Crisis del agro: mucho diagnóstico y poca acción

El país lleva medio siglo hablando de reforma agraria y del modelo de producción rural. Hay consenso en el problema pero no en la solución.

Cada vez que se habla de reforma agraria sale a relucir el concepto de que la tierra debe ser para quien la trabaja. Y efectivamente, este criterio no tiene contradictores.

Tampoco hay dudas sobre quiénes son los que trabajan la tierra: ¿los grandes, los pequeños productores, o ambos? La respuesta es: todos.

“Estoy convencido de que en nuestro campo caben y pueden convivir la agroindustria con la economía campesina”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el pasado 20 de julio en su discurso de instalación de un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República, además de anunciar que el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre el modelo agrario, la adjudicación de baldíos e incentivos al desarrollo rural.

“Lo que queremos es fortalecer las inversiones en el agro y la economía campesina, no poner en peligro el derecho a la propiedad. Es decir, buscamos darle confianza a la inversión en el campo, en todos los niveles”, dijo.

Incluso, Santos se refirió al esquema asociativo entre empresarios y campesinos, como el implementado en Brasil, y que ya es ejecutado en menor proporción en Colombia por los productores de palma de aceite.

Así mismo, los cafeteros colombianos son un ejemplo de la sana convivencia entre cultivadores pequeños y grandes.

En consecuencia, el dilema sobre cuál debe ser modelo agropecuario está resuelto: el Estado debe promover al mismo tiempo pequeña, mediana y gran agricultura.

De hecho, en el país no existe una norma que indique que uno u otro tamaño de la producción está restringido o prohibido.

“Desde luego, aquí no solo pueden, sino que deben, convivir los dos modelos de producción relacionados con el tamaño de los proyectos productivos”, afirma el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López.

Por su parte, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, asegura que ese partido nunca ha estado en contra de los grandes proyectos agropecuarios, sino en la forma como el Gobierno concibe la política rural. “Pensamos que debe existir todo tipo de productores, pero hay que defender de manera especial a la pequeña y mediana empresa antes que privilegiar la cultura de los monopolios y las transnacionales”.

Robledo dice que el consenso se rompe cuando se conceptualiza sobre la estructuración de una política de apoyo a los pequeños productores.

“Nosotros pensamos que esta debe basarse en la formación de campesinos líderes y no en siervos de los grandes productores”.

Y no solo el Gobierno, los gremios e incluso la izquierda, le apuestan al concepto de la diversidad en el tamaño de la producción. Los propios miembros de las Farc que participan en los diálogos de paz en Cuba, coinciden en que el país no puede abandonar o abstenerse de impulsar la gran agricultura.

Es evidente que la oferta productiva y exportadora agropecuaria del país no debe limitarse a los cultivos de las zonas de minifundio, si se quiere competir en el mercado internacional, razón por la cual hay consenso en que Colombia debe generar las condiciones para el desarrollo de grandes proyectos productivos apalancados por inversionistas locales o externos.

PIB DEL AGRO LLEVA 10 AÑOS CRECIENDO MENOS QUE LA ECONOMÍA

El promedio de crecimiento sectorial en la última década es 1,9%, frente al 4,7% del total del sector productivo.

Pero si hay consenso en que el modelo agropecuario del país es incluyente, ¿cuál es el problema?

La respuesta a este interrogante parece sencilla frente al tamaño del desafío: el problema es que el agro no despega y que los pequeños productores están cada vez más aislados.

La evidencia de la crisis de la economía campesina es la explosión de paros y protestas que se han registrado este año en el país, que han sido opacadas por la infiltración de grupos al margen de la ley, al concentrar la atención de los colombianos en los bloqueos y la quema de tractomulas, y no en las razones de su inconformidad.

Y no es que el agro atraviese por un mal momento, sino que la postración viene desde hace muchos años. Su mediocre desempeño (ver gráfico) es el resultado de la acumulación histórica de la deuda social con el campo, y de la que todos los gobiernos han hablado mucho, pero han hecho poco.

SIN CONEXIÓN INTERNA

Para algunos académicos, el modelo económico tiene un problema estructural: en las últimas tres décadas, los gobiernos le han dedicado grandes esfuerzos a conectarse con el resto del mundo, pero se olvidaron de lo interno.

Los expertos consultados por Portafolio sobre este tema coinciden en esta apreciación, pero aclaran que no se trata de rechazar la inserción del país en los mercados internacionales, sino de pedir que al mismo tiempo haya condiciones internas adecuadas para competir en el escenario de la globalización.

Otro problema es la falta de articulación de la política agropecuaria.

“Necesitamos un modelo agrario de Estado, que ponga a todos los ministerios a trabajar en la misma dirección”, afirma Rafael Mejía, presidente de la SAC.

EL DEBATE NO ES NUEVO

La discusión sobre la limitación a la propiedad de la tierra no es nueva.

Tampoco lo es el debate sobre la necesidad de apoyar a los pequeños productores. Está plasmado no solamente en diversos estudios y trabajos de consultoría contratadas por diversos gobiernos que han costado elevadas sumas de dinero, sino en decenas de libros de expertos que explican detalladamente cómo insertar a la economía campesina en la estructura económica del país.

Un ejemplo es la Misión Rural, contratada en 1998 por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Igualmente, el profesor Absalón Machado, experto en economía agraria, dijo en 1991, en su libro Apertura Económica y Economía Campesina: “la reforma agraria debe orientarse a modificar el elemento fundamental de la estructura agraria del país (…) acompañada de acciones complementarias como crédito, asistencia técnica, comercialización, capacitación y organización de quienes acceden a la propiedad”.

Esto confirma que el problema de tierras no solo está sobrediagnosticado, sino que las soluciones planteadas datan de medio siglo atrás.

Y si todo se ha dicho, entonces ¿por qué no se han adoptado las soluciones?

“Por falta de voluntad política”, sostiene el presidente de la SAC.

Con este panorama se concluye que los problemas del agro están sobrediagnosticados, que el modelo inclusivo no está en discusión, que hay que dedicarle más tiempo a lo interno que a lo externo, y que es hora de que el país pague la vieja deuda social con el campo.

COSECHA DE INSTITUCIONES LIQUIDADAS

Al revisar las acciones de los Gobiernos en los últimos 50 años se encuentra que se han hecho muchos ensayos con instituciones creadas para impulsar la economía campesina, pero los resultados no han sido los esperados.

Entidades como Incora, Idema, Himat, Emcoper, DRI, Inpa, Caja Agraria y Corfipesca y hasta Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), ya no existen o fueron transformadas.

Y ni hablar del fracasado programa Agro Ingreso Seguro (AIS). El programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE), dejó de ser una iniciativa que entregaba subsidios a los productores afectados por los TLC para convertirse en un programa de crédito. A ello se suma a falta de infraestructura (vías, plantas agroindustriales y redes de frío),

En la actualidad, el Gobierno estudia la posibilidad de cambiar la política de subsidios y apoyar la economía campesina a través de incentivos a la producción.

Édmer Tovar M.

Editor de Portafolio

Tomado de: portafolio.com

Asesinado líder campesino Cesar García

"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera" Pablo neruda

¡NO A LA COLOSA!

SOMOS MILLONES LOS QUE NOS OPONEMOS A LA MEGAMINERÍA

Súmate a la Alianza Mundial contra el Oro

No Uso, No Comercializo y No porto Oro porque su extracción está acabando el Planeta, a la Gente y sus Culturas

Para mayor información y adherirse a esta campaña puedes ir al siguiente Link y participar de esta iniciativa Mesoamericana que debe ser mundial

Conflicto agrario: campo de discordias

Por: Libardo Sarmiento Anzola
Nuestros pueblos originarios no son sumisos. El reciente levantamiento agrario-minero popular, en lucha por la defensa de su existencia, dignidad y derechos, es un proceso insurreccional que tan sólo ha comenzado y continúa. Es una lucha en la cual está en juego la vida de nuestros pueblos raizales.

El incumplimiento del Gobierno de sus compromisos respecto a los acuerdos negociados, en medio del conflicto agrario, torna al campo colombiano en un volcán a punto de entrar en erupción. Las dignidades agrarias, ante las necesidades que apremian, elevan su conciencia, se organizan y fortalecen la contienda por sus demandas. Eterna lucha por la existencia, en un mundo darwiniano.
La violencia como instrumento de la política ha gozado de la prerrogativa de la oligarquía colombiana para imponer su concepción del desarrollo en beneficio propio. En particular, el modelo de modernización forzada del agro fue agavillado a la violencia para imponer la economía minero energética, ganadería extensiva y agronegocios, en contra de los pueblos originarios (campesinos, negros, indígenas, comuneros y colonos). Existe una superposición geográfica entre las áreas de intensa actividad extractivista y los movimientos sociales de resistencia y lucha por la vida, los territorios, la cultura y la dignidad (ver el siguiente mapa).
Para la “Misión del Banco Mundial a Colombia, 1949-53”, liderada por el economista canadiense Lauchlin Currie (1902-1993), el problema de la pobreza generalizada en el país surge de la baja productividad de la gran masa de la población, y no de las condiciones de explotación, opresión y concentración de la propiedad. Según Currie, el problema que había que resolver no era el de la tenencia de las tierras, sino el de la producción agrícola y la productividad que había que aumentar. Agradable melodía a oídos de la oligarquía.
Con base en la teoría del desarrollo del “sector líder”, el informe abogó por políticas tendientes a estimular el cambio técnico en el agro, el sector de la construcción y las exportaciones. Según la Misión del Banco Mundial, la despoblación de las áreas rurales no es un fenómeno indeseable, sino más bien un corolario esencial del desarrollo económico y social. En consecuencia, la única solución a la pobreza rural era la generación de empleo fuera de la agricultura para la gran masa de campesinos y trabajadores agrícolas marginales de baja productividad. De este modo, para inicios de la década de 1970, durante el gobierno de Misael Pastrana, y atado a la guerra que desató el Estado contra la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC, la oligarquía dio entierro de tercera a los tímidos e ineficaces programas de reforma agraria (Pacto de Chicoral) propuestos en la década de 1930 por López Pumarejo (Ley 200 de 1936) y reeditados por Carlos Lleras en Restrepo en la década de 1960 (Ley 135 de 1961).
La misión del Banco Mundial insistía en la necesidad de planificar y crear las condiciones que generarían una rápida expansión de la población urbana colombiana en relación con la rural. Este objetivo se alcanzaría aumentando la productividad en todos los sectores, empezando por la agricultura. Frente al crecimiento acelerado de la población, esto significaba que la mano de obra de las regiones sobrepobladas de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Nariño, Cauca, Santander y la Costa Atlántica podía reclutarse para trabajar en la industria, los servicios y la construcción urbana, sectores que de este modo podían crecer sin aumentos salariales (adicional a las acciones de represión brutal de los sindicatos y movimientos cívicos).
Con la puesta en práctica de estas recomendaciones, el país viene, desde entonces, observando entre impávido y horrorizado cómo se profundiza y acelera el colapso del sector agropecuario tradicional y el despoblamiento del hábitat rural, aupado por la violencia oligárquica, fenómeno incipiente a partir de la década de 1920 (ver gráfico adjunto).
El desplome del agro se unió adversamente al fallido intento de industrialización por sustitución de importaciones el cual empezó su declive a mediados de la década de 1970, en un contexto de crisis estructural del sistema mundo capitalista y de una nueva división internacional del trabajo. El país retornó a la economía extractiva para desempeñar el lamentable rol de exportador de materias primas sin adición de valor agregado ni empleo. El sector minero-energético controlado por transnacionales tomó vuelo a finales de la década de 1970, con su secuela de destrucción social y ambiental, de la mano del vampiro financiero, entretanto el latifundismo ganadero ganaba terreno. Con la ayuda del terror estatal y los ejércitos de la extrema derecha, la oligarquía y las transnacionales lograron despejar y despojar buena parte del territorio nacional. Entre 1958 y 2012, según el Grupo de Memoria Histórica, el conflicto armado arroja 220.000 asesinatos, ocho de cada diez son civiles inermes, en su mayoría población rural. Además, fueron desterrados o desplazados por la violencia seis millones de personas a quienes se les despojó de siete millones de hectáreas productivas.
En la década de 1990, el gobierno de César Gaviria (1990-1994) dio impulso al tercer sector agrario (los otros dos son el minero-energético y el latifundio ganadero) en contra de la economía tradicional campesina: a lo largo y ancho del país se implementó esquemas empresariales de grandes extensiones para la siembra de monocultivos como la palma, el caucho y el cacao. En paralelo, se impuso la más descarnada apertura del mercado colombiano, la privatización y desnacionalización del aparato productivo y la entrada del capital transnacional. El ministro de hacienda de esa administración, Rudolf Hommes, sentenció a muerte por inanición a cerca de doce millones de pobladores del campo al afirmar, con su socarrona sonrisa, “la mejor seguridad alimentaria para el país es disponer de un abultado fondo de divisas para importar bienes básicos”.
Con la apertura a las importaciones promovida durante la administración Gaviria, se elevó el desempleo y desapareció un millón de hectáreas de cultivos transitorios (algodón, trigo, cebada, sorgo, soya, maíz, granos) que nunca se recuperaron; sólo lograron persistir los productos protegidos mediante aranceles. En paralelo, se acabó de eliminar lo que quedaba de apoyo estatal a la economía campesina. Declive observado desde la década de 1970, en lo que se refiere al desmonte de la institucionalidad de fomento y los programas de bienestar familiar campesino, la desaparición de la investigación y transferencia tecnológica, freno a la inversión en infraestructura rural y cierre del crédito. Adicionalmente, la oligarquía consolidó la contrarreforma agraria logrando reversar los limitados logros de períodos anteriores y despejar el campo para la inversión capitalista.
Durante el largo, corrupto y violento gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se intentó dar la estocada final a los campesinos, colonos y pueblos oprimidos (indígenas y negros). Abiertamente se fortaleció la penetración del capitalismo en los sectores minero-energético y agricultura, absorbiendo las economías agrarias tradicionales y acelerando la destrucción social y ambiental. La población campesina vio amenazada su existencia ante el avance de megaproyectos, de las empresas agrícolas y mineras, la expansión del latifundismo ganadero, de los bombardeos indiscriminados en la guerra contrainsurgente, de las fumigaciones aéreas con Roundup Ultra y los procesos de modernización excluyente del campo, apuntalados mediante el desplazamiento forzoso producto del terrorismo de Estado y las avanzadas del paramilitarismo. Además de potenciar el neoliberalismo beligerante, la administración Uribe repartió subsidios a diestra y siniestra que favorecieron a los ricos capitalistas del campo a cambio de apoyo y votos para la continuidad en el poder de la clase y grupo político que representa.
En su visión prospectiva del país, el gobierno Uribe sentenció: “una gran proporción de predios rurales son pequeños y, por lo general, inviables económicamente. Además, existe en Colombia una baja movilidad de la tierra, lo que ha dificultado los procesos de inversión y crecimiento en el sector agropecuario” [1].
Con la variedad de TLC suscritos, la Alianza del Pacífico (unión de los países neoliberales de América Latina) y las importaciones de productos agrícolas que pasaron de un millón a diez millones de toneladas, se eliminó otro millón de hectáreas agrícolas entre los años 2000 y 2012, afectando negativamente los sectores productores de arroz, cárnicos, avícola, lácteos, oleaginosas, papa, azúcar, hortalizas y café. En el sector agrícola una oferta excedente genera drásticas caídas de precios. Durante el último año, 2012-2013, el valor CIF de las importaciones de productos agrícolas y alimentarios aumentaron en 10,3 por ciento (DANE, al mes de julio de 2013); en el mismo período, los precios a los productores agrarios colombianos cayeron ocho por ciento; los ingresos de los habitantes del campo cubren apenas un poco más de la mitad de los costos de producción, por tanto están arruinados. El resultado: un campo empobrecido y el arrasamiento de la seguridad alimentaria nacional. Para nuestra vergüenza, en Colombia la desnutrición y el hambre afectan a 10,6 por ciento de la población; en contraste, otros países de la región han logrado erradicar este flagelo humano: Cuba, Argentina, Chile, México y Venezuela.
La administración Santos (2010…) afirma de manera autoritaria y pendenciera que este modelo de desarrollismo forzado, oligárquico, transnacional y excluyente, no se negocia; defiende a capa y espada la triada minero-energética, latifundio ganadero y capitalismo agroexportador, en el marco de los TLC. Adicional a la tradicional eliminación física o destierro, la alternativa que ofrece a campesinos, colonos y pueblos indígenas y negros es la de participar y hacerse cómplice de su propia explotación por parte de los empresarios del campo mediante las “Alianzas Estratégicas o productivas” en las cuales los campesinos entran como “socios” en las cadenas productivas agroindustriales; modelo en el cual los productores rurales tradicionales asumen todos los costos y riesgos, mientras los agro capitalistas apropian la “tajada del león”.
Adicional y de manera atropellada, el gobierno Santos continúa promoviendo la acumulación de inmensos baldíos a manos de empresarios en la altillanura, con la consecuente destrucción social y ambiental de la Orinoquia y la Amazonia. Para asegurar su propósito, nombra como Ministro de Agricultura al abogado y presidente de Indupalma, Rubén Darío Lizarralde, con el fin de expandir el modelo de monocultivos y “Alianzas Estratégicas” a todos los confines del país. Cuando Lizarralde dirigía el gremio de palma, esta asociación violó la ley al adquirir baldíos reservados a campesinos sin tierra. En general, los empresarios capitalistas del agro se valen de engaños jurídicos y de la complacencia del Estado para estas adquisiciones ilegales.
Nuestros pueblos originarios no son sumisos. El reciente levantamiento agrario-minero popular, en lucha por la defensa de su existencia, dignidad y derechos, es un proceso insurreccional que tan sólo ha comenzado y continúa. Es una lucha en la cual está en juego la vida de nuestros pueblos raizales.

[1] Presidencia de la Republica-DNP (2005). Visión Colombia II Centenario: 2019. Bogotá, pág. 149.

Tomado de: Prensa Rural

DENUNCIA PÚBLICA

DENUNCIA PÚBLICA

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

La Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú –ASODECAS- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, que el día de hoy, 01 de noviembre de 2013, a eso de las nueve de la mañana, el Ejército Nacional (al parecer miembros de la Brigada Móvil 24) realizó ametrallamientos contra viviendas del corregimiento de Crucito (Tierralta- Córdoba), lo que ha generado gran temor en la comunidad que habita este caserío.

                                                           

ANTECEDENTES:

1.    Los días 26 y 27 de abril de 2013, en el corregimiento de Crucito, municipio de Tierralta, Córdoba, se realizó la primera Acción Humanitaria “Por el derecho a la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra, y la permanencia en el territorio”. En la Acción Humanitaria se puso en evidencia la difícil situación en la que viven los campesinos de los Corregimientos y veredas de Tierralta, ante las permanentes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que cometen los miembros del Ejército en la zona, caracterizadas principalmente por el Bloqueo alimentario, económico y sanitario que se tiene sobre la zona, las detenciones arbitrarias a campesinos, y la estigmatización sobre los procesos organizativos de los campesinos de la zona.

2.    Desde hace algunos meses se han venido presentando y denunciando por parte de ASODECAS las fumigaciones  aéreas que se vienen haciendo sobre cultivos de pancoger en la región, así como los hechos en los que se obliga a los campesinos a erradicar manualmente cultivos de uso ilícito sin ofrecer garantía alguna para el sustento económico del campesinado.

3.    El fin de semana pasado, los días 28 y 29 de octubre, se realizó en Montería, Córdoba, la Constituyente por la Paz con Justicia Social y Cumbre Agrominera, Comunal y Estudiantil “por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio”, actividad en la que participaron campesinos, estudiantes, mineros, y miembros de juntas de acción comunal, quienes construyeron, a partir de sus propuestas, el Mandato popular Constituyente, y adicionalmente se instalaba la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA- Departamental. 

HECHOS

1.    El día 31 de octubre de 2013, se presentaron sobrevuelos de avionetas de la Fuerza Aérea, sobre los sectores conocidos como Cruz Grande y Río Verde, en los límites entre el Embalse del Río Sinú y el Parque Natural Nudo de Paramillo, lo que tiene preocupados a los campesinos de la región del Alto Sinú, frente a posibles fumigaciones que puedan hacerse en los próximos días sobre los cultivos de yuca y arroz que tienen cultivados en sus parcelas.

2.    El día de hoy, a eso de las nueve de la mañana, hombres del Ejército Nacional, al parecer pertenecientes a la Brigada Móvil No. 24, que opera en la zona del Nudo de Paramillo, se ubicaron a unos 200 mts de las viviendas del corregimiento Crucito, del Municipio de Tierralta, Córdoba, y desde esa distancia procedieron a realizar ametrallamientos y disparos indsicriminados hacia las casas de los pobladores del corregimiento. Ante esto, algunos campesinos tomaron fotografías, y cuando los soldados se percataron de que los estaban fotografiando huyeron cobardemente del lugar. En los hechos ninguna persona resultó herida, pero los hechos han generado gran temor en la comunidad lo que puede llevar a que se genere una situación de desplazamiento forzado de los pobladores de Crucito.

RESPONSABILIZAMOS:

1.    Al Estado Colombiano, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos Calderon, al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares, en especial a la Brigada Móvil No. 24, EN CABEZA DEL CORONEL TREJOS MANRRIQUE, violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH)  que se han cometido en las últimas horas en el corregimiento de Crucito, que han resultado en afectaciones de bienes civiles y daños morales y psicológicos sobre la población, que podría llevar a que se genere una situación de desplazamiento forzado por temor a nuevas acciones del Ejército en la zona.

EXIGIMOS

1.    A los gobiernos Municipales, al gobierno Departamental y Nacional, tomar las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, el Derecho a la Vida, la integridad personal y psicológica, de los campesinos que habitan en el Corregimiento de Crucito, frente al accionar ilegal del Ejército en la zona.

2.    Al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y al GOBIERNO NACIONAL  suspender las fumigaciones aéreas sobre los cultivos de pancoger de los campesinos de la zona.

3.    A  la Fiscalía y demás autoridades pertinentes, que se investigue y  judicialice a los responsables de los hechos aquí denunciados.

4.    A la Defensoría del Pueblo, se intervenga para garantizar la efectividad de los derechos humanos y el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario de la comunidad de Crucito.

SOLICITAMOS

A la comunidad Nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, el acompañamiento y el estar atentas a las situaciones de riesgo en las que se encuentra la población asentada en este corregimiento, a exigir al Estado detener su accionar en contra de los campesinos del Alto Sinú y a difundir públicamente esta denuncia.

NOTA ACLARATORIA:

Desvirtuamos el ejercicio militar del Coronel Pérez, a quien hace quince días lo trasladaron hacia otro cargo o rango; por consiguiente no hace parte de la móvil 24, y a quien se le responsabilizaba en esta misma denuncia en el día 01 noviembre 2013 por los hechos en ella relatados. Esto en salvaguarda de su integridad como sujeto de derechos y en carácter de obligatoriedad con fines de hacer responsable al CORONEL TREJOS MANRRIQUE, quien sí es, el comandante de esta brigada móvil militar nro. 24.

02 Noviembre 2013

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBE DIRIGIR:

 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

JUAN MANUEL SANTOS

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño. Bogotá, D.C.

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ANGELINO GARZÓN

Carrera 8a No.7-57. Bogotá, D.C.

Teléfonos: (57 1) 444 2120 begin_of_the_skype_highlighting            (57 1) 444 2120      end_of_the_skype_highlighting, 444 2122

Línea gratuita nacional: 01 8000 913040

E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

Vicepresidencia de la República

ALMA VIVIANA PÉREZ

Calle 7 No. 6 - 54 Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono (57 1) 595 1850 begin_of_the_skype_highlighting            (57 1) 595 1850      end_of_the_skype_highlighting Fax: (57 1) 566 2064 - 334 1817

E-mail: ppdh@presidencia.gov.co

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Señor JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ

Oficinas en Bogotá: Calle 55 Nº 10 - 32

PBX: [57 1] 3147300 begin_of_the_skype_highlighting            [57 1] 3147300      end_of_the_skype_highlighting

Defensor del Pueblo-Cordoba

VICTOR  DAVID CASTILLA

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Señor Alejandro Ordoñez

Cra. 5 #. 15-80, Bogotá.

Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23;

E-mail: cap@procuraduria.gov.co , quejas@procuraduria.gov.co ;

webmaster@procuraduria.gov.co ; reygon@procuraduria.gov.co.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Diagonal 22 B No.52-01 (Ciudad Salitre, Bogotá D.C.)

Fax: (+571) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00

E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Calle 113 No. 7-45 Torre B Oficina 1101

Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia  

Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

E-mail: oacnudh@hchr.org.co

Sub-oficina en Bucaramanga

Cra. 29 No. 45-94. Oficina 808

Edificio Seguros Atlas

Teléfono (57-7) 657 5152 begin_of_the_skype_highlighting            (57-7) 657 5152      end_of_the_skype_highlighting

--

Área de Derechos Humanos - Fundación Manduco

"Para la Investigación y la construcción del tejido social"

Comisión de DDHH - CONAP Nororiente

Paro Agrario, Importaciones y TLC

Por Iván Posada P

En los supermercados de las grandes ciudades del país se ha vuelto común encontrar toda clase de alimentos importados. Desde uvas y manzanas de Chile, leche de Estados Unidos y Ecuador; cebolla fresca o refrigerada de Perú; papa congelada de Holanda; pescado de Argentina y Vietnam y arroz que llega desde la India; hasta tomates, lechugas, pepino, hortalizas frescas y congeladas, avena, maíz, sorgo, entre muchos otros productos.

Con los alimentos elaborados ocurre similar situación. Según cifras del DANE, en el primer semestre del año el país compró US$238 millones en alimentos y bebidas básicos destinados al consumo de los hogares y US$874,8 millones en alimentos elaborados, también para el consumo de las familias, rubros que crecieron 3,7% y 12,2%, respectivamente, frente a igual lapso del 2012.

En cifras redondas el país importó cerca de cuatro millones de toneladas de alimentos entre enero y junio de este año, una guarismo que tuvo una leve reducción frente al 2012. Sin embargo, las estadísticas muestran que desde el año 2009 las importaciones de alimentos vienen creciendo de forma sostenida y solo en 2012 sumaron 9,5 millones de toneladas, lo que equivale a US$6.108 millones.

En un estudio conjunto de la Fundación Bertelsmann Stitung y el IFO [1] en Alemania, se concluye que el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia significa para el país una disminución de las exportaciones hacia el mercado estadounidense en cerca del 27%. El deterioro del comercio se notaría en el transcurso de 20 años. Colombia, Brasil y Argentina sufrirían las mayores pérdidas.

Dicho estudio resume que el TLC con Estados Unidos no traerá beneficios para Colombia en términos económicos, sino que significará una pérdida importante de negocios en el tiempo y esto no puede ser tomado a la ligera. En economías abiertas, la ampliación de los mercados y la posibilidad de acceder a millones de potenciales consumidores con alto poder adquisitivo (Europa y Estados Unidos) tendría que verse reflejada en el aumento sustancial de las exportaciones colombianas.

Los estudios y la realidad muestran otra cosa. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entre junio de 2011 y marzo de 2012, cuando el TLC no estaba vigente, las importaciones agrícolas sumaron 1.042.914 toneladas. Entre junio de 2012 y marzo de 2013, en plena vigencia del TLC, las importaciones fueron de 1.770.970 toneladas, lo que significa que, con el tratado, las importaciones agrícolas han aumentado en 70%.

            Fuente: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture

Enormes cantidades de arroz, leche, carne, soya y productos oleaginosos han ingresado al país afectando la producción nacional, como se muestra a continuación:

Alejandro Stévez, gerente de Fedepapa, afirma que las importaciones sí afectan el mercado nacional. Por ejemplo, destaca que hoy se compran en el exterior 20 mil toneladas de papa congelada al año, “eso significa que desplazan 50 mil toneladas de papa fresca del mercado nacional”.

Estadísticas de United States Census Bureau muestran que las ventas de productos colombianos a Estados Unidos en marzo de 2013, es decir, a diez meses de entrar en vigor el TLC, cayeron en 18% comparadas con las de marzo de 2012, sin TLC. Entre tanto, para los mismos meses, las importaciones de productos norteamericanos crecieron en 9,31%, lo que demuestra que el TLC ha deteriorado la balanza comercial de bienes con Estados Unidos. Sumado a la revaluación del peso, el futuro del agro es cada vez más incierto.

Por lo anterior las negociaciones entre el gobierno y las organizaciones campesinas en el marco de pasado paro agrícola se centran en tres aspectos: 1), la denuncia o renegociación de los tratados firmados; 2) suspensión de los tratados en curso y 3) una política integral agraria de largo plazo que garantice la sostenibilidad de este sector.

[1] El Grupo CESifo, Centro de Estudios Económicos (CES), el Instituto Ifo y el CESifo GmbH (Sociedad de Munich para el Fomento de la Investigación Económica) es un grupo de investigación único en Europa en el ámbito de la investigación económica

Tomado de Prensa Rural.org

Se agota la paciencia

Por: Hernán Camacho

En la primera semana de septiembre se firmó un acta de acuerdo para levantar las ocupaciones campesinas en las carreteras producto del paro agrario nacional. A cambio, el gobierno se comprometía a instalar una mesa de diálogo para concertar las peticiones de los manifestantes.
Cinco rondas de negociación ha habido desde aquel momento y los campesinos agrupados en la Mesa Agraria Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA) no ven acuerdos. Ante las manifiestas dilaciones gubernamentales en la mesa, la paciencia se agota.
De pero en pero
“Como va la negociación del pliego agrario, el gobierno pretende terminar en el año 2019”, le dijo a VOZ Eberto Díaz, vocero de la MIA y presidente de Fensuagro, explicando las maniobras de los voceros gubernamentales para ponerle un freno a la concertación de las seis demandas campesinas. Apenas se ha abordado parte de un punto de los seis en discusión.
La ausencia en la mesa de los ministros o viceministros de Agricultura o Interior es la constante en el esquema de negociación propuesto para solucionar las demandas del paro. Una de las maniobras que denuncian los campesinos se refiere a las incompetencias de los servidores públicos que asisten en representación del Ejecutivo, pues ellos no tienen capacidad de decisión y son expertos en introducir discusiones innecesarias para llegar a la misma conclusión: “no hay recursos”.

Sin poder decisorio
Otra de las dilaciones denunciadas por el campesinado se refiere a las trabas en el acceso a la información por parte de los campesinos que se encuentran en la comisión técnica, una de las mesas dispuestas en el esquema de negociación. Sin información oficial o con ella sesgada es imposible el avance de la negociación y la firma para lograr acuerdos.
Lo grave, dicen voceros campesinos, es que mientras en Bogotá el gobierno nacional es negligente para afrontar los problemas del campo, en las regiones es muy diligente para judicializar a líderes agrarios, detenciones de los participantes en el paro y arremetidas paramilitares como las conocidas en el Catatumbo.
El gobierno tiene instaladas tres grandes mesas de conversaciones. En Boyacá se sentó con los campesinos cuya organización se encuentra alrededor de las Dignidades Agropecuarias, la mesa de diálogo con la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), y la MIA. Las tres coinciden en que el gobierno accedió a las mesas de concertación pero no le interesa llegar a un acuerdo. “La estrategia es desgastar al campesinado y meter al congelador la llama de inconformidad social que tienen en las manos”, dijeron voceros de la MIA.

La lógica oficial
Para el profesor Darío Fajardo, no es de sorprender los precarios resultados obtenidos en las negociaciones, pues el gobierno tiene una estrategia contraria a los intereses campesinos: “Se están creando en el país condiciones para la apropiación de tierras por parte de transnacionales e imponer sus modelos agrarios por ejemplo modificando la ley 160 de 1994: romper la Unidad Agrícola Familiar”.
En eso está empeñado el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, ex gerente de Indupalma y defensor de los agronegocios, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones que el Presidente lo puso en ese cargo para desarrollar el modelo asociativo propuesto por los palmeros.
“Sabemos la lógica del gobierno para dilatar la negociación pero estamos listos para emprender las movilizaciones cuando sea necesario”, manifestaron voceros de la MIA. Los campesinos ven ese escenario probable en el futuro inmediato, en la medida que no se rectifique la metodología de negociación y no se llegue a acuerdos importantes.
“Nosotros somos claros en denunciar que hoy la mesa de diálogo tiene dificultades en términos de sus resultados políticos porque no podemos seguir presentando propuestas y buscando alternativas de solución mientras que el gobierno nacional hace oídos sordos a la misma”, explicó Carlos García, vocero de la MIA.

Dilación regional
A la par de la MIA nacional se instalaron en 19 departamentos Mesas Regionales de Interlocución y Acuerdo, en la idea de avanzar en acuerdos particulares según la necesidad de cada departamento. Sin embargo, hoy el balance no puede ser distinto al nacional. En ninguna mesa departamental se ha podido llegar a acuerdos y el gobierno mantiene la política de no permitir algún tipo de negociación con gobernadores sin su visto bueno pues manifiesta que, como en La Habana, “hay líneas rojas que no puede cruzar”.
En ese sentido la MIA buscará una reunión con el ex presidente Ernesto Samper, el representante Iván Cepeda, el sacerdote Francisco de Roux y Fabrizio Hotchschild, jefe de la ONU en Colombia, como comisión de garantes entre las partes, para encontrar soluciones a la parálisis del diálogo y acelerar acuerdos.
Los voceros de la MIA continúan fortaleciendo la Cumbre Agraria y Popular, como respuesta campesina a la propuesta del presidente Santos denominada Pacto Agrario. El objetivo: masificar el apoyo y la solidaridad al campesino recibido desde las ciudades capitales y sumar a las Dignidades Agropecuarias en la idea de construir un pliego único del sector campesino.
Sin soluciones
El paro agrario nacional desató las fuerzas campesinas cansadas por décadas de abandono oficial, por la agobiante pobreza, la brecha de desigualdad creciente, el minifundio, la carencia de derechos. Todas situaciones profundizadas por la firma de los tratados de libre comercio. Aunque en la otra esquina Juan Manuel Santos continúe con su discurso irreal negando la razones para la protesta y ofreciendo soluciones superficiales a la crisis agraria, en un país que a su tenor marcha por ríos de miel y leche.

Tomado de: Marcha Patriotica