Tomado de: http://cdr.javeriana.edu.co
sábado, 9 de febrero de 2013
Reforma agraria en Colombia: evolución histórica del concepto. Hacia un enfoque integral actual
Tomado de: http://cdr.javeriana.edu.co
viernes, 8 de febrero de 2013
ICA estudia situación fitosanitaria de la palma de cera en el Quindío
Las acciones del Instituto se concentrarán en los cultivos de palma de cera del municipio de Salento
Junto
con otras entidades, el Instituto adelantará una serie de actividades
con el objetivo de identificar los problemas fitosanitarios que están
afectando al árbol nacional de Colombia.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) emprendió un reconocimiento en el municipio de Salento (Quindío), con el fin de detectar aquellos problemas fitosanitarios que se vienen reportando en los cultivos de palma de cera.
De acuerdo con las entidades
involucradas en la conservación de estos parques naturales, algunas
palmas de la zona han presentado una sintomatología de secamiento
gradual de sus hojas hasta su pérdida total y, finalmente, su muerte.
Según Carlos Alberto Soto, Subgerente
de Protección Vegetal, “esta situación podría estar asociada con cambios
climáticos, sobrepastoreos, ataques de Picudos o vejez de la planta, ya
que reportes anteriores evidencian que dichos síntomas se han
presentado en palmas adultas”.
Dentro de las acciones programadas con
la Corporación Regional Autónoma del Quindío (CRQ) para atender la
problemática, está el monitoreo y clasificación de picudo, por medio de
la instalación de trampas en zonas con altas poblaciones de palma, así
como la ubicación en campo de plantas afectadas, mapeo, toma de muestras
y posterior diagnóstico, a través de la red de laboratorios del ICA.
De otra parte, junto con la CRQ, el
Jardín Botánico y universidades, el ICA llevará a cabo jornadas de
capacitación dirigidas al personal que frecuenta estos bosques, con el
objetivo de determinar las actividades de prevención, vigilancia y
control para aplicar en la zona y preservar esta especie.
En este ámbito, el Subgerente de
Protección Vegetal añadió que “se deben promocionar los viveros de la
especie por parte de las corporaciones, con el fin de contar con
material suficiente para repoblar zonas afectadas y de baja población”.
Al mismo tiempo, insistió en que se
deben adoptar estrategias para proteger esta especie, como la no
extracción de hojas en fiestas religiosas y evitar los daños por
ganadería y heridas con herramientas que se puedan causar en los troncos
de las palmas, los cuales conllevan a la generación de plagas y
enfermedades.
Datos de interés
- La palma de cera fue descubierta en 1785 por el Botánico José
Celestino Mutis y declarada mediante Ley 61 en 1985 como el árbol
nacional de Colombia.
- Puede llegar a medir 60 metros y vivir más de 200 años. Son las únicas palmas en el mundo sembradas entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar
Constituyentes regionales por la paz: El diálogo es la ruta
Hernán Camacho/ Viernes 8 de febrero de 2013
En departamentos, capitales, municipios, localidades de toda la geografía nacional, las organizaciones sociales, populares, partidos políticos y personalidades democráticas que participaron en el encuentro de paz retoman la ruta y echan a andar los escenarios de participación ciudadana, amplia, representativa y sectorial capaces de entregar un diagnóstico de las reales necesidades en las regiones, todas atravesadas por el conflicto armado y proponer soluciones a las problemáticas.
Poder constituyente
La paz es una arquitectura colectiva. El poder constituyente responde a una concepción de nación y una decisión de gobierno democrático y participativo. En esencia las constituyentes permiten a los ciudadanos ser partícipes desde sus propias realidades, sus propios pensamientos y perspectivas, revestirse de poder soberano y popular, trasformar las inequidades sociales, darle solución a sus problemas y constituirse en garantes de los cambios. Un verdadero ejercicio democrático. “Las constituyentes son una nueva forma de hacer política” dice el vocero de Marcha Patriótica y dirigente agrario, Andrés Gil. El objetivo es politizar la paz en el pueblo colombiano y relacionarla con todos las problemáticas que afectan al común de las personas, “es imponer la paz”. Y es que las problemáticas sociales se han venido conociendo a mayor profundidad a partir de la apertura de la Mesa de diálogo en La Habana y el ejercicio que hizo el Congreso de la República con las mesas de participación regional. Las constituyentes regionales serán más amplias, explican los voceros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC, una de las organizaciones convocantes del encuentro en Barrancabermeja.
Las experiencias
Son al menos 300 constituyentes que se aspira a realizar en el año, de ellas 32 departamentales y otro tanto sectoriales que conduzcan a una gran asamblea constituyente nacional. El Peñón, sur de Santander fue la primera experiencia de constituyente. Allí se reunieron organizaciones sociales y campesinas y la comunidad en general para debatir las soluciones a los problemas cotidianos que los aquejan y compartir esas soluciones incluso con la institucionalidad que también participó. Asistieron al menos 300 personas incluyendo a delegados de todas las veredas circundantes al municipio y elaboraron un documento que sirve de mandato y de ejemplo a otras 13 constituyentes veredales que se alistan a realizarse. “El entusiasmo popular que despierten las constituyentes será sobre la base de soluciones reales con mucho alcance para el campo popular. El colombiano, trabajador, campesino, desempleado […] que llegue es porque lo ha tocado el conflicto o el modelo económico y porque es consciente de la paz del país” sostuvo Gil.
Mandatos
Ocaña, Norte Santander, fue el pasado mes de septiembre sede de la constituyente municipal por la paz. Allí, con la presencia de dos centenares de ocañeros se discutió el contexto social, económico y político de la provincia. La problemática agraria, la megaminería, la soberanía alimentaria, la protección de las reservas campesinas y la presencia de multinacionales fueron los temas abordados por la comunidad. El mandato producido en aquella constituyente dictó: “Las mujeres y hombres que venimos desde los diferentes municipios que conformamos esta provincia, llegamos a este espacio motivados y empujados por la necesidad de buscar el fin de un conflicto que ha arrebatado la vida de nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros hijos, que ha violado a nuestras esposas y mujeres, que ha destrozado los lazos de solidaridad y hermandad de nuestros vecinos; llegamos acá con la firme convicción de que el derecho a vivir en paz no puede ser sueño inalcanzable y tiene que convertirse en un hecho del que podamos ser parte”.
En una zona de agudo conflicto atravesado por el plan militar de consolidación, los pobladores se atrevieron rechazar la presencia militar y denunciar las agresiones de las que son víctimas por parte de las fuerzas militares. La constituyente fue acompañada por la alcaldía de vecino municipio se Hacarí junto al defensor del pueblo de la provincia de Ocaña. “Exigimos la no criminalización, estigmatización y persecución a las organizaciones y comunidades que nos manifestamos como constituyente primario en búsqueda de paz con justicia social y se detengan las actuales detenciones que se están llevando a cabo hoy en diferentes partes del país. Exigimos que los mandatos que surgen como expresión soberana del pueblo colombiano y en este caso del pueblo de la provincia de Ocaña, sean tenidos en cuenta de forma seria en un eventual proceso de diálogos entre la insurgencia y el gobierno” concluyó el mandato. Por último, los constituyentes de Ocaña reclamaron participación popular y directa en las conversaciones de La Habana, pues se sienten con pleno derecho a exigir parar la guerra en sus campos y veredas.
Paz: participación popular
Los permanentes reclamos de la población colombiana al gobierno nacional para abrir la Mesa de conversaciones a las organizaciones sociales y populares que no se sienten representadas allí con sus negociadores, hacen que la participación y las ideas de las gentes del común cobren mayor vigencia para darle legitimidad a la salida política en curso en La Habana.
Los insumos de las constituyentes servirán como catalizador para los plenipotenciarios de la Mesa de conversaciones entre la insurgencia de las FARC y el gobierno Santos. Su importancia es el respaldo popular contenido en las propuestas e iniciativas de paz nacidas del seno de las comunidades que pasan por la solución de los problemas de empleo, salud, educación, vivienda, tierras, acueductos, vías de comunicación. Temas no menores para un nuevo país. A juicio de expertos juristas, la soberanía popular reside en el pueblo encomendado con poder constituyente y sus decisiones son mandatos ineludibles e insoslayables
Tomado de: http://prensarural.org
Las modernas propuestas de las FARC
Autor: SEMANA / León Darío Peláez Cultivos de algodón en Cereté, Córdoba.
Si
las ocho propuestas mínimas sobre desarrollo rural no llevaran las
firmas de los delegados de las FARC-EP, se podría pensar que fueron
elaboradas por un funcionario de Naciones Unidas. Comida, agua y
ambiente sano, tres ideas que tienen con los pelos de punta al
presidente de Fedegán y sus seguidores. En los estrechos callejones que se forman entre los miles de kilómetros
de alambradas que encierran el ganado vacuno o los cultivos de palma se
ve muchísima gente viviendo en chozas antediluvianas y centenares de
perros flacos que salen disparados tras la polvareda que levantan los
veloces carros de los patronos. Niños y niñas, en cueros, comiendo
guayabas y viendo ordeñar con la boca abierta. Sólo a una mente puñetera
se le puede ocurrir que esos colombianos muertos de hambre son felices.
He observado con lupa los ocho mínimos que formulan las FARC sobre el tema agrario y no encontré una sola frase que se oponga al concepto de inversión o negocio privado. En cambio proponen, y en esto coinciden con los programas más adelantados de los partidos políticos modernos, que toda explotación de recursos se haga conforme a una rigurosa legislación que proteja el espectro socio- ambiental. Unos mínimos para sacar el máximo provecho en términos humanos.
En la vieja Europa se dedican potentes recursos a la recuperación de los bosques y las fuentes de agua, y la población es cada vez más exigente en cuanto a la manera de producir la carne y los productos agrícolas que consumen. No creo que el núcleo duro de Fedegán se atreva a tachar de terroristas a los europeos por estas cosas. En cambio, si eso mismo lo proponen las FARC, de plano lo rechazan. ¿Qué proponen a cambio? Nada. Dejar todo como está: que los campesinos vivan como colombianos miserables mientras ellos viven como europeos. ¿Que unos cuantos gocen a todo trapo y la mayoría siga comiendo guayabas? ¿Por eso se oponen al diálogo?
¡Queremos seguir la guerra hasta ganarla! Sí, suena patriótico decirlo cuando no hay que cargar la mochila del soldado o no se corre el riesgo de morir en una emboscada. Eso dijeron hace unos años y costó la vida a 4.985 militares entre el 2002 y el 2010. Por qué indagan por los militares muertos en estos últimos días y sin embargo no se acuerdan de los miles que murieron cuando tenían el sartén por el mango.
Se han preguntado estos patriotas cómo vive la familia del soldado Pulgarín muerto en Antioquia, o del sargento Balaguera caído en Norte de Santander. ¿Por qué no colocan en sus portales de guerra el drama que vive la madre del infante Muñoz fallecido en Nariño o los parientes del capitán Gutiérrez muerto en Cauca?
Nada de eso les importa, salvo sus propios intereses y los votos de los desdichados. La economía de los menos está por encima de la vida de los más, decía un tal Gaitán, y por decirlo lo mataron un 9 de abril en la carrera séptima de Bogotá, cuando iba con su amigo Plinio Mendoza Neira.
Aquí el problema no es entre buenos y malos, como nos lo quieren hacer ver los avivatos. Volver al dilema entre la mano dura y el diálogo es una táctica pueril empleada por los expertos en diseñar listas al Senado y tramar alianzas electorales. Ya estamos cansados de escribir la misma plana. Los cuadernos se nos acabaron y queremos pasar al siguiente curso. Llevamos una década repitiendo el mismo curso y ahora nos vienen con el cuento de que toca hacerlo de nuevo. Nos siguen tratando como majaderos.
Mientras centenares de académicos, jóvenes estudiantes, líderes campesinos, autoridades indígenas, amén de los delegados del Gobierno y la guerrilla en La Habana, se matan la cabeza para hallar el camino de la paz y la reconciliación, otros, en cambio, no saben qué hacer o dónde meterse para conseguir una curul o una candidatura. Unos tratan de calmar su furia mediante el diálogo. Otros calman su furia enviando gente a la guerra. Y los de siempre calman su furia haciendo enredos electorales
Tomado de: http://www.semana.com
jueves, 7 de febrero de 2013
Anzorc propone un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ZRC)
La Asociación Nacional de Zonas de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc,
reunió a 300 delegados de todo el país en el Congreso de la República,
para exigir acceso a la tierra, un nuevo ordenamiento territorial que
incluya a las ZRC y la vigencia de los derechos humanos en el campo
colombiano
El siguiente, es el texto del discurso pronunciado por César Jerez,
en representación de Anzorc, durante la audiencia pública "Las ZRC una
iniciativa agraria de paz. Estado actual y perspectivas", realizada el
pasado 1 de Noviembre de 2012 en el Congreso de la República
_____
Les hablo en nombre de 36 procesos organizativos, sociales, que en el país construyen ZRC. Somos más de un millón de colombianos y colombianas los que habitamos en unas seis millones de hectáreas dentro de las Zonas de Reserva Campesina constituidas y de hecho de Colombia. Las ZRC somos un proceso político y social acumulado en la lucha por la tierra. Somos hijos e hijas resistentes del despojo, del desplazamiento forzado, de la violencia política, de la guerra. Las ZRC son hoy parte fundamental de un movimiento campesino que se reconstruye y se reconfigura en el contexto de un prolongado proceso de persecución política y de exterminio contra el campesinado colombiano.
Las ZRC son también un fiel indicador de que pese a todos los empeños para desalojar el campo y descampenizar al país, finalmente no lo lograron, resistimos, pervivimos, aquí estamos. Hoy podemos decir desde acá con tranquilidad y con mucha responsabilidad que el conflicto por la tierra en nuestro país está abierto, que es un conflicto todavía irresuelto, que es un conflicto estructural ubicado en la génesis de la guerra y que las ZRC pueden ser el comienzo de su solución. Si nos ponemos de acuerdo entre todos.
Las ZRC son el resultado de la lucha histórica del campesinado colombiano por el acceso y el derecho a la tierra y el territorio.
Es necesario recordar que las ZRC están consagradas en la ley 160 como figura de ordenamiento territorial con la finalidad contener la extensión de la frontera agrícola; para corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la tierra, la fragmentación antieconómica de la propiedad, para crear las condiciones para la consolidación de la economía campesina; para regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos; para crear y constituir una propuesta integral de desarrollo rural, de ordenamiento territorial, de gestión pública y política; para facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando la adecuada participación del campesinado en las instancias de planeación y decisión local-regional. Todo esto está en el papel que pueden llegar a jugar las ZRC.
El actual gobierno de Santos, finalmente, ha reconocido que Colombia ha vivido durante las últimas décadas un conflicto político, social y armado, prolongado e intenso, que ha afectado principalmente a la población rural, ocasionando entre muchas otras violaciones y vulneraciones, el asesinato de decenas de miles de campesinos y el desplazamiento forzado de millones de pobladores rurales y un cuantioso despojo de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, estimado en seis millones de hectáreas.
Partiendo de este reconocimiento y después de 8 años de oscurantismo en los que se considera que el país retrocedió 30 años en materia de desarrollo e institucionalidad rural, el gobierno se ha propuesto construir una política pública agraria y de tierras que eventualmente buscaría restituir las tierras despojadas, cerrar la frontera agrícola e introducir enfoques e iniciativas de desarrollo territorial y rural que superen la pobreza y la marginalidad social que caracterizan al mundo rural colombiano.
Sin embargo, llama la atención que las aparentes buenas intenciones del discurso institucional chocan con el modelo de desarrollo y las iniciativas centrales del gobierno, como lo son la concesión de los territorios para la explotación energética, petrolera, minera y la agroindustria a gran escala. Actividades que claramente configuran un escenario del campo sin campesinos y una depredación ambiental sin precedentes en la historia del país.
En este complejo marco, el gobierno ha decidido, en respuesta a la presión del campesinado organizado, reactivar e impulsar las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). El anuncio gubernamental realizado durante el primer encuentro nacional de ZRC llevado a cabo en Barrancabermeja en Agosto de 2010, suscitó primero muchas inquietudes y después una gran expectativa. Empero, el proceso de reactivación de las ZRC y la constitución de nuevas ZRC se ha encontrado con múltiples obstáculos que es imprescindible superar, si se quiere, de manera compartida y concertada, realmente reactivar e implementar efectivamente las ZRC, como parte de la política publica de tierras del actual gobierno.
Los obstáculos son claramente los siguientes:
1. Se intenta a como de lugar relativizar el papel fundamental que juegan las Unidades Agrícolas Familiares en el establecimiento del límite de la propiedad y el freno al latifundio (La reglamentación de los artículos 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo afortunadamente fue declarada inconstitucional,por la corte).
2. No se ha avanzado en la reglamentación de las ZRC, lo que impide que estas tengan un marco jurídico que garantice y consolide su reactivación e implementación. Se requiere de manera urgente una reglamentación que proteja a las ZRC de los intereses empresariales y que las ponga acorde con otras figuras de ordenamiento territorial y ambiental.
3. La formulación de la gubernamental Ley general agraria y de desarrollo rural no contó con la participación de las organizaciones campesinas. Esto indica que las ZRC no contarán en esta ley con el enfoque de ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo rural de las organizaciones sociales del campo.
4. La reactivación de las ZRC y su implementación en otras regiones del país se ha encontrado con la debilidad o la ausencia institucional, la lentitud burocrática y a veces la desidia de los funcionarios de la institucionalidad del sector.
5. En los Montes de María, el campesinado ha planteado una mayor socializacion de la figura de la ZRC y mayor autonomía en la toma de decisiones sobre las ZRC sin que hasta el momento se haya garantizado un real proceso de participación de los beneficiarios directos de las ZRC, quedando latente el riesgo de legalizar el despojo en los Montes de María.
6. En el Cauca es necesario incluir al campesinado y las negritudes en la construcción de las políticas de desarrollo rural, de tierras y territorio que lleven a la solución, de manera concertada y colectiva, de los conflictos interculturales originados por las políticas estatales de discriminación positiva, como lo es el denominado Plan Cauca o los eventuales acuerdos bilaterales entre gobierno y la dirigencia del CRIC, acuerdos que podrían desconocer al campesinado y a las negritudes como sujetos políticos de derechos territoriales.
7. En grandes extensiones de territorios campesinos en los que impulsamos la construcción de ZRC, los campesinos han sido despojados de sus tierras y se ha violado el límite de la propiedad de las ZRC, para instalar cultivos de palma aceitera, de agrocombustibles y ganadería extensiva, aumentando la ya dramática concentración de la tierra. Es indispensable la recuperación de estas tierras para los campesinos y la producción de alimentos.
8. Existe una sobreposición de figuras territoriales de ordenamiento territorial, ambiental, de desarrollo rural y empresarial que conflictúan la implementación de las ZRC. A este panorama se suma que la mayoría de los territorios de las ZRC han sido titulados ha empresas mineras para la prospección y el desarrollo de macroproyectos minero - energéticos.
9. No existe disponibilidad presupuestal para la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de las ZRC, lo que genera incertidumbre frente al futuro de las ZRC y desconfianza frente a las propuestas gubernamentales.
10. No existe ninguna articulación interinstitucional que impulse las ZRC. Las instituciones y las administraciones nacionales, departamentales y municipales están de espaldas a las ZRC y en muchas ocasiones promueven el estigma sobre las ZRC. El gobierno no ha desarrollado acciones de promoción favorable de las ZRC ni ninguna acción contra la estigmatización a la que permanentemente son sometidas las ZRC.
11. Perdura un doble discurso institucional frente a las ZRC. De un lado el discurso oficial público, mediático de algunos funcionarios que reconocen y eventualmente impulsan las ZRC. De otro lado, avanza el discurso perverso que antepone la seguridad y la consolidación militar al desarrollo de las ZRC. Altos funcionarios y asesores desarrollan una campaña taimada contra las ZRC, promueven el estigma contra las ZRC y sus organizaciones, proponen poner a las ZRC como moneda de cambio a la guerrilla en una eventual negociación del conflicto armado o destinar las ZRC a jugar un papel de campos de confinamiento de guerrilleros desmovilizados, otros afirman que el desarrollo de las ZRC oxigenaría a la guerrilla de las FARC y la impulsaría en un nuevo ciclo de la guerra. Desde acá queremos hacer un llamado de atención al señor ministro de defensa, a la cúpula militar, a los funcionarios de consolidación territorial, basta ya de señalar y estigmatizar, basta de perseguir, basta de intoxicar, basta ya de presionar, intimidar y condicionar para que los funcionarios del sector agropecuario no cumplan con sus funciones misionales, con ustedes hablaremos de derechos humanos y de las normas de la guerra, del DIH, ustedes no serán deliberantes con nosotros sobre el desarrollo rural o el futuro de las ZRC. Ese no es su papel.
Estamos ad portas de iniciar la segunda fase de un proceso de paz en la ciudad de La Habana, las partes han acordado abordar en primera instancia el crucial tema del desarrollo agrario integral, haciendo referencia directa en uno de los literales de la agenda a las ZRC.
Entendemos claramente el enorme desafío que para el gobierno y la guerrilla de las FARC implica abordar este punto desde posturas y enfoques tan distintos y distantes. Se sientan a conversar dos modelos, dos propuestas antagónicas de país. Pero no perdemos la esperanza, estamos, seguimos convencidos de que el diálogo es la ruta.
Un tema tan trascendental para el futuro del país, como lo es el desarrollo rural, tan determinante para el logro de la paz o para la continuidad de la guerra. Un tema de tal magnitud no puede discutirse sin sus protagonistas, las campesinas, los campesinos, sin las organizaciones campesinas en la mesa. Así como hace dos años una de las organizaciones de ANZORC, la ACVC, al merecer el Premio Nacional de Paz, les solicitó sentarse en una mesa a hablar, así cómo hace un año 30 mil campesinos, indígenas y afro-descendientes, convocados también por la ACVC, reunidos en el encuentro nacional por la tierra y la paz de Barrancabermeja, les exigieron iniciar un proceso de paz, así mismo hoy les reclamamos nuestra presencia en la mesa de conversaciones. Estamos convencidos que nuestras propuestas de modelo de desarrollo incluyente, de desarrollo rural con enfoque territorial, de un programa nacional de zonas de reserva campesina que garantice su efectiva reactivación, de ordenamiento territorial y de paz, serán fundamentales para la discusión de la problemática que nos convoca y de sus soluciones. Reclamamos ser parte del diálogo fundamental que nos acerque a la convivencia, a la reconciliación, ser parte de la ruta nos saque de la guerra.
Nuestro aporte programático es sencillo y será fácilmente entendido por la sociedad colombiana. Las ZRC son capaces de garantizar el acceso a los alimentos de las poblaciones urbanas, de proteger el medio ambiente, de mejorar el ordenamiento territorial del país y de prevenir el desplazamiento forzado en condiciones de conflicto armado. Estamos seguros de que las ZRC en los campos de Colombia pueden ser el primer paso en el largo camino del reconocimiento del campesinado, como sujeto político promotor de la justicia social, la vigencia plena de los derechos humanos, el desarrollo rural y la paz. Muchas gracias
Tomado de: http://prensarural.org
El siguiente, es el texto del discurso pronunciado por César Jerez,
en representación de Anzorc, durante la audiencia pública "Las ZRC una
iniciativa agraria de paz. Estado actual y perspectivas", realizada el
pasado 1 de Noviembre de 2012 en el Congreso de la República _____
Les hablo en nombre de 36 procesos organizativos, sociales, que en el país construyen ZRC. Somos más de un millón de colombianos y colombianas los que habitamos en unas seis millones de hectáreas dentro de las Zonas de Reserva Campesina constituidas y de hecho de Colombia. Las ZRC somos un proceso político y social acumulado en la lucha por la tierra. Somos hijos e hijas resistentes del despojo, del desplazamiento forzado, de la violencia política, de la guerra. Las ZRC son hoy parte fundamental de un movimiento campesino que se reconstruye y se reconfigura en el contexto de un prolongado proceso de persecución política y de exterminio contra el campesinado colombiano.
Las ZRC son también un fiel indicador de que pese a todos los empeños para desalojar el campo y descampenizar al país, finalmente no lo lograron, resistimos, pervivimos, aquí estamos. Hoy podemos decir desde acá con tranquilidad y con mucha responsabilidad que el conflicto por la tierra en nuestro país está abierto, que es un conflicto todavía irresuelto, que es un conflicto estructural ubicado en la génesis de la guerra y que las ZRC pueden ser el comienzo de su solución. Si nos ponemos de acuerdo entre todos.
Las ZRC son el resultado de la lucha histórica del campesinado colombiano por el acceso y el derecho a la tierra y el territorio.
Es necesario recordar que las ZRC están consagradas en la ley 160 como figura de ordenamiento territorial con la finalidad contener la extensión de la frontera agrícola; para corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la tierra, la fragmentación antieconómica de la propiedad, para crear las condiciones para la consolidación de la economía campesina; para regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos; para crear y constituir una propuesta integral de desarrollo rural, de ordenamiento territorial, de gestión pública y política; para facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando la adecuada participación del campesinado en las instancias de planeación y decisión local-regional. Todo esto está en el papel que pueden llegar a jugar las ZRC.
El actual gobierno de Santos, finalmente, ha reconocido que Colombia ha vivido durante las últimas décadas un conflicto político, social y armado, prolongado e intenso, que ha afectado principalmente a la población rural, ocasionando entre muchas otras violaciones y vulneraciones, el asesinato de decenas de miles de campesinos y el desplazamiento forzado de millones de pobladores rurales y un cuantioso despojo de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, estimado en seis millones de hectáreas.
Partiendo de este reconocimiento y después de 8 años de oscurantismo en los que se considera que el país retrocedió 30 años en materia de desarrollo e institucionalidad rural, el gobierno se ha propuesto construir una política pública agraria y de tierras que eventualmente buscaría restituir las tierras despojadas, cerrar la frontera agrícola e introducir enfoques e iniciativas de desarrollo territorial y rural que superen la pobreza y la marginalidad social que caracterizan al mundo rural colombiano.
Sin embargo, llama la atención que las aparentes buenas intenciones del discurso institucional chocan con el modelo de desarrollo y las iniciativas centrales del gobierno, como lo son la concesión de los territorios para la explotación energética, petrolera, minera y la agroindustria a gran escala. Actividades que claramente configuran un escenario del campo sin campesinos y una depredación ambiental sin precedentes en la historia del país.
En este complejo marco, el gobierno ha decidido, en respuesta a la presión del campesinado organizado, reactivar e impulsar las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). El anuncio gubernamental realizado durante el primer encuentro nacional de ZRC llevado a cabo en Barrancabermeja en Agosto de 2010, suscitó primero muchas inquietudes y después una gran expectativa. Empero, el proceso de reactivación de las ZRC y la constitución de nuevas ZRC se ha encontrado con múltiples obstáculos que es imprescindible superar, si se quiere, de manera compartida y concertada, realmente reactivar e implementar efectivamente las ZRC, como parte de la política publica de tierras del actual gobierno.
Los obstáculos son claramente los siguientes:
1. Se intenta a como de lugar relativizar el papel fundamental que juegan las Unidades Agrícolas Familiares en el establecimiento del límite de la propiedad y el freno al latifundio (La reglamentación de los artículos 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo afortunadamente fue declarada inconstitucional,por la corte).
2. No se ha avanzado en la reglamentación de las ZRC, lo que impide que estas tengan un marco jurídico que garantice y consolide su reactivación e implementación. Se requiere de manera urgente una reglamentación que proteja a las ZRC de los intereses empresariales y que las ponga acorde con otras figuras de ordenamiento territorial y ambiental.
3. La formulación de la gubernamental Ley general agraria y de desarrollo rural no contó con la participación de las organizaciones campesinas. Esto indica que las ZRC no contarán en esta ley con el enfoque de ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo rural de las organizaciones sociales del campo.
4. La reactivación de las ZRC y su implementación en otras regiones del país se ha encontrado con la debilidad o la ausencia institucional, la lentitud burocrática y a veces la desidia de los funcionarios de la institucionalidad del sector.
5. En los Montes de María, el campesinado ha planteado una mayor socializacion de la figura de la ZRC y mayor autonomía en la toma de decisiones sobre las ZRC sin que hasta el momento se haya garantizado un real proceso de participación de los beneficiarios directos de las ZRC, quedando latente el riesgo de legalizar el despojo en los Montes de María.
6. En el Cauca es necesario incluir al campesinado y las negritudes en la construcción de las políticas de desarrollo rural, de tierras y territorio que lleven a la solución, de manera concertada y colectiva, de los conflictos interculturales originados por las políticas estatales de discriminación positiva, como lo es el denominado Plan Cauca o los eventuales acuerdos bilaterales entre gobierno y la dirigencia del CRIC, acuerdos que podrían desconocer al campesinado y a las negritudes como sujetos políticos de derechos territoriales.
7. En grandes extensiones de territorios campesinos en los que impulsamos la construcción de ZRC, los campesinos han sido despojados de sus tierras y se ha violado el límite de la propiedad de las ZRC, para instalar cultivos de palma aceitera, de agrocombustibles y ganadería extensiva, aumentando la ya dramática concentración de la tierra. Es indispensable la recuperación de estas tierras para los campesinos y la producción de alimentos.
8. Existe una sobreposición de figuras territoriales de ordenamiento territorial, ambiental, de desarrollo rural y empresarial que conflictúan la implementación de las ZRC. A este panorama se suma que la mayoría de los territorios de las ZRC han sido titulados ha empresas mineras para la prospección y el desarrollo de macroproyectos minero - energéticos.
9. No existe disponibilidad presupuestal para la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de las ZRC, lo que genera incertidumbre frente al futuro de las ZRC y desconfianza frente a las propuestas gubernamentales.
10. No existe ninguna articulación interinstitucional que impulse las ZRC. Las instituciones y las administraciones nacionales, departamentales y municipales están de espaldas a las ZRC y en muchas ocasiones promueven el estigma sobre las ZRC. El gobierno no ha desarrollado acciones de promoción favorable de las ZRC ni ninguna acción contra la estigmatización a la que permanentemente son sometidas las ZRC.
11. Perdura un doble discurso institucional frente a las ZRC. De un lado el discurso oficial público, mediático de algunos funcionarios que reconocen y eventualmente impulsan las ZRC. De otro lado, avanza el discurso perverso que antepone la seguridad y la consolidación militar al desarrollo de las ZRC. Altos funcionarios y asesores desarrollan una campaña taimada contra las ZRC, promueven el estigma contra las ZRC y sus organizaciones, proponen poner a las ZRC como moneda de cambio a la guerrilla en una eventual negociación del conflicto armado o destinar las ZRC a jugar un papel de campos de confinamiento de guerrilleros desmovilizados, otros afirman que el desarrollo de las ZRC oxigenaría a la guerrilla de las FARC y la impulsaría en un nuevo ciclo de la guerra. Desde acá queremos hacer un llamado de atención al señor ministro de defensa, a la cúpula militar, a los funcionarios de consolidación territorial, basta ya de señalar y estigmatizar, basta de perseguir, basta de intoxicar, basta ya de presionar, intimidar y condicionar para que los funcionarios del sector agropecuario no cumplan con sus funciones misionales, con ustedes hablaremos de derechos humanos y de las normas de la guerra, del DIH, ustedes no serán deliberantes con nosotros sobre el desarrollo rural o el futuro de las ZRC. Ese no es su papel.
Estamos ad portas de iniciar la segunda fase de un proceso de paz en la ciudad de La Habana, las partes han acordado abordar en primera instancia el crucial tema del desarrollo agrario integral, haciendo referencia directa en uno de los literales de la agenda a las ZRC.
Entendemos claramente el enorme desafío que para el gobierno y la guerrilla de las FARC implica abordar este punto desde posturas y enfoques tan distintos y distantes. Se sientan a conversar dos modelos, dos propuestas antagónicas de país. Pero no perdemos la esperanza, estamos, seguimos convencidos de que el diálogo es la ruta.
Un tema tan trascendental para el futuro del país, como lo es el desarrollo rural, tan determinante para el logro de la paz o para la continuidad de la guerra. Un tema de tal magnitud no puede discutirse sin sus protagonistas, las campesinas, los campesinos, sin las organizaciones campesinas en la mesa. Así como hace dos años una de las organizaciones de ANZORC, la ACVC, al merecer el Premio Nacional de Paz, les solicitó sentarse en una mesa a hablar, así cómo hace un año 30 mil campesinos, indígenas y afro-descendientes, convocados también por la ACVC, reunidos en el encuentro nacional por la tierra y la paz de Barrancabermeja, les exigieron iniciar un proceso de paz, así mismo hoy les reclamamos nuestra presencia en la mesa de conversaciones. Estamos convencidos que nuestras propuestas de modelo de desarrollo incluyente, de desarrollo rural con enfoque territorial, de un programa nacional de zonas de reserva campesina que garantice su efectiva reactivación, de ordenamiento territorial y de paz, serán fundamentales para la discusión de la problemática que nos convoca y de sus soluciones. Reclamamos ser parte del diálogo fundamental que nos acerque a la convivencia, a la reconciliación, ser parte de la ruta nos saque de la guerra.
Nuestro aporte programático es sencillo y será fácilmente entendido por la sociedad colombiana. Las ZRC son capaces de garantizar el acceso a los alimentos de las poblaciones urbanas, de proteger el medio ambiente, de mejorar el ordenamiento territorial del país y de prevenir el desplazamiento forzado en condiciones de conflicto armado. Estamos seguros de que las ZRC en los campos de Colombia pueden ser el primer paso en el largo camino del reconocimiento del campesinado, como sujeto político promotor de la justicia social, la vigencia plena de los derechos humanos, el desarrollo rural y la paz. Muchas gracias
Tomado de: http://prensarural.org
Bogotá tiene un acuerdo para construir Zonas de Reserva Campesina
En la actualidad se formula el Plan de Desarrollo
Sostenible de la Zona de Reserva Campesina de San Juan de Sumapaz, en la
localidad 20 de la capital
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
ACUERDO 465 DE 2011
(Febrero 10) "Por el cual se dictan normas para el fomento de la participación de las organizaciones campesinas en el impulso de zonas de reserva campesinas y de otras formas de gestión social y ambiental del territorio rural en el Distrito Capital"
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas en el artículo 6 y en el numeral 1o. del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993
A C U E R D A:
ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto del presente acuerdo es fomentar la participación de las organizaciones campesinas del territorio rural del Distrito Capital, en el impulso de formas de gestión social y ambiental, en especial de las zonas de reserva campesinas, para el apoyo y estabilización de la economía campesina.
ARTÍCULO 2. Acciones para fomentar la participación. La Administración Distrital a través de las entidades competentes, adelantará las siguientes acciones para el fomento de la participación de las organizaciones campesinas de las zonas rurales del Distrito Capital, en el impulso de zonas de reserva campesinas:
a. Promover la creación de organizaciones campesinas o apoyar las existentes con el fin de impulsar procesos hacia la conformación de zonas de reserva campesina.
b. Realizar estudios para determinar posibles áreas geográficas en el territorio rural del Distrito Capital, donde se podrían crear zonas de reserva campesinas, de conformidad con lo establecido en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes sobre la materia, teniendo en cuenta los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y las restricciones que ordena la legislación para la protección del patrimonio ecológico y ambiental.
c. Prestar asesoría y capacitación a las organizaciones campesinas respetando su autonomía, para la determinación de áreas donde se puedan establecer zonas de reserva campesinas y para la presentación de la solicitud de creación correspondiente ante las autoridades competentes, de conformidad con los procedimientos y requisitos exigidos en las normas.
d. Fortalecer la participación activa y efectiva de las organizaciones campesinas en la red de asentamientos rurales y en los espacios de decisión y desarrollo de la política pública de ruralidad, contenida en el Decreto 327 de 2007 y el Decreto 042 de 2010 que adopta el Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible PGDR, en especial en las Unidades Locales de Desarrollo Local ULDER y el Comité Intersectorial del Desarrollo Rural.
ARTÍCULO 3. Formas de gestión social y ambiental del territorio. La Administración Distrital promoverá la participación de organizaciones campesinas en la conformación de otras formas de gestión social del territorio tales como los distritos integrales, zonas de desarrollo productivo, reservas de la sociedad civil, parques agroambientales productivos o parques agropolitanos, las cuales se podrán complementar con las zonas de reserva campesinas y les prestará la asesoría y apoyo según el plan de gestión para el desarrollo rural sostenible y la política de ruralidad.
ARTÍCULO 4. Coordinación. La coordinación de las acciones distritales para el fomento de la participación y el impulso de las zonas de reserva campesinas y de otras formas de gestión social y ambiental del territorio, estará a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de las Secretarías de Planeación, Hábitat, Ambiente y Desarrollo Económico, conforme a sus competencias.
Dichas entidades coordinarán con los Ministerios de Ambiente, de Agricultura, INCODER, la CAR y la Gobernación de Cundinamarca, las acciones pertinentes para el impulso de zonas de reserva campesinas y demás formas de gestión social y ambiental del territorio.
El proceso de participación de las organizaciones campesinas será acompañado por la Comisión Intersectorial de la Participación en los términos del Decreto 546 de 2007 y conforme a lo establecido en el Decreto 448 de 2007, del Sistema Distrital de Participación.
ARTÍCULO 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
ACUERDO 465 DE 2011
(Febrero 10) "Por el cual se dictan normas para el fomento de la participación de las organizaciones campesinas en el impulso de zonas de reserva campesinas y de otras formas de gestión social y ambiental del territorio rural en el Distrito Capital"
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas en el artículo 6 y en el numeral 1o. del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993
A C U E R D A:
ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto del presente acuerdo es fomentar la participación de las organizaciones campesinas del territorio rural del Distrito Capital, en el impulso de formas de gestión social y ambiental, en especial de las zonas de reserva campesinas, para el apoyo y estabilización de la economía campesina.
ARTÍCULO 2. Acciones para fomentar la participación. La Administración Distrital a través de las entidades competentes, adelantará las siguientes acciones para el fomento de la participación de las organizaciones campesinas de las zonas rurales del Distrito Capital, en el impulso de zonas de reserva campesinas:
a. Promover la creación de organizaciones campesinas o apoyar las existentes con el fin de impulsar procesos hacia la conformación de zonas de reserva campesina.
b. Realizar estudios para determinar posibles áreas geográficas en el territorio rural del Distrito Capital, donde se podrían crear zonas de reserva campesinas, de conformidad con lo establecido en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes sobre la materia, teniendo en cuenta los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y las restricciones que ordena la legislación para la protección del patrimonio ecológico y ambiental.
c. Prestar asesoría y capacitación a las organizaciones campesinas respetando su autonomía, para la determinación de áreas donde se puedan establecer zonas de reserva campesinas y para la presentación de la solicitud de creación correspondiente ante las autoridades competentes, de conformidad con los procedimientos y requisitos exigidos en las normas.
d. Fortalecer la participación activa y efectiva de las organizaciones campesinas en la red de asentamientos rurales y en los espacios de decisión y desarrollo de la política pública de ruralidad, contenida en el Decreto 327 de 2007 y el Decreto 042 de 2010 que adopta el Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible PGDR, en especial en las Unidades Locales de Desarrollo Local ULDER y el Comité Intersectorial del Desarrollo Rural.
ARTÍCULO 3. Formas de gestión social y ambiental del territorio. La Administración Distrital promoverá la participación de organizaciones campesinas en la conformación de otras formas de gestión social del territorio tales como los distritos integrales, zonas de desarrollo productivo, reservas de la sociedad civil, parques agroambientales productivos o parques agropolitanos, las cuales se podrán complementar con las zonas de reserva campesinas y les prestará la asesoría y apoyo según el plan de gestión para el desarrollo rural sostenible y la política de ruralidad.
ARTÍCULO 4. Coordinación. La coordinación de las acciones distritales para el fomento de la participación y el impulso de las zonas de reserva campesinas y de otras formas de gestión social y ambiental del territorio, estará a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de las Secretarías de Planeación, Hábitat, Ambiente y Desarrollo Económico, conforme a sus competencias.
Dichas entidades coordinarán con los Ministerios de Ambiente, de Agricultura, INCODER, la CAR y la Gobernación de Cundinamarca, las acciones pertinentes para el impulso de zonas de reserva campesinas y demás formas de gestión social y ambiental del territorio.
El proceso de participación de las organizaciones campesinas será acompañado por la Comisión Intersectorial de la Participación en los términos del Decreto 546 de 2007 y conforme a lo establecido en el Decreto 448 de 2007, del Sistema Distrital de Participación.
ARTÍCULO 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CELIO NIEVES HERRERA
Presidente
GLADYS GARCÍA HURTADO
Secretaría General
SAMUEL MORENO ROJAS
Presidente
GLADYS GARCÍA HURTADO
Secretaría General
SAMUEL MORENO ROJAS
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.
Tomado de: http://prensarural.org
miércoles, 6 de febrero de 2013
Guerra a la subsistencia
Tomado de: http://fensuagro.org
Suscribirse a:
Entradas (Atom)