En
el juicio que se le sigue a palmicultores, la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz hizo un recuento de los crímenes cometidos contra la
población civil entre 1996 y 2004.
Una
masacre perpetrada el 6 de octubre de 1996 por un grupo paramilitar en
el caserío Brisas, situado en territorio colectivo de Curvaradó, bajo
Atrato chocoano, fue el preludio de una época de terror que afectó a la
población civil por varios años, obligándola a desplazarse y a dejar su
territorio a merced de diversos intereses, entre ellos los de
inversionistas en palma africana y ganadería.
Masacres,
homicidios selectivos, descuartizamientos, torturas, desapariciones y
desplazamientos formados hacen parte del espectro criminal que rodeó el
proyecto de siembra de palma de aceite a finales de la década del
noventa en esta región chocoana, que impulsó el jefe paramilitar Vicente
Castaño Gil y se concretó en predios protegidos por leyes colombianas.
Así
lo estableció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña
a las víctimas de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó en el
proceso que por los delitos de concierto para delinquir agravado,
desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia
ecológica, que se le sigue a 21 personas, entre intermediarios, abogados
y empresarios.
En
los alegatos de conclusión durante el cierre de la etapa de juicio,
abogados de esta organización no gubernamental hicieron ante el Juzgado
Adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín
un recuento de las acciones ejecutadas por comandos armados de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas
Unidas de Colombia (Auc) en territorios de protección especial por parte
del Estado, ubicados en el municipio de Carmen del Darién, y de interés
estratégico de esos grupos armados organizados ilegales.
Según
la Comisión, desde 1996, “las comunidades afrodescendientes y las
familias mestizas que habitan las cuencas de los ríos Jiguamiandó y
Curvaradó, sufrieron daños irreparables en sus vidas e integridad
personales debido al accionar de los grupos paramilitares que se
asentaron en la región, con la connivencia, tolerancia y aquiescencia y
en ocasiones en desarrollo de operaciones coordinadas y conjuntas, con
la Brigada XVII del Ejército Nacional”.
Si
bien, en un principio, se consideró que las operaciones paramilitares
tenían un carácter contrainsurgente y buscaban atacar las posiciones de
varios frentes de las Farc en esta región chocoana, lo que se reveló
años después, luego de los crímenes contra la población civil y los
posteriores desplazamientos masivos de 1997 y 2001, fue un proyecto de
ocupación de predios para el desarrollo de negocios agroindustriales y
la explotación ganadera.
“Estos
hechos forman un patrón común de ataques en contra de la población
civil, no vinculada con el conflicto armado, por miembros de grupos
paramilitares que operaban y continúan operando con la colaboración,
aquiescencia, y participación de agentes estatales de la fuerza pública,
en particular la Brigada XVII del Ejército Nacional, y del cual se
beneficiaron los partícipes del proyecto del monocultivo de palma
africana y la ganadería extensiva en la región”, conceptuó la Comisión
Intereclesial.
Crímenes atroces
Las
primeras muertes ocurrieron el 6 de octubre de 1996. En esa ocasión, un
comando paramilitar de por lo menos 50 hombres incursionó a eso del
mediodía en el corregimiento Las Brisas, de Curvaradó, reunió a todos
los pobladores, cerca de 400 personas, en la calle principal del
caserío.
“A
los hombres los hicieron tender en el suelo donde los pisaron y
patearon acusándolos de pertenecer a la guerrilla. Los armados se
autoidentificaron como ‘los mochacabezas’ y la ‘Autodefensa Campesina’.
Durante la operación paramilitar, se presentó el sobrevuelo de un
helicóptero militar”, se lee en el escrito de la Comisión, que retoma
testimonios de campesinos que se presentaron como testigos en el juicio
contra los palmicultores.
Ese
día fueron asesinados Alcibiades Palacios Hurtado, José Magno Murillo,
Santander Mendoza, Alfonso Díaz Cabezas, Yosmi Pájaro y un hombre
conocido como Marcos. A todos ellos se les señaló como “colaboradores de
la guerrilla” por parte del comando paramilitar.
“A
Marcos lo mataron frente a todo el pueblo, aproximadamente a 10 metros
de distancia de las personas reunidas. Un primer paramilitar le disparó
en la cabeza con su fusil, seguido por otro paramilitar quien también le
disparó al cuerpo, y luego otros varios quienes hicieron lo mismo”,
aseguró la Comisión.
Los
crímenes selectivos comenzaron a presentarse una vez comenzó el año
1997. El 2 de enero cerca de 200 hombres armados de las Auc
incursionaron en la vereda Bella Flor Remacho y desaparecieron
forzadamente a Eder Hernández Herrera. Su cuerpo fue hallado ocho días
después cerca del poblado con impactos de arma de fuego y degollado. El
jueves 27 de febrero, paramilitares de las Auc asesinaron con un hacha a
Eladio Medrano Correa, de aproximadamente 40 años de edad. Su cuerpo
fue descuartizado y arrojado al río Curvaradó.
En
mayo fueron asesinados Antonio José Banque y José Antonio Robledo;
asimismo, Enor Galindo Ibarra y Teodoro Viloria, quienes fueron atacados
con cuchillos y machetes. “Los paramilitares degollaron a Enor y a
Teodoro, luego les quitaron la cabeza, les abrieron el estómago y
arrojaron sus cadáveres al río Sucio, en el puente de entrada de
Mutatá”, se lee en el documento.
El
16 de junio de 1997, alrededor de 20 paramilitares retuvieron
ilegalmente a un menor de 17 años de edad y lo señalaron de pertenecer a
la guerrilla, “luego le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y
mientras lo asfixiaban le preguntaron sobre la presencia de la
guerrilla. El joven fue asesinado y descuartizado. Sus restos fueron
arrojados en el Río León, en la vereda de Patricio”.
Una
de las primeras referencias directas a los cultivos de palma de aceite
hecha por paramilitares se dio el 2 de junio de 2001, cuando un grupo de
por lo menos 150 hombres armados incursionaron en el caserío de Nueva
Esperanza, “disparando indiscriminadamente y activando granadas de
fragmentación contra los pobladores que allí se encontraban”, se lee en
el informe de la Comisión. “En esta acción, los armados manifestaron que
debían acostumbrarse al cultivo de la palma africana”.
Crímenes
como los descritos fueron perpetrados por facciones de las Auc durante
1997 y continuaron hasta por lo menos el 2004, dejando una estela de
sangre en una amplia zona de territorios colectivos de comunidades
afrodescendientes, las cuales se vieron obligadas desplazarse
continuamente de manera forzada y a abandonar sus parcelas, las cuales
fueron ocupadas al parecer de manera irregular por empresarios que
invirtieron en cultivos de palma de aceite y hatos ganaderos.
Las
constantes incursiones sangrientas de facciones de las Auc en los
caseríos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó derivaron en masivos
desplazamientos forzados de las comunidades durante 1997 y entre 2000 y
2001, cuando se presentó una segunda oleada de ataques. Pobladores de
Brisas, Caracolí, El Guamo, Gengadó Medio, Bella Flor Remacho, Pueblo
Nuevo, Puerto Lleras, Nueva Esperanza, Camelias, Andalucía, El Hobo y
Apartadocito, entre otros, huyeron de sus lugares de vivienda y trabajo,
de miedo a las acciones armadas de los paramilitares.
Bloqueos alimentarios
De
acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las
operaciones militares y paramilitares realizadas en las cuencas de
Curvaradó y Jiguamiandó estuvieron precedidas por estrictos controles en
el río Atrato desde los puertos de Turbo y Riosucio, y desde Belén de
Bajirá, Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Caucheras y Pavarandó, por las
carreteras que comunican con el departamento de Antioquia, sitios
habituales de mercado para los habitantes del bajo Atrato.
“Se
impusieron límites estrictos a la cantidad de productos que podían
transportar los residentes de estas comunidades”, aseguraron campesinos
ante el juez que procesa a las 21 personas relacionadas con los cultivos
de palma en territorios colectivos. Los labriegos señalaron a miembros
del Ejército y de la Policía como responsables de este tipo de acciones
ilegales contra los pobladores.
Según
los testimonios, “se impusieron restricciones a la circulación de las
personas y de sus bienes de supervivencia, autorizando la compra y la
venta de alimentos por un valor no superior a los $40.000 pesos por
familia; se produjeron amenazas, señalamientos y el desplazamiento
forzado de todos los habitantes de la carretera que comunica a Chigorodó
con Dabeiba y Mutatá con el Jiguamiandó, a través de Belén de Bajirá”.
Incursión económica
A
la par de incursiones armadas, desplazamientos forzados y bloqueos
alimentarios, los inversionistas en palma y ganadería comenzaron a
incursionar en los territorios colectivos, adquiriendo tierras a precios
ínfimos y a través de mecanismos fraudulentos, en los que participaron
abogados, notarios y testaferros.
“Tal
situación de vulneración a los derechos humanos fue hábilmente
aprovechada por las personas a quienes, después de diez años, hoy se
juzga, quienes actuando en contubernio o perteneciendo a la organización
paramilitar, se beneficiaron y propiciaron la perpetuación de la
violación de derechos”, afirmó la Comisión Intereclesial de Justicia y
Paz.
Finalmente,
y tal como lo hizo la Fiscalía General de la Nación en junio pasado, la
Comisión Intereclesial pidió al juez condenar a las 21 personas
involucradas en este proceso y alertó por lo que viene ocurriendo en los
territorios colectivos: “no pueden ser dispuestos materialmente por las
comunidades ancestrales pues los paramilitares, empresarios y sus
beneficiarios, continúan ejerciendo un inmenso poder en el territorio”. Y
agregó que “las comunidades continúan en situación de desplazamiento
forzado, no han logrado regresar a sus territorios ancestrales y las
presiones para instaurar allí proyectos agroindustriales y torpedear los
procesos de restitución, es aún inmensa y vigente”.
En
las próximas semanas los abogados de las 21 personas procesadas en este
caso presenten tambien sus alegatos de conclusión, los cuales, se
presume, se sustentarán en la inocencia de sus apoderados; además,
cuestionarán algunas de las pruebas presentadas durante la etapa de
juicio. Se estima que a finales de año se pueda conocer la decisión del
juez, la cual será en primera instancia y podrá ser apelada ante
instancias superiores.
Tomado de: Fensuagro.org
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