¡ VIVA EL BRAVO PUEBLO DEL CATATUMBO!
¡ VIVAN NUESTROS CAMPESINOS!
miércoles, 26 de junio de 2013
Masacre en el Catatumbo, cuatro muertos y varios heridos a manos de la fuerza publica
Paramilitarismo y palma en el Catatumbo
Alfredo
Molano recorrió esa región de Norte de Santander para desenterrar el rastro de
la violencia y revelar el costo de las llamadas alianzas productivas.
I. Recordando a Luis Carlos Restrepo
El 5 de diciembre de 2004, Nicolás, al ver un
helicóptero verde del que descendieron dos generales, por mera precaución
—“porque uno ya no sabía quién era quién”— se tapó en una rastrojera. Los
militares miraron, midieron, y cuando se iban a ir, otro campesino corrió a ver
qué era el revuelo. Vamos a hacer un campamento para la desmovilización, le
dijeron los oficiales. Una palabra que la gente sólo entendió cuando llegaron
los primeros paramilitares. Los militares ya habían preparado el campo,
incluida la instalación de unos baños traídos por Luis Carlos Restrepo, alto
comisionado. Al día siguiente llegaron más paramilitares: 700 encabezados por
Mauro; luego el propio Mancuso con otros tantos. El 10 de diciembre aterrizaron
los generales, los obispos, los periodistas, los altos funcionarios y, claro,
los fotógrafos. Mancuso entregó una pistola Beretta 9 mm. Se desmovilizaron
1.434 y entregaron 1.115 armas.
Nicolás es un campesino de Ragonvalia que llegó a La
Gabarra a raspar coca en 1995. Ahorró unos pesos y se casó. Cuando llegó el
primer hijo trabajó en la hacienda Brisas del Sardinata. Por esos días, la
guerrilla había atacado el cuartel de Policía un par de veces y el Ejército
pasaba de tarde en tarde. Las Farc eran la ley; los comandantes, jueces y
alcaldes. Extorsionaban, cobraban impuestos a cocaleros, raspachines y
traquetos, aunque en Campo Dos la coca era cultivada en pequeña escala. La
guerrilla tenía instalado un retén para controlar el paso de pasajeros y
mercancía.
Cuando llegaron los paramilitares y la guerrilla huyó
—recuerda— reunieron al pueblo e informaron que, desde ahora, mandaban ellos.
Nicolás cuenta: “A las 5 de la mañana golpearon en mi casa. Me pusieron un
fusil en la cabeza: ‘Usted se muere hoy, hijueputa, rece y llore’”. Duré 24
horas amarrado esperando los tiros. No me mataron, pero tocó servirles: habían
llegado cien unidades de La Gabarra. Algunos guerrilleros se volvieron
informantes. Para afianzar su autoridad, mataron a un colaborador de la
guerrilla, arrastrándolo por el pueblo hasta que dejó de moverse. Estaban
acostumbrados a la sangre, venían de hacer la masacre de La Gabarra. Instalaron
un retén en el mismo lugar donde funcionaba el de la guerrilla.
II. El baño de sangre
El paramilitarismo en el Catatumbo hace parte de una
estrategia que tiene su origen en el Magdalena Medio, en Aguachica y San
Martín, Cesar. Después del Paro del Nororiente, la guerrilla tenía mucha
fuerza. La bonanza algodonera había hecho crisis, los recolectores quedaron
desempleados, el comercio se desplomó y los cultivos de marihuana y coca se
regaron. Ganaderos y comerciantes eran secuestrados; la guerrilla reclutaba
jóvenes sin trabajo. La situación se hizo insostenible para los empresarios.
Con apoyo de la Policía aparecieron Los Masetos, dirigidos por los hermanos
Prada. Se aliaron con Carlos Castaño, Mancuso y Jorge 40 para invadir el Catatumbo,
rico en coca, petróleo y contrabando. En la conformación de este bloque jugaron
un destacado papel el mayor del Ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel,
comandante de Aguachica, y un teniente del batallón Santander, de Ocaña. De una
finca cerca de Aguachica salieron, con la protección del Ejército y de la
Policía, en 7 camiones, 280 hombres armados hacia el Tarra, Tibú y La Gabarra.
Fue la época en que monseñor José de Jesús Quintero
Díaz, obispo de la diócesis, había sido secuestrado por el Epl. Los paramilitares
—recuerda Alcides, testigo presencial— llegaron vestidos de azul, muchos con
pasamontañas y fusiles. La luz se fue cuando entraron al hotel El Río y sacaron
a hombres y mujeres que —se supo después— eran negociantes de coca. Los
asesinaron en la oscuridad. El cura comenzó a tocar las campanas de la iglesia
con la esperanza de que el Ejército Nacional acudiera en auxilio. Nada oyeron.
No habían acabado de asesinar a la gente cuando volvió la luz. Entonces se
abrieron a sacar a los señalados de sus casas y a matarlos en las calles. El
cura tocó las campanas hasta el amanecer cuando recorrió el pueblo dando
extremaunciones. Contó 49 cadáveres y 112 desaparecidos, muchos de los cuales
tres días después bajaron destripados por el río. El mayor había dicho que eran
mejor los desaparecidos porque los muertos hacían mucha bulla. Se denunciaron
más de 200 desapariciones. A la masacre de La Gabarra de aquel día, 21 de
agosto de 1999, siguieron otras que permitieron a los paramilitares el control
total del Catatumbo, puerta oriental de un corredor que unió a Venezuela con
Urabá.
Según el informe del Colectivo Luis Carlos Pérez, los
paramilitares del bloque Catatumbo asesinaron a por los menos 11.200 personas;
desplazaron a más de 19.000 familias, entre 1998 y 2005, y cometieron 60
masacres. Los desaparecidos son 600, según 2.500 denuncias. Las víctimas pueden
ser 114.000. Semejante terror obligó a huir a unas 40.000 personas, según
Codhes [1]. Las organizaciones populares quedaron destrozadas, las relaciones sociales,
interrumpidas. La gente huía y la tierra quedaba expósita, sus precios se
desplomaron. Las ventas y permutas se generalizaron. Los que gozaban del amparo
paramilitar o de la fuerza pública hicieron fortuna. La composición de los
sectores poseedores se fue transformando a fondo. Se preparó así el terreno
para nuevos usos del suelo y nuevas formas de tenencia.
III. Irrumpe la palma
Tres años después de la llegada de los paramilitares
al Catatumbo nació el proyecto de palma de aceite, a través del programa
presidencial de sustitución de cultivos ilícitos, Plante, preparado desde 2001
[2], aunque en 1995 ya había sido anunciado. Un dirigente recuerda: “Los
campesinos de La Llana, La Soledad, Llano Grande, Campo Tres y Brisas
solicitamos al Ministerio de Agricultura la construcción de un minidistrito de
riego. El viceministro de esa época, Carlos Fernando Barco, dijo que ese era
muy costoso y que lo que se tenía preparado para 2005 era sembrar palma y caña
para producir biocombustibles”. En efecto, en casi esas mismas veredas del
corregimiento Campo Dos fueron instaladas 143 familias en 1.000 hectáreas como
proyecto piloto de sustitución de coca por palma, financiado por USAID, con una
inversión de 4.353 millones de pesos, cuyos operadores fueron Chemonics
—empresa química estadounidense— y la Cooperativa Palmas de Risaralda. Se
estrenaron así las tan cacareadas “alianzas productivas”, una idea que impuso
Carlos Murgas siendo ministro de Agricultura de Pastrana: se asociaba a los
campesinos con grandes productores o comercializadores de palma mediante pactos
económicos.
En Campo Dos, las 143 personas hicieron parte de la
Asociación Gremial de Productores de Palma Africana de Campo Dos, Asogpados.
Los socios no eran todos campesinos ni todos de la región. Y no todos los
campesinos cultivaban coca, se cultivaba maíz, arroz, cacao y se criaba ganado;
la coca era una actividad marginal en pequeña escala. Los cultivos grandes
estaban en La Gabarra, a ocho horas por carretera.
Promotora Hacienda Las Flores, de propiedad de Carlos
Murgas Guerrero, asesoraba y suministraba la semilla de palma. En Montes de
María, Murgas desarrolló una estrategia idéntica. En ambas partes el éxito fue
constatable y público. Hoy hay en el Catatumbo 14 asociaciones de productores
de palma que cultivan unas 12.500 hectáreas y producen 125.000 toneladas de
fruta anuales. Promotora La Flores es la aliada comercial —o articuladora— de
todas ellas.
El esquema general de la alianza no es tan sencillo.
El productor —pequeño o mediano— aporta la tierra y la mano de obra. Los
asociados reciben un préstamo del Banco Agrario —del que Murgas había sido uno
de los creadores— con fondos de Finagro, que oscila entre 4.000 y 5.000
millones de pesos, a 12 años. El Fondo Nacional de Garantías respalda el crédito
y el Incentivo de Capacitación Rural (ICR), la operación. Los recursos se
manejan a través de una fiduciaria. Los créditos son solidarios, o sea que la
asociación respectiva responde por ellos en primera instancia, pero, claro
está, si el socio no puede pagar, la asociación se queda con la tierra, que es
la prenda real del negocio.
El aliado comercial —Promotora Hacienda Las Flores—
suministra la semilla, los fertilizantes —un plan de fertilización para 10
hectáreas cuesta 12 millones de pesos anuales—, los fungicidas y la asistencia
técnica. La Promotora maneja los créditos, por lo tanto descuenta las deudas
adquiridas por las asociaciones y naturalmente con el banco; la diferencia se
entrega a los productores, que están obligados a vender el fruto a la Promotora
Hacienda Las Flores durante 25 años. La fruta es entregada y pesada en Tibú y
transportada hasta la planta extractora de biodiesel en Codazzi, Cesar. Por
último, Las Flores retiene una cuota para la construcción en Tibú de una planta
de biodiesel que será una empresa mixta compuesta en el 49% de capital por las
asociaciones y el 51% por la Promotora. La planta ha sido prometida desde 2005
y se construirá cuando la base militar se inaugure. Tal como yo entiendo las
cosas, el señor Carlos Murgas, fundador y principal accionista del grupo
empresarial Hacienda Las Flores —Hacienda Las Flores, Murgas & Lowe-Dami
Las Flores, Oleoflores, Fundeflores-Fundemaría, Promotora Hacienda Las Flores
S.A.—, que tiene el mismo negocio de alianzas productivas en el Magdalena
Medio, Montes de María y Cesar, controla el proceso de punta a punta: avala y
gestiona los créditos con el Banco Agrario, sucursal El Prado en Barranquilla
—agencia donde se movió el programa Agro Ingreso Seguro—, vende la semilla y
presta la asistencia técnica y luego compra toda la producción de fruta a un
precio determinado por la bolsa de Róterdam. Murgas podría no tener una sola
hectárea en palma y manejar todo el negocio dado que goza de un verdadero
monopolio establecido y alcahueteado por el Gobierno. Toda la palma de ese gran
cinturón que atraviesa el país entre el Catatumbo y Montes de María y que
proyecta —digo yo— alcanzar la cuenca del río Atrato está controlada por la
misma compañía.
IV. El problema de la tierra
En 2009, el Gobierno detectó una compra masiva de
tierras en el Catatumbo por parte de una persona jurídica, Bioagroindustrial de
Colombia, manejada por una persona natural, el señor Murgas. “Uno de los
últimos predios adquiridos por Bioagroindustrial, la finca Finlandia, de 86
hectáreas, fue pagada en 21’775.000 pesos. Es decir, a 253.157 pesos la
hectárea” [3]. El mismo diario informó que: “La compra masiva de tierras en
Norte de Santander se ha extendido a El Carmen, Convención y Gramalote.
Cooperativas de paramilitares desmovilizados estarían también tras las ofertas,
para proyectos agroindustriales” [4]. En el Catatumbo hay hoy unas 20.000
hectáreas de palma y se aspira a llegar en un par de años a 50.000, dadas las
condiciones de humedad y exposición solar. No todos los cultivadores trabajan
bajo este modelo. Hay grandes productores que tienen cultivos en otras regiones
y que no están obligados a vender el corozo a Murgas. Y otro grupo, Los
Costeños, recién llegados a la región y a la actividad, que —se dice— tiene
vínculos con el narcotráfico. La expansión de palma es tan rápida y masiva, que
hay empresas que han comprado veredas enteras como las de El Milagro, Líbano,
M25, P30. Por eso en Campo Hermoso, Cerro Madera, Caño Indio se han cerrado las
escuelas: ya no hay familias campesinas en zonas de palma.
Se podría decir que la mayoría de los cultivadores de
palma ha adquirido sus tierras y sus títulos del 2000 en adelante, lo que pone
sobre la mesa la tradición de las escrituras. El terror paramilitar activó el
mercado de tierras con énfasis en la oferta de fincas a bajos precios, cuando
no la mera sustitución del poseedor o la venta coactiva. Así, los precios de la
tierra antes de la Ley de Justicia y Paz se desplomaron y el precio de la
hectárea llegó a 50.000 pesos. Los campesinos abandonaban la tierra o vendían
muy barato. Las masacres sembraron el terror y en ese río revuelto se hicieron
infinidad de transacciones y se creó un verdadero caos jurídico. Muchos
carecían de títulos diferentes a la mera posesión; otros, teniéndolos, los
transfirieron y otros más abandonaron la tierra. Así, entre los que tenían
tierra y los que hoy la tienen existe una enredada tradición que se puede
iniciar con testaferros y terminar con negocios de buena fe.
Se trata de un contínuum difícil de clarificar por
parte de los jueces agrarios que crearon la Ley de Víctimas. De todas maneras
es un tema que aún no se ha comenzado a ventilar en la región, pero que ya se
teme y que muy pronto van a salir a la palestra los defensores armados del statu
quo. Numerosos negocios de tierras se limpiaron en notarías y oficinas de
registro, y hoy sus titulares hacen parte de asociaciones de palmicultores y de
una u otra gran empresa.
V. Las alianzas productivas
Hoy en el Catatumbo los pueblos se mueven. En Tibú, La
Gabarra, El Tarra, Sardinata, la actividad es frenética. No sólo debido a la
palma, porque los cultivos de coca siguen produciendo; el contrabando de
gasolina y ganado aumenta, la explotación petrolera no cesa, como tampoco la de
canteras y ríos para sacar materiales de construcción. Con el crecimiento de
los mercados de India y China, los precios del aceite de palma se mantienen o
crecen poco a poco. Colombia es el quinto productor mundial, con algo más de
350.000 hectáreas de palma sembrada, que Uribe prometió aumentar a 800.000.
Pese a una nueva enfermedad, pudrición del cogollo (PC), la oferta aumenta. Sin
embargo, hay serias amenazas. El gran rival del aceite de palma es la soya,
cultivo que en Brasil, Perú, Bolivia y México ha crecido muy rápidamente. De
otro lado, Colombia no puede competir con los aceites de Malasia e Indonesia
por las oscilaciones en la tasa de cambio, el costo de la tierra, la
infraestructura de transporte y los costos de seguridad. En Colombia producir
una tonelada cuesta 350 dólares, en Malasia 250 y en Indonesia, 150. El 70% de
la producción de aceite de palma se consume en el país y por tanto los precios
se mantienen por ahora. En este plano hay amenazas, pero no crisis.
Toda la producción amarrada a las alianzas productivas
con Promotora Las Flores es transformada en agrodiesel en la planta de Codazzi,
que es de Oleoflores S.A. y que puede procesar 50.000 toneladas de aceite crudo
al año. El biocombustible tiene un mercado asegurado por el Gobierno al imponer
que el diesel tenga incorporado el 20% de biodiesel.
El panorama parecería despejado, no sólo para los
grandes palmicultores, sino para los productores asociados en alianzas
productivas y para los comercializadores. No obstante, las perspectivas
abiertas por el TLC con EE.UU. podrían comenzar a preocupar a los fabricantes
de biodiesel. El mercado estadounidense de biodiesel está saturado y necesita
exportar la producción de sus 150 plantas que lanzan al mercado 1.500 millones
de litros anuales. ¿Qué pasará si el TLC permite la entrada —arancel cero— a la
producción gringa? Simple: las extractoras de aceite dejarían de comprar a los
productores la fruta. Mejor dicho, trasladarían el problema a los cultivadores.
El mecanismo funciona también con la oscilación de los
precios del aceite: todo cambio desfavorable para las extractoras y
comercializadoras puede ser transferido a los productores. Hoy el 60% del
aceite de palma es producido por pequeños y medianos y las grandes compañías
optan por las alianzas productivas porque permiten trasladar la inseguridad y
la contingencia del negocio a los cultivadores asociados, que situados en esa
eventualidad no pueden defenderse. Y la palma no es un cultivo transitorio.
¿De qué otra manera se podría entender el interés de
los grandes negociantes de aceite de palma y productores de biodiesel en el
modelo de las alianzas productivas?
Por: Alfredo
Molano Bravo / Especial para El Espectador
martes, 25 de junio de 2013
lunes, 24 de junio de 2013
Balance sobre el Paro Campesino en el Catatumbo
Nuestros campesinos del Catatumbo siguen resistiendo con dignidad, a pesar de los señalamientos del Gobierno Nacional, que han estigmatizado el paro, cuasando ya dos muertos, este reportaje Ver Video nos deja ver la realidad de las necesidades de los Campesinos Catatumberos y la legitimidad de sus reivindicaciones
¡ VIVA EL BRAVO PUEBLO DEL CATATUMBO!
¡ VIVAN NUESTROS CAMPESINOS!
Tomado de: Prensa rural Audiovisual
domingo, 23 de junio de 2013
Planton en Solidaridad con el Bravo Pueblo del Catatumbo
Hoy domingo 23 de Junio se desarrolló un Plantón convocado por varias organizaciones sociales en un Centro Comercial de la Localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, donde a pesar de las dificultades, se logró concientizar a los transeúntes, y recoger alimentos para enviar a los campesinos que resisten con Dignidad en el Catatumbo
¡ VIVA EL BRAVO PUEBLO DEL CATATUMBO!
¡ VIVAN NUESTROS CAMPESINOS!
Reportaje ejercito Colombiano asesina a campesinos en protesta pacifica en el Catatumbo
Tomado de: Yuotube Prensa Rural Audiovisual
sábado, 22 de junio de 2013
Ejército dispara contra campesinos y Misión Humanitaria en el Catatumbo
Misión Humanitaria que se encontraba en el lugar conocido como Aguas Claras,
cerca a la Ye, a las afueras del municipio de Ocaña, tuvo que salir de la zona,
luego que fuera atacada con ráfagas de fusil disparadas por el Ejército que
hace presencia en la región, y que fueron hechas, contra ellos y contra los
campesinos que se encuentran protestando desde hace 12 días.Voceros de la misma indican que vivieron momentos angustiantes, que los obligaron tirarse al suelo, entre tanto pasaban los disparos. Es de resaltar que la Misión está conformada por abogados, periodistas y 5 personas extranjeras que realizan acompañamiento de protección.
Igualmente informan que helicópteros de la policía, sobrevuelan la zona, lanzando desde el aire gases lacrimógenos y balas de goma, lo que ha provocado que los campesino
s que resisten corran y busquen refugio en lugares cercanos.
En medio de la confrontación resultaron heridas 8 personas que se encontraban en el lugar. El alcalde de Ocaña a este momento hace esfuerzos ingentes para tratar de atender a las personas afectadas, no obstante al parecer sólo hay una ambulancia disponible para poder ejercer su labor humanitaria. La misión manifiesta su preocupación, debido a su ausencia en la zona específica donde se están desarrollando los hechos, ya que los 7 mil campesinos que se encuentran en la zona, quedan totalmente expuestos a las arbitrariedades de la fuerza pública.
Responsabilizan al gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, por cualquier violación a los derechos humanos, que pueda ocurrirles a los manifestantes, así como a los integrantes de la Misión, que en estos momentos se dirige hacia la ciudad de Ocaña. No obstante todos los esfuerzos realizados ante el presidente Juan Manuel santos para que se reanude la Mesa de Interlocución, esto no ha sido posible.
La Misión solicita a la comunidad nacional e internacional, intercedan ante el gobierno, con el fin de que cese la represión contra los campesinos que se encuentran en la zona. Para mayor información comunicarse con Nubia Mendoza, periodista del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y una de las personas que se encuentran en la zona actualmente: 315-4374607
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT
Mesa de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander
Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña-ASODEPO
Federación Estudiantes Universitarios de Colombia-FEU
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
Dilo Comunicaciones
Prensa Rural
Cine Latina
Radio y Televisión Independiente
Tomado de: http://www.colectivodeabogados.org
viernes, 21 de junio de 2013
lunes, 17 de junio de 2013
Pliego de exigencias del campesinado movilizado del Catatumbo
Asociación Campesina del Catatumbo
Para solucionar la actual crisis social y económica del Catatumbo exigimos:
2. La declaración inmediata de la zona de reserva campesina del Catatumbo, esto en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Incoder en virtud del artículo 81 de la ley 160 de 1994 y del decreto 1777 de 1996; así como de los acuerdos suscritos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental.
3. Definir claramente la ruta de financiación e iniciar la ejecución inmediata de los proyectos priorizados del plan de desarrollo sostenible de la zona de reserva campesina (PDS-ZRC).
4. Suspensión inmediata de las erradicaciones forzosas de cultivos de coca y ejecución de un programa de sustitución gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito en el marco de la propuesta productiva del PDS-ZRC.
5. Recogiendo la propuesta del gobernador, Édgar de Jesús Díaz Contreras, se exige mitigar la crisis alimentaria producida por las erradicaciones forzadas de los cultivos de coca mediante el otorgamiento de subsidios de $ 1’500.000 mensuales a las familias afectadas; para tal efecto es necesario elaborar un diagnóstico que dimensione el número de familias beneficiarias. El subsidio debe prorrogarse por mínimo dos años, o hasta que la implementación de los proyectos productivos del PDS-ZRC garanticen la soberanía alimentaria del campesinado en la región.
6. Suspensión de los proyectos de la locomotora minera y la política del plan de consolidación en el territorio de la zona de reserva campesina. Reconocimiento del derecho constitucional de las comunidades campesinas a ser consultadas y a participar en todas las decisiones que puedan afectarles.
7. Frente a la situación de derechos humanos en la región:
—Se exige un reconocimiento público por parte del presidente de la República, del ministro del Interior, del ministro de Defensa y del comandante de las Fuerzas Militares donde se reconozca el carácter civil del campesinado organizado en la Asociación Campesina del Catatumbo.
—Se exige el impulso de las investigaciones judiciales por violaciones de derechos humanos por parte del Estado, como una forma de superar la crisis generalizada de derechos humanos en la región.
—Se exige que se cree una comisión de verificación que revise: violaciones de derechos humanos, las infracciones al DIH, las capturas originadas por montajes judiciales relacionados con la aplicación de la ley 30 y supuestos casos de rebelión; los seguimientos ilegales, la persecución y estigmatización en contra de la Asociación Campesina del Catatumbo.
—El problema de la coca debe tratarse como un problema económico, social y político y no como un problema criminal.
Convocados a la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA):
—Alcaldes, concejos municipales y personeros de los siete municipios—Gobernador, Édgar Díaz
—Ministros de:
1. Agricultura: De manera especial se convoca al ministro Francisco Estupiñán
2. Interior
3. Minas
4. Defensa
5. Ambiente
—Gerente General del Incoder
—Vicepresidencia de la República
—Departamento para la Prosperidad Social
—Planeación Nacional
—Agencia Presidencial para la Cooperación
—Representantes de campesinos presos víctimas de montajes judiciales (por presuntos de ley 30 y rebelión)
—Defensoría del Pueblo
—Corponor
—Parques Nacionales Naturales
—Procuraduría
—Obispo de Tibú, monseñor Ómar Sánchez
Tomado de: www.semanariovoz.com
Por la vida
Por: Alfredo Molano Bravo
El pasado 5 de junio, día mundial del Medio Ambiente,
tuvo lugar en Ibagué una nueva marcha-carnaval —pacífica, alegre y masiva—
contra los proyectos de explotación minera adelantados por la Anglo Gold
Ashanti en el departamento.
Desfilaron
más de 30.000 personas gritando: “Sí a la vida, no a la mina”. No fue sólo
contra los trabajos de exploración en La Colosa, Cajamarca, sino en protesta
contra todos los planes de explotación aurífera de la gigantesca multinacional
en la cordillera Central, desde Planadas y Chaparral hasta El Líbano y Fresno.
¡Un proyecto monstruoso! La melosa propaganda hecha por los medios locales
sobre los milagrosos beneficios de la mina no ha logrado engañar a la gente;
por el contrario, parecería que la ha envalentonado.
El próximo 2
de julio el Gobierno recibirá una nueva avalancha de solicitudes de
adjudicación que hacen temer todas las desgracias juntas porque la Agencia
Nacional Minera (ANM) recibirá más de 20.000 solicitudes represadas. El
gobierno de Uribe adjudicó 44 títulos en humedales Ramsar, 416 en páramos y 71
en reservas forestales protectoras. Santos, al declarar la minería locomotora
del desarrollo, podría copiarlo con nadadito de perro. O algo peor, porque
teniendo a la vista la reelección el Gobierno necesita plata para sostener la
guerra, hacer carreteras, escuelas, hospitales. Lo triste —y cierto— es que la
minería no da lo que dicen que da. Colombia es uno de los paraísos para las
inversiones en minería por el alto grado de corrupción administrativa, la
flexibilidad de normas ambientales y los risibles cánones tributarios. El
negocio se resume así: en 2010 el sector minero debió pagar $15,3 billones en
impuestos; sin embargo, pagó sólo $5,6 billones porque los $9,7 billones
restantes se evaporaron en exenciones tributarias, evasiones fiscales y trampas
de todo tipo. Por cada $100 que la minería tributa, el Estado pierde $200. ¡Qué
eminentes economistas tiene a su servicio el doctor Renjifo!
La nueva
movilización en Ibagué ha vuelto a poner el dedo en la llaga. La Anglo Gold
Ashanti tiene títulos adjudicados en Cajamarca sobre 30.500 hectáreas —el 60%
del municipio—, de donde espera sacar unos 24 millones de onzas de oro, para lo
cual tendrá que mover cada día 100.000 toneladas de rocas de desecho, usar 8
toneladas de cianuro, malgastar 70 millones de litros de agua para lavar el
metal. Los efectos no sólo son ambientales —rompimiento de acuíferos y cambio
de corrientes subterráneas, envenenamiento de aguas potables, inutilización de
suelos en los botaderos de las rocas molidas—, sino sociales: a partir del
asesinato de cinco campesinos en el cañón de Anaime, en noviembre de 2003, se
ha desplazado, por miedo a las autoridades militares, el 38% de la población
del municipio. Al mismo tiempo, las inversiones de la Anglo han creado una
corriente de otras inversiones: prostíbulos, casinos, discotecas, bares,
hoteluchos y similares. Las tasas de homicidios y desapariciones forzadas son
más altas en municipios mineros que en el promedio nacional; igual pasa con los
índices de NBI.
La minería
de gran escala, la tal locomotora, es pieza maestra de los planes de desarrollo
del gobierno de Santos. La razón es simple: las exportaciones de carbón, oro,
petróleo y níquel, cobalto y tungsteno deben reemplazar la deprimida producción
de café, maíz, arroz, cacao, papa, carne, leche, textiles, calzado, autopartes,
llantas y todo lo que los TLC han arruinado en la industria y la agricultura.
La minería, que es un robo —a secas— de tributos y de riquezas, es la reina de
nuestro sistema económico y la generadora de una enorme ola de protestas que
crecerá día a día. La solución del Gobierno será, como suele ser, aumentar el
pie de fuerza de los batallones energéticos —hoy de 30.000 hombres— y los
contingentes de los criminales escuadrones antimotines. Este choque en la
población afectada y la alianza de intereses entre grandes compañías y
gobiernos de turno lleva a poner sobre la mesa de negociaciones de La Habana el
tema minero y, por tanto, necesariamente, a replantear el veto que ha impuesto
el Gobierno a discutir el modelo económico impuesto por los tratados de libre
comercio. A propósito: ¿qué exportaremos a Israel —fuera de uchuvas y
granadillas— a cambio de aviones no tripulados, cañones y ametralladoras?
He sentido la muerte de Jaime Carrasquilla como la de
un hermano. Educó a mis hijos y a mis sobrinos y lo hacía con mis nietos.
Educar es un término que no le cabe a Jaime. Era más bien un apóstol de la
enseñanza en libertad. Recuerdo, con mucha nostalgia, el primer día de colegio
de mis hijos, cuando dentro del salón habían construido una maloca indígena. ¿Y
esto qué significa? ¿Es que hay goteras?, le pregunté a Carrasquilla. No, me
respondió, es que todo lo que estos niños van a aprender en geografía,
historia, matemáticas, lenguaje, química, física, va a estar ligado a la
cultura indígena como una aventura del conocimiento. Que Dios lo tenga a su
lado.
Tomado de: El Espectador.com
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