En la primera semana de septiembre se firmó un acta de acuerdo para levantar las ocupaciones campesinas en las carreteras producto del paro agrario nacional. A cambio, el gobierno se comprometía a instalar una mesa de diálogo para concertar las peticiones de los manifestantes.
Cinco rondas de negociación ha habido desde aquel momento y los campesinos agrupados en la Mesa Agraria Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA) no ven acuerdos. Ante las manifiestas dilaciones gubernamentales en la mesa, la paciencia se agota.
De pero en pero
“Como va la negociación del pliego agrario, el gobierno pretende terminar en el año 2019”, le dijo a VOZ Eberto Díaz, vocero de la MIA y presidente de Fensuagro, explicando las maniobras de los voceros gubernamentales para ponerle un freno a la concertación de las seis demandas campesinas. Apenas se ha abordado parte de un punto de los seis en discusión.
La ausencia en la mesa de los ministros o viceministros de Agricultura o Interior es la constante en el esquema de negociación propuesto para solucionar las demandas del paro. Una de las maniobras que denuncian los campesinos se refiere a las incompetencias de los servidores públicos que asisten en representación del Ejecutivo, pues ellos no tienen capacidad de decisión y son expertos en introducir discusiones innecesarias para llegar a la misma conclusión: “no hay recursos”.
Sin poder decisorio
Otra de las dilaciones denunciadas por el campesinado se refiere a las trabas en el acceso a la información por parte de los campesinos que se encuentran en la comisión técnica, una de las mesas dispuestas en el esquema de negociación. Sin información oficial o con ella sesgada es imposible el avance de la negociación y la firma para lograr acuerdos.
Lo grave, dicen voceros campesinos, es que mientras en Bogotá el gobierno nacional es negligente para afrontar los problemas del campo, en las regiones es muy diligente para judicializar a líderes agrarios, detenciones de los participantes en el paro y arremetidas paramilitares como las conocidas en el Catatumbo.
El gobierno tiene instaladas tres grandes mesas de conversaciones. En Boyacá se sentó con los campesinos cuya organización se encuentra alrededor de las Dignidades Agropecuarias, la mesa de diálogo con la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), y la MIA. Las tres coinciden en que el gobierno accedió a las mesas de concertación pero no le interesa llegar a un acuerdo. “La estrategia es desgastar al campesinado y meter al congelador la llama de inconformidad social que tienen en las manos”, dijeron voceros de la MIA.
La lógica oficial
Para el profesor Darío Fajardo, no es de sorprender los precarios resultados obtenidos en las negociaciones, pues el gobierno tiene una estrategia contraria a los intereses campesinos: “Se están creando en el país condiciones para la apropiación de tierras por parte de transnacionales e imponer sus modelos agrarios por ejemplo modificando la ley 160 de 1994: romper la Unidad Agrícola Familiar”.
En eso está empeñado el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, ex gerente de Indupalma y defensor de los agronegocios, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones que el Presidente lo puso en ese cargo para desarrollar el modelo asociativo propuesto por los palmeros.
“Sabemos la lógica del gobierno para dilatar la negociación pero estamos listos para emprender las movilizaciones cuando sea necesario”, manifestaron voceros de la MIA. Los campesinos ven ese escenario probable en el futuro inmediato, en la medida que no se rectifique la metodología de negociación y no se llegue a acuerdos importantes.
“Nosotros somos claros en denunciar que hoy la mesa de diálogo tiene dificultades en términos de sus resultados políticos porque no podemos seguir presentando propuestas y buscando alternativas de solución mientras que el gobierno nacional hace oídos sordos a la misma”, explicó Carlos García, vocero de la MIA.
Dilación regional
A la par de la MIA nacional se instalaron en 19 departamentos Mesas Regionales de Interlocución y Acuerdo, en la idea de avanzar en acuerdos particulares según la necesidad de cada departamento. Sin embargo, hoy el balance no puede ser distinto al nacional. En ninguna mesa departamental se ha podido llegar a acuerdos y el gobierno mantiene la política de no permitir algún tipo de negociación con gobernadores sin su visto bueno pues manifiesta que, como en La Habana, “hay líneas rojas que no puede cruzar”.
En ese sentido la MIA buscará una reunión con el ex presidente Ernesto Samper, el representante Iván Cepeda, el sacerdote Francisco de Roux y Fabrizio Hotchschild, jefe de la ONU en Colombia, como comisión de garantes entre las partes, para encontrar soluciones a la parálisis del diálogo y acelerar acuerdos.
Los voceros de la MIA continúan fortaleciendo la Cumbre Agraria y Popular, como respuesta campesina a la propuesta del presidente Santos denominada Pacto Agrario. El objetivo: masificar el apoyo y la solidaridad al campesino recibido desde las ciudades capitales y sumar a las Dignidades Agropecuarias en la idea de construir un pliego único del sector campesino.
Sin soluciones
El paro agrario nacional desató las fuerzas campesinas cansadas por décadas de abandono oficial, por la agobiante pobreza, la brecha de desigualdad creciente, el minifundio, la carencia de derechos. Todas situaciones profundizadas por la firma de los tratados de libre comercio. Aunque en la otra esquina Juan Manuel Santos continúe con su discurso irreal negando la razones para la protesta y ofreciendo soluciones superficiales a la crisis agraria, en un país que a su tenor marcha por ríos de miel y leche.
Tomado de: Marcha Patriotica
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