mejor el aprovechamiento del uso del suelo. Se da una relación negativa entre producción y tamaño de la propiedad en los países en desarrollo.
“El trabajo es el factor productivo que abunda en las fincas pequeñas y que escasea en las grandes; la producción total aumentaría si el trabajo se distribuyere uniformemente sobre la tierra. En principio de obtendría una producción más alta mediante la redistribución de la tierra, de modo que todas las fincas fueran del mismo tamaño (Bejarano 1998, p. 58). ”Se evidencia el problema principal y estructural es la desigual distribución de la tierra, un problema social y político que tiene impactos en el desarrollo económico. La estrategia bimodal es una gran falla para el desarrollo de la estructura agraria.
MARCO CONCEPTUAL
Realizaremos este acercamiento conceptual desde el texto del profesor canadiense Albert Berry “¿Colombia encontró por fin una reforma agraria que funcione?”. El diagnostico gira alrededor de las problemática que ha azotado al sector rural de la mayoría de países latinoamericanos y especialmente a Colombia, es una extrema desigualdad en la distribución del acceso a la tierra agrícola en la cual coincido con el autor. De antemano este elemento ha sido transversal a todo el problema agrario que ha traído como consecuencias identificadas: malestar, injusticia, pobreza, violencia, inestabilidad política, ambigüedad (especialmente entorno de los derechos de propiedad y la ineficacia (Berry 2003, p. 23). La ambigüedad respecto a los derechos de propiedad es el resumen de la escasa institucionalidad del Estado no solo en términos legales y policivos para ordenar estos derechos, sino ausencia en el sentido de mediar en estos conflictos sociales que generaba la injusta estructura agraria, y aplicar reformas que evitaran que se desbordaran por fuera de la institucionalidad, como evidentemente ocurriría.
Escases y distribución
Revisando la categoría de escases a la luz de la desigualdad en la distribución del acceso a la tierra, según lo expuesto por el autor se pueden dar dos situaciones (Berry 2003, p. 25):
1. Situaciones de gran escasez de tierra, en las que su distribución es muy desigual y la mayoría de las personas trabajan como arrendatarios en la tierra de otros.
2. Situación donde no hay gran escases de tierra, el problema gira en torno a quien tiene la primera opción de las tierras públicas, qué infraestructura construirá el Estado en las tierras recién colonizadas, si la propiedad es independiente de la explotación o la tierra ociosa revierte al Estado y, por tanto, queda a disposición de otros aspirantes.
Colombia no tiene un grado alto de escases de tierra, tanto así que se planteo la colonización de tierras baldías para que los campesinos pudieran acceder a la tierra y se cerró las puertas a una reforma agraria donde se interviniera las propiedades ya concentradas. Los pocos adelantos reformistas que se dieron sucumbieron con el “Pacto de Chicoral” donde empresarios, estado y dirigentes políticos tradicionales objetaron una posible redistribución de tierras, privilegiando la alternativa de colonización de tierras más alejadas.
Las dos situaciones expuestas por Berry se presentan en la estructura agraria colombiana, el problema de la tenencia de la tierra ha permanecido a lo largo del siglo XX. El conflicto entre latifundistas contra campesinos, colonos y arrendatarios que se hizo crítico hacia los años 20 y 30, no fue mediado por las vías institucionales, más bien el Estado reforzó la violencia que ya ejercían los latifundistas y el modelo social y económico excluyente sobre los campesinos. Las zonas de frontera agraria se convierten en el principal espacio de confrontación social, donde se agudizan las contradicciones con la entrada de la economía ilegal, con los cultivos de coca, su transformación y distribución. Es estas zonas de frontera “…los procesos de expansión del control monopólico de la tierra, como vía para forzar a colonos, jornaleros sin tierra y otros pequeños campesinos a ofertar su fuerza de trabajo a las grandes explotaciones, en la medida en que están excluidos del acceso a tierras de mejor calidad.”
Según Berry, “en donde no hay otra manera de dar tierras a la mayoría de los que la necesitan excepto expropiarlas a los propietarios (o poseedores) actuales, puede ocurrir una grave confrontación.”
En la década de los treinta se conformo el principal intento de reforma de la estructura agraria por parte del gobierno de López Pumarejo, según Berry (2003, p. 29) “el gobierno, concentrado cada vez más en las necesidades del proceso de industrialización, se preocupó aún más por la producción agrícola para el mercado doméstico, gran parte de la cual provenía del sector de pequeños agricultores, y menos por las exportaciones.” Sin embargo, dado el escenario adverso la reforma no tuvo un impacto suficiente que modernizara la estructura agraria.
Cabe que preguntarse cuál fue el papel que jugó el Estado en la procura de garantizar un modelo económico industrial que generara crecimiento en las ciudades, democratizara la tierra y generara bienestar para el campesinado y un mercado de alimentos sustentable para las ciudades fortaleciendo el mercado interno.
Crecimiento y distribución
La discusión que existe desde la economía política entre crecimiento y distribución analizando de nuevo el caso colombiano desde el texto de Berry, podemos ver que la distribución puede generar también crecimiento económico y bienestar de la población si se lleva a cabo de manera sostenida y planificada por el Estado. Económicamente Albert Berry ha defendido la pequeña propiedad debido a que puede ser mucho más eficiente que la grande en términos económicos. En estas décadas de inicio de los años XX ni siquiera los dueños de las grandes propiedades tenia capital suficiente para trabajar toda su propiedad, lo que se generaba era captación de rentas y mantenimiento de su posición social y poder político por medio de la acumulación de tierra.
Una política redistributiva de tierra que genera condiciones para que el pequeño productor sea productivo con un modelo económico que se base en fortalecer el mercado interno y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la masa de trabajadores en las ciudades podría generar mayor crecimiento principalmente en el sector industrial y mayor bienestar para los campesinos productores.
Patrón de desarrollo del control y uso de la tierra
Albert Berry identifica 4 características en del desarrollo del control y uso de la tierra desde la independencia (2003, p. 26, 27). Primero ambigüedad acerca de quién controla o debe controlar la tierra, segundo y tercero el Estado como un actor importante pero no coherente y cuarto el dominio de la tierra como forma de controlar los factores de la producción agrícola.
Es evidente que el Estado no tuvo la suficiente decisión política para transformar la estructura agraria que en consecuencia se refleja en no garantizar su acceso progresivo a los campesinos que necesitaban de este factor de producción para vivir como tal, el terrateniente debía separarlo de la tierra y evitar que fuera económicamente productivo ya que no podría competir con él. El terrateniente se ha valido de factores extraeconómicos para conservar su poder político y social.
III. ESTRUCTURA Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA
Reformas y problema histórico de la tierra
El problema de la tenencia de la tierra ha permanecido a lo largo del siglo XX. El conflicto entre latifundistas contra campesinos, colonos y arrendatarios que se hizo crítico hacia los años 20 y 30, no fue mediado por las vías institucionales, más bien el Estado reforzó la violencia que ya ejercían los latifundistas y el modelo social y económico excluyente sobre los campesinos. Las zonas de frontera agraria se convierten en el principal espacio de confrontación social, donde se agudizan las contradicciones con la entrada de la economía ilegal, con los cultivos de coca, su transformación y distribución. Es estas zonas de frontera “…los procesos de expansión del control monopólico de la tierra, como vía para forzar a colonos, jornaleros sin tierra y otros pequeños campesinos a ofertar su fuerza de trabajo a las grandes explotaciones, en la medida en que están excluidos del acceso a tierras de mejor calidad.”
El primer intento modernizador del sector rural se llevo a cabo en el gobierno de Alfonso López donde por primera vez se reconoce que la propiedad tiene una función social. Sin embargo no tuvo una efectiva realización. Mediante la Ley 200 de 1936 y a reformas constitucionales se trato de ordenar la legalidad de los títulos de propiedad en disputa, legalizando las tierras de colonos y campesinos que ya venían trabajando la propiedad desde hacía varios años. Además buscaba delimitar claramente la propiedad del Estado y la propiedad que habían obtenido particulares legalmente. Sin embargo esta reforma que pretendía ordenar los derechos de propiedad, no tenía un fin redistributivo y trajo como consecuencia la expulsión de arrendatarios y aparceros de las haciendas por parte de los propietarios ante el temor de que los campesinos reclamaran la titularidad por su trabajo sobre la tierra.
Posteriormente, en los años 60 se aprobaron reformas que pretendían retomar las disposiciones de la Ley 200 sobre el carácter social de la propiedad. La ley 135 de 1961 de nuevo reconoció el derecho de propiedad de aparceros y arrendatarios que trabajaran la tierra como dueños por cinco años. Se adelantaron la aprobación de mas normatividad durante los años sesenta con la finalidad de transformar estructura agraria, sin embargo no fueron efectivas y se mantuvo la tensión entre propietarios y campesinos sin tierra, colonos, aparceros y arrendatarios.
No hubo una decidida voluntad política del Estado por reformar la estructura agraria. El origen de las denominadas autodefensas campesinas de Marquetalia, río Chiquito y el Guayabero, se remontan a este conflicto social, donde las reivindicaciones de los campesinos no son atendidas por el Estado con medidas y reformas efectivas, sino por el contrario son víctimas de la represión Estatal. En este contexto nacen las FARC en 1964 y plantean también como muchos sectores sociales la necesidad de una reforma agraria efectiva y la resolución por las vías de las reformas las contradicciones entre terratenientes y trabajadores de la tierra, propuesta en su programa agrario: “Los colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrazgueros, agregados, etc., de tierras de los latifundistas y de la nación, recibirán los títulos correspondientes de propiedad de los terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el arriendo en especie o en dinero.”
También se plantea medidas que posibiliten la economía campesina, poniendo limite al latifundio: “Se creará la unidad económica en el campo de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos, con un mínimo de 10 a 20 hectáreas, cuando se trate de tierras planas y aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras tierras, de acuerdo con su fertilidad y red de comunicaciones. Se anularán todas las deudas de los campesinos con los usureros, especuladores, instituciones oficiales y semi-oficiales de crédito.”
La voluntad que tenía el Estado de adelantar algunas reformas en los años 60 se vieron cuestionadas por la clase propietaria, quienes veían en estas reformas la posibilidad de que se presentara un despojo legal de las tierras atreves del Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA-. Los pocos adelantos que se dieron sucumbieron con el “Pacto de Chicoral” donde empresarios, estado y dirigentes políticos tradicionales objetaron una posible redistribución de tierras, privilegiando la alternativa de colonización de tierras más alejadas.
Este pacto se expreso luego en la Ley 4ª de 1973 que termino congelando la reforma y termino orientando al INCORA solo hacia la titulación de baldíos, la atención de parceleros, el manejo de la cartera y las empresas comunitarias creadas. Los años posteriores es de intensa lucha social, hasta la organización campesina promovida por el gobierno se radicalizo en su lucha, la ANUC promovía en tierras en varios departamentos, principalmente en Sucre y Córdoba.
Las siguiente leyes que se van a aprobar sobre el sector agrario tienen como fin insertar el sector rural en la lógica del mercado de tierras con la ley 30 de 1988 y después de la apertura económica del gobierno liberal de Cesar Gaviria, la ley 160 de 1994. “La vieja demanda campesina por la tierra, en condiciones estables y en donde se permitiera a la comunidades desarrollar sus iniciativas productivas, organizativas y de interlocución (…) vino a abrirse paso contradictoriamente en medio de una ley destinada a implantar el mecanismo del mercado de tierras como sustituto neoliberal a una reforma agraria.”
Al lado de estas reformas marginales se impuso mediante la violencia paramilitar una contra reforma agraria que despojo a millones de campesinos des sus tierras y los desplazo a las periferias urbanas. En palabras de Absalón Machado:
“Pero en este período se había iniciado y consolidado, al lado de la política gubernamental, un proceso de contrarreforma agraria y de apropiación de tierras con recursos del narcotráfico, el cual transcurrió sin cortapisas, sin que los gobiernos de la época intentaran ningún proceso para frenar la concentración de la propiedad y el despojo de tierras realizado por diversos métodos por parte del narcotráfico y de los grupos armado ilegales, que actuaron en connivencia con autoridades públicas y la realización de alianzas con las élites regionales y locales, especialmente con la clase política y los grandes propietarios rurales, originando el conocido proceso de la parapolítica.”
Problemáticas estructurales
La problemática es la carencia de voluntad política del Estado para viabilizar la economía campesina, un problema histórico y base del actual conflicto armado. En profundidad estas problemáticas son: el antagonismo entre la economía campesina y la ganadería extensiva que tiene que ver con el uso y tenencia de la tierra al igual que la tensión entre la economía campesina y la agroindustria capitalista; la gran minería y en general las economías extractivas vinculadas al capital extranjero que disputan el control territorial por recursos minerales, carbón, petróleo, palma aceitera y cultivos de uso ilícito.
Desde la apertura económica en el gobierno de Cesar Gaviria la política estatal le apuesta al sometimiento de la economía campesina a la economía extractiva y de megaproyectos promovida por el capital transnacional. La política económica hacia el sector rural se ha vincularlo directamente con mercado internacional. Esto se evidencia con la pérdida de la soberanía alimentaria. Actualmente se importan unas 9 millones de toneladas de alimentos al año, anteriormente solo se importaban 2 millones de toneladas . A los campesinos les queda para sobrevivir el cultivo de la coca y demás cultivos ilícitos que resultan más rentables ante la realidad de que el mercado interno de alimentos está copado por los productos extranjeros.
Uno de los problemas principales que se opone al desarrollo de la economía campesina es la concentración de la propiedad de la tierra que hay en Colombia. Según cifras del Instituto Agustín Codazzi , el 0.06% del total de propietarios de la tierra rural en Colombia (2.428 propietarios) poseen el 53.5% de las tierras (44 millones de hectáreas), en contraste el 55.6% de dueños de minifundios (2.3 millones de propietarios) son dueños apenas del 1.7% de las tierras (1.4 millones de hectáreas). Y peor aún, más de 655 mil hogares campesinos no tienen acceso a la tierra y siguen esperando la reforma agraria lo que hace totalmente cuestionable las labores del Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA- que tenía como función una distribución de la tierra regulada por el Estado, que además de ser totalmente ineficiente en esta labor, con la transformación en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, infiltrado por el paramilitarismo, legalizo el despojo realizado en las últimas décadas.
Ley de Restitución de Tierras
Es pertinente analizar las iniciativas de reformas que pretende realizar el gobierno de Santos, principalmente la ley de tierras y muy ligada a la de reparación de víctimas. Estas reformas que se proponen para avanzar en la solución de estos problemas, ¿si son las adecuadas o responden a los mismos intereses de las políticas que adelanto el gobierno Uribe? ¿Es viable una reforma de tierras bajo el continuismo del modelo económico impuesto al sector rural?
El eje central de la reforma de tierras y de victimas de Santos es la restitución de tierra a las víctimas. Se pretende devolver dos millones de hectáreas de tierras a las víctimas por medio de dos mecanismos principales. Primero, el de unificar varias bases de datos para crear un gran sistema de información catastral y el de invertir el orden de la prueba en donde el acusado de despojo sea el que demuestre que adquirió la propiedad de manera legitima. Además se creerá un cuerpo especial de Magistrados para el tema de restitución ubicado en el distrito para que este fuera de la presión de los grupos armados regionales.
A pesar de las buenas intenciones, estas reformas dejan muchas dudas de que en verdad vayan a llevarse a buen término de ser aprobadas. Los intereses gubernamentales van más por el lado de reorganizar los derechos de propiedad. Para garantizar una masiva inversión del capital extranjero en el sector rural para el desarrollo minero, agroindustrial y petrolero, es necesario saber legalmente a quien le pertenece la tierra para realizar su explotación.
Que garantía hay con la devolución de tierras a las victimas cuando no tienen garantías de retorno. Y no solo en términos de seguridad, sino en poder garantizar una economía sustentable. Mientras que no se ataquen aquellos actores e intereses armados y no armados que generan presión sobre estos territorios y son los causantes directa o indirectamente de los 4 millones de desplazados que hay en Colombia.
Esta política pública propuesta busca es garantizar las condiciones legales para la explotación masiva de recursos naturales. Se pretende formalizar 1.2 millones de predios rurales que hoy no tienen papales de propiedad y suman más de 6 millones de hectáreas. Medidas progresistas como la modernización al impuesto predial en el campo, para atacar al gran latifundio improductivo, con el continuismo del modelo económico imperante solo busca garantizar las relaciones capitalistas en el sector rural.
Para garantizar la economía campesina es necesario otro modelo económico que fundamente la economía agraria en la soberanía alimentaria, que el campo se convierta en la despensa de las ciudades, posibilitando garantías económicas reales al campesinado más allá del cultivo ilegal como la coca. El actual modelo económico profundiza “los problemas generados por la falta de acceso y el sistemático despojo de las tierras y los territorios con la finalidad de incorporarlos, generalmente mediante el uso de la violencia, a las dinámicas productivas capitalistas, que desconocen las necesidades de sobrevivencia, de producción de alimentos y los usos ancestrales y culturales del territorio por parte de las poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas.”
Bajo el modelo actual que se aplica en la actualidad al sector rural la economía campesina no es viable. Bajo este modelo la una producción agropecuaria rentable serian los cultivos favorecidos como los del Agro Ingreso Seguro, “han sido “rentables” ficticiamente por subsidios y exención de impuestos. Este rentabilidad creada por el Estado ha fortalecido el latifundio especulativo, el 0.06% de propietarios que tienen el 63% de la tierra que está en propiedad privada.”
La política económica adelantada para compensar esa destrucción de la economía agropecuaria ha sido la búsqueda a gran escala de la economía extractiva, petrolera y minera, además de monocultivos de exportación, lesivos totalmente para la economía campesina agropecuaria y para la territorialidad indígena y afro, quienes son despojados continuamente de su territorio (la cifra de tierras despojadas alcanza los 10 millones de hectáreas según el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado) . Los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea profundizan este modelo de despojo y destruyen la producción agropecuaria.
La política agraria no responde a los intereses del país de construir una economía nacional, un mercado interno que garantice la seguridad y soberanía alimentaria. La ley de tierras y la ley de víctimas que se proponen como solución a estos problemas estructurales del campo mientras sigan enmarcadas bajo el mismo modelo económico para el sector rural no van a tener ninguna incidencia positiva para las víctimas y campesinos en general. Los problemas económicos del Estado que argumentaba el gobierno Uribe para no adelantar estos procesos de restitución a las víctimas no tienen validez. “La viabilidad no es fiscal, la viabilidad es política” .
La solución frente a esta realidad “exige la puesta en práctica de una Reforma Agraria Integral, un modelo productivo inclusivo centrado en la defensa de la Agricultura Campesina, la legalización y ampliación de las Zonas de Reserva Campesina y amplios procesos de consulta con las organizaciones de Víctimas, las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas.”
El fortalecimiento del tejido social debe ser una prioridad, las comunidades se deben convertir en formuladoras y ejecutores de las políticas que adelante el Estado en sus territorios. El reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina garantiza la estabilización del colono en el territorio, hay que garantizar que esta estabilización sea integral, económica, política, social y cultural. Los territorios colectivos de las comunidades indígenas y afrocolombianas deben garantizarse inembargables. Estas figuras colectivas garantizan obstáculos al latifundio y a las dinámicas capitalistas extractivas y agroexportadora.
Modelo económico y Desplazamiento forzado.
Contrario a un avance en términos distributivos de la tierra, con el auge del paramilitarismo se consolido la contra reforma agraria que ya se venía imponiendo por diversos mecanismos desde los sectores latifundistas y ganaderos ligados a la mafia. Alejandro Reyes caracteriza el impacto del paramilitarismo en distintas regiones según las estructuras agrarias anteriores al desplazamiento. En regiones como la costa atlántica donde históricamente ha habido una tradición de concentración de la propiedad de la tierra, la acción paramilitar fortaleció esta estructura agraria y la situación de marginalidad y subordinación de los campesinos. En regiones como el Meta y Caquetá, zonas de colonización campesina reciente, “los paramilitares aumentaron la movilidad migratoria de la población campesina, articulada a los cultivos ilícitos y a la compra de tierras por narcotraficantes.” En regiones de minifundio y propiedad fragmentada de la tierra no fueron de la ambición paramilitar y se conservo esta estructura anti monopólica de la propiedad.
En la actualidad es necesario plantear un modelo de desarrollo para el sector rural que garantice la economía campesina y que este integrado con el sector urbano. El desplazamiento forzado no es solo generado directamente por actores armados, sino que detrás de estos hay también presiones económicas y factores estructurales que terminan empujando al campesino hacia las ciudades.
Darío Fajardo identifica cinco espacios geográficos (“circuitos”) en donde se produce el desplazamiento: Norte-Nororiente (Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Guajira, San Andrés, Cesar, Norte de Santander, Santander, Arauca) Centro-oriente (Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Amazonas norte), Noroccidente (Antioquia, Caldas, Risaralda, Norte del Valle, Chocó, Córdoba), Sur-occidente (Nariño, Cauca, Valle, Quindío, Huila, Caquetá, Putumayo, Amazonas sur).
Estas regiones contienen:
1) Un sistema “árbol”, urbano, compuesto por una capital principal, ciudades intermedias y pequeños centros comerciales.
2) Un área de grandes empresas agrícolas
3) Un área de latifundios ganaderos
4) Áreas de minifundios
5) Áreas de colonización
El desplazamiento hace parte de las estructuras productivas de estas regiones. Dentro de estos circuitos las migraciones son “dinamizadas por el comportamiento de la economía y empujadas por las acciones violentas que dirigen los grandes intereses económico-políticos en torno a los recursos territoriales y el control de la población.”
Esta situación se regulariza dentro del modelo económico. La población desplazada de los campos empujados por la violencia, pero sobre todo por un modelo económico donde su existencia se ve comprometida. Si no es por medio de la economía ilegal (siembra de cultivos de uso ilícito) los campesinos, colonos y demás trabajadores de la tierra no tienen posibilidad de garantizar sus condiciones de vida. La economía centrada en el cultivo de alimentos es sustituida por la importación.
También la marginalidad en las ciudades a la que es sometido el campesino desplazado va de la mano de la liberalización laboral. La precarización del empleo encuentra como una de las causas el aumento del ejército de reserva del que hablaba Marx en el capital.
Absalón Machado propone una articulación entre lo urbano y lo rural, donde este último con un grado de modernización y modernidad se convierte en un “instrumento dinámico de articulación con el sector urbano-industrial que permitiera una transferencia de tecnología para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo.”
Sin embargo en Colombia el desarrollo industrial es precario, no se ha desarrollado plenamente y no permite el empleo de una gran masa de trabajadores, por el contrario Colombia tiene la cifra más alta de desempleo de Latinoamérica, 14.6% según datos del Departamento Nacional de Estadística DANE que para febrero del 2010 había un total de 3 millones 128 mil personas sin empleo, con un incremento de 298 mil desocupados más.
En este contexto económico se debe garantizar para el campesino, colono, arrendatario y demás trabajadores de la tierra la estabilización en el territorio. Además de esto se debe generar un modelo económico sustentable donde estas regiones rurales de los “circuitos” se conviertan en despensa de alimentos de las ciudades principales e intermedias, propiciando la recuperación de la soberanía alimentaria del país y garantizándole a esa gran masa de pobres rurales el acceso a estos alimentos, la seguridad alimentaria. Sin embargo como hemos analizado, con un modelo económico que privilegia la importación de alimentos (9 millones de toneladas) que atenta contra la soberanía del país, la economía campesina resulta totalmente precarizada.
Mientras no se garantice un modelo económico sustentable y democrático, que tenga en cuenta al pequeño productor, que viabilice la economía campesina por encima de la economía extractiva la agroindustria y los megaproyectos el desplazamiento se va seguir cometiendo.
IV. CONFLICTOS Y PERSPECTIVA DE DESARROLLO
Criterios para una reforma agraria moderna ¿Mercado de tierras?
Según Machado, en nuestro país el mercado de tierras en Colombia ha sido un negocio entre particulares, limitado como institución económica debido a la carencia de intervención del Estado. El mercado de tierras hace referencia “tanto a las transacciones de compra-venta como a los contratos para su uso y su alquiler. Requiere de transparencia en las transacciones, de un buen sistemas de información y coincidencias en la oferta y la demanda; debe ser competitivo e inducir a la distribución más racional de los recursos y su uso más productivo.”
En Colombia ha existido un mercado asistido de tierras principalmente en la década de los años noventa, presentándose una transferencia horizontal de tierras, es decir transferencia de propiedad asistida por el Estado entre pequeños y medianos propietarios, sin que esto pase con la gran propiedad. Los grandes propietarios antes de vender sus propiedades han aumentado sus terrenos en detrimento de la pequeña propiedad donde la violencia ha jugado un factor determinante.
El estado por medio de las políticas públicas tiene retos grandes para solucionar un problema estructural que se debe tratar integralmente, con una institucionalidad fuerte, con un presupuesto fiscal suficiente y con sobre todo voluntad política por generar cambios que permitan la democratización del campo colombiano.
Siguiendo a Machado:
1. Los derechos de propiedad deben ser la garantía para que los pequeños propietarios rurales tengan un respaldo institucional a la hora de un posible despojo. El Estado no solo debe ser mediador entre pequeños y grandes propietarios, sino que debe garantizar la estabilidad del campesino en su territorio.
2. Es necesario transformar la estructura rígida del sector rural, llamada por Machado “bimodal”, donde convive el sector moderno de pequeña propiedad con producción intensiva con la gran propiedad de tierras ociosas e improductivas.
3. Una verdadera voluntad política del Estado para transformar la inequitativa tenencia de la tierra requiere atacar institucionalmente a los poderes económicos y políticos del sector rural. El pacto entre la incipiente burguesía nacional y el sector terrateniente ha imposibilitado las transformaciones estructurales que se debieron realizar hace mucho tiempo para un pleno desarrollo social y productivo del país.
4. Es necesario trasformar la política pública que se incremento con el gobierno de Álvaro Uribe de políticas como Agro ingreso seguro o el caso de Carimagua donde se legitimaba por parte del gobierno unas políticas agrarias que privilegiaban a los propietarios que mas tenían, con el pretexto de que pueden utilizar mejor los recursos para producir riqueza. Es necesario garantizar subsidios y créditos al pequeño productor para garantizar una economía rentable e integrada con el mercado interno.
5. Parte del desincentivo para la gran propiedad debe ser una política tributaria fuerte contra los grandes tenedores. Impuestos progresivos que impongan mas cargas a la gran propiedad de tierras ociosas y las obligue a ser rentables o a vender su propiedad. El Estado debe garantizar un mercado justo y asistido entre pequeños, medianos y grandes propietarios.
6. No solo el problema es la tenencia de la tierra sino el mal uso que se le ha dado. En la actualidad, según cifras oficiales, hay casi 20 millones de hectáreas destinadas a la ganadería extensiva y apenas 4 millones a la agricultura. La producción alimentaria debe ser el eje principal de la economía rural, la producción agraria que garantice la soberanía alimentaria nacional y la seguridad alimentaria de los pobres urbanos.
7. La protección de los recursos naturales renovables y no renovables debe ser una prioridad. La economía no puede basarse en el saqueo de nuestros recursos por parte de empresas transnacionales que no pagan mayores impuestos, que no generan empleo de calidad y de lago plazo y que extraen los recursos sin dejar mayores ingresos al país y a las regiones de explotación.
8. Es necesario buscar soluciones dialogadas al conflicto social y armado buscando un escenario de construcción con la población civil y las guerrillas donde se impulsen reformas contando son el respaldo de las organizaciones campesinas.
9. La garantía de territorios colectivos para las comunidades negras e indígenas pero también para los campesinos. Las zonas de reserva campesina se deben convertir en la garantía de los campesinos colonos para su estabilización y la limitación del latifundio. La Unidad Agraria Familiar –UAF- debe regular la pequeña propiedad y garantizar su estabilidad económica.
Zonas de reserva campesina. Estabilización de los colonos.
La figura de Zona de Reserva Campesina consagrada en la Ley 160 de 1994 se ha convertido en la herramienta jurídica para garantizar el derecho al territorio de comunidades campesinas, colonos principalmente. Posibilita luchar contra el gran monopolio de la tierra y los intereses del capital transnacional sobre nuestros recursos y garantiza la tenencia de la tierra de las comunidades.
Los procesos organizativos de los campesinos, especialmente los que surgen a partir de las marchas cocaleras de 1996, se han desarrollado a partir de la demanda por la tierra y con esta figura jurídica de propiedad colectiva del territorio han logrado permanecer en él y desarrollar todo un tejido social y un desarrollo económico endógeno que ha estado a la altura del conflicto con el Estado y avanzado en la construcción de ciudadanía a pesar de los grandes intereses del capital respaldados por las políticas gubernamentales sobre estos territorios de colonización campesina y sobre el campo en general.
A pesar de la lógica neoliberal de inserción al mercado global y de adaptar al campo para estas necesidades la ley ordena que el Estado tuviera en cuanta al momento de su acción “las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de producción.”
En este contexto se empiezan a incrementar la movilización campesina, principalmente cocaleros, pidiendo atención económica y social del Estado, ya que sus políticas contra los cultivos además de la sobre oferta de la producción, estaban sumiendo en la pobreza estas regiones alejadas del país que dependen del cultivo de la coca. Se desarrollan grandes protestas campesinas para el año de 1996 en las zonas cocaleras del sur del Bolívar, Cauca, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
Esta movilización obliga al gobierno a firmar algunos acuerdos con los campesinos y además se reglamenta inmediatamente por medio del Decreto 1777 de 1996 la figura de la Zona de Reserva Campesina consagrada en la Ley 160. La figura de Zonas de Reserva Campesina pretende destinar territorios titulados colectivamente donde se haga efectivo sus derechos de acceso a la tierra y a los recursos naturales para su utilización de manera sostenible, el fortalecimiento de sus procesos organizativos debido a que la comunidad campesina se convierte en el actor fundamental que plantea y desarrolla las iniciativas con el apoyo del Estado.
“Era lograr una atención plena del Estado para sus demandas de tierras y protección para sus vidas, créditos, asistencia técnica para la producción y comercialización, infraestructuras como elementos mínimos que les garantice condiciones dignas de existencia.” Mejorando el nivel de vida de los campesinos y fortaleciendo su economía agrícola legal se reducía la necesidad y dependencia hacia los cultivos de coca. Además las ZRC reducían los factores que generaban el desplazamiento forzado ya que fortalece la economía campesina y los protegía de las acciones violentas de los grandes intereses económicos.
El proceso inicia con el establecimiento de cuatro ZRC: Primera la de El Pato en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, la segunda reserva en la Macarena, la tercera estaba ubicada en el municipio de Cabrera, lindando el Parque Natural del Sumapaz y la cuarta se estableció en la zona del río Cimitarra, municipio de Yondó, Antioquia.
La fortaleza organizativa de estas comunidades propicio y facilito el proceso de establecimiento, sin embargo no siempre se contó con la voluntad política del estado que debía ser actor principal a la hora de incentivar y financiar los proyectos que se querían llevar a cabo. Se organizaron en juntas de colonos, juntas de acción comunal y en un nivel superior en juntas interveredales.
El caso de la Zona de Reserva del Valle del río Cimitarra
El valle del río Cimitarra se ubica en el Magdalena Medio (entre el sur de bolívar, nordeste antioqueño y Santander) con una posición estratégica importante y gran riqueza de recursos naturales. Esta región ha sufrido históricamente el abandono estatal en términos de políticas públicas que garanticen la estabilidad de las comunidades campesinas. Por el contrario la acumulación de tierras y la presión de los terratenientes sobre la frontera agrícola, además del interés de multinacionales sobre los recursos naturales presentes han propiciado la exclusión y las desigualdades regionales. Es una zona histórica de colonización, donde han llegado campesinos desplazados de muchas regiones del país.
“La pobreza generalizada de grandes masas campesinas, la inexistencia de reales posibilidades de desarrollo económico y social, la precariedad de sectores claves para el desarrollo como la salud, la educación, la vivienda y los servicios básicos, la concentración de la tenencia de la tierra, la economía de enclave como una posibilidad de subsistir, entre otros fenómenos, son de por sí factores estructurales generadores de conflicto en la región.”
La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) es la forma organizativa de los campesinos colonos de esta región que ha orientado la ocupación y uso del territorio, al igual que ha impulsado la propuesta de ZRC y se ha convertido en un interlocutor directo. Nace a partir de las movilizaciones de 1996 donde campesinos cocaleros exigían atención por parte del Estado y soluciones reales que propiciaran el desarrollo integral de estas regiones.
El gobierno de Samper firmo el acuerdo de Mayo de 1996 y el de Pastrana el de Octubre de 1998 donde el Estado adquiría compromisos políticos, económicos y sociales que no fueron cumplidos.
En este contexto el proceso organizativo avanzo en la región y empezaron a plantear la necesidad de la ZRC como fórmula que articulara la región a un desarrollo estable para las comunidades campesinas que estaban establecidas allí y que han venido siendo desplazadas a lo largo del conflicto. Con esto empezaron un empoderamiento de su territorio, de sus recursos, una participación social y política que se vio reflejada en la articulación de las juntas de acción comunal que se convirtieron en el gobierno de la región.
Esta lucha por la defensa de su territorio no se pudo a ver llevado sin la fortaleza con la que se ha llevado a cabo la organización campesina. Desarrollando procesos solidarios y comunitarios, fortaleciendo el tejido social, desarrollando una economía estable y creando normas de convivencia comunitaria que permita vivir y proteger a su comunidad en el medio del conflicto armado.
Esta empoderamiento de la población campesina enmarcados en la propuesta organizativa y política de la ACVC desarrollaron avances en la construcción de la ZRC como lo es el Plan de Desarrollo Sostenible. “El conocimiento y experiencia de los líderes de la ACVC, la realización de diagnósticos comunitarios veredales y un gran taller regional desarrollado en el municipio de Cantagallo se constituyen en las bases de la Planificación Participativa para la construcción de esta propuesta regional.”
Se desarrollaron 5 ejes temáticos en el plan de desarrollo: político, derechos humanos, desarrollo económico, educación y cultura, medio ambiente y salud. Enfocados en estos se desarrollaron 7 programas con sus respectivos proyectos: Desarrollo Agropecuario y Forestal, Dotación de Infraestructura Básica, Dotación de Servicios, Redistribución y Formalización de la Tenencia de la Tierra, Recuperación y Protección Ambiental, Difusión del Estado Local Seguimiento y Control y Derechos Humanos. Estos proyectos se plantean la realización para 4 años y para ello se pide la financiación estatal.
La ACVC ha realizado toda una organización, propuestas y regulación de esta zona, orientando temas como la tala de bosques sosteniblemente, debido a que la comercialización de madera es de las pocas opciones productivas que les quedan a los campesinos al igual que el cultivo de coca.
Por lo tanto esta comunidad por medio de su Asociación Campesina ACVC ha logrado cierta legitimidad en la demanda de la Zona de Reserva Campesina que en la actualidad no está constituida legalmente, pero sus principios orientadores están siendo desarrollados.
CONCLUSIONES
 A pesar de que la propuesta de Zona de Reserva Campesina se ha venido llenando de contenido desde las comunidades, articulado a un modelo alternativo de tipo económico, social y político, ha entrado en contradicción con la visión institucional de política pública agraria, articulada a un modelo de desarrollo que en la actualidad privilegia el extractivismo, los megaproyectos y los mono cultivos, antagónicos a la protección de la economía campesina.
 Aunque la problemática agraria ha tenido un desarrollo histórico donde se establecen diferentes políticas de reforma agraria desde el Estado, en la realidad la organización agraria mantiene las problemáticas estructurales.
 Una política agraria en la actualidad no solo tendría que tocar la distribución de la tierra, sino hacer transformaciones estructurales de tipo cultural, social, económico que se encuentran arraigadas en la caduca estructura rural. Por lo tanto se debe realizar una transformación de todas las relaciones que están articuladas alrededor de la tierra, cuyos conflictos no han sido solucionado por las vías institucionales, sino que ha mediado la expresión violenta del conflicto social. Por lo tanto en la actualidad el gran latifundio ha sido privilegiado desde las políticas estatales, dando alternativas secundarias a la mediana y pequeña propiedad.
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Tomado de: Agencia Prensa Rural