David Baracaldo Orjuela
El debate sobre la creación de Zonas de Reserva Campesina en Colombia
es sin duda una de las discusiones más calientes y controvertidas en la
actualidad nacional. De alguna forma, las exigencias de las Farc de
incluir esta figura en la reforma rural integral que se cocina en el
proceso de paz en Cuba, y al ser éstas una de las banderas de las
protestas en el Catatumbo que ya cumplen casi dos meses bajo acusaciones
de estar alentadas por la subversión, han creado alrededor del tema un
clima de desconfianza sobre el propósito real que cumplen dichos
territorios consagrados en la ley.
Precisamente el desconocimiento sobre el espíritu original que
persiguen las Zonas de Reserva Campesina, e incluso el no considerar que
ya existen en Colombia seis de estas áreas geográficas que en su
mayoría han tenido experiencias positivas, provoca rechazo inmediato al
ser promovidas por las Farc, que cabe decir no son los naturales
artífices del concepto.
KienyKe habló con quienes dieron origen a las Zonas de Reserva
Campesina (ZRC), las reglamentaron y acompañaron en su consolidación.
José Antonio Ocampo era el ministro de Agricultura en 1994, durante el
gobierno de César Gaviria, y fue el autor de la Ley de Reforma Agraria
que se convirtió en la Ley 160 de 1994, que crea la figura de las ZRC.
El gobierno de Ernesto Samper se encargó de reglamentarla, y el asesor
del IICA Darío Fajardo ha acompañado en su implementación y en la
consecución de recursos internacionales para que se crearan varias de
las reservas que hoy existen. Los tres defendieron su idea a capa y
espada. “Es como si fueran mis hijas”, dijo Samper. “Creo que mejor esas
sí son hijas mías, porque yo las cree”, respondió Ocampo.
¿Qué pretendían con la creación de una zona de reserva campesina?
El exministro José Antonio Ocampo se atribuyó la autoría de las Zonas
de Reserva Campesina. Recordó que las planteó al Congreso que la aprobó
finalizando la primera legislatura del 94, a meses de finalizar el
gobierno de César Gaviria, y de paso, su función como jefe de la cartera
agrícola. Recordó que sólo perseguía un propósito con ese elemento
dentro de la reforma agraria: “Proteger al pequeño campesino”. Agrega
que las ZRC buscan evitar la concentración de la tierra en pocas manos
(latifundios) en territorios baldíos o del Estado. “Queríamos cortar de
tajo un proceso que se había dado históricamente, de que la pequeña
propiedad resultaba concentrándose y desapareciendo”.
En términos claros, ¿qué es una Zona de Reserva Campesina?
Una definición sencilla la expresó Darío Fajardo, también docente e
investigador de la Universidad Nacional. “Es un grupo de veredas,
territorios rurales autorizados por el Estado, donde viven familias que
se organizan a través de una figura llamada Junta de Acción Comunal. Hay
vínculos entre esas juntas, con las autoridades municipales y el
Estado. En esas reservas varias instituciones aportan a proyectos de
desarrollo: actividades agropecuarias, mejoramiento de infraestructura,
financiamiento empresarial. Ellos en su interior se comprometen a cuidar
la flora, la fauna y todos los recursos, y a respetar la ley”.
En el pasado, ¿hubo algún intento por crear estos territorios con reformas agrarias?
El profesor Fajardo recuerda que a comienzos del siglo XX el Gobierno
produjo el decreto 1110 de 1928 que establece la figura de las Colonias
Agrícolas. “Abrió la posibilidad de crear asentamientos campesinos. Fue
un hecho histórico para los campesinos, pues les titulaban tierras y
tenían territorialidad propia como la de los indígenas. Pero esa
política no avanzó mucho más”. La deuda histórica con los labriegos sin
tierra se acentuó en la década de los 30 y fueron varios decenios en los
que el campo se siguió concentrando, incluso de manera vertiginosa
durante la época de la violencia. En resumidas cuentas, fue hasta 1990
cuando se retomaron las ideas para generar unidades agrícolas para
familias campesinas, y entre los iniciales creadores da crédito a
Alfredo Molano. Pero fue cuatro años más tarde cuando el entonces
ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, planteó la creación de las
ZRC en una reforma agraria, que fue reglamentada después por el
presidente Ernesto Samper Pizano.
¿Han funcionado las seis Zonas de Reserva Campesina que existen en Colombia?
Entre 1997 y diciembre de 2002 fueron determinadas seis áreas en el
país como Zonas de Reserva Campesina. Hay una en Calamar (Guaviare) de
469 mil hectáreas; en El Pato (Caquetá) de 145 mil hectáreas; fue
constituida una en Cabrera (Cundinamarca); también existe una ZRC en el
Sur de Bolívar, municipios de Arenal y Morales, con 29 mil hectáreas;
además una en el Valle del Río Cimitarra, que comprende territorios de
Yondó y Remedios (Antioquia); y una última en el Alto Cuembí del
municipio de Puerto Asís (Putumayo) con 22 mil hectáreas.
Darío Fajardo destaca como “caso exitoso a pesar de las dificultades”
la experiencia en el Valle del río Cimitarra. “Convergen veredas de
varios departamentos y las familias que los ocupan son muy organizadas.
Tienen una zona de protección ambiental. Cuidan mucho las fuentes
hídricas, los bosques, la fauna, la flora. Tienen proyectos productivos:
una bufalera famosa, producción alimenticia y otras experiencias
agropecuarias. La complicación tiene que ver con la expansión desde el
norte de grandes haciendas ganaderas y el crecimiento de zonas mineras”.
También destaca la experiencia de la ZRC en El Pato que, asegura,
inició como una iniciativa ambiental. Los inconvenientes que han tenido
otras regiones, como la de Calamar, tienen que ver con el asedio de
empresarios que compran terrenos para cultivos de palma. La de Cabrera
no alcanzó a tener suficiente desarrollo, pues las familias ya tenían
otras visiones productivas y han preferido actuar de la mano con el
municipio de Cabrera.
Para el expresidente Samper, las ZRC que se han constituido en
principio sí han dado resultados, y culpa a la “falta de diligencia del
Estado” los inconvenientes que algunas han sorteado. “Hay un millón de
hectáreas en este momento en las que se ha constituido las ZRC, y allí
viven 500 mil campesinos, de tal manera que es una población objetivo
muy importante”.
¿Es correcto que llamen a las ZRC ‘caguancitos’ o ‘republiquetas independientes’?
El exministro José Antonio Ocampo, autor de la reforma que le dio
vida a las ZRC, rechaza dicho tipo de acusaciones e indica que los
supuestos propósitos de crear territorios con alguna independencia
administrativa o política son falsos. “Nunca fue el espíritu de la Ley.
Queríamos proteger la pequeña propiedad, más no darle autonomía
administrativa. Lo que pasa es que han surgido satanizaciones a otro
tipo de propuestas que se han investigado pero que no tienen que ver con
las ZRC como tal”.
Más vehemente se expresó el exmandatario Samper. “Es una apreciación
absurda. Las ZRC se constituyen para sacar a la población campesina del
conflicto. En ninguna parte, ni en las leyes ni reglamentaciones, existe
la disposición de que no pueda haber presencia de fuerza pública en las
zonas. En cambio las zonas de reserva son antídoto contra los caguanes,
no son caguanes”.
¿Por qué es tan incómodo para el gobierno hablar de ZRC? ¿A qué se debe esta estigmatización?
KienyKe hizo solicitudes para entrevista sobre este tema con algún
funcionario en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),
entidad encargada de definir los territorios que serán otorgados a las
ZRC. La institución respondió que una declaración al respecto “no la
quiere manejar en estos momentos públicamente el Incoder y que cualquier
intención en ese sentido es mejor enfocarla con el Ministerio de
Agricultura”. El hermetismo al respecto tiene que ver con la
sensibilidad del tema respecto a la actual crisis en el Catatumbo, y que
dicha figura es usada por las Farc como tema de discusión en una
eventual reforma rural integral resultante de los diálogos de paz en
Cuba. Para el expresidente Samper ha surgido todo un ‘tabú’ y
‘satanización’ sobre las zonas de reserva que no da lugar al espíritu
original de la iniciativa. “ El hecho de que se hable en La Habana de
ZRC no debe ser un obstáculo para que se sigan considerando y aprobando
las zonas que están plenamente justificadas. A lo mejor no aprobar todas
las que propone las Farc, pero sí hay unas áreas del país que han sido
particularmente afectadas por la violencia que necesitan una atención
inmediata, y una de ellas es sin duda la zona del Catatumbo en Tibú”,
dijo.
¿Justifican la creación de una ZRC en la región del Catatumbo, donde los campesinos lo están exigiendo desde hace dos meses?
El exministro Ocampo, actual docente en la Universidad de Columbia
(EUA), considera que el resultado favorable de las regiones actualmente
determinadas como ZRC da pie a que se puedan seguir autorizando más de
estos territorios, incluyendo en el Catatumbo. “Si la figura de la
Reserva Campesina se refiere al concepto de la Ley 160, que busca
proteger al pequeño campesino, bien puede ser figura en el Catatumbo, en
tanto no tenga ninguna interpretación diferente. Me gustaría que todos
los partidos colombianos estuvieran detrás de esta idea, porque es muy
buena idea. Me parece bien que las Farc lo hayan acogido, pero que sea
la idea que planteamos originalmente, una región donde se proteja la
pequeña propiedad”, sostuvo.
Pero el profesor Fajardo identifica “palos en la rueda” para que
pueda declararse en esta región de Norte de Santander una ZRC, e incluso
otras nuevas en más lugares del país. “Hay sectores que tienen fuerza
política y que no simpatizan con la reserva porque en el modelo
económico que tiene el país serían un freno a un proceso de
desplazamiento campesino, con el que ciertos grupos consiguen tierras
gratuitas. Y con este proceso de tierra hay cerca de 5 millones de
personas desplazadas, y se convierten en mano de obra barata. Una ZRC
sería un freno a sus intereses”.
¿Una ZRC podría hacer perder el control del Estado en su interior?
No-
dice Samper- La Constitución de Colombia solamente permite que haya
autonomía territorial en dos casos como las reservas indígenas. Las ZRC
fueron implementadas precisamente para que la fuerza pública pueda
organizar la protección de colectivos como campesinos en áreas donde la
presencia de latifundios en el pasado les permitió a los armados
ilegales del conflicto, como los paramilitares o la guerrilla, polarizar
e intimidar a los campesinos. Las zonas son el mejor antídoto para que
la gente tenga sus tierras con la presencia de la fuerza pública.
¿Tendrá Colombia que abrirse al debate sobre la consolidación
de más ZRC, ahora que las proponen las Farc como parte del proceso de
paz?
Responde de manera afirmativa el expresidente Ernesto Samper.
“Entiendo que en los preacuerdos que ya se han hecho sobre el tema
agrario, uno de los principios fundamentales del nuevo modelo es el que
se cuece por la creación de nuevas figuras entre las cuales están el
caso de las ZRC. Estamos entre un modelo agrario que piensen en un campo
sin campesinos, que era lo del Agro Ingreso Seguro, hasta un campo
totalmente para los campesinos que eran los mismos procesos de la
reforma agraria. Aquí hay una forma consistente de hacer cazar los dos
intereses, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo que se trata es de
favorecer los intereses de los campesinos afectados por la violencia”.
Twitter: @david_baracaldo
Tomado de: Agencia de Prensa Rural
Perteneciente al Centro de Estudios e investigaciones Sociales, busca Comunicar y difundir trabajos y documentos sobre el tema agrario
sábado, 19 de octubre de 2013
Denuncia Internacional desde el Cauca
No puede ser que la respuesta del
Gobierno a las necesidade del pueblo Colombiano sea siempre y solamente
la represión, les queremos compartir este video, como una forma de
seguir denunciando los atropellos contra el INDIGENAS Y CAMPESINOS que se levantan para exigir los derechos que les han sido negados
¡NINGÚN COLOMBIANO ES BLANCO LEGITIMO!
¡QUE VIVAN LOS INDIGENAS!
¡QUE VIVAN LOS CAMPESINOS!
¡QUE VIVA EL BRAVO PUEBLO COLOMBIANO!
jueves, 17 de octubre de 2013
Mesa Sectorial de Dignidad Agropecuaria
Queremos compartir con ustedes el comunicado donde se levanta la Mesa sectorial de Dignidad Agripecuaria, debido a las constantes dilaciones y poca seriedad del Gobierno nacional frente a las problemáticas campesinas
jueves, 10 de octubre de 2013
Efectos de la fumigaciones en el Putumayo
La antropóloga Kristina Lyon de Estados Unidos aportó como insumo para la mesa de diálogo entre MIA y gobierno estas fotografías que demuestran los efectos de las fumigaciones en los cultivos de pancoger y productivos en el departamento del Putumayo. Puerto Asís, 10 de octubre de 2013
Fuente: Marcha Patriotica
Las Mujeres en el Paro Campesino del Catatumbo
miércoles, 2 de octubre de 2013
Asesinada defensora de derechos y lideresa campesina del macizo colombiano
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional el vil asesinato de la defensora de derechos humanos y lidereza campesina ADELINDA GOMEZ GAVIRIA, quien hacía parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y fue asesinada el día de ayer, 30 de septiembre en la vereda Cortaderas del municipio de Almaguer Cauca.
ADELINDA GOMEZ GAVIRIA de 36 años de edad y madre de tres hijos, era una defensora de derechos humanos y lideresa campesina que dedicó su vida al trabajo comunitario, hacía parte del Proceso de Mujeres Maciceñas del CIMA y en el último tiempo impulsó, entre otras tareas, el FORO MINERO Y AMBIENTAL en el municipio de Almaguer en el que participaron alrededor de 1.500 campesinos e indígenas. ADELINDA GOMEZ fue asesinada el día de ayer, 30 de septiembre hacia las 8:30 p.m. luego de participar en una reunión de mujeres en la vereda Cortaderas Almaguer cuando se dirigía a su casa; ella y su hijo de 16 años fueron abordados por dos por sicarios que les dispararon causándole la muerte a ADELINDA quien recibió cinco impactos de bala, e hiriendo a WILSON PIPICANO quien en este momento se encuentra en delicado estado de salud en la Clínica La Estancia de la ciudad de Popayán. Es de anotar, que ADELINDA había recibido amenazas un mes atrás vía telefónica en donde desconocidos le manifestaron “deje de joder con esa cosa de la minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar”.
Las organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca llamamos la atención del Gobierno Colombiano sobre la difícil situación de derechos humanos que viven hoy las mujeres en el departamento y la situación de quienes ejercen la labor de defensa de los derechos. El observatorio de Derechos Humanos y DIH de la RED, registra en lo que va corrido de este año, el homicidio de 15 mujeres en el Cauca, el 40% de éstos hechos en el macizo colombiano, entre ellas dos lideresas campesinas, y el homicidio de 14 líderes sociales defensores de los derechos humanos en hechos presentados fundamentalmente en zonas rurales de este departamento. De igual manera, el registro de 12 amenazas individuales contra defensores, 5 de ellas mujeres.
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca se solidariza con la familia de ADELINDA GOMEZ GAVIRIA y la comunidad de Cortaderas, así como también con el Proceso de Mujeres Maciceñas del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, e invitan a las organizaciones sociales hermanas y los organismos de DDHH a solidarizarse y pronunciarse ante este repudiable hecho y ante la difícil situación de las mujeres y los defensores y defensoras de los derechos humanos del departamento del La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca insta al Estado Colombiano y sus instituciones para que investiguen y judicialicen a los responsables de este hecho, a adelantar acciones de prevención de las violencias y protección a las mujeres, así como a garantizar la labor de defensa de los derechos humanos.
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca
Cima –Cric – Mcc-Codesco - Acader
Ruta Pacífica de las Mujeres - Ordeurca Ascap - Cococauca
Popayán, 1 de octubre de 2013.
Tomado de: nasaacin.org
martes, 1 de octubre de 2013
Zonas de Reserva Campesina en riesgo de desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc
/ Lunes 30 de septiembre de 2013
Lo que no han logrado ni los ilegales señalamientos públicos del
Ministerio de Defensa, ni el lobby de los latifundistas palmeros o
ganaderos; lo que no pudo hacer Álvaro Uribe Vélez en 8 años de mal
gobierno, puede ser perpetrado de un plumazo por una eventual sentencia
de la Corte Constitucional que falle sobre la constitucionalidad de los
artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley 160 de 1994, que han dado
vida jurídica a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), y que hoy se
encuentran demandados por su presunta inconstitucionalidad.
Un fallo de la Corte Constitucional que declare a estos artículos como contrarios al régimen constitucional, dejaría sin piso jurídico un instrumento legal en el que millones de campesinas y campesinos han encontrado la posibilidad de materializar sus históricas exigencias de reconocimiento a su territorialidad, de justicia social, de sus derechos culturales, políticos, económicos y sociales, y en el que el país tiene una posibilidad de gestión sostenible de las áreas rurales hasta ahora en abandono.
La acción fue presentada por el ciudadano Edwar Álvarez Vacca, quién es un reconocido “gerente” de temas ambientales y étnicos, un aliado del Uribismo en sus intervenciones en la Sierra Nevada y antes que nada, alguien a quién el mismo Álvaro Uribe le está inmensamente “agradecido”. El señor Álvarez ha fungido como activista político desde hace varias décadas, sin embargo, durante el gobierno Uribe se destacó por su trabajo mancomunado con el delfín conservador Luis Eduardo Hoyos, en particular cuando el señor Álvarez fue designado como el “Gerente del Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Acción Social.” Ver Agradecimientos de Álvaro Uribe a Edwar Álvarez
Con la demanda de inconstitucionalidad contra las Zonas de Reserva Campesina, los sectores políticos y económicos aferrados violentamente a la concentración de la tierra y en general a la injusticia que los favorece, pretenden lograr lo que ni el mismo presidente del Ubérrimo logró mediante falsos positivos, montajes judiciales entre otras maniobras represivas: desaparecer una de las pocas herramientas de reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace al campesinado luchando a través de la movilización campesina. Esta demanda se une a los fieros intentos de quebrar los escasos frenos legales al latifundio, como el proyecto de ley que permite la acumulación de baldíos, que con júbilo recientemente el agroempresario y acaparador de tierras, Ministro de Agricultura, anuncia convocando a sus colegas a unirse a defender sus privilegios.Ver Proyecto de Ley sobre baldíos que permitirá la acumulación de “UAF”
La acción pública tiene como fundamento la falta de consulta previa a comunidades indígenas. Argumento que no sólo desconoce la materialidad de los acuerdos interculturales en los territorios, sino que reproduce la idea de que los campesinos colonos, desplazados de los valles interandinos por la violencia latifundista, son una amenaza para los pueblos indígenas del país. A la fecha la Corte Constitucional no ha invitado formalmente a participar en el debate jurídico a ninguna organización campesina, tampoco ha sido convocada la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
Ahora, después de siglos de violencia y persecución a las clases campesinas, después de décadas de terror de Estado contra el campesinado, después de 8 años de persecución mafiosa desde el Palacio de Nariño a las ZRC, no es de extrañar que los poderosos ataquen al pueblo Colombiano. Lo que si nos ha causado extrañeza, es el hecho de que líderes indígenas como Luis Fernando Arias, quién actualmente funge como presidente y representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC- hayan coadyuvado la petición del “ex-gerente” Álvarez, y que peor aún, hayan corroborado la tesis de que, el campesinado que pide vida digna, que pide que se le reconozcan sus derechos, que pide que se le reconozca su identidad y sobre todo, que exige limitaciones al latifundio, es una “amenaza” para los pueblos indígenas.
Esta intervención causa especial extrañeza, teniendo en cuenta que la ONIC manifestó su solidaridad con la movilización del campesinado del Catatumbo, que en meses pasados, exigió la constitución de una ZRC en la región. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la posición de la ONIC frente al campesinado? Esperamos abrir espacios de diálogo que permitan avanzar en la propuesta de múltiples territorialidades interculturales que recojan a indígenas, afro-descendientes y campesinos. Ver Comunicado ONIC en solidaridad con campesinos del Catatumbo
Por ende, queremos hacer una invitación fraternal a:
Los pueblos, comunidades, organizaciones y dirigentes indígenas, para que no reproduzcamos la división a favor de los terratenientes, para que no hagamos eco de las visiones disminuidas de unos u otros; al fin y al cabo, todos y todas, indígenas y campesinos, hemos sido y seremos los hermanos, hermanas; guardianes de la soberanía alimentaria de la nación, de la conservación ambiental de los territorios, de la diversidad económica y cultural de nuestra América. Hermanémonos en nuestras luchas contra el latifundismo unidimensional capitalista, hermanémonos en la construcción de múltiples modelos de territorialidad intercultural, hermanémonos en la resistencia.
A los campesinos, campesinas y simpatizantes de la figura de la ZRC, para que nos demos cita en la defensa de la ZRC, para que construyamos caminos de unidad intercultural y para que nos manifestemos en un plantón en la Corte Constitucional el día viernes 4 de octubre desde las 11 de la mañana.
A la Corte Constitucional, para que reconozca, respete y coadyuve los distintos procesos de construcción de paz desde el campesinado, para que se sume a la defensa de los principios constitucionales de la diversidad cultural y a que reconozca que esta es más que la reproducción del indigenismo arqueológico que disminuye a nuestras comunidades indígenas y que crea conflictos en los territorios donde antes habían lazos de hermandad intercultural.
Un fallo de la Corte Constitucional que declare a estos artículos como contrarios al régimen constitucional, dejaría sin piso jurídico un instrumento legal en el que millones de campesinas y campesinos han encontrado la posibilidad de materializar sus históricas exigencias de reconocimiento a su territorialidad, de justicia social, de sus derechos culturales, políticos, económicos y sociales, y en el que el país tiene una posibilidad de gestión sostenible de las áreas rurales hasta ahora en abandono.
La acción fue presentada por el ciudadano Edwar Álvarez Vacca, quién es un reconocido “gerente” de temas ambientales y étnicos, un aliado del Uribismo en sus intervenciones en la Sierra Nevada y antes que nada, alguien a quién el mismo Álvaro Uribe le está inmensamente “agradecido”. El señor Álvarez ha fungido como activista político desde hace varias décadas, sin embargo, durante el gobierno Uribe se destacó por su trabajo mancomunado con el delfín conservador Luis Eduardo Hoyos, en particular cuando el señor Álvarez fue designado como el “Gerente del Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Acción Social.” Ver Agradecimientos de Álvaro Uribe a Edwar Álvarez
Con la demanda de inconstitucionalidad contra las Zonas de Reserva Campesina, los sectores políticos y económicos aferrados violentamente a la concentración de la tierra y en general a la injusticia que los favorece, pretenden lograr lo que ni el mismo presidente del Ubérrimo logró mediante falsos positivos, montajes judiciales entre otras maniobras represivas: desaparecer una de las pocas herramientas de reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace al campesinado luchando a través de la movilización campesina. Esta demanda se une a los fieros intentos de quebrar los escasos frenos legales al latifundio, como el proyecto de ley que permite la acumulación de baldíos, que con júbilo recientemente el agroempresario y acaparador de tierras, Ministro de Agricultura, anuncia convocando a sus colegas a unirse a defender sus privilegios.Ver Proyecto de Ley sobre baldíos que permitirá la acumulación de “UAF”
La acción pública tiene como fundamento la falta de consulta previa a comunidades indígenas. Argumento que no sólo desconoce la materialidad de los acuerdos interculturales en los territorios, sino que reproduce la idea de que los campesinos colonos, desplazados de los valles interandinos por la violencia latifundista, son una amenaza para los pueblos indígenas del país. A la fecha la Corte Constitucional no ha invitado formalmente a participar en el debate jurídico a ninguna organización campesina, tampoco ha sido convocada la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
Ahora, después de siglos de violencia y persecución a las clases campesinas, después de décadas de terror de Estado contra el campesinado, después de 8 años de persecución mafiosa desde el Palacio de Nariño a las ZRC, no es de extrañar que los poderosos ataquen al pueblo Colombiano. Lo que si nos ha causado extrañeza, es el hecho de que líderes indígenas como Luis Fernando Arias, quién actualmente funge como presidente y representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC- hayan coadyuvado la petición del “ex-gerente” Álvarez, y que peor aún, hayan corroborado la tesis de que, el campesinado que pide vida digna, que pide que se le reconozcan sus derechos, que pide que se le reconozca su identidad y sobre todo, que exige limitaciones al latifundio, es una “amenaza” para los pueblos indígenas.
Esta intervención causa especial extrañeza, teniendo en cuenta que la ONIC manifestó su solidaridad con la movilización del campesinado del Catatumbo, que en meses pasados, exigió la constitución de una ZRC en la región. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la posición de la ONIC frente al campesinado? Esperamos abrir espacios de diálogo que permitan avanzar en la propuesta de múltiples territorialidades interculturales que recojan a indígenas, afro-descendientes y campesinos. Ver Comunicado ONIC en solidaridad con campesinos del Catatumbo
Por ende, queremos hacer una invitación fraternal a:
Los pueblos, comunidades, organizaciones y dirigentes indígenas, para que no reproduzcamos la división a favor de los terratenientes, para que no hagamos eco de las visiones disminuidas de unos u otros; al fin y al cabo, todos y todas, indígenas y campesinos, hemos sido y seremos los hermanos, hermanas; guardianes de la soberanía alimentaria de la nación, de la conservación ambiental de los territorios, de la diversidad económica y cultural de nuestra América. Hermanémonos en nuestras luchas contra el latifundismo unidimensional capitalista, hermanémonos en la construcción de múltiples modelos de territorialidad intercultural, hermanémonos en la resistencia.
A los campesinos, campesinas y simpatizantes de la figura de la ZRC, para que nos demos cita en la defensa de la ZRC, para que construyamos caminos de unidad intercultural y para que nos manifestemos en un plantón en la Corte Constitucional el día viernes 4 de octubre desde las 11 de la mañana.
A la Corte Constitucional, para que reconozca, respete y coadyuve los distintos procesos de construcción de paz desde el campesinado, para que se sume a la defensa de los principios constitucionales de la diversidad cultural y a que reconozca que esta es más que la reproducción del indigenismo arqueológico que disminuye a nuestras comunidades indígenas y que crea conflictos en los territorios donde antes habían lazos de hermandad intercultural.
Tomado de: Agencia de Prensa Rural
Suscribirse a:
Entradas (Atom)