jueves, 21 de noviembre de 2013

Continúan Desalojos en el Tamarindo

Asotracampo es la agremiación campesina de los habitantes del tamarindo en el municipio de Galapa departamento del Atlántico, que durante estos últimos siete meses ha vivenciado jornadas extenuantes de violencia e ilegales oficios de desalojo por parte de algunos miembros de la administración distrital de Barranquilla, la fuerza pública y grupos paramilitares, por tal motivo se han incrementado las violaciones a los derechos humanos, hasta la fecha la lista va en 40 heridos, y un hijo de un campesino de la parcelación asesinado por razones aun sin esclarecerse 

Las estrategias de violencia adelantadas para ocasionar el desplazamiento de los campesinos en el tamarindo cada día va en aumento, el día 7 noviembre desalojaron a 4 familias y los actores paramilitares arrasaron con 20 hectáreas de cultivos frutales, los campesinos denuncian el aumento del pie de fuerza, al igual que los abusos de la fuerza pública y la permisividad de los mismos con los “señores de civil” ante la mirada de entes de control oficiales, en el último oficio de desalojó 3 personas fueron heridas, una de mayor gravedad en su pierna izquierda por causa de recalzadas del esmad su nombre Nelson Castaño de aproximadamente 36 años de edad fue necesario trasladarle de manera inmediata a urgencias a barranquilla porque la pérdida de sangre era incontenible, a María Francisca le destruyeron con machetes su casa y sus cultivos aproximadamente 12 hombres de civil que en escasos minutos pisoteaban frente a ella los cultivos de plátano que por meses cuido y espero porque creciesen, al campesino Alberto Ortega le abrieron la ceja con el impacto de una bala de goma solo porque este se negaba a salir de su hogar, minutos después vio su hogar en el suelo hecho escombros y solo en medio de la impotencia recogió en bolsas y plásticos parte de las pertenencias que aún se encontraba en buen estado, estos son tan solo 3 ejemplos que se visibilizan y repiten ante el silencio absoluto de muchos en este departamento, los campesinos dignamente han cultivado este territorio y ahora ellos son víctimas del el desarraigo y el olvido como si fuesen delincuentes, o en el peor de los casos si fuses un delito ser campesino en este país. 

Las acciones de violencia contra los campesinos en el tamarindo deben ser condenadas absolutamente, los campesinos no pueden ser más víctimas del tratamiento militarista que quieren generar algunos pocos en sus comunidades para desplazarlos de nuevo, es necesario tener en cuenta que estos campesinos son personas desplazadas de zonas de la región caribe, Antioquia y el pacifico y que desde hace más de 15 años son ocupantes de esta territorio, los campesinos piden no ser doblemente victimizados y exigen el respeto por sus derecho a la vida, la tierra y la paz . 

Que no llegue más la guerra a los campesinos, que no se hable de restitución de tierras si en realidad se generan nuevos desplazamientos, que no se hable de paz de sin P de Pan.

La dignidad campesina está en Marcha.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

El pueblo más 'comestible' del mundo

Verlo para creerlo… Uno llega en tren a Todmorden, y lo primero que encuentra nada más salir de la estación es un suculento mapa de todos los cultivos que tenemos a mano, arropados por una inequívoca consigna en inglés: “Help yourself!” (“¡Sírvase usted mismo!”).

Acabamos de llegar al pueblo más “comestible” del mundo, donde cuajó hace seis años un idea “increíble” pero rigurosamente cierta… Se plantan a discreción verduras, hierbas y árboles frutales en 70 espacios públicos. Se forma una red de 280 voluntarios que se turnan y se dedican dos mañanas al mes a cuidar de los cultivos. Y todo el mundo (incluidos los turistas) pueden servirse gratis y a placer cuando llega la hora de la cosecha.

“Incredible Edible” da nombre ya una auténtica revolución de la agricultura urbana, con una red de 200 grupos repartidos por todo el planeta: de España a Australia, de Mali a Burkina Faso. Pero había que pasar necesariamente por ese pueblo grande de 15.000 almas, a veinte kilómetros de Manchester que estiran muy lentamente, para conocer “in situ” a las impulsoras (casi todas mujeres, casi todas rondando la cincuentena).
Pero antes de conocer a las “increíbles” mujeres de Todmorden, conviene respirar hondo y tomarle la medida al intrincado laberinto de casas de piedra y “puntos verdes” desde lo más alto. Si queremos maíz dulce o cebollas japonesas, no tenemos más que acercarnos a los lechos de cultivo de la policía local. Si queremos hierbas medicinales, habrá que ir a la “apoteca” natural que crece junto al hospital. A la puerta del teatro crecen las tomateras. Junto a la iglesia unitaria, en la colina más alta del pueblo, se prodigan las coles y las acelgas.

La lista es tan “increíble” como interminable, y el pueblo no sólo se autoabastece gratuitamente a lo largo del año, sino que encima hay un sobrante con el que se organiza la gran fiesta anual de la cosecha, hasta la que ha descendido en cierta ocasión el mismísimo Príncipe Carlos.
Nuestro lema es así de simple: 'Si comes, estás dentro'. Aquí no discriminamos a nadie por sus preferencias alimentarias
"Nuestro secreto está en que somos el movimiento más inclusivo del mundo", asegura la incombustible Mary Clear, que ayudó a crear el grupo junto a Pamela Warhurst. "Nuestro lema es así de simple: 'Si comes, estás dentro'. Aquí no discriminamos a nadie por sus diferencias alimenticias, ni se nos va el tiempo echando sermones. La diferencia se marca pasando a la acción. En eso estamos".

Hablamos con Mary Clear en su salsa: el vergel que ella misma ha plantado en el esquinazo de su casa, en la calle Cockpit, donde crecen espinacas, brécoles, berros y guisantes que cualquiera se puede llevar a casa (siguiendo, eso sí, unas básicas instrucciones sobre cómo servirse y en qué momento el año).
Nada más bajar de la estación de tren, los reclamos de Incredible Edible nos persiguen como una suculenta tentación, comparable sólo a la experiencia de ir arrancando manzanas y peras de los 800 árboles frutales, o a la de saborear lo mejor de la cosecha cocinada en The Bear, la cooperativa, café, restaurante y punto de encuentro local.

Allí conocemos a Estelle Brown, anfitriona de excepción, que nos regala el primer paseo 'comestible' por el canal de Rochdale, con parada obligada ante los cerezos y el jardín de hierbas que ha plantado Mario, el dueño del garaje aledaño. "Cuando empezamos, en 2007, hubo gente que veía todo esto como una excentricidad o un capricho", admite Estelle. "Ahora, con la crisis, se empieza a ver casi como una necesidad: hay que estar preparados para los malos tiempos".

Recuerda también Estelle cómo al principio todo eran dudas sobre dónde plantar y a quién pedir permiso. "Con el tiempo nos dimos cuenta de que lo mejor era sembrar directamente y crear jardines 'accidentales'. Ni siquiera le llamamos a esto guerrillas 'verdes'. Lo que hacemos no tiene nada de 'bélico' ni de provocador, yo más bien diría que estamos haciendo una revolución gentil desde lo local. Y lo bueno es que los 'poderes' nos ven con buenos ojos, porque algo está cambiando profundamente en el pueblo".

El Ayuntamiento ha cedido el solar del viejo hospital, junto al río, donde han echado ya raíces los primeros árboles del gran jardín comestible, con la ayuda de los trabajadores de VolkerStevin y de Considerate Constructors (Constructores Considerados). Todo parece tener un nombre sugerente en Todmorden, empezando por el pueblo, al que sus habitantes llaman cariñosamente 'Tod'.

En el aparcamiento del nuevo hospital, sobre varias camas de cultivo, crece el herbolario local, cuidado primorosamente por la 'boticaria' Helena Cook. Equinácea para fortalecer las defensas, achicoria para el aparato digestivo, romero para las enfermedades respiratorias, caléndula para las curar las infecciones.

Las ocho escuelas del pueblo se han hecho también "increíbles y comestibles", y en una de ellas se está habilitando una granja piscícola, donde también se cultivará por hidroponía. Entre tanto, el programa Every Egg Matters está llenando Todmorden de gallinas, con el objetivo de llegar en el 2018 a una producción de 30.000 nuevos semanales, suficientes para todo el pueblo.

“Seamos realistas: no vamos a conseguir la autosufiencia alimentaria, pero al menos estamos trazando el camino", reconoce Mary Clear, la "agitadora" del grupo, con todo el saber acumulado de sus años de trabajadora comunitaria y con el "sentido común" aplicado al arte del cultivo. "Nuestros huertos son pura 'propaganda verde', aunque el efecto que han tenido en estos años ha sido tremendo", asegura la enérgica Mary. "El consumo de productos locales ha aumentado tremendamente, los comercios que al principio nos miraban con recelo ahora quieren ser increíbles y comestibles".

Tan importante como los cultivos es todo lo que ha ido creciendo en estos seis últimos años en Todmorden. “Vivíamos en un pueblo sin nada especial, como cualquier otro, abatido por la crisis y por el desempleo”, recuerda la cofundadora Pam Warhurst. “Lo que hemos logrado ha sido no sólo reverdecer nuestras calles, y poner a cultivar a la policía y a los bomberos. Lo más importante ha sido si acaso reactivar el poder la comunidad, y demostrar que juntos podemos”.

“Cuando empezamos, los comerciantes nos miraban con recelo y pensaban que eso del 'sírvete tú mismo' les iba a arruinar el negocio”, recalca Warhurst. “Ahora resulta que el 46% de los negocios locales han crecido desde entonces, que el mercado local atrae a mucha más gente, que la criminalidad en el pueblo ha disminuido y que ni siquiera existe el vandalismo porque todos contribuimos a nuestra manera al cultivo. Ahora vienen a vernos de todas las partes de Inglaterra y de más allá. La idea ha germinado y está creciendo ya en todo el planeta... Si movilizamos a las comunidades locales, nos espera realmente un futuro increíble”.

Tomado de: elcorreodelsol.com

¿Una reforma para desarrollar la Altillanura?


Interesante video publicado por Razón Pública, donde Carlos Salgado de Planeta paz, hace una explicación interesante y concreta al tema de la nueva ley para la adjudicación de tierras que presento el Gobierno nacional

En el suroccidente están asesinando a campesinos que participaron en el paro agrario o son miembros de Marcha Patriótica

El pasado 29 de octubre en el municipio de Leiva, Nariño, fue encontrado el cuerpo sin vida del campesino Ruber Herney Rosero, habitante de dicha localidad.
El cuerpo del labriego del labriego presentaba un tiro de gracia, había sido degollado y presentaba señales de tortura, informo la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.
La nueva víctima del terrorismo de Estado era un reconocido dirigente campesino que participó activamente en las movilizaciones de protesta de los campesinos en las veredas Galindez, municipio de Patía y El Pilón y Mojarras, municipio de Mercaderes, en el Cauca, en el marco del Paro Nacional Agrario.
Municipio de Leiva, Nariño
El 16 de noviembre de 2013, a las cuatro y media de la tarde, cuando voceros de organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios del municipio se disponían a reunirse con el gobernador de Nariño y las autoridades locales, el Ejército y la Policía filmaron y fotografiaron a las personas participantes.
En ese operativo ilegal y arbitrario el teniente Oscar Calderón Cárdenas del Batallón Boyacá, le señaló una fotografía al campesino José Leader Daza, tomada abusivamente por desconocidos en el corregimiento El Palmar y le pregunto si el que aparecía en dicha foto era él, a lo que el labriego dijo que sí. “Entonces cuídese”, lo amenazó el teniente.
Minutos después defensores de derechos humanos, delegados de la ONU y de la Defensoría, le pidieron a Calderón Cárdenas explicaciones sobre la fotografía y las amenazas contra el campesino.
El teniente respondió con todo el cinismo del caso que era un procedimiento regular y que la fotografía que tenía del labriego en su poder había sido suministrada por la inteligencia del B2 del Ejército.
Añadió que el ejército viene adelantando un trabajo de inteligencia y seguimiento  contra el líder campesino, informó Redfic.
Defensores de derechos humanos y las comunidades sostienen que el ejército, la policía y grupos de paramilitares trabajan conjuntamente para asesinar a los campesinos.
Hostigan a estudiante en Pasto
El pasado 7 de noviembre a las 8 y media de la noche a la altura de la calle 16 A con carrera 34, cuando el estudiante David García Chávez se dirigía a su vivienda fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una moto.
Los asaltantes de civil se identificaron como agentes de la Sipol y procedieron a intimidar y a requisar al joven de manera arbitraria por varios minutos. Verificaron antecedentes y esculcaron de manera ilegal las pertenencias del estudiante. Posteriormente lo dejaron libre.
La persecución contra Gracía Chávez se da porque es activista del Colectivo Estudiantil Simón Rodríguez, pertenece a la Coordinación Estudiantil del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y miembro de la Marcha Patriótica.
Suficiente para que el régimen criminal que mantiene el poder en Colombia lo asesine por intermedio de la demencial estrategia militar-paramilitar.
Por: Camilo Raigozo. Notimundo.in

No Mas


Rechazamos los asesinatos sistemáticos y rechazamos los hostigamientos de los que están siendo víctimas nuestros campesinos y lideres sociales

Necesitamos y exigimos un país donde la Paz no sea solo en el papel

Necesitamos y exigimos un país donde se respete el derecho al legitimo disenso

Nos duele profundamente compartir con ustedes, tantas noticias que nos llegan sobre los asesinatos de lideres sociales, campesino y demás personas de nuestro pueblo colombiano, cuyo único delito ha sido querer un país a la medida de nuestros mejores sueños colectivos.



Asesinan en el Huila a dirigente de la Marcha Patriótica

Roberto Cortés, reconocido líder rural del municipio de Campoalegre, murió esta tarde en la unidad de urgencias del hospital Hernando Moncaleano Perdomo, luego de recibir varios impactos de bala que le propinaron sicarios en la capital arrocera.

Roberto Cortés, portavoz y dirigente del movimiento de izquierda Marcha Patriótica, fue asesinado este lunes en el municipio de Campoalegre, en el departamento del Huila, en el sur del país, según denunció esta organización.


Las primeras informaciones apuntan a que desconocidos abordaron en la mañana del lunes al dirigente político y le propinaron cinco disparos en presencia de su hijo. Tras estos hechos, Cortés fue trasladado a un hospital de Neiva, la capital regional, donde falleció horas más tarde.


Según Marcha Patriótica, Cortés era un destacado líder campesino de Campoalegre que estuvo muy activo durante la huelga agraria de los pasados agosto y septiembre en numerosas regiones del país y que causó desabastecimiento en algunas ciudades y el cierre de fronteras con Ecuador y Venezuela.

Marcha Patriótica denunció además que el de Cortés es el vigésimo quinto caso de asesinato de un dirigente político de esta organización ocurrido este año.


En la década de las ochenta, Colombia vivió el genocidio de la Unión Patriótica (UP), el asesinato sistemático de unos 4.000 militantes y dirigentes de este partido político, algunos de cuyos supervivientes forman parte de Marcha Patriótica.

Asesinado Sergio Ulcué Perdomo, dirigente campesino de Caloto, Cauca

Con profundo dolor informamos que ayer domingo 17 de noviembre de 2013, hacia las 13:00 horas fue cobardemente asesinado en el municipio de Caloto-Cauca el dirigente campesino Sergio Ulcue Perdomo, vocero ante el Gobierno Colombiano de las Medidas Cautelares MC-97-10 que otorgó la CIDH a 179 familias campesinas de las Veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca a fin de proteger sus vidas e integridad personal, en el marco del conflicto armado.
El crimen fue perpetrado por dos oscuros personajes vestidos de civil, quienes como pájaros de muerte ingresaron al albergue que el dirigente y su familia habían improvisado en la Vereda Marañón de Caloto Cauca, luego de haber sido desplazados forzadamente en noviembre de 2011 desde la vereda El Pedregal donde dejaron abandonada su tierra y años de trabajo.

Los rastreros sicarios cumpliendo órdenes superiores profanaron la humilde morada y en medio de niños y ancianos cegaron la vida del líder campesino de varios impactos de bala quien se encontraba en absoluto estado de indefensión.
Sergio Ulcue Perdomo fue un destacado dirigente campesino de las veredas El Vergel y El Pedregal del municipio de Caloto Cauca, quien desde 2009 denunció los atropellos y los crímenes cometidos por el Ejército Nacional contra la población civil en el municipio de Caloto-Cauca, contribuyendo a la judicialización de más de 46 violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Fue gracias al trabajo de Sergio Ulcue Perdomo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA otorgó medidas cautelares a 179 familias campesinas para proteger sus vidas e integridad en medio del conflicto armado y superar la impunidad. Irónicamente el escrito de solicitud de medidas cautelares a la CIDH la suscribió Sergio el 20 de marzo de 2010 por la ejecución extrajudicial del campesino Liber Cuetia Ramos, a quien el Ejército no pudo presentar como guerrillero dada de baja en combate por la intervención oportuna de campesinos e indígenas enardecidos. El 28 de septiembre de 2012 la ejecución extrajudicial de Norbey Martínez Bonilla, también beneficiario de las medidas cautelares, estremeció a la comunidad de Caloto, luego que el ejército Nacional lo presentara como un guerrillero que llevaba más de diez años en la insurgencia, cuando éste contaba tan solo con 15 años de edad. Además, según experticia de la Sijin de la Policía, el fusil presuntamente portado por el menor, nunca fue disparado.
Sergio Ulcue Perdomo también fungía como vocero del Comité Interinstitucional para mitigar los efectos del conflicto armado en el Norte del Departamento del Cauca, creado por Sentencia del Consejo de Estado de 24 de septiembre de 2011.

JUDICIALIZACION PREVIA AL ASESINATO: “ya no hay nada más que hacer”
El día 9 de junio de 2013 Sergio Ulcue Perdomo fue capturado y judicializado por la Fiscalía Seccional de Puerto Tejada quien le imputaba el delito de rebelión con base en cargos de presuntos desmovilizados de las Farc. El dirigente campesino estuvo cuatro meses privado de la libertad hasta que el proceso penal fue declarado nulo desde su etapa previa y posteriormente fue declarada la preclusión de la investigación a su favor.
El proceso de aniquilamiento de las personas y organizaciones que acceden a la Administración de Justicia y buscan Justicia en los organismos internacionales en forma organizada por graves violaciones a los derechos humanos, también se hizo extensivo a Rafael Ulcue Perdomo, hermano de Sergio, quien aún se encuentra injustamente privado de la libertad acusado de rebelión desde hace 17 meses por solicitud de la Fiscal Quinta Especializada de Popayán, Martha Liliana Realpe Ceron, quien en una constante vulneración de los derechos fundamentales ha obstruido y vulnerado la defensa formal y material de Ulcue Perdomo.

Por su parte, resulta inaceptable moral y jurídicamente que el Juez 19 Penal del Circuito de Cali, Helmer Velasco Caicedo, al resolver la solicitud de libertad de Rafael Ulcue Perdomo, en la que se tomó más de 17 meses, haya manifestado que a pesar de que la realización de audiencias de la Justicia Ordinaria Penal “no esté permitido” efectuarse en brigadas militares, tal como lo dictaminó el Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa, rampantemente determinó que no evidenciaba ninguna violación de derechos fundamentales del imputado al habérsele celebrado audiencias constitucionales en la Tercera Brigada del Ejército, y ratificó sin sonrojarse que “No hay mejor protección para un defensor de derechos humanos que la cárcel”. No hay derecho.
El asesinato de Sergio Ulcue Perdomo se presenta precisamente a escasas tres semanas de haberse celebrado una reunión de trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, en el marco del 149 Periodo de Sesiones, en la que se denunciaron violaciones a los derechos humanos y persecución militar y judicial de los voceros y peticionarios de la medida cautelar MC -97-10.

El asesinato de Sergio Ulcue Perdomo ocurre como consecuencia de la labor de denuncia efectuada por los campesinos y a la utilización del sistema interamericano de derechos humanos como último recurso de protección de sus derechos fundamentales ante la falta de garantías del Gobierno Colombiano. Los sicarios al momento de asesinar a Sergio Ulcue Perdomo le manifestaron “ya no hay nada más que hacer”.

Exigencias:
Reubicación, atención humanitaria de urgencia y protección inmediata para los niños, mujeres y ancianos que constituyen la familia de Sergio Ulcue Perdomo, quienes actualmente se encuentran desplazados a merced de los sicarios.
Que se brinde protección y las mínimas garantías judiciales al beneficiario de las medidas cautelares Rafael Ulcue Perdomo quien actualmente se encuentra injusta e ilegalmente privado de la libertad.

Que la investigación por la Ejecución Extrajudicial de Sergio Ulcue Perdomo sea adelantada por una Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, ya que la Fiscalía Seccional de Caloto no cuenta con personal de policía judicial ni las herramientas técnicas para adelantar una investigación de esta naturaleza.

Que la Fiscal Quinta Especializada de Popayán, Martha Liliana Realpe Ceron, se abstenga de seguir estigmatizando y obstruyendo el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos ejercida por la Corporación Justicia y Dignidad y sus integrantes.

Que la Fiscal Quinta Especializada de Popayán, Doctora Martha Liliana Realpe Ceron y el Comandante del Batallón de Infantería Terrestre No. 91, se abstengan de presentar denuncias penales infundadas contra los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad, ya que estas acciones son el preámbulo al vil asesinato de los defensores de derechos humanos.

Exigimos se respete el derecho a vivir, a trabajar y a caminar por estas tierras que nos vio nacer.
Hacemos responsables al Gobierno y al Estado Colombiano de lo que suceda con la vida, la dignidad y la libertad de los beneficiarios y peticionarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Tomado de: Prensarural.org

Crisis del agro: mucho diagnóstico y poca acción

El país lleva medio siglo hablando de reforma agraria y del modelo de producción rural. Hay consenso en el problema pero no en la solución.

Cada vez que se habla de reforma agraria sale a relucir el concepto de que la tierra debe ser para quien la trabaja. Y efectivamente, este criterio no tiene contradictores.
Tampoco hay dudas sobre quiénes son los que trabajan la tierra: ¿los grandes, los pequeños productores, o ambos? La respuesta es: todos.
“Estoy convencido de que en nuestro campo caben y pueden convivir la agroindustria con la economía campesina”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el pasado 20 de julio en su discurso de instalación de un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República, además de anunciar que el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre el modelo agrario, la adjudicación de baldíos e incentivos al desarrollo rural.
“Lo que queremos es fortalecer las inversiones en el agro y la economía campesina, no poner en peligro el derecho a la propiedad. Es decir, buscamos darle confianza a la inversión en el campo, en todos los niveles”, dijo.
Incluso, Santos se refirió al esquema asociativo entre empresarios y campesinos, como el implementado en Brasil, y que ya es ejecutado en menor proporción en Colombia por los productores de palma de aceite.
Así mismo, los cafeteros colombianos son un ejemplo de la sana convivencia entre cultivadores pequeños y grandes.
En consecuencia, el dilema sobre cuál debe ser modelo agropecuario está resuelto: el Estado debe promover al mismo tiempo pequeña, mediana y gran agricultura.
De hecho, en el país no existe una norma que indique que uno u otro tamaño de la producción está restringido o prohibido.
“Desde luego, aquí no solo pueden, sino que deben, convivir los dos modelos de producción relacionados con el tamaño de los proyectos productivos”, afirma el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López.
Por su parte, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, asegura que ese partido nunca ha estado en contra de los grandes proyectos agropecuarios, sino en la forma como el Gobierno concibe la política rural. “Pensamos que debe existir todo tipo de productores, pero hay que defender de manera especial a la pequeña y mediana empresa antes que privilegiar la cultura de los monopolios y las transnacionales”.
Robledo dice que el consenso se rompe cuando se conceptualiza sobre la estructuración de una política de apoyo a los pequeños productores.
“Nosotros pensamos que esta debe basarse en la formación de campesinos líderes y no en siervos de los grandes productores”.
Y no solo el Gobierno, los gremios e incluso la izquierda, le apuestan al concepto de la diversidad en el tamaño de la producción. Los propios miembros de las Farc que participan en los diálogos de paz en Cuba, coinciden en que el país no puede abandonar o abstenerse de impulsar la gran agricultura.
Es evidente que la oferta productiva y exportadora agropecuaria del país no debe limitarse a los cultivos de las zonas de minifundio, si se quiere competir en el mercado internacional, razón por la cual hay consenso en que Colombia debe generar las condiciones para el desarrollo de grandes proyectos productivos apalancados por inversionistas locales o externos.
PIB DEL AGRO LLEVA 10 AÑOS CRECIENDO MENOS QUE LA ECONOMÍA
El promedio de crecimiento sectorial en la última década es 1,9%, frente al 4,7% del total del sector productivo.
Pero si hay consenso en que el modelo agropecuario del país es incluyente, ¿cuál es el problema?
La respuesta a este interrogante parece sencilla frente al tamaño del desafío: el problema es que el agro no despega y que los pequeños productores están cada vez más aislados.
La evidencia de la crisis de la economía campesina es la explosión de paros y protestas que se han registrado este año en el país, que han sido opacadas por la infiltración de grupos al margen de la ley, al concentrar la atención de los colombianos en los bloqueos y la quema de tractomulas, y no en las razones de su inconformidad.
Y no es que el agro atraviese por un mal momento, sino que la postración viene desde hace muchos años. Su mediocre desempeño (ver gráfico) es el resultado de la acumulación histórica de la deuda social con el campo, y de la que todos los gobiernos han hablado mucho, pero han hecho poco.
SIN CONEXIÓN INTERNA
Para algunos académicos, el modelo económico tiene un problema estructural: en las últimas tres décadas, los gobiernos le han dedicado grandes esfuerzos a conectarse con el resto del mundo, pero se olvidaron de lo interno.
Los expertos consultados por Portafolio sobre este tema coinciden en esta apreciación, pero aclaran que no se trata de rechazar la inserción del país en los mercados internacionales, sino de pedir que al mismo tiempo haya condiciones internas adecuadas para competir en el escenario de la globalización.
Otro problema es la falta de articulación de la política agropecuaria.
“Necesitamos un modelo agrario de Estado, que ponga a todos los ministerios a trabajar en la misma dirección”, afirma Rafael Mejía, presidente de la SAC.
EL DEBATE NO ES NUEVO
La discusión sobre la limitación a la propiedad de la tierra no es nueva.
Tampoco lo es el debate sobre la necesidad de apoyar a los pequeños productores. Está plasmado no solamente en diversos estudios y trabajos de consultoría contratadas por diversos gobiernos que han costado elevadas sumas de dinero, sino en decenas de libros de expertos que explican detalladamente cómo insertar a la economía campesina en la estructura económica del país.
Un ejemplo es la Misión Rural, contratada en 1998 por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Igualmente, el profesor Absalón Machado, experto en economía agraria, dijo en 1991, en su libro Apertura Económica y Economía Campesina: “la reforma agraria debe orientarse a modificar el elemento fundamental de la estructura agraria del país (…) acompañada de acciones complementarias como crédito, asistencia técnica, comercialización, capacitación y organización de quienes acceden a la propiedad”.
Esto confirma que el problema de tierras no solo está sobrediagnosticado, sino que las soluciones planteadas datan de medio siglo atrás.
Y si todo se ha dicho, entonces ¿por qué no se han adoptado las soluciones?
“Por falta de voluntad política”, sostiene el presidente de la SAC.
Con este panorama se concluye que los problemas del agro están sobrediagnosticados, que el modelo inclusivo no está en discusión, que hay que dedicarle más tiempo a lo interno que a lo externo, y que es hora de que el país pague la vieja deuda social con el campo.
COSECHA DE INSTITUCIONES LIQUIDADAS
Al revisar las acciones de los Gobiernos en los últimos 50 años se encuentra que se han hecho muchos ensayos con instituciones creadas para impulsar la economía campesina, pero los resultados no han sido los esperados.
Entidades como Incora, Idema, Himat, Emcoper, DRI, Inpa, Caja Agraria y Corfipesca y hasta Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), ya no existen o fueron transformadas.
Y ni hablar del fracasado programa Agro Ingreso Seguro (AIS). El programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE), dejó de ser una iniciativa que entregaba subsidios a los productores afectados por los TLC para convertirse en un programa de crédito. A ello se suma a falta de infraestructura (vías, plantas agroindustriales y redes de frío),
En la actualidad, el Gobierno estudia la posibilidad de cambiar la política de subsidios y apoyar la economía campesina a través de incentivos a la producción.
Édmer Tovar M.
Editor de Portafolio
Tomado de: portafolio.com

lunes, 4 de noviembre de 2013

Asesinado líder campesino Cesar García


"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera" Pablo neruda

¡NO A LA COLOSA!
SOMOS MILLONES LOS QUE NOS OPONEMOS A LA MEGAMINERÍA

Súmate a la Alianza Mundial contra el Oro

No Uso, No Comercializo y No porto Oro porque su extracción está acabando el Planeta, a la Gente y sus Culturas

Para mayor información y adherirse a esta campaña puedes ir al siguiente Link y participar de esta iniciativa Mesoamericana que debe ser mundial

Conflicto agrario: campo de discordias

Por: Libardo Sarmiento Anzola
Nuestros pueblos originarios no son sumisos. El reciente levantamiento agrario-minero popular, en lucha por la defensa de su existencia, dignidad y derechos, es un proceso insurreccional que tan sólo ha comenzado y continúa. Es una lucha en la cual está en juego la vida de nuestros pueblos raizales.
El incumplimiento del Gobierno de sus compromisos respecto a los acuerdos negociados, en medio del conflicto agrario, torna al campo colombiano en un volcán a punto de entrar en erupción. Las dignidades agrarias, ante las necesidades que apremian, elevan su conciencia, se organizan y fortalecen la contienda por sus demandas. Eterna lucha por la existencia, en un mundo darwiniano.
La violencia como instrumento de la política ha gozado de la prerrogativa de la oligarquía colombiana para imponer su concepción del desarrollo en beneficio propio. En particular, el modelo de modernización forzada del agro fue agavillado a la violencia para imponer la economía minero energética, ganadería extensiva y agronegocios, en contra de los pueblos originarios (campesinos, negros, indígenas, comuneros y colonos). Existe una superposición geográfica entre las áreas de intensa actividad extractivista y los movimientos sociales de resistencia y lucha por la vida, los territorios, la cultura y la dignidad (ver el siguiente mapa).
Para la “Misión del Banco Mundial a Colombia, 1949-53”, liderada por el economista canadiense Lauchlin Currie (1902-1993), el problema de la pobreza generalizada en el país surge de la baja productividad de la gran masa de la población, y no de las condiciones de explotación, opresión y concentración de la propiedad. Según Currie, el problema que había que resolver no era el de la tenencia de las tierras, sino el de la producción agrícola y la productividad que había que aumentar. Agradable melodía a oídos de la oligarquía.
Con base en la teoría del desarrollo del “sector líder”, el informe abogó por políticas tendientes a estimular el cambio técnico en el agro, el sector de la construcción y las exportaciones. Según la Misión del Banco Mundial, la despoblación de las áreas rurales no es un fenómeno indeseable, sino más bien un corolario esencial del desarrollo económico y social. En consecuencia, la única solución a la pobreza rural era la generación de empleo fuera de la agricultura para la gran masa de campesinos y trabajadores agrícolas marginales de baja productividad. De este modo, para inicios de la década de 1970, durante el gobierno de Misael Pastrana, y atado a la guerra que desató el Estado contra la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC, la oligarquía dio entierro de tercera a los tímidos e ineficaces programas de reforma agraria (Pacto de Chicoral) propuestos en la década de 1930 por López Pumarejo (Ley 200 de 1936) y reeditados por Carlos Lleras en Restrepo en la década de 1960 (Ley 135 de 1961).
La misión del Banco Mundial insistía en la necesidad de planificar y crear las condiciones que generarían una rápida expansión de la población urbana colombiana en relación con la rural. Este objetivo se alcanzaría aumentando la productividad en todos los sectores, empezando por la agricultura. Frente al crecimiento acelerado de la población, esto significaba que la mano de obra de las regiones sobrepobladas de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Nariño, Cauca, Santander y la Costa Atlántica podía reclutarse para trabajar en la industria, los servicios y la construcción urbana, sectores que de este modo podían crecer sin aumentos salariales (adicional a las acciones de represión brutal de los sindicatos y movimientos cívicos).
Con la puesta en práctica de estas recomendaciones, el país viene, desde entonces, observando entre impávido y horrorizado cómo se profundiza y acelera el colapso del sector agropecuario tradicional y el despoblamiento del hábitat rural, aupado por la violencia oligárquica, fenómeno incipiente a partir de la década de 1920 (ver gráfico adjunto).
El desplome del agro se unió adversamente al fallido intento de industrialización por sustitución de importaciones el cual empezó su declive a mediados de la década de 1970, en un contexto de crisis estructural del sistema mundo capitalista y de una nueva división internacional del trabajo. El país retornó a la economía extractiva para desempeñar el lamentable rol de exportador de materias primas sin adición de valor agregado ni empleo. El sector minero-energético controlado por transnacionales tomó vuelo a finales de la década de 1970, con su secuela de destrucción social y ambiental, de la mano del vampiro financiero, entretanto el latifundismo ganadero ganaba terreno. Con la ayuda del terror estatal y los ejércitos de la extrema derecha, la oligarquía y las transnacionales lograron despejar y despojar buena parte del territorio nacional. Entre 1958 y 2012, según el Grupo de Memoria Histórica, el conflicto armado arroja 220.000 asesinatos, ocho de cada diez son civiles inermes, en su mayoría población rural. Además, fueron desterrados o desplazados por la violencia seis millones de personas a quienes se les despojó de siete millones de hectáreas productivas.
En la década de 1990, el gobierno de César Gaviria (1990-1994) dio impulso al tercer sector agrario (los otros dos son el minero-energético y el latifundio ganadero) en contra de la economía tradicional campesina: a lo largo y ancho del país se implementó esquemas empresariales de grandes extensiones para la siembra de monocultivos como la palma, el caucho y el cacao. En paralelo, se impuso la más descarnada apertura del mercado colombiano, la privatización y desnacionalización del aparato productivo y la entrada del capital transnacional. El ministro de hacienda de esa administración, Rudolf Hommes, sentenció a muerte por inanición a cerca de doce millones de pobladores del campo al afirmar, con su socarrona sonrisa, “la mejor seguridad alimentaria para el país es disponer de un abultado fondo de divisas para importar bienes básicos”.
Con la apertura a las importaciones promovida durante la administración Gaviria, se elevó el desempleo y desapareció un millón de hectáreas de cultivos transitorios (algodón, trigo, cebada, sorgo, soya, maíz, granos) que nunca se recuperaron; sólo lograron persistir los productos protegidos mediante aranceles. En paralelo, se acabó de eliminar lo que quedaba de apoyo estatal a la economía campesina. Declive observado desde la década de 1970, en lo que se refiere al desmonte de la institucionalidad de fomento y los programas de bienestar familiar campesino, la desaparición de la investigación y transferencia tecnológica, freno a la inversión en infraestructura rural y cierre del crédito. Adicionalmente, la oligarquía consolidó la contrarreforma agraria logrando reversar los limitados logros de períodos anteriores y despejar el campo para la inversión capitalista.
Durante el largo, corrupto y violento gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se intentó dar la estocada final a los campesinos, colonos y pueblos oprimidos (indígenas y negros). Abiertamente se fortaleció la penetración del capitalismo en los sectores minero-energético y agricultura, absorbiendo las economías agrarias tradicionales y acelerando la destrucción social y ambiental. La población campesina vio amenazada su existencia ante el avance de megaproyectos, de las empresas agrícolas y mineras, la expansión del latifundismo ganadero, de los bombardeos indiscriminados en la guerra contrainsurgente, de las fumigaciones aéreas con Roundup Ultra y los procesos de modernización excluyente del campo, apuntalados mediante el desplazamiento forzoso producto del terrorismo de Estado y las avanzadas del paramilitarismo. Además de potenciar el neoliberalismo beligerante, la administración Uribe repartió subsidios a diestra y siniestra que favorecieron a los ricos capitalistas del campo a cambio de apoyo y votos para la continuidad en el poder de la clase y grupo político que representa.
En su visión prospectiva del país, el gobierno Uribe sentenció: “una gran proporción de predios rurales son pequeños y, por lo general, inviables económicamente. Además, existe en Colombia una baja movilidad de la tierra, lo que ha dificultado los procesos de inversión y crecimiento en el sector agropecuario” [1].
Con la variedad de TLC suscritos, la Alianza del Pacífico (unión de los países neoliberales de América Latina) y las importaciones de productos agrícolas que pasaron de un millón a diez millones de toneladas, se eliminó otro millón de hectáreas agrícolas entre los años 2000 y 2012, afectando negativamente los sectores productores de arroz, cárnicos, avícola, lácteos, oleaginosas, papa, azúcar, hortalizas y café. En el sector agrícola una oferta excedente genera drásticas caídas de precios. Durante el último año, 2012-2013, el valor CIF de las importaciones de productos agrícolas y alimentarios aumentaron en 10,3 por ciento (DANE, al mes de julio de 2013); en el mismo período, los precios a los productores agrarios colombianos cayeron ocho por ciento; los ingresos de los habitantes del campo cubren apenas un poco más de la mitad de los costos de producción, por tanto están arruinados. El resultado: un campo empobrecido y el arrasamiento de la seguridad alimentaria nacional. Para nuestra vergüenza, en Colombia la desnutrición y el hambre afectan a 10,6 por ciento de la población; en contraste, otros países de la región han logrado erradicar este flagelo humano: Cuba, Argentina, Chile, México y Venezuela.
La administración Santos (2010…) afirma de manera autoritaria y pendenciera que este modelo de desarrollismo forzado, oligárquico, transnacional y excluyente, no se negocia; defiende a capa y espada la triada minero-energética, latifundio ganadero y capitalismo agroexportador, en el marco de los TLC. Adicional a la tradicional eliminación física o destierro, la alternativa que ofrece a campesinos, colonos y pueblos indígenas y negros es la de participar y hacerse cómplice de su propia explotación por parte de los empresarios del campo mediante las “Alianzas Estratégicas o productivas” en las cuales los campesinos entran como “socios” en las cadenas productivas agroindustriales; modelo en el cual los productores rurales tradicionales asumen todos los costos y riesgos, mientras los agro capitalistas apropian la “tajada del león”.
Adicional y de manera atropellada, el gobierno Santos continúa promoviendo la acumulación de inmensos baldíos a manos de empresarios en la altillanura, con la consecuente destrucción social y ambiental de la Orinoquia y la Amazonia. Para asegurar su propósito, nombra como Ministro de Agricultura al abogado y presidente de Indupalma, Rubén Darío Lizarralde, con el fin de expandir el modelo de monocultivos y “Alianzas Estratégicas” a todos los confines del país. Cuando Lizarralde dirigía el gremio de palma, esta asociación violó la ley al adquirir baldíos reservados a campesinos sin tierra. En general, los empresarios capitalistas del agro se valen de engaños jurídicos y de la complacencia del Estado para estas adquisiciones ilegales.
Nuestros pueblos originarios no son sumisos. El reciente levantamiento agrario-minero popular, en lucha por la defensa de su existencia, dignidad y derechos, es un proceso insurreccional que tan sólo ha comenzado y continúa. Es una lucha en la cual está en juego la vida de nuestros pueblos raizales.
[1] Presidencia de la Republica-DNP (2005). Visión Colombia II Centenario: 2019. Bogotá, pág. 149.

Tomado de: Prensa Rural

domingo, 3 de noviembre de 2013

DENUNCIA PÚBLICA

DENUNCIA PÚBLICA

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL


La Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú –ASODECAS- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, que el día de hoy, 01 de noviembre de 2013, a eso de las nueve de la mañana, el Ejército Nacional (al parecer miembros de la Brigada Móvil 24) realizó ametrallamientos contra viviendas del corregimiento de Crucito (Tierralta- Córdoba), lo que ha generado gran temor en la comunidad que habita este caserío.
                                                           
ANTECEDENTES:

1.    Los días 26 y 27 de abril de 2013, en el corregimiento de Crucito, municipio de Tierralta, Córdoba, se realizó la primera Acción Humanitaria “Por el derecho a la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra, y la permanencia en el territorio”. En la Acción Humanitaria se puso en evidencia la difícil situación en la que viven los campesinos de los Corregimientos y veredas de Tierralta, ante las permanentes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que cometen los miembros del Ejército en la zona, caracterizadas principalmente por el Bloqueo alimentario, económico y sanitario que se tiene sobre la zona, las detenciones arbitrarias a campesinos, y la estigmatización sobre los procesos organizativos de los campesinos de la zona.

2.    Desde hace algunos meses se han venido presentando y denunciando por parte de ASODECAS las fumigaciones  aéreas que se vienen haciendo sobre cultivos de pancoger en la región, así como los hechos en los que se obliga a los campesinos a erradicar manualmente cultivos de uso ilícito sin ofrecer garantía alguna para el sustento económico del campesinado.

3.    El fin de semana pasado, los días 28 y 29 de octubre, se realizó en Montería, Córdoba, la Constituyente por la Paz con Justicia Social y Cumbre Agrominera, Comunal y Estudiantil “por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio”, actividad en la que participaron campesinos, estudiantes, mineros, y miembros de juntas de acción comunal, quienes construyeron, a partir de sus propuestas, el Mandato popular Constituyente, y adicionalmente se instalaba la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA- Departamental. 

HECHOS

1.    El día 31 de octubre de 2013, se presentaron sobrevuelos de avionetas de la Fuerza Aérea, sobre los sectores conocidos como Cruz Grande y Río Verde, en los límites entre el Embalse del Río Sinú y el Parque Natural Nudo de Paramillo, lo que tiene preocupados a los campesinos de la región del Alto Sinú, frente a posibles fumigaciones que puedan hacerse en los próximos días sobre los cultivos de yuca y arroz que tienen cultivados en sus parcelas.

2.    El día de hoy, a eso de las nueve de la mañana, hombres del Ejército Nacional, al parecer pertenecientes a la Brigada Móvil No. 24, que opera en la zona del Nudo de Paramillo, se ubicaron a unos 200 mts de las viviendas del corregimiento Crucito, del Municipio de Tierralta, Córdoba, y desde esa distancia procedieron a realizar ametrallamientos y disparos indsicriminados hacia las casas de los pobladores del corregimiento. Ante esto, algunos campesinos tomaron fotografías, y cuando los soldados se percataron de que los estaban fotografiando huyeron cobardemente del lugar. En los hechos ninguna persona resultó herida, pero los hechos han generado gran temor en la comunidad lo que puede llevar a que se genere una situación de desplazamiento forzado de los pobladores de Crucito.



RESPONSABILIZAMOS:


1.    Al Estado Colombiano, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos Calderon, al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares, en especial a la Brigada Móvil No. 24, EN CABEZA DEL CORONEL TREJOS MANRRIQUE, violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH)  que se han cometido en las últimas horas en el corregimiento de Crucito, que han resultado en afectaciones de bienes civiles y daños morales y psicológicos sobre la población, que podría llevar a que se genere una situación de desplazamiento forzado por temor a nuevas acciones del Ejército en la zona.

EXIGIMOS

1.    A los gobiernos Municipales, al gobierno Departamental y Nacional, tomar las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, el Derecho a la Vida, la integridad personal y psicológica, de los campesinos que habitan en el Corregimiento de Crucito, frente al accionar ilegal del Ejército en la zona.

2.    Al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y al GOBIERNO NACIONAL  suspender las fumigaciones aéreas sobre los cultivos de pancoger de los campesinos de la zona.

3.    A  la Fiscalía y demás autoridades pertinentes, que se investigue y  judicialice a los responsables de los hechos aquí denunciados.

4.    A la Defensoría del Pueblo, se intervenga para garantizar la efectividad de los derechos humanos y el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario de la comunidad de Crucito.

SOLICITAMOS

A la comunidad Nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, el acompañamiento y el estar atentas a las situaciones de riesgo en las que se encuentra la población asentada en este corregimiento, a exigir al Estado detener su accionar en contra de los campesinos del Alto Sinú y a difundir públicamente esta denuncia.

NOTA ACLARATORIA:
Desvirtuamos el ejercicio militar del Coronel Pérez, a quien hace quince días lo trasladaron hacia otro cargo o rango; por consiguiente no hace parte de la móvil 24, y a quien se le responsabilizaba en esta misma denuncia en el día 01 noviembre 2013 por los hechos en ella relatados. Esto en salvaguarda de su integridad como sujeto de derechos y en carácter de obligatoriedad con fines de hacer responsable al CORONEL TREJOS MANRRIQUE, quien sí es, el comandante de esta brigada móvil militar nro. 24.

02 Noviembre 2013


INSTITUCIONES A DONDE SE DEBE DIRIGIR:
 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
JUAN MANUEL SANTOS
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño. Bogotá, D.C.
Fax. 5662071

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ANGELINO GARZÓN
Carrera 8a No.7-57. Bogotá, D.C.
Línea gratuita nacional: 01 8000 913040

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Vicepresidencia de la República
ALMA VIVIANA PÉREZ
Calle 7 No. 6 - 54 Bogotá D.C. - Colombia

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Señor JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ
Oficinas en Bogotá: Calle 55 Nº 10 - 32
Defensor del Pueblo-Cordoba
VICTOR  DAVID CASTILLA

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Señor Alejandro Ordoñez
Cra. 5 #. 15-80, Bogotá.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Diagonal 22 B No.52-01 (Ciudad Salitre, Bogotá D.C.)
Fax: (+571) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 113 No. 7-45 Torre B Oficina 1101
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