Estamos a pocos días de que se continúen las conversaciones de paz en La Habana que han estado focalizadas en el tema agrario.
Con bastante antelación la administración del señor Santos orquestó
una campaña mediática para anunciar una amplia "revolución agraria"
mediante una Ley de restitución de tierras y reparación de víctimas.
En el razonamiento de los funcionarios estatales se formuló la idea
de una supuesta "revolución" para modificar la estructura de la
propiedad agraria concentrada en un obsoleto y colonial latifundio, en
gran medida ganadero.
El uso equivoco del término alcanzó los sesgos de una ideología con
claros fines políticos. Se hizo, en los términos de la posmodernidad, un
"giro lingüístico" para quitar legitimidad a la resistencia campesina
revolucionaria surgida y sustentada en la lucha por la tierra de
millones de campesinos. Se trataba de adelantar, sin necesidad de
acuerdos, una transformación de régimen de la propiedad rural nacional,
en la retórica oficialista.
La elucubración fue, incluso, acompañada por algunas celebridades
literarias como Carlos Fuentes, el destacado novelista mexicano, que
aprovechó la ocasión para repetir la archiconocida andanada contra la
supuesta intransigencia leninista de las guerrillas sumidas, según él,
en el fanatismo y la terquedad dogmática.
Para todos los efectos se expidió la Ley 1448 de 2010 de Restitución
de Tierras y Reparación de víctimas. Un texto extendido de artículos y
parágrafos llenos de retórica y demagogia barata.
Van ya casi treinta meses de su vigencia y aplicación y los
resultados son deplorables. Varios estudios y opiniones de líderes
agrarios y de expertos han indicado que la cacareada restitución de
tierras a más de seis millones de campesinos víctimas del despojo
paramilitar es un fracaso descomunal. Las acciones administrativas están
plagadas de burocratismo y corrupción de los funcionarios del Incoder y
la Unidad Administrativa de Restitución.
La Ley se convirtió más bien en la plataforma ampliada del
clientelismo de los parlamentarios de la coalición dominante en la Casa
de Nariño. Las reparaciones por cerca de 20 millones establecidas en la
normativa son repartidas a discreción de los jefes de las microempresas
regionales del liberalismo, el conservatismo, de la U y los otros grupos
adictos a Santos. Está en funcionamiento una potente maquinaria
clientelista para la compra de votos y adhesiones a los candidatos del
gobierno para los cargos legislativos y ejecutivos, con las
reparaciones. Obviamente la plata fluye por millones para aceitar la
reelección del señor Santos, asfixiado en su pretensión continuista por
los efectos políticos del fallo adverso de la Corte Internacional de
Justicia.
La falsa "revolución agraria" de Santos es una herramienta que
manipulan a fondo los directorios de la politiquería en Norte de
Santander, Antioquia, Santander, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca,
Putumayo, Eje Cafetera, Córdoba Llanos Orientales y en otros lugares
del territorio nacional.
La verdadera revolución agraria que entregue la tierra a los
campesinos debe surgir de las conversaciones y acuerdos que se den en La
Habana y, por supuesto, de la movilización y lucha de los campesinos
pobres del país, que se debe profundizar presionando a la élite
dominante
Tomado de: http://prensarural.org
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