miércoles, 28 de agosto de 2013

MANIFESTACIÓN PÚBLICA

MANIFESTACIÓN PÚBLICA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAMPESINOS PAPEROS Y CEBOLLEROS DE AQUITANIA.

28 de agosto de 2013 a la(s) 15:39
Aquitania, Boyacá, Colombia, Agosto 28de 2013

SEÑORES
MESA DE CONCERTACION Y DIRIGENTES DEL PARO NACIONAL AGROPECUARIO
COLOMBIA

En primer lugar, manifestamos a la opinión pública que lospequeños y medianos agricultores de cebolla, papa, haba, frutas demáshortalizas de Aquitania estamos unidos al Paro Nacional Campesino.
Pedimos en primer lugar disculpas a los gremios campesinos deBoyacá por la falta de participación de los grandes productores en las mesas deconversación como los demás municipios boyacenses. 
El Municipio de Aquitania abastececon cebolla larga a más del 90 % del mercado nacional y desde luego también producimos la más variada producción agrícola y pecuaria para el departamento.
Enrazón de no tener delegados de los grandes productores, el grupo DEFENSA Y SALVACIÓN DEL LAGO DE TOTA, como grupo de la sociedad civil organizada y atendiendo el sentir de nuestros miembros, hijos de pequeños agricultores, DELEGAMOS A María del Pilar Lemus C.C 1014248991 de Bogotá, como representantede los pequeños y medianos productores Aquitanenses. Ella es Una Joven líder,estudiante, que cuenta con el apoyo de todos los jóvenes y miembros de nuestra organización.  .

Estos son los puntos que manifestamos a la opinión pública y los demás dirigentes del Paro Nacional Campesino, como los que estamos apoyando y abogamos porque lospequeños y medianos agricultores aquitanenses seamos también escuchados connuestras quejas y reclamos:

1.Sobre el TLC: Solicitamos apoyo tecnológico y capacitación para losagricultores colombianos de tal manera que seamos competitivos y hagamos frentea las importaciones de que somos víctimas.
2.Costo de los insumos: Aquitania es el primer consumidor de agroinsumos a nivelde Boyacá. El elevado costo de estos insumos agrícolas y por las razones yaexpuestas por los demás gremios, tiene en la ruina a los agricultores.
3.Créditos Bancarios: los campesinos son comprometidos para refrendar loscréditos y están perdiendo sus tierras, siendo los paperos los más afectados.
4.Téngase además en cuenta que la plaga de la “polilla guatemalteca”, generapérdidas incalculables a todo el renglón papero de Colombia.
4.La Ley 970 del ICA: atenta con la soberanía y autonomía alimentaria de nuestrospueblos que privatiza las semillas en Colombia.
5.Costo de combustibles: A pesar de la famosa locomotora minero - energética elprecio de combustibles es el más caro del país. En Aquitania el renglón deltrasporte es el más grande de Boyacá, por también se asumen costos elevados quevan en detrimento de la economía familiar.
6.Leche: En las veredas de la región sur del Municipio y en Toquilla e Hirba  están en pérdidas por falta de apoyo, de mejorasen las vías carreteables para sacar sus productos derivados de la leche. Sonlas regiones más deprimidas del Municipio.
7.El maltrato de parte del ESMAD: rechazamos categóricamente el maltrato al quefueron sometidos los boyacenses, estudiantes y campesinos en general. Laviolencia no es garantía de ningún proceso y el derecho a la libre expresión ya las manifestaciones públicas está consagrado en la Constitución Nacional.
8.Rechazamos de manera categórica las vías de hecho para solucionar losconflictos, pero comprendemos que la pobreza ha llevado a los campesinos aexigir sus derechos.
9.El gobierno Nacional generó el malestar de los campesinos cuando en una primerainstancia no quiso aceptar las justas quejas y reclamos de los manifestantes.
10.Megaminería: este renglón de la economía tal como la viene adelantando elGobierno Nacional está llevando a la quiebra a los pequeños mineros.
11.Las problemáticas ambientales: el campo está siendo visto como el fortín de lasmultinacionales. No permitimos que los Humedales de Boyacá se pongan en riesgo por culpa de una política dedesarrollo que no ve la prioridad de los recursos naturales no renovables.
12.Humedal Lago de Tota: reclamamos por el abandono al que ha sido sometido elHumedal Lago de Tota. Exigimos la construcción de una PTAR en el Municipio deAquitania y las demás obras que se requieren para garantizar la preservacióndel Humedal más importante de Colombia, tanto en sus páramos, ríos y quebradasy pedimos la cátedra ambiental para la región.
12.Exigimos una política pública para el sector agropecuario que nazca de lasnecesidades sentidas del pueblo y que proteja al campesino con apoyos yseguridad. No podemos seguir viendo a nuestros padres y campesinos destinados ala pérdida de sus productos y como juventud colombiana pedimos y queremos unpaís justo, soberano y digno para vivir.

Esperamos que ustedes, como líderesdel Paro Nacional Agropecuario puedan llevar a feliz término las conversacionesy todo redunde en beneficio de todos.

Cordialmente,
MARÍADEL PILAR LEMUS GUTIERREZ
C.C 1014248991 de Bogotá
Unidad de Agroecología “Defensa ySalvación del Lago de Tota”
Delegada vocera de los pequeños ymedianos agricultores aquitanenses.

domingo, 25 de agosto de 2013

La barbarie que rodeó la siembra de palma en Chocó

En el juicio que se le sigue a palmicultores, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hizo un recuento de los crímenes cometidos contra la población civil entre 1996 y 2004.
Una masacre perpetrada el 6 de octubre de 1996 por un grupo paramilitar en el caserío Brisas, situado en territorio colectivo de Curvaradó, bajo Atrato chocoano, fue el preludio de una época de terror que afectó a la población civil por varios años, obligándola a desplazarse y a dejar su territorio a merced de diversos intereses, entre ellos los de inversionistas en palma africana y ganadería.
Masacres, homicidios selectivos, descuartizamientos, torturas, desapariciones y desplazamientos formados hacen parte del espectro criminal que rodeó el proyecto de siembra de palma de aceite a finales de la década del noventa en esta región chocoana, que impulsó el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil y se concretó en predios protegidos por leyes colombianas.
Así lo estableció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a las víctimas de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó en el proceso que por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial  importancia ecológica, que se le sigue a 21 personas, entre intermediarios, abogados y empresarios.
En los alegatos de conclusión durante el cierre de la etapa de juicio, abogados de esta organización no gubernamental hicieron ante el Juzgado Adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín un recuento de las acciones ejecutadas por comandos armados de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en territorios de protección especial por parte del Estado, ubicados en el municipio de Carmen del Darién, y de interés estratégico de esos grupos armados organizados ilegales.
Según la Comisión, desde 1996, “las comunidades afrodescendientes y las familias mestizas que habitan las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, sufrieron daños irreparables en sus vidas e integridad personales debido al accionar de los grupos paramilitares que se asentaron en la región, con la connivencia, tolerancia y aquiescencia y en ocasiones en desarrollo de operaciones coordinadas y conjuntas, con la Brigada XVII del Ejército Nacional”.
Si bien, en un principio, se consideró que las operaciones paramilitares tenían un carácter contrainsurgente y buscaban atacar las posiciones de varios frentes de las Farc en esta región chocoana, lo que se reveló años después, luego de los crímenes contra la población civil y los posteriores desplazamientos masivos de 1997 y 2001, fue un proyecto de ocupación de predios para el desarrollo de negocios agroindustriales y la explotación ganadera.
“Estos hechos forman un patrón común de ataques en contra de la población civil, no vinculada con el conflicto armado, por miembros de grupos paramilitares que operaban y continúan operando con la colaboración, aquiescencia, y participación de agentes estatales de la fuerza pública, en particular la Brigada XVII del Ejército Nacional, y del cual se beneficiaron los partícipes del proyecto del monocultivo de palma africana y la ganadería extensiva en la región”, conceptuó la Comisión Intereclesial.
Crímenes atroces
Las primeras muertes ocurrieron el 6 de octubre de 1996. En esa ocasión, un comando paramilitar de por lo menos 50 hombres incursionó a eso del mediodía en el corregimiento Las Brisas, de Curvaradó, reunió a todos los pobladores, cerca de 400 personas, en la calle principal del caserío.
“A los hombres los hicieron tender en el suelo donde los pisaron y patearon acusándolos de pertenecer a la guerrilla. Los armados se autoidentificaron como ‘los mochacabezas’ y la ‘Autodefensa Campesina’. Durante la operación paramilitar, se presentó el sobrevuelo de un helicóptero militar”, se lee en el escrito de la Comisión, que retoma testimonios de campesinos que se presentaron como testigos en el juicio contra los palmicultores.
Ese día fueron asesinados Alcibiades Palacios Hurtado, José Magno Murillo, Santander Mendoza, Alfonso Díaz Cabezas, Yosmi Pájaro y un hombre conocido como Marcos. A todos ellos se les señaló como “colaboradores de la guerrilla” por parte del comando paramilitar.
“A Marcos lo mataron frente a todo el pueblo, aproximadamente a 10 metros de distancia de las personas reunidas. Un primer paramilitar le disparó en la cabeza con su fusil, seguido por otro paramilitar quien también le disparó al cuerpo, y luego otros varios quienes hicieron lo mismo”, aseguró la Comisión.
Los crímenes selectivos comenzaron a presentarse una vez comenzó el año 1997. El 2 de enero cerca de 200 hombres armados de las Auc incursionaron en la vereda Bella Flor Remacho y desaparecieron forzadamente a Eder Hernández Herrera. Su cuerpo fue hallado ocho días después cerca del poblado con impactos de arma de fuego y degollado. El jueves 27 de febrero, paramilitares de las Auc asesinaron con un hacha a Eladio Medrano Correa, de aproximadamente 40 años de edad. Su cuerpo fue descuartizado y arrojado al río Curvaradó.
En mayo fueron asesinados Antonio José Banque y José Antonio Robledo; asimismo, Enor Galindo Ibarra y Teodoro Viloria, quienes fueron atacados con cuchillos y machetes. “Los paramilitares degollaron a Enor y a Teodoro, luego les quitaron la cabeza, les abrieron el estómago y arrojaron sus cadáveres al río Sucio, en el puente de entrada de Mutatá”, se lee en el documento.
El 16 de junio de 1997, alrededor de 20 paramilitares retuvieron ilegalmente a un menor de 17 años de edad y lo señalaron de pertenecer a la guerrilla, “luego le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y mientras lo asfixiaban le preguntaron sobre la presencia de la guerrilla. El joven fue asesinado y descuartizado. Sus restos fueron arrojados en el Río León, en la vereda de Patricio”.
Una de las primeras referencias directas a los cultivos de palma de aceite hecha por paramilitares se dio el 2 de junio de 2001, cuando un grupo de por lo menos 150 hombres armados incursionaron en el caserío de Nueva Esperanza, “disparando indiscriminadamente y activando granadas de fragmentación contra los pobladores que allí se encontraban”, se lee en el informe de la Comisión. “En esta acción, los armados manifestaron que debían acostumbrarse al cultivo de la palma africana”.
Crímenes como los descritos fueron perpetrados por facciones de las Auc durante 1997 y continuaron hasta por lo menos el 2004, dejando una estela de sangre en una amplia zona de territorios colectivos de comunidades afrodescendientes, las cuales se vieron obligadas desplazarse continuamente de manera forzada y a abandonar sus parcelas, las cuales fueron ocupadas al parecer de manera irregular por empresarios que invirtieron en cultivos de palma de aceite y hatos ganaderos.
Las constantes incursiones sangrientas de facciones de las Auc en los caseríos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó derivaron en masivos desplazamientos forzados de las comunidades durante 1997 y entre 2000 y 2001, cuando se presentó una segunda oleada de ataques. Pobladores de Brisas, Caracolí, El Guamo, Gengadó Medio, Bella Flor Remacho, Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, Nueva Esperanza, Camelias, Andalucía, El Hobo y Apartadocito, entre otros, huyeron de sus lugares de vivienda y trabajo, de miedo a las acciones armadas de los paramilitares.
Bloqueos alimentarios
De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las operaciones militares y paramilitares realizadas en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó estuvieron precedidas por estrictos controles en el río Atrato desde los puertos de Turbo y Riosucio, y desde Belén de Bajirá, Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Caucheras y Pavarandó, por las carreteras que comunican con el departamento de Antioquia, sitios habituales de mercado para los habitantes del bajo Atrato.
“Se impusieron límites estrictos a la cantidad de productos que podían transportar los residentes de estas comunidades”, aseguraron campesinos ante el juez que procesa a las 21 personas relacionadas con los cultivos de palma en territorios colectivos. Los labriegos señalaron a miembros del Ejército y de la Policía como responsables de este tipo de acciones ilegales contra los pobladores.
Según los testimonios, “se impusieron restricciones a la circulación de las personas y de sus bienes de supervivencia, autorizando la compra y la venta de alimentos por un valor no superior a los $40.000 pesos por familia; se produjeron amenazas, señalamientos y el desplazamiento forzado de todos los habitantes de la carretera que comunica a Chigorodó con Dabeiba y Mutatá con el Jiguamiandó, a través de Belén de Bajirá”.
Incursión económica
A la par de incursiones armadas, desplazamientos forzados y bloqueos alimentarios, los inversionistas en palma y ganadería comenzaron a incursionar en los territorios colectivos, adquiriendo tierras a precios ínfimos y a través de mecanismos fraudulentos, en los que participaron abogados, notarios y testaferros.
“Tal situación de vulneración a los derechos humanos fue hábilmente aprovechada por las personas a quienes, después de diez años, hoy se juzga, quienes actuando en contubernio o perteneciendo a la organización paramilitar, se beneficiaron y propiciaron la perpetuación de la violación de derechos”, afirmó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Finalmente, y tal como lo hizo la Fiscalía General de la Nación en junio pasado, la Comisión Intereclesial pidió al juez condenar a las 21 personas involucradas en este proceso y alertó por lo que viene ocurriendo en los territorios colectivos: “no pueden ser dispuestos materialmente por las comunidades ancestrales pues los paramilitares, empresarios y sus beneficiarios, continúan ejerciendo un inmenso poder en el territorio”. Y agregó que “las comunidades continúan en situación de desplazamiento forzado, no han logrado regresar a sus territorios ancestrales y las presiones para instaurar allí proyectos agroindustriales y torpedear los procesos de restitución, es aún inmensa y vigente”.
En las próximas semanas los abogados de las 21 personas procesadas en este caso presenten tambien sus alegatos de conclusión, los cuales, se presume, se sustentarán en la inocencia de sus apoderados; además, cuestionarán algunas de las pruebas presentadas durante la etapa de juicio. Se estima que a finales de año se pueda conocer la decisión del juez, la cual será en primera instancia y podrá ser apelada ante instancias superiores.

Tomado de: Fensuagro.org

La fuerza e impacto del paro nacional agrario

Por: Fernando Dorado
Las manifestaciones, marchas, plantones, bloqueos de carreteras y otras expresiones de rebeldía protagonizadas por campesinos, productores agrarios y sectores solidarios han sido masivas y combativas, y se han esparcido a lo largo y ancho de todo el país. El Paro Nacional Agrario es un hecho social y político de gran importancia nacional.
Sin embargo, a pesar de la diversidad y variedad de acciones, de las grandes demostraciones de valentía y sacrificio por parte de los pequeños productores de papa, leche, café, cebolla y campesinos en general (indígenas, afrodescendientes y mestizos) en numerosas regiones de Colombia, tenemos que reconocer que no ha tenido la contundencia e impacto que se esperaba.
Tal situación es contradictoria. La fuerza del movimiento se ha hecho presente en más de 25 departamentos, han sido numerosas las concentraciones y marchas, los bloqueos de vías han interrumpido el tráfico automotor en más de 50 sitios, pero la represión y la estrategia del gobierno han minimizado la repercusión de las jornadas de protesta.
El Paro Nacional Agrario se puede caracterizar por su fuerza dispersa y su falta de centralización. Por otro lado, es evidente que el sector convocante – los cafeteros – en ésta ocasión no se movilizaron con la misma fuerza como lo hicieron en febrero-marzo de 2013, lo cual requiere un análisis por separado, preciso y detallado.
En contraposición, sectores como los productores de papa, leche y cebolla de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, han sido fundamentales para la visibilización del Paro, por cuanto han bloqueado carreteras troncales como Tunja-Bogotá y la carretera Panamericana entre Pasto e Ipiales. En esta lucha han estado acompañados por campesinos movilizados en muchos departamentos pero que no han logrado ser tan visibles debido a que el gobierno ha impedido su desplazamiento y concentración en carreteras importantes.
Nos interesa, ante todo, reflexionar sobre el movimiento social, explorar sus complejidades, analizar sus avances y retrocesos, entender la forma de pensar, sentir y reaccionar de las amplias masas populares, identificar el por qué de las cosas, aprender de los errores que se hayan podido cometer, todo con el fin de contribuir a mejorar y fortalecer los procesos de organización popular.
La cobertura de la movilización campesina y popular
El Paro Nacional Agrario se ha manifestado en gran parte de los departamentos de Colombia. El movimiento de las “dignidades” no consiguió congregar todas las fuerzas comprometidas, siendo las movilizaciones de productores de leche, papa y cebolla de Boyacá y Nariño, las más importantes. Los productores de café, como veíamos, se han movilizado parcialmente pero lejos de la contundencia demostrada en el Paro Cafetero de febrero-marzo de 2013.
Por otro lado, el Coordinador Nacional Agrario y la Mesa de Interlocución y Acuerdo han movilizado importantes fuerzas campesinas en gran cantidad de departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, Casanare, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Huila y Tolima, pero teniendo en cuenta la lejanía de los municipios y regiones, y frente a la obstaculización por la fuerza que ha desarrollado el gobierno para impedirles su concentración en vías de comunicación centrales, el impacto conseguido ha sido menor y su visibilización ha sido torpedeada por las mismas fuerzas represivas con la colaboración de los principales medios de comunicación.
Las marchas realizadas en solidaridad con el Paro por los trabajadores, maestros, estudiantes, trabajadores de la salud y otros sectores populares de las ciudades han sido también masivas en muchas capitales de departamento y muestran una reactivación del movimiento social que rechaza las políticas neoliberales y anti-populares del gobierno.
La estrategia del gobierno
La principal estrategia del gobierno ha sido de tipo militar y policivo. Se militarizaron las principales vías del país y se le ha dado un tratamiento de guerra a la protesta social. Desde antes de comenzar las jornadas de movilización agraria el gobierno se dedicó a atemorizar a la población anunciando un “operativo contundente” a cargo del ejército y la policía.
Esta estrategia ha consistido, por un lado, en bloquear los desplazamientos campesinos impidiéndoles llegar a carreteras troncales. Por otro, cuando existen concentraciones masivas arremeten con fuerzas del ejército y policía (ESMAD) contra la población movilizada con todo tipo de armas, perdigones, gases lacrimógenos desde tierra y aire, destruyendo sus “cambuches” y demás elementos como útiles de cocina y comida. En ese proceso detienen dirigentes y manifestantes, y empadronan ilegalmente a los protestantes con la intención de intimidarlos.
Además, ha tratado de posicionar la teoría de una supuesta “responsabilidad social de las protestas”. Ahora la culpa de que se obstaculice el tráfico en una carretera no depende del gobierno que con su incapacidad e incumplimientos obliga al pueblo a protestar, sino que está en el movimiento social. Es una teoría sesgada y peligrosa que hay que enfrentar. Los hechos demuestran la viabilidad y justeza de los bloqueos. El gobierno lo está demostrando cuando sólo llama a negociar a quienes han cerrado carreteras con contundencia y fuerza.
Otra estrategia ha sido negociar por separado con algunos sectores sociales comprometidos para desvincularlos del Paro. Por ejemplo, con promesas y dádivas logró dividir al gremio de los camioneros, aislando a la Asociación Colombiana de Camioneros ACC, que representa la tercera parte del potencial de carga en el país. De igual manera procedió con los indígenas del Cauca agrupados en el CRIC, prometiéndoles recursos para adquisición de tierras y otros proyectos. Así mismo, consiguió la desvinculación del paro del movimiento cafetero del Huila.
Siguiendo esa línea, con la colaboración de gobernadores, alcaldes y parlamentarios santistas, el gobierno ha intentado montar mesas regionales y locales de negociación, tratando de deslegitimar las direcciones nacionales del movimiento. En esa trampa han caído algunos dirigentes que, o están desorientados o quieren conscientemente hacerle el juego al gobierno.
La situación particular del sector cafetero
En cuanto a la escasa fuerza mostrada por el sector de caficultores en el Paro Nacional Agrario, se pueden mencionar varias causas objetivas y otras que tienen un carácter político en la dirección del movimiento. Entre las causas objetivas se pueden mencionar las siguientes:
- Entre algunos sectores cafeteros que participaron en el paro de febrero-marzo quedó la sensación de que la negociación había sido muy floja frente al tamaño del esfuerzo realizado. Ello puede haber desmotivado a dichos sectores a participar nuevamente.
- El pago del PIC (Protección al Ingreso Cafetero) obtenido en el anterior paro benefició principalmente a caficultores medianos y grandes, lo cual puede haberlos satisfecho parcialmente. Además, el gobierno nacional se apropió hábilmente de ese logro, presentándolo por los medios de comunicación como si fuera una iniciativa propia de su administración.
- La época de cosecha en los departamentos del eje cafetero y en el Huila ya está encima y ello es una preocupación material ya que el café no da tiempo una vez se madura.
- La intransigencia demostrada por el gobierno en el Paro del Catatumbo, y lo dilatado y desgastante de ese conflicto puede haber atemorizado a amplios sectores de caficultores y desanimarlos de participar en la nueva jornada.
- Los pequeños productores de café, que eran los más afectados por el no cumplimiento del pago del PIC, al no tener el respaldo material de los caficultores medios y grandes, y sobre todo de los comerciantes de los pueblos y ciudades que salieron golpeados económicamente del anterior paro, no tenían materialmente como sostenerse durante el nuevo movimiento.
- Hubo muy poco tiempo de preparación entre la fecha que se acordó el paro en Armenia y la fecha de su realización. Éste tipo de esfuerzos requieren de más tiempo para clarificar dudas, sustentar razones, aglutinar fuerzas y preparar logística.
Desde el punto de vista político pueden señalarse los siguientes aspectos:
- El movimiento cafetero no ha construido un pliego que combine la solución de emergencia a las necesidades inmediatas con una propuesta que contemple el problema central de la caficultura colombiana que es su incapacidad para sobrevivir en las actuales condiciones de competencia y monopolio del mercado mundial del café procesado, tostado y soluble. Para la mayoría de caficultores su viabilidad económica hacia el futuro está en entredicho.
- La ausencia de una propuesta político-estructural llevó a que en el pliego y negociación del paro de febrero-marzo se le diera una prioridad desmedida al tema del precio, descuidando aspectos tan importantes como los precios de los fertilizantes e insumos, los créditos bancarios, las importaciones y el impacto de la minería en regiones cafeteras.
- Se envió un mensaje a la población en general de que los caficultores luchaban por intereses estrictamente sectoriales, lo que el gobierno ha aprovechado para tratar de aislar y debilitar el movimiento. Ha faltado un discurso más político que confronte las ganancias de los sectores financieros y los grandes monopolios capitalistas protegidos por el gobierno frente al aporte histórico que han realizado los caficultores colombianos a la economía nacional.
- Ese espíritu “economista” ha impedido que Dignidad Cafetera y las demás “dignidades” agrarias realizaran esfuerzos por coordinar la lucha de los productores agropecuarios con el resto de organizaciones campesinas del país. Ha existido también una especie de actitud “sobradora” frente a los demás sectores organizados que se querían concertar para realizar un Paro Nacional Agrario de impacto contundente y amplio.
- A nivel organizativo se puede observar una conducta demasiado “flexible” y algo oportunista frente a algunos políticos tradicionales que están en campaña, y que como en el caso de Orlando Beltrán en el Huila, propiciaron acuerdos por separado con el gobierno sin respetar las decisiones nacionales. Esa estrategia que está dentro de la visión de “ganarse a la burguesía nacional” no sólo se ha presentado en ese departamento y puede haber confundido a las bases cafeteras sobre los reales objetivos del paro.
- Después del paro cafetero de febrero-marzo se cayó en cierto triunfalismo que llevó a magnificar las fuerzas y sobreestimar la verdadera capacidad organizativa. No se tuvo en cuenta que el gobierno podía jugársela para “medirle el aceite” al movimiento y desgastar la lucha, tanto de los cafeteros organizados en Dignidad Cafetera como de los sectores políticos comprometidos con el apoyo al paro.
La coyuntura y el futuro
Lo indiscutible es que el gobierno –hasta ahora– ha podido sobreaguar ésta crisis. Por medio de la amenaza, la represión, la desinformación y la “cooptación” de algunos sectores agrarios y populares, el gobierno ha podido manejar el conflicto y evitar un golpe político de mayor calado.
No sabemos qué otras reservas tenga el movimiento social para forzar una negociación digna a nivel nacional y lograr la superación positiva de ésta etapa de lucha. El gobierno intenta por todos los medios negociar con los productores de Boyacá y Nariño en mesas separadas, desconociendo las coordinaciones nacionales. Ese será el pulso que definirá la salida de la coyuntura actual.
Sin embargo los problemas son de carácter estructural y van a seguir mellando y carcomiendo la economía de amplios sectores de la población, no sólo agrarios y del campo, sino de todos los sectores sociales subordinados. El impacto de las políticas económicas neoliberales, especialmente de la aplicación de los TLCs., la reforma tributaria, la entrega de recursos naturales (incluida la tierra) a transnacionales extranjeras y “nacionales”, el impacto de la mega-minería y demás proyectos energéticos, todo y mucho más, está obligando al pueblo colombiano a organizarse y prepararse para nuevas jornadas en donde salgamos unidos a la lucha, ya no con pliegos de peticiones sectoriales sino con consignas políticas de mayor calado para todos los explotados de Colombia.
La experiencia de juntar necesidades sectoriales y elaborar pliegos de exigencias aparentemente más integrales pero todavía dentro de un espíritu “economista”, debe ser revisada y revaluada. Es el régimen político y el modelo de desarrollo el que tiene que ser enfrentado y cambiado, y para ello debemos aprender de nuestros errores y rectificar. Menos sectorización y compartimentación de las luchas sociales, más integración y coordinación, debe ser una de nuestras metas.
La gran experiencia de éste paro agrario que está en desarrollo es que nuestro pueblo ha venido elevando su nivel de comprensión de los problemas y está decidido a luchar. Hay que ver como hasta el campesino lechero más sencillo tiene claro que para poder sobrevivir como productores tienen que forzar al gobierno a “renegociar los TLCs”. De él, debemos aprender.
De igual manera, las consignas y arengas que debemos construir hacia el futuro deben ser más unificadoras y educadoras. Las tareas que tenemos por delante nos comprometen a elevar el nivel político de nuestras luchas hasta llegar a emular a nuestros antecesores y poder gritar con toda nuestra fuerza: ¡Viva el pueblo! ¡Abajo el mal gobierno!

Tomado de: Agencia de Prensa Rural

Paro Nacional: Colombia Resiste


lunes, 19 de agosto de 2013

Documental 9.70


Todxs deberian verlo, difundirlo y compartirlo, no más a la venta de nuestro país, no más estigmatización de nuestros campesinos ni de la protesta social, colombia se desangra y se empobrece, y eso nunca se los van a decir por RCN o Caracol

¡QUE VIVAN LOS CAMPESINOS Y SUS JUSTAS LICHAS!
¡ NINGÚN COLOMBIANO ES O DEBE SER BLANCO LEGITIMO!

sábado, 17 de agosto de 2013

Más sectores se unen al paro del 19 de agosto

Cansados de las burlas, los incumplimientos y la represión del gobierno de Santos, varios sectores se organizan para apoyar y participar en las jornadas de protesta que se avecinan
Juan Carlos Hurtado Fonseca / Sábado 17 de agosto de 2013
 
No solo el sector agrario será el protagonista del paro indefinido que inicia el 19 de agosto. Otros que también han sido burlados por el gobierno nacional se aprestan a sumarse a exigir sus reivindicaciones y rechazar el modelo económico impuesto. Para el secretario general del Partido Comunista, Jaime Caycedo, “estamos ante una gran movilización popular, pacífica, organizada, reivindicativa y crítica de las políticas económicas y sociales del gobierno, que se cierra a la banda en beneficio del capital nacional y transnacional, y que desconoce los anhelos de justicia y cambio que el pueblo levanta”.
Por eso desde la Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas, se acordó avanzar en una sincronía de la protesta social. Aparte del sector agrario participarán el sector de la salud y los transportadores de carga agremiados en la Asociación de Camioneros de Colombia, ACC.
Centrales obreras apoyan
Por el lado de los trabajadores de la salud están Anthoc y la Alianza Nacional por la Salud, ANSA, que aunque esta última no agrupa trabajadores, tiene un importante trabajo con organizaciones como la Federación Médica Colombiana y otras que desarrollan investigaciones en salud, y tiene trabajo con ligas de usuarios. Actualmente hay acercamientos con Asmedas y otras quienes han manifestado su intención de apoyar la movilización.
Al cierre de esta edición se contaba con el apoyo y la participación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC. Aunque la Confederación General del Trabajo, CGT, no se había sumado a las actividades, varios sindicatos filiales sí se habían comprometido a participar de las protestas.
El 19 iniciarán los paros indefinidos de los tres sectores mencionados, las centrales obreras y organizaciones sociales acompañarán en los puntos de concentración, y el 20 de agosto habrá una jornada nacional de protesta con marchas en las ciudades capitales.
Entre las propuestas de la ANSA está la solicitud para que haya participación de los ciudadanos en las decisiones de la salud con la conformación de una mesa nacional entre el gobierno, las organizaciones sociales, sindicales, asociaciones de pacientes y de usuarios; para hacer un análisis de la actual situación de salud y formule políticas e iniciativas.
También exigen establecer topes y controles a los precios de los medicamentos y garantizar la participación ciudadana en la comisión nacional de control de los medicamentos. Autonomía del personal sanitario en su ejercicio profesional. Quitar los copagos y las cuotas moderadoras. Garantía del vínculo laboral para el sector público y privado con estabilidad y demás garantías de negociación, contratación y libertades sindicales.
Que el valor de las nóminas y de las plantas de personal sean asumidas directamente por el gobierno nacional. Pago inmediato de la deuda contraída con los hospitales públicos y privados. Retomar el proyecto de ley 233 presentado por la ANSA al Congreso de la República. Garantizar que los recursos de la seguridad social sean manejados por entidades públicas, con destinación específica para la salud, pensiones y riesgos profesionales, manteniendo siempre su carácter de recursos fiscales y parafiscales.
Que se garantice una cobertura integral a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas a cargo del Estado. Según Carmen Mayusa, secretaria general de Anthoc, “Consideramos que el modelo de salud pública con énfasis en atención primaria en salud, con una perspectiva de derecho fundamental a la salud y seguridad social es lo que el gobierno debe direccionar”.
El sector de los transportadores de carga ha venido manifestándose contra las políticas gubernamentales y adelantando negociaciones con él. Pero según la ACC, iniciará paro indefinido el 19 de agosto porque el gobierno de Santos en sus tres años ha firmado dos acuerdos que ha incumplido. Uno de los puntos medulares de la discusión es el precio de los combustibles por ser los peores del continente en cuanto a calidad y estar entre los más costosos del mundo. Sus montos deben bajar para que bajen los costos de los fletes. Asimismo, los peajes están entre los más altos de Latinoamérica y el estado de las vías no corresponde a la cantidad de dinero recaudado para su mantenimiento.
La ACC también denunció que el Ministerio de Transporte se inventó un documento Conpes para imponer una vida útil obligatoria de 20 años a los camiones, lo que sacaría a los carros modelo 94 hacia atrás. Se pretende una expropiación de los vehículos de carga y rebajar el 25% por año el reconocimiento económico que se hace al chatarrizarlos, aun cuando se incumplió con el acuerdo de las líneas de crédito. Afirman que el objetivo es sacarlos para que haya un apoderamiento del sector por parte de grandes empresas transnacionales y por lavadores de activos.
Más allá de las manifestaciones que se darán en el contexto del paro que inicia el 19 de agosto, las organizaciones buscan escenarios donde se articulen política y organizativamente. “De una plenaria realizada con organizaciones sociales, populares, centrales obreras y organizaciones en conflicto, se planteó la necesidad de hacer el segundo encuentro nacional de unidad popular, para avanzar en un escenario de articulación de la protesta social y plantear referentes orientados a la construcción de un pliego único nacional. Con base en las discusiones se planteará una acción unitaria de masas que puede ser un paro cívico nacional”, explicó a VOZ, Carlos Arturo García, vocero de la Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas.
Los puntos anteriores también serán discutidos en el segundo encuentro de unidad popular que se llevará a cabo en Bogotá, el 31 de agosto y el 1 de septiembre. A este llegarán los procesos que están peleando sus reivindicaciones en el ámbito regional, para caracterizar el momento político y el gobierno nacional con su agenda legislativa; hacer una valoración sobre la búsqueda a la solución política del conflicto social y armado, y la necesaria participación del movimiento social en los diálogos de La Habana; y la construcción del bloque popular de masas que agruparía las iniciativas políticas y sociales que se la juegan por la democratización de la sociedad. Por último, acordará una agenda nacional de movilización; y las perspectivas de participación en las elecciones de 2014.

Tomado de: Prensa Rural