¡ÉL VÍDEO QUE EL GOBIERNO COLOMBIANO NO QUIERE QUE VEAMOS!

Duro documental realizado por Bladimir Sanchez, donde muestra la crisis humanitaria que se vive en los campos colombianos

 

Alimentos orgánicos para los ricos, “transgénicos” para los pobres

Al terminar este año 2012 los autodenominados grandes productores de alimentos agrícolas se esforzaron como nunca en convencer al pueblo sobre la “urgente” necesidad de incursionar en el uso de la biotecnología para producir en mayores proporciones. En otras palabras, intentaron imponer su criterio de utilizar semillas genéticamente modificadas, para producir alimentos “transgénicos”.

Históricamente los grandes inventos científicos siempre fueron destinados inicialmente a los ricos y mucho después a los pobres. En el caso presente, es la primera vez que un gran invento es destinado inicialmente a los pobres.. “los alimentos transgénicos”. ¿Por qué será? Un conocido refrán dice que: “Cuando la limosna es muy grande, hasta el santo sospecha”.
Cuando en 1879 la luz eléctrica hizo su presencia, los más ricos aprovecharon inicialmente sus virtudes. Los más pobres no tienen hasta hoy ese beneficio en los tugurios de las ciudades y en las aldeas alejadas de nuestro continente y otros. Lo mismo ocurrió con trenes, automóviles, teléfonos y aviones. Los pobres siguen a pie.
Los alimentos transgénicos, son el primer gran invento universal destinado a los pobres, porque según se dice la población mundial está aumentando “demasiado” y los pobres son mayoría. En 1950 se contabilizaron 2.500 millones, en 1990 se duplico a 5.000 millones y este año se situó en 7.000 millones. Para 2050, seremos más de 9.000 millones. Los ricos están espantados.
La suerte está echada, los ricos van a los supermercados para comprar alimentos orgánicos y sin transgénicos. Para los pobres, se encuentran a la venta productos baratos, sin etiquetar, pero con transgénicos. Los aún más pobres reciben alimentos gratuitos con el denominativo de ayuda humanitaria, sobre todo soya y maíz transgénicos.
Hace un año, los “grandes” agricultores se comprometieron a sembrar solo entre 20 y 30% de soya transgénica, pero tras pisar y pasar, aquí estamos con la novedad de que toda la soya cultivada es biológicamente modificada. El total de un millón de hectáreas fueron sembradas con semillas transgénicas.
El escritor y geógrafo ucraniano Alex Dobrovolsky, escribió un artículo sobre los peligros de los tan propagandizados transgénicos y señala que “los ricos rechazan consumir transgénicos, destinándolos a los pobres, y esta es la señal de que estos alimentos son un fenómeno negativo y antisocial”.
Los entendidos señalan que la tecnología de los transgénicos hace que estas semillas no tengan memoria y solo sirven para la primera cosecha, pues en la segunda ya no se acuerdan de germinar. Es una tecnología “Terminator” (Exterminadora), son semillas Zombies, ya no saben si están vivas o muertas.
Estas semillas modificadas genéticamente son creadas para ser resistentes al agro tóxico, los insectos y las plagas. Cuando los campos son fumigados con glifosato, la maleza y cualquier otra planta se marchitan, pero la soya transgénica se encuentra intacta ¿Cómo ocurre?
Durante su transgenización, estas semillas recibieron, sin duda, alguna bacteria dentro de su código para que sean resistentes a los agro tóxicos, especialmente el glifosato. Las grandes transnacionales productoras de estas semillas, intentan de todas maneras convencernos de que son “alimentos”.
Dobrovolsky dice con mucha razón que si el glifosato y otros tremendamente fuertes agro tóxicos no pueden descomponer las moléculas de la planta transgénica, mucho menos podrá el jugo gástrico o el jugo hepático del animal o del hombre. Por estas sencillas razones, el organismo animal o del hombre será incapaz de absorber las sustancias denominadas “alimento” tan necesarias para la vida.
Si esto es así, los productos transgénicos tendrán como consecuencia, el hambre y sobre todo la desnutrición. Formalmente los estómagos de los pobres recibirán estos productos, pero no podrán absorberlos. Una segunda consecuencia negativa será la sobrecarga del estómago, el hígado y otros órganos cuyos jugos y fermentos no podrán descomponer las moléculas de los transgénicos, porque no pueden descomponerse.
Los agro productores que ya producen soya, anuncian que pronto lo harán con maíz, arroz y algodón transgénicos, todos resistentes a los insectos y al moho. Pero, esas semillas contienen en sus genes alguna bacteria toxica, por tanto las plantas transgénicas contienen el veneno que mata a los insectos y a las plagas bacterianas.
Es innegable que ese veneno termina siendo dañino para la salud, razón suficiente para tener la seguridad que esta tecnología infernal ha sido destinada en primer término a los pobres. Es preciso y urgente que los fabricantes de alimentos etiqueten sus productos para saber cuáles son o no transgénicos.
La población mundial, sigue creciendo y los pobres son mayoría. Un puñado de caprichosos dementes urgidos de más y más plata, siguen proponiendo, alimentos orgánicos para los ricos y transgénicos para los pobres.
Fortunato Esquivel / Barómetro Internacional
Tomado de: http://www.librered.net

Publicaciones de Interes sobre el Tema Agrario

Ley Alternativa de Reforma Agraria

Siguiendo el enlace de la parte superior, encontraran una importante publicación, sobre la construcción de una Ley alternativa para desarrollar nuevas políticas públicas en lo referente al tema agrario, cuyo origen esta en el trabajo arduo de organizaciones tales como FENSUAGRO, CUT, FSM y Vía Campesina, en Convenio con la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Gobierno del principado de Asturias y SoldePazpachacuti



Diagnostico situación de las y los trabajadores de Palma en el Magdalena Medio y Meta

Siguiendo el enlace de la parte superior, encontraran un estudio realizado por Rosa Ramirez Vargas, con el apoyo de Fensuagro, la Intersindical de la Agroindustria y la Alimentación, La Socialistische Solidariteit y la ABVV; el objetivo fundamental de este estudio, fue el identificar las condiciones laborales de los trabajadores palmeros y la incidencia de la subcontratación en la vulneración de sus derechos

La desaparición de las abejas en todo el mundo: un problema ecológico y económico

¿Debe preocuparnos la desaparición de las abejas? La respuesta es sí, y no solo porque sea un factor desestabilizador a nivel ecológico, sino porque también tiene su incidencia en la economía. La situación es mucho más grave que quedarse sin miel: la mayoría de los alimentos que consumimos, o muchas plantas que ofrecen servicios esenciales en los ecosistemas, no serían posibles sin la polinización de estos insectos. Insecticidas, productos químicos nocivos, hongos, parásitos, contaminación del aire o cambio climático son algunos de los factores que están acelerando este proceso, tal y como señalan desde Consumer.

Aunque es un hecho que viene ocurriendo desde hace medio siglo, fue en 2011 cuando, gracias a un amplio estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se destacó el hecho de que la población de abejas de la miel estaba sufriendo un descenso dramático en los últimos años. En Europa, los países más afectados son Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda, España y Reino Unido. En Estados Unidos, la pérdida de colonias de abejas les ha dejado desde 2004 con la menor capacidad polinizadora de los últimos 50 años.

Su papel como polinizadoras es clave en la naturaleza y en la economía: Achim Steiner, director ejecutivo del PNUMA, recuerda que de las cien especies de cultivos que proporcionan el 90% de la comida mundial, más del 70% se polinizan gracias a las abejas. En Europa, cerca de un 84% de los cultivos vegetales comerciales y un 80% de las plantas en estado salvaje dependen de la polinización de las abejas, según la Comisión Europea. La Unión Alemana de Apicultores estima en 22.000 millones de euros anuales las ganancias que posibilitan estos y otros insectos polinizadores.

¿Por qué desaparecen las abejas?

Insecticidas: dos recientes estudios publicados en la revista Science señalan que el uso extendido de los insecticidas neonicotinoides han afectado de forma negativa a las colonias de abejas y abejorros. Estos pesticidas, introducidos a principios de los años noventa del siglo pasado, se han generalizado para el control de plagas en los cultivos de todo el mundo.
Productos químicos: diversos estudios han demostrado que algunas sustancias pueden afectar al sentido de la orientación, la memoria o el metabolismo de las abejas.
Nosema Ceranae: la presencia de este hongo en las colmenas mata a las abejas y favorece otros factores letales para estos insectos, como el ácaro parásito Varroa. Así lo señalaba un estudio de la revista Applied and Environmental Microbiology.
Parásitos: además del mencionado Varroa, otros parásitos, como un pequeño escarabajo que daña las colmenas, causarían más daños que hace décadas.
Contaminación del aire: reduce la potencia de los mensajes químicos que emiten las flores y a las abejas y otros insectos les cuesta más localizarlas, según un estudio de la revista Atmospheric Environment. Sería un círculo vicioso: si no encuentran las flores no comen bien, mientras que las flores no se reproducen al no polinizarse.
Cambio climático: podría agravar la situación de varias formas, como la alteración en el tiempo de floración de las plantas o la cantidad y época de lluvias, que afectaría a la cantidad y calidad del néctar.
Especies invasoras: abejas de otras regiones, como la africana o la asiática, se han introducido en Estados Unidos y Europa, respectivamente, y dañan a las especies autóctonas.
Campos electromagnéticos: las emisiones de postes eléctricos podrían confundir a las abejas

Tomado de: http://www.20minutos.es

Entrando en materia (II)

Siguiendo con la entrega, va la segunda parte de este interesante análisis

Por: Alfredo Molano Bravo 

Leyendo lo que las Farc están poniendo sobre la mesa y creyendo que lo que proponen va en serio y no se trata de una pauta política electoral, hay que decir que ninguno de los puntos de la agenda agraria choca ni con la Constitución ni con tratados internacionales

Más aún, me parece que sus propuestas están muy cerca de las elaboradas por Naciones Unidas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y en especial en El campesinado. Reconocimiento para construir país. El eje de estas coincidencias es el desarrollo de las reservas campesinas, que, como se sabe, fueron creadas por la Ley 160 de 1994, durante el gobierno de Samper. En su origen se habló de “resguardos campesinos”, o sea de territorios donde se excluyera la concentración de la tierra, e inclusive se sugería, como complemento, una forma colectiva de propiedad. Esta última idea fue suprimida dada la negativa experiencia histórica de esta modalidad de producción en el país. En cambio, el Gobierno incluyó las zonas de desarrollo empresarial. De hecho, ambas figuras implicaban territorios definidos, alinderados y homogéneos. El desarrollo de estos principios habría debido permitir la reglamentación del título XI: “De la organización territorial”. La figura de reservas campesinas recibió un apoyo inmediato del Banco Mundial y de Naciones Unidas, pese a que el generalato consideró que eran repúblicas independientes. Más aún, Uribe la persiguió y de hecho ilegalizó la del río Cimitarra. Santos le devolvió la personería jurídica. A los grandes ganaderos tampoco les gusta la figura porque impide, según ellos, la vigencia de la ley de la oferta y demanda de tierras. La realidad es que la tierra no es cualquier mercancía.
Lo nuevo de la propuesta de las Farc es la idea de que las reservas campesinas sean territorios exclusivos o regiones donde puedan funcionar como entidades político-administrativas, quizá como municipios. O, por lo menos, con una relativa autonomía, similar a la de reservas indígenas o consejos comunitarios negros de Ley 70. Ello implicaría que también se les reconociera el derecho a la consulta y al consentimiento libre previo e informado. La administración Santos afronta hoy notables dificultades en la aplicación del Convenio 169 de la OIT porque las grandes empresas tienden a desconocer los intereses de las comunidades y ponen al Gobierno entre la espada y la pared. Y más del lado de la espada. Una locomotora como la minera, con un maquinista débil —como el ministro de Minas— y custodiada por un tanque de guerra manejado por el señor Pinzón, terminará atropellando a las comunidades y manteniendo viva la guerra. Para impedirlo, el Gobierno debería contemplar en igualdad de condiciones, como es su obligación constitucional, tanto los intereses de las comunidades como los de los empresarios. Lo que es tan obvio como difícil de respetar. De ahí que sea trascendental para una paz estable que se reglamente territorialmente el uso y la tenencia de la tierra.
Hay esperanza en el acuerdo. Tanto el Gobierno como las Farc han declarado que no hay obstáculos insuperables. El verdadero problema está en la conformación progresiva y a veces clandestina de una trinca cada día más soberbia y explícita formada por el uribismo, la gran ganadería latifundista —dueña y señora de 40 millones de hectáreas— y el poder creciente de Los Urabeños —y, sin duda, de las manzanas podridas—. En el plano judicial cada parte es independiente, pero en sentido histórico convergen en el mismo punto de fuga. Ese es el verdadero reto de Santos, de las Farc y del país. El resto es carpintería y literatura.
Punto aparte.
Hace un año comenzaba la temporada en la plaza de toros de Santamaría. Hoy hay, en lugar de arena, hielo y silencio en las graderías. El reloj está parado en las 6 de la tarde. El gobierno distrital está interesado en que los niños de los barrios populares de Bogotá aprendan a patinar sobre una pista helada para que puedan ir a pasar vacaciones de invierno en Winter Park (Utah), Big Sky (Montana) o en Jackson Hole (Wyoming). Como se dice, muy anglosajón el alcalde, tanto como el nombre de la actividad actual en la plaza: “Park on Ice”.

Tomado de: http://www.elespectador.com

Se desbordaron las importaciones de azúcar en 2012

                                                                      
Juan C. Domínguez
Economía y Negocios

Pese a un arancel del 15 %, la revaluación ha hecho más barato comprar en el exterior.

Ante el inusitado aumento de las importaciones de azúcar, Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), pidió al Gobierno poner en marcha cualquier medida de salvaguardia comercial.

Entre otroas, podrían ser un incremento a los aranceles o el cierre temporal de las importaciones, destacó el dirigente.
“Se trata de la mayor importacion de azúcar en la historia de esta agroindustria colombiana”, recalcó, al estimar en 310.000 toneladas las compras colombianas del endulzante en el 2012.
Londoño destacó a la revaluación del peso frente al dólar como el mayor culpable de que se haya presentado esta escalada de compras que comenzó en el 2004, cuando apenas eran de 37.853 toneladas, mientras la producción nacional sumaba 2,7 millones de toneladas.
Desde ese año, la producción azucarera ha caído 12,3 por ciento, mientras que las importaciones se han incrementado en 64,7 por ciento
Ahora, en el mercado azucarero se reconocen tres tipos de importadores: en primer lugar, los mayoristas, quienes colocan el producto en las centrales de abastos y plazas de mercado; le siguen los agroindustriales, que demandan el producto como materia prima, para la fabricación de todo tipo de alimentos dulces.
En tercer lugar, está el comercio en general, como las grandes superficies y las cadenas de supermercados.
Vale la pena destacar que en Colombia cualquier persona natural o jurídica puede importar azúcar, sin restricciones.
En cuestión arancelaria para el endulzante, en Colombia funciona el llamado Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), mediante el cual se protege la producción local incrementando los aranceles cuando el precio internacional baja, y viceversa, con la intención de que resulte de paridad importar o comprar la producción nacional.
Sin embargo, reconoció el presidente de Asocaña, la revaluación ha sido tan dañina para el sector azucarero, que –pese al arancel– sigue siendo barato comprar en el exterior, obviamente en detrimento de las ventas de los ingenios colombianos.
Precisamente, estas cayeron 6,2 por ciento en el 2012 frente a las del 2011, al bajar de 1,405 billones de pesos a 1,318 billones.
“En el pasado Consejo Gremial le dimos un campanazo de alerta al Gobierno por los efectos nocivos de la revaluación, en espera de que hoy el banco central decida comprar más dólares y aumentar sus reservas”, concluyó Londoño Capurro

Tomado de: http://www.portafolio.co

Zonas de Reserva Campesina

GeoRaizAL: seminario de Geografía crítica.
Mesa: Territorialidad, espacio y poder en América Latina

Universidad Externado de Colombia-Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, Septiembre 28 y 29, 2011
Dario Fajardo

Experiencias y perspectivas de las zonas de reserva campesina

En esta ponencia se presentan algunos elementos básicos sobre las  zonas de reserva campesina establecidos en la ley 160 de 1994, a partir de algunas referencias básicas a las experiencias en su organización y sus posibles alcances dentro de la perspectiva de las territorialidades para la vida propuesta para este seminario organizado por GeoRaizAL.

Un observador desprevenido del encuentro campesino realizado en Barrancabermeja Santander, a mediados del año 2011, posiblemente le sorprendería advertir los carteles de varias organizaciones campesinas pidiendo la creación de  una zona de reserva campesina en su territorio. En un evento similar realizado hace tres años, en la misma ciudad, también se pudieron observar estas peticiones. Este observado se preguntaría: qué son las “reservas campesinas?”, interrogantes que nos llevan a indagar entre muchas cosas por su historia.

De entrada hay que decir, que si bien la figura está consignada en la ley vigente de reforma agraria (160 de 1994) y existe un Comité de impulso de las zonas de reserva Campesina, en el que participan representantes de varias de estas iniciativas, su promotor más activo en estos dos encuentros ha sido la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), cuya gestión ha que permitió la constitución de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina.

La ley 160 de 1994 estableció el Sistema Nacional de Reforma agraria y dentro de ella, en su capítulo sobre colonizaciones definió escuetamente como zonas de reserva campesina: “Las zonas de colonización y aquellas en donde predominen los baldíos son ZRC” y señala que el entonces Instituto de la reforma agraria, INCORA, establecería las nomas y condiciones para la adjudicación de tierras en ellas. Posteriormente y por demanda de las movilizaciones se estableció la reglamentación de las mismas, abriendo la posibilidad de que se las declarara no solamente en áreas de baldíos sino en otros espacios de acuerdo con las necesidades sociales.

Esta figura territorial, en efecto, ha sobrevivido grandes y graves persecuciones y, tal vez por eso mismo posee un significado especial para muchas organizaciones de las gentes del campo. Digamos por ahora, que fue incorporada en esa ley como propuesta de los colonos, reglamentada y puesta en marcha por presión de marchas campesinas y casi ahogada por la persecución del gobierno anterior y de algunas de sus autoridades militares. Añadamos que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra recibió hace dos años el Premio Nacional de Paz, que permite plantear su experiencia organizativa como ejemplo de gestión de territorialidades  para la vida y la paz.

Los antecedentes

 La figura tiene un ya largo recorrido: una atenta historiadora, Martha Herrera en su disertación doctoral Ordenar para controlar[1] estudió los desarrollos del estado colonial para sojuzgar las comunidades de la Nueva Granada y encontró, dentro de las formas de resistencia de las comunidades las “rochelas”, territorios habitados por indios, mestizos, cimarrones y blancos pobres, libres de la administración española; estos asentamientos autónomos convivieron con los palenques de los negros fugados y habrían de retomar su sentido en los núcleos campesinos, “baluartes”, establecidos en las tierras al margen de las haciendas, ya en los primeros decenios del siglo XX.

 En esos años iniciales del siglo pasado la economía colombiana vivía las nuevas condiciones de su inserción en la economía mundial con precios al alza de su principal exportación, el café, e inversiones crecientes de capitales extranjeros en otros rubros de producción agrícola, en particular el banano y la extracción de petróleo; en las antiguas haciendas se endurecieron las relaciones entre los propietarios y los arrendatarios y otros trabajadores vinculados a ellas, al tiempo que entró a cuestionarse la legalidad de la ocupación de las tierras en muchas de ellas, lo que condujo a extendidos enfrentamientos entre los hacendados y los campesinos que alegaban su derecho a recibir títulos de las tierras que venían trabajando como baldíos de los que venían apropiándose los hacendados.

 Hasta entonces las políticas de tierras del estado colombiano habían oscilado entre el favorecimiento a la gran propiedad para requerir a cambio a los beneficiados inversiones en vías o el estímulo a la mediana propiedad para impulsar la formación de asentamientos campesinos. Ante las magnitudes de las usurpaciones de tierras por las haciendas y el  endurecimiento de los conflictos agrarios, a finales de 1928 el gobierno dictó el decreto 1110 dirigido a establecer colonias agrícolas para asegurar tierras a los campesinos.

 Esta medida dio piso legal a los asentamientos de colonos que se habían iniciado en las tierras en disputa con las haciendas y habrían de calar en la formación de la cultura política campesina[2]. En esos mismos años, como lo atestiguaron los trabajos de Orlando Fals Borda en los lomeríos del interior de la costa Caribe[3] los campesinos intensificaron la defensa de las tierras contra las presiones de los hacendados criollos y los inversionistas norteamericanos, dando paso a la creación de espacios de comunidad, llamados “baluartes”, en los que se configuraron experiencias de organización, educación y organización con notables liderazgos de mujeres.

 Las tensiones en torno a la modernización de la sociedad y la economía colombianas condujeron a una profunda crisis política a finales de la década de 1940; su desarrollo tomó el curso de una larga guerra civil resuelta por las élites con la imposición de un sistema político bipartidista y excluyente y el afianzamiento de un régimen agrario favorable a la gran propiedad. Durante la guerra, algunas comunidades campesinas organizaron territorios para su protección en áreas aisladas de las cordilleras, a las que denominaron “zonas de autodefensa campesina”; no obstante para ese entonces los Estados Unidos comenzaron a desplegar en Colombia la aplicación experimental de una estrategia contrainsurgente que fue conocida como “Plan LASO”: los territorios campesinos, señalados como “repúblicas independientes”, fueron el blanco de las acciones militares,  respondidas con la formación de organizaciones insurgentes armadas, con todo lo cual se inició la fase actual de la guerra en Colombia[4].

 A comienzos de los años 1980, en medio de los diálogos de paz establecidos por el Presidente Belisario Betancur, surgió un acuerdo entre el gobierno, los colonos y la insurgencia para poner en marcha un programa de desarrollo local en el río Caguán, en el departamento de Caquetá. El acuerdo conllevaba un cese al fuego bilateral, la atención del estado para estabilizar la colonización y el compromiso de los colonos de asumir prácticas productivas amigables con el medio ambiente; no obstante, la terminación de los diálogos interrumpió el acuerdo, cuyo desarrollo fue documentado en un estudio pionero de la Universidad Nacional sobre los procesos recientes de la ocupación del bosque húmedo en Colombia[5].

 A finales de esa  década y en medio de una investigación sobre la colonización de la Serranía de la Macarena, al norte del Caguán[6], el sociólogo Alfredo Molano recogió una propuesta de los colonos al gobierno para darle continuidad a esa experiencia. En ese momento ya se extendían sobre la región las acciones de terror del paramilitarismo dirigidas a desplazar a las comunidades de colonos; ante esa amenaza las comunidades pidieron la protección del Estado a través de la titulación de las tierras que ocupaban en medio de la reserva natural, para acordar con el gobierno programas de asistencia técnica productiva; por su parte, la comunidad se comprometía a realizar impulsar organizadamente un manejo adecuado del bosque, la fauna y los suelos.

 La propuesta se concretaría en la organización de las que entraron a llamarse Zonas de Reserva Campesina; fue incorporada en la ley 160, de reforma agraria, bajo la figura de zonas de reserva campesina, con el compromiso del estado de atender las necesidades de desarrollo agrícola de las comunidades. Poco después y bajo la presión de algunas movilizaciones campesinas en demanda de atención estatal el gobierno reglamentó la ley en lo referente a las Reservas a través del decreto 1777 de 1996 y el acuerdo del 24 de noviembre de ese mismo año y estableció las primeras de ellas, con carácter piloto, con la estrecha participación de sus organizaciones y la financiación del Banco Mundial como apoyo al proceso de paz[7].

 En desarrollo de un proyecto piloto se establecieron las reservas de El Pato (San Vicente del Caguán, Caquetá), con 1.500 familias, 38 veredas y 111.000 hectáreas; Calamar (Guaviare), con 450 familias, 11 veredas y 40.000 hectáreas y Cabrera (Cundinamarca), con 850 familias, 17 veredas y 44.000 hectáreas.

 A pesar de su corta duración, entre 1999 y 2002, el desarrollo de las primeras experiencias con esta figura territorial permitió apreciar la incidencia de la historia de cada comunidad en la configuración de cada reserva, así como  su potencialidad para estimular iniciativas de las organizaciones campesinas para identificar y jerarquizar problemas, plantear, gestionar y evaluar soluciones para los mismos.

Una de las comunidades con mayor experiencia en gestión política, la de Calamar en el Guaviare, potenció sus estructuras organizativas pre-existentes, las Juntas de Acción Comunal (o Juntas de colonos en el caso de la reserva de El Pato, Caquetá) y la organización de segundo nivel, las juntas interveredales, para llevar al Concejo municipal a través de sus representantes, el plan de inversiones o “plan de desarrollo rural”. La propuesta correspondía al plan con el que había sido reconocida la reserva campesina. Estas primeras experiencias fueron evaluadas por la Universidad Javeriana.

 Las reservas así organizadas tuvieron una corta duración. Al terminar este nuevo proceso de paz, el gobierno señaló a las organizaciones responsables como aliadas de la subversión, judicializando y encarcelando a sus dirigentes. Los proyectos que se adelantaban en ellas fueron suspendidos y en el caso de la Reserva del Río Cimitarra, por decisión del presidente de la república y del ministro de agricultura, celosamente aplicada por el mando militar local se pretendió revocar su constitución.

Sin embargo, la organización, constituida como Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra continuó impulsando sus principales proyectos relacionados con el fortalecimiento de su base económica, la sustentación económica de la solidaridad y el abastecimiento alimentario. La reserva comprende 134 veredas de cuatro municipios con una población de 35.800 personas.

Colateralmente ha continuado el desarrollo de su fortalecimiento político dentro de las comunidades que la componen, con otras organizaciones campesinas, en particular con las relacionadas con las reservas campesinas y con organizaciones del exterior como Vía Campesina.

Mirando hacia adelante

En el contexto inmediato es necesario apreciar dos tipos de señales en la política agraria: de una parte, la discursiva oficial con referencias insistentes a la preocupación del gobierno en torno a la restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado y la titulación masiva de predios como medida para frenar el desplazamiento forzado.

De otra, las líneas de la política agraria planteadas establecidas en el Plan de desarrollo y contempladas en la “locomotora” agraria, las cuales insisten en la priorización de los “cultivos promisorios” del gobierno anterior, el impulso a las “Áreas de desarrollo rural”, así como la perspectiva de la empresarización como única alternativa para los campesinos.

La propuesta de las “Áreas de desarrollo rural” contempla la focalización de inversiones en espacios relativamente homogéneos y contiguos, en los cuales se trataría de “racionalizar” el gasto público, estimular la inversión privada, afianzar la descentralización y consolidar la “seguridad democrática”.

Como parte de la estrategia de desarrollo agrario se articulan varias propuestas:

• Las “alianzas productivas”, con pobres resultados para los campesinos, de acuerdo con la evaluación del gremio de los empresarios palmeros FEDEPALMA

• La “palma campesina” del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que impulsa los contratos de venta de los frutos de palma producidos por campesinos a las empresas procesadoras. Esta iniciativa se ha tratado de contraponer a la propuesta de la Reserva Campesina en marcha adelantada en el valle del río Cimitarra

• La propuesta de establecer reservas campesinas en la región de Montes de María, en medio de una zona de consolidación y de los extensos terrenos adquiridos por empresarios para distintos desarrollos agrícolas y mineros. Para poner en marcha esta propuesta el gobierno está estableciendo una organización campesina “ad hoc” dispuesta a actuar dentro del marco de la zona de consolidación y de las condiciones que fijen los empresarios, según lo manifestó uno de sus dirigentes.

Conclusiones

Genera preocupación esta iniciativa al tener en cuenta la información de la ONG CODHES según la cual “de un total aproximado de 280 mil personas desplazadas en 2010, el 32.7%, es decir 91.500, provenían de las llamadas zonas de consolidación[8].

Se han configurado entonces dos propuestas: de una parte, la construida por comunidades campesinas a lo largo de nuestra historia, en condiciones siempre difíciles y generalmente bajo las presiones de la guerra. De otra, la dominada por la gran propiedad, apoyada por el estado y hoy inscrita en la tendencia hacia la llamada “relocalización de la agricultura a escala mundial”.

No quiero dejar de lado algunos resultados incipientes del programa de investigaciones de la Universidad Externado de Colombia, los cuales ilustran las dos propuestas: de una parte, el estudio de Liliana García sobre la Reserva Campesina del valle del río Cimitarra y sus experiencias en proyectos de producción para el abastecimiento alimentario y el afianzamiento territorial de las comunidades; de otra, la de Laura Escobar sobre la implantación de un complejo agrícola y pecuario en tierras usurpadas a las comunidades del Bajo Atrato, entre Antioquia y Chocó, con acciones ejecutadas por el ejército con apoyo paramilitar, para establecer plantaciones financiadas con fondos estatales y e la cooperación internacional.

Sobre las perspectivas de las reservas campesinas como “espacios de vida” gravitan, de una parte las tendencias mencionadas con las cuales se identifican en términos generales las fuerzas del capital transnacional y el empresariado del país.

De otra parte, los propios desarrollos de la economía mundial que hacen inciertos los mercados de alimentos con los que se suplirían los mercados nacionales hoy afectados por el desabastecimiento causado por la guerra y por las crecientes importaciones a las que ha debido recurrir Colombia.

Ante estas incertidumbres, el eventual afianzamiento de las economías campesinas tendrá que nutrirse de un mundo rural aún pujante y difícilmente sustituible en una economía a la cual se diagnostica una crisis de largos alcances.

Cuentan a su favor la persistencia y el arraigo de las comunidades campesinas, sus capacidades de articulación a los mercados y como condición obligatoria, cambios en las correlaciones de fuerzas que permitan confrontar con éxito las asimetrías en las que se ha sustentado nuestro “modelo de desarrollo”

[1] Martha Herrera A. Ordenar para controlar, ICANH, Bogotá, 2002

[2] Laura Varela M., Yuri Romero P., Surcando amaneceres. Historia de Los Agrarios de Sumapaz y Oriente del Tolima, Universidad Antonio Nariño, Bogotá, 2007; Laura Varela M., Deyanira Duque O., Juan de la Cruz Varela entre la historia y la memoria, Universidad Antonio Nariño, Bogotá, 2010; Rocío Londoño B., Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 2011

[3] Orlando Fals Borda, Retorno a la tierra. Historia doble de la Costa, (tomo IV), Carlos Valencia Editores, Bogotá,1986

[4] Diego Otero P. El papel de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. De la doctrina Monroe a la cesión de siete bases militares, Ediciones Aurora, Bogotá, 2010

[5] Jaime E. Jaramillo, Leonidas Mora, Fernando Cubides, Colonización ,coca y guerrilla, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1986

[6] Alfredo Molano, Darío Fajardo, Julio Carrizosa, Fernando Rozo, Yo le digo una de las cosas…La colonización de la reserva de La Macarena, Fondo FEN Colombia/Corporación Araracuara, Bogotá, (s.f.)

[7] Ver Marc Chernick,

[8] CODHES, Boletín Informativo N°77. Bogotá, 15 de febrero de 2011

Tomado de: http://www.georaizal.org