Las luchas campesinas por la soberanía alimentaria en Colombia

Por: Freddy Ordoñez

El contexto de crisis alimentaria y producción capitalista de alimentos

En el año 2008 se hizo visible la llamada crisis alimentaria, como una de las manifestaciones y componentes de la actual crisis del capital, evidenciándose la lógica de maximización de las utilidades que mueve al sistema agroalimentario y la orientación que da el mercado al derecho a la alimentación adecuada. Las principales manifestaciones del derecho a la alimentación como un derecho de mercado, son, entre otras, la incorporación de elementos propios del proceso industrial de producción de mercancías, al proceso de producción de alimentos; la concentración empresarial en el sistema; la generación de externalidades negativas y de una fuerte transformación antrópica del ambiente; la alta concentración de la tierra y la afectación de derechos económicos, sociales y culturales de poblaciones altamente vulnerables como las mujeres y los habitantes de áreas rurales.
La maximización de la ganancia, la necesidad de la competencia, la acumulación basada en la explotación del trabajo asalariado, sobre las que opera el sistema agroalimentario ha llevado a que, a pesar del crecimiento en la agricultura, desde el año 1995 se incremente constantemente el número de personas subnutridas en el mundo, con su pico más alto en 2009, 1.023 millones. Es imperativo señalar que los altos costos de los alimentos son el principal motivo de la subnutrición, a su vez, de manera perversa, el sistema agroalimentario también es responsable de los mil millones de seres humanos que sufren de sobrepeso. Junto a este terrible cuadro, se presenta el enriquecimiento de grandes empresas de la alimentación: “la crisis alimentaria está enriqueciendo a un grupo de inversionistas y corporaciones multinacionales, mientras destrozan a los más pobres y ponen al resto del planeta en una situación de riesgo tanto económica como ambientalmente” (Holt-Giménez y Patel, 2010, 17). La dinámica capitalista global lleva a que nos encontremos frente a un proceso de globalización alimentaria caracterizado por ser kilométrico, petrodependiente, deslocalizado e intensivo (Vivas, 2009), así como a que la agricultura no se oriente a producir alimentos para las personas, sino a la alimentación de los animales y la producción de combustibles. Tal es el caso de cereales como el maíz y la cebada, entre otros cultivos de primer orden.
Es claro que quienes han resultado más perjudicados por el sistema son las campesinas y los campesinos, tres mil millones de habitantes del planeta, que, paradójicamente, corresponden al grueso de la población con carencias alimentarias.
A escala mundial, procesos organizativos del campesinado han incluido en su orientación política y sus planes de acción el paradigma de la soberanía alimentaria, el cual como contrapropuesta al agrobusiness y su búsqueda de beneficio económico por encima de las necesidades alimentarias de las personas y el respeto al ambiente.
En Colombia, las manifestaciones de la crisis alimentaria son evidentes y alarmantes, y tienden a empeorar si continúan las políticas económicas, agroalimentarias y rurales en la misma línea: La información disponible a 2008 indica un porcentaje de personas en pobreza extrema (indigencia) en la zona rural del país de 32,6%, frente al 13,1% estimado para la cabecera. En cuanto a pobreza el informe indica que la zona rural para el 2008 presenta un 65,2% de personas en pobreza, mientras que el área urbana tiene un 39,8%. La pobreza va de la mano con la imposibilidad de ejercer el derecho a la alimentación adecuada, un 57,5% de hogares rurales se encuentran en inseguridad alimentaria, mientras que un 38,4% de los hogares urbanos lo están. En total el 12% de los colombianos (unas 5 millones de personas) se encuentran en condiciones de desnutrición[1]. La última Encuesta Nacional de Situación Nutricional reveló que, a 2010, el 51,1% de todos los adultos tienen sobrepeso u obesidad, lo que implica el 5,3% más con respecto a las cifras de hace cinco años. En niños y adolescentes, uno de cada seis tiene sobrepeso. El problema del sobrepeso en el país está asociado con cambios en la alimentación, que se ha inclinado hacia las comidas chatarras y rápidas, los embutidos y las bebidas gasificadas y azucaradas.
Estos cambios están atados a la implementación del libre comercio alimentario: en el periodo reciente se ha presentado una duplicación del aporte de los alimentos importados al total suministrado diariamente per cápita, de 10,1 a 19,6% entre 1991 y 2001; y fueron más elevados los porcentajes por grupos de alimentos: 50,5% en los cereales; 42% en aceites y grasas y 60,5% en leguminosas (Varón, Díaz y Donado, 2008).
Lo anterior aunado, entre otros, a la pérdida de área productiva de alimentos como consecuencia del despojo y abandono de tierras por la población campesina desplazada forzadamente, la implementación de grandes monocultivos y acaparamiento de tierras en el país, la puesta en marcha de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, la continuidad de la confrontación armada, la oposición visceral de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, a la redistribución y cambio en el uso de la tierra. En este contexto es que han debido desarrollarse las luchas campesinas en el país.

La soberanía alimentaria y las variaciones en las luchas campesinas en Colombia

Los enfoques y derroteros de las luchas campesinas han sufrido una serie de modificaciones o variaciones en el último periodo, tanto a nivel global, como regional y nacional, particularmente desde finales del siglo XX, y como respuesta a lo que fue la puesta en escena en América Latina de políticas de corte neoliberal, especialmente las agrupadas en el Consenso de Washington.
Para el caso Latinoamericano existe, según diversos autores, una marcada variación entre las luchas y movimientos campesinos iniciados con la revolución mexicana y que se alargaron hasta los años ochenta, y aquellas luchas que surgieron o abarcan la última década del siglo XX y lo corrido del siglo XXI, lo que llevaría a identificar dos momentos del accionar y las reivindicaciones de los campesinos en nuestra región: el primero, tendría como eje de acción el acceso y tenencia de la tierra y la reforma agraria, ésta última, entendida de manera simple como distribución de tierra y acceso a créditos y políticas de producción agrícola[2]. El segundo, tiene como particularidades una mayor cualificación y fortalecimiento organizativo y político, y la articulación trasnacional, al punto de poseer una agenda política propia: la soberanía alimentaria (Gascón, 2011; Martínez y Rosset, en prensa).
En Colombia las reivindicaciones campesinas estuvieron ligadas en un primer momento, a la lucha por el acceso a la tierra, la reforma agraria y mejora en condiciones laborales para jornaleros; posteriormente, a mediados de los años ochenta se incorporó la exigencia por el respeto y garantía a derechos humanos, como la vida, la participación política, la libertad de asociación y la integridad personal; en un tercer momento, se han sumado elementos como la lucha por el reconocimiento de la titularidad de derechos y de la importancia social, político y económico del campesinado (incluyendo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como víctimas del conflicto), y el rechazo al modelo económico y al modelo de desarrollo.
De estos nuevos movimientos campesinos o de este nuevo momento de las luchas campesinas, es fundamental destacar la construcción conceptual de la soberanía alimentaria, que, en su momento, se plantea para un escenario que requería la presentación de una alternativa a la seguridad alimentaria, no obstante sus dimensiones actuales llevan a identificar en la soberanía alimentaria el paradigma agroalimentario alternativo al modelo de producción agroindustrial y empresarial capitalista.
La seguridad alimentaria se propuso como concepto en el año de 1996, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO, que convirtió la seguridad alimentaria en un objetivo explícito de la ONU. Este concepto venía construyéndose desde inicios de 1940, y durante la década de 1970, se plantea como preocupación internacional ante la crisis del petróleo y en su origen no se vincula directamente con el derecho a la alimentación. La crisis alimentaria de 1974, relacionada con el aumento del precio de los granos después que los Estados Unidos vaciaran sus stocks de excedentes que habían sido la base de los programas de ayuda humanitaria (Vivas, 2011). El Plan de Acción de 1996 indica que se presenta seguridad alimentaria cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta definición da cuenta de la trascendencia del acceso y la calidad de los alimentos para el bienestar y el desarrollo de la vida, pero presenta varias falencias y limitaciones determinadas por la no manifestación expresa o consideración de otros conceptos claves en la construcción discursiva del derecho a la alimentación adecuada. La seguridad alimentaria, como noción, ha sido desposeída de sus contenidos y muchas veces ha sido usada, precisamente, para profundizar la inseguridad alimentaria. Llegando a ser “un paraguas muy amplio donde pueden caber distintas actitudes: se trata de garantizar alimentos suficientes para todos, pero no se dice cómo, ni cuáles, ni de dónde deben proceder. Tras la seguridad alimentaria se plantean a menudo importaciones de alimentos, ayudas humanitarias y otras acciones que, sin ir al fondo del problema, constituyen, en el mejor de los casos, el típico pan para hoy y hambre para mañana” (Montagut y Dogliotti, 2008)[3]. Actualmente, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CFS, y la FAO (en uno de sus objetivos estratégicos) usa el término “seguridad alimentaria y nutrición”, aunque el CFS en su 39º periodo de sesiones, llevado a cabo entre el 15 y 20 de octubre de 2012, recomendó la adopción del término seguridad alimentaria y nutricional.
La soberanía alimentaria surge paralela a la Cumbre del 96, y se origina en los habitantes de la ruralidad, particularmente en los millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo, muchos de ellos organizados en el movimiento internacional Vía Campesina, plataforma que define la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Se fundamenta en el desarrollo de un modelo de producción campesina sostenible que favorezca a las comunidades y su ambiente, y sitúa las aspiraciones, las necesidades y las formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas. La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y el consumo local de alimentos, proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales de las importaciones baratas y de controlar la producción, y garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial (Vía Campesina, 2011).
Dentro de los elementos esenciales que presenta la soberanía alimentaria y que son intrínsecos de ésta, se encuentra la posibilidad de tomar decisiones en materia alimentaria sin la intervención, injerencia o subordinación a poderes –políticos y/o económicos- ajenos al propio pueblo, comunidad o país sujeto del derecho a la alimentación[4]. Lo anterior permite afirmar que el ejercicio de la soberanía alimentaria implica a su vez el ejercicio de la autonomía alimentaria, de allí que cuando los movimientos sociales agrarios -específicamente las organizaciones campesinas- reivindican la soberanía alimentaria, están reivindicando la autonomía alimentaria como parte de ésta[5].
Es necesario aclarar que la soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, sino que más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables (Vivas, 2011).
La preocupación sobre la sustentabilidad del sistema agroalimentario ha saltado a la vista a partir de problemáticas como el cambio climático y el calentamiento global, en lo cual la agricultura tiene un punto en contra y otro a favor: la actual agricultura industrial significa un deterioro ambiental sin precedentes, su balance energético es totalmente insostenible. Lo que ha llevado a que sea este tipo de agricultura una de las principales causas del cambio climático. Por el contrario, la agricultura campesina, basada en una clara sustentabilidad ecológica, es una propuesta imprescindible para enfrentar el problema. Esa sustentabilidad ecológica de la agricultura campesina encuentra su mejor expresión en la agroecología, la cual está íntimamente relacionada con la soberanía alimentaria. Miguel Altieri y Clara Nicholls (2010) afirman que la soberanía alimentaria constituye la única alternativa para promover circuitos locales de producción-consumo y acciones orga¬nizadas para lograr tanto el acceso a la tierra, como agua y agrobiodiversidad, entre otros, recursos clave que las comunidades rurales deben controlar para poder producir alimentos con métodos agroecológicos.
La evolución conceptual que ha presentado la Soberanía Alimentaria en estos más de diez años de haber sido formulada, ha implicado que está no sea entendida como “un mero pliego de reclamaciones o un recetario de buenas prácticas, sino que es el constructo teórico de una propuesta que integra todos los elementos que participan en el proceso productivo agropecuario y en la vida rural […] y lo hace reclamando el reconocimiento de derechos […], y sólo secundariamente capital para la producción. Y es que se trata de una propuesta política, y no de un modelo productivo o de una estrategia destinada a acceder a recursos financieros públicos” (Gascón, 2011: 237).
El campesinado colombiano ha creado, en el periodo reciente, apuestas basadas en la soberanía alimentaria[6], destacándose: las Zonas de Reserva Campesina, los Mercados Campesinos en el centro del país y el Proyecto alternativo de Ley de Tierras y Reforma Agraria. Estas han implicado la comprensión de la soberanía alimentaria como: el eje de la territorialidad rural alternativa a la territorialidad del capital; el principio rector que debe guiar las políticas agrarias; y el vértice de nuevos modelos de producción y comercialización de alimentos.
Las zonas de reserva campesina [7] son una iniciativa que tiene su antecedente en las luchas por la tierra adelantadas por los colonos y pequeños propietarios en la región del Caguán y del Parque Natural Serranía de la Macarena, a mediados de los años ochenta, siendo la figura una idea comunitaria de ordenamiento y estabilización territorial, y de titulación de tierras en áreas cuyas características eran la fragilidad ecológica, la biodiversidad, la presencia de cultivos de uso ilícito, y la carencia de presencia estatal e inversión social. La noción original fue complejizándose a partir de las dinámicas del movimiento campesino, hasta llegar a ser parte de la Ley 160 de 1994. En la Ley, la figura se entiende como una herramienta para delimitar la propiedad de la tierra, y estabilizar a campesinos y colonos en zonas de amortiguación de parques naturales y reservas forestales, siendo así concebida en su origen como una estrategia productiva y ambiental.
Entre los años 1997 y 2002 se constituyeron formalmente seis zonas: Guaviare, Pato-Balsillas, Sur de Bolívar, Cabrera, Bajo Cuembí y Comandante, y Valle del río Cimitarra, la mayoría de éstas solicitadas de forma directa por organizaciones campesinas. Hoy en día, en diferentes regiones del país, las organizaciones agrarias han solicitado al Incoder la constitución de reservas campesinas, llegando a estipularse cerca de cuarenta procesos, entre constituidos, en trámite y de hecho.
La figura de zona de reserva campesina, pasa de ser –desde una lectura estrecha- una forma de orientar y regular, productiva y ambientalmente, la colonización, a ser –desde la lectura de las organizaciones campesinas- una propuesta de territorialidad en clave de soberanía alimentaria, contenida en la política agraria.
Es imperativo señalar que, el campesinado ha estipulado que “la concepción de territorio históricamente ha faltado dentro de los procesos de reforma agraria”, de allí que una nueva reforma agraria debe incluir las cosmovisiones de territorio de las comunidades que basan su trabajo en la producción de alimentos y que sostienen una relación respetuosa, armoniosa, especial con la tierra (Foro: Tierra, territorio y dignidad. Declaración Final, 2006). Al proponerse políticas de reforma agraria que reconozcan el derecho al territorio, enmarcadas en el contexto de la soberanía alimentaria, se están proponiendo sistemas agrícolas y de producción de alimentos basados en el campesinado y demás comunidades rurales, se están reconociendo a éstos sus relaciones espirituales y materiales, sus estructuras sociales, y la administración política y social de sus tierras y territorios, sus marcos normativos, fronteras y culturas, entre otros, los cuales permiten identificar diferencias y oposiciones radicales con las lecturas capitalistas del campo, su tendencia a la industrialización y a la empresarización agrícola y campesina, y la territorialidad capitalista.
Las zonas de reserva campesina, han operado –más allá de lo establecido en la Ley- bajo el principio de redistribución, acceso, y control justo, equitativo y sostenible de la tierra y los recursos naturales por parte del campesinado, se han centrado en la agricultura y cría familiar de ganado y especies menores, así como en la pesca artesanal, orientándose la producción de alimentos para los consumos locales y regionales. El direccionamiento de las zonas ha estado en cabeza de agremiaciones campesinas, y se ha caracterizado por la participación y la amplitud, reconociéndose y reforzándose las iniciativas organizativas y políticas del campesinado, como son las Juntas de Acción Comunal, los comités de obreros, los procesos de mujeres, etc., en síntesis, las zonas se han desarrollado a la luz de los postulados de la soberanía alimentaria, constituyéndose en verdaderos ejercicios de construcción de alternatividad territorial, y de libre determinación y autonomía de territorios campesinos.
Mercados Campesinos , MC, es un proceso constituido en el 2004, por siete organizaciones campesinas y comunales de la región central del país, del que participan por lo menos 4.000 personas, de 70 municipios de cuatro departamentos (Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta), que se plantea “como una alternativa socio-económica que busca contribuir en la construcción de una política de seguridad y soberanía alimentaria para Bogotá, la región central y el país en su totalidad” (Ordóñez et al., 2011). El elemento central y distintivo del proceso ha sido la comercialización de alimentos de origen campesino en términos de justeza y paridad entre productor y comprador. Cada quince días, en 10 parques de Bogotá, se desarrolla el ejercicio de compra-venta de alimentos. Pero este no es el único campo de acción de Mercados, otra de sus líneas de trabajo lo constituye la incidencia política del campesinado en las políticas agroalimentarias.
De hecho, su origen se encuentra en la incidencia política: cuando se formulaba en el año 2004 la política de abastecimiento y seguridad alimentaria para Bogotá, se dejaba por fuera de ésta al campesino. Las agremiaciones formularon una serie de iniciativas orientadas a ganar reconocimiento y protagonismo en la política pública, las cuales fueron exitosas, al punto de lograr incorporar la soberanía alimentaria como definición adoptada por el Plan (Decreto 315 de 2006), así como otros elementos de la producción y la agricultura campesina. El proceso Mercados, ha presentado resultados importantes, las ventas, por tonelaje, de alimentos en un año, fácilmente han sobrepasado las 400 Toneladas, y han llegado a significar ganancias para el campesinado del orden de los 5 mil millones de pesos. En cuanto a incidencia política este componente ha logrado –además- la inserción en la política pública municipal de por lo menos 50 acuerdos de apoyo a la economía campesina. Así como la construcción de un permanente canal de diálogo con la administración distrital.
Esta propuesta de comercialización alternativa de alimentos, tiene como vértice la soberanía alimentaria, ya que está soportada en campesinos, se presenta en clave de justeza, de proximidad, con mínimos impactos ambientales, diversificada, propone la identificación del campesinado como sujeto central para el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, y difiere de la mercantilización capitalista de los alimentos. Sin duda, Mercados representa la experiencia más grande en América Latina de lo que se conocen como ferias campesinas.
La tercera experiencia emblemática de las luchas campesinas colombianas orientadas por la soberanía alimentaria lo constituye el proyecto alternativo de Ley de Desarrollo Rural y Reforma Agraria , impulsado por las organizaciones campesinas vinculadas a la Mesa de Unidad Agraria, MUA. El proyecto de Ley tiene como objetivo central la soberanía alimentaria, definida como: “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana protección, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Art. 8. Proyecto de Ley Alternativa). La centralidad de la soberanía alimentaria en la propuesta legislativa es fundamental, considerando el estado crítico en el que se encuentra la alimentación en Colombia y la tendencia a empeorar a partir de la implementación de los TLC y los demás componentes del modelo agroalimentario y las formulaciones de extracción de recursos naturales que se están presentando en el país. Esta propuesta está siendo concertada con organizaciones campesinas e indígenas y se enmarca dentro de las luchas internacionales por el reconocimiento de los derechos de las campesinas y campesinos.
El proyecto de ley consta de XVIII títulos y 242 artículos, tiene 37 objetivos y su objeto "es establecer el marco normativo e institucional para el efectivo cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, cuyo precepto impone, como deber del Estado, garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades rurales, la priorización del Estado hacia la producción de alimentos como única garantía del derecho de toda persona a una alimentación adecuada y un ejercicio pleno del poder soberano del pueblo; estableciendo las bases para un desarrollo rural, armónico, sustentable y sostenible entre la población y el medio rural, procurando de manera progresiva el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de los hombres y mujeres del sector, y la equidad social, en el marco de una justa redistribución de la tierra y una adecuada distribución por los recursos del territorio, basados en una planificación estratégica y democrática, participativa, con plena observancia y respeto por la dignidad humana, la conservación de la biodiversidad y protección ambiental" (Art. 1. Proyecto de Ley Alternativa).
Esta iniciativa legislativa se muestra como novedosa, en el entendido de que son los campesinos quienes se han pensado la política agraria y han generado una propuesta propia, con una construcción discursiva que incluye el entendimiento de la soberanía alimentaria como principio que permite la gestión del espacio rural. Esta iniciativa goza del respaldo de 22 organizaciones y 6 plataformas campesinas. Sin duda, un hito en las luchas agrarias colombianas.
Dentro de los elementos del proyecto legal interesantes para el análisis está la construcción de una definición propia de “desarrollo rural integral”, el cual estaría orientado a la mejora del nivel de vida de las comunidades rurales, su participación, la transformación de las estructuras rurales sobre la base de la equidad y la sustentabilidad. Esta definición se desmarca de la tradicional lectura de “desarrollo rural integral” que está ligada a la revolución verde y a las políticas implementadas desde los años setenta, que veían en el campo un sector “atrasado” el cual debía ser desarrollado a partir de su conversión al capitalismo. El proyecto igualmente incorpora una definición de “reforma agraria integral” muy de la mano con el anterior concepto y enmarcada dentro de los presupuestos de la soberanía alimentaria, teniéndose claro que, una nueva reforma agraria, debe estar basada en la soberanía alimentaria, tal como lo manifestaron los participantes del foro Tierra, territorio y dignidad, realizado en el año 2006 en Porto Alegre.
Sin duda, estos y otros principios rectores, objetivos y definiciones, contemplados en el proyecto alternativo, se proponen y forman parte de la soberanía alimentaria, tal vez, habría sido más interesante una estipulación conceptual más ambiciosa de ésta –a partir de su reciente consolidación teórica, sus potencialidades y alcances-, para efectos de una mejor técnica jurídica en el proyecto normativo; y siguiendo el ejemplo de países como Ecuador y Bolivia, se podría haber estipulado la soberanía alimentaria como único principio rector de la norma. Así mismo, se podría haber dado otras nominaciones al Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, y al Plan Decenal de Desarrollo de la Agricultura y el Medio Rural.
La mirada holística de la política agraria propuesta por la Mesa de Unidad, es la característica más destacable del proyecto de Ley, que apunta a la comprensión de la soberanía alimentaria como el principio rector de un modelo agroalimentario opuesto capitalismo.

Conclusiones preliminares

Como se observa, estas diferentes iniciativas adelantadas por el campesinado en Colombia tienen como centralidad la Soberanía Alimentaria, la cual como agenda política campesina ha venido desarrollándose conceptualmente y direccionando el accionar del movimiento social rural en el país, lo que se traduce en un quehacer mucho más elaborado y cualificado de las organizaciones.
Los tres casos expuestos son complementarios e interrelacionados, se proponen otra forma de producción y consumo de alimentos, una nueva reforma agraria, así como un modelo distinto de comercialización y de sistema agroalimentario, que tiene como soporte central al campesinado y al consumidor, los dos eslabones más fuertes y esenciales del Sistema. Adicionalmente, las propuestas campesinas tienen no sólo tienen en común el estar orientadas por la soberanía alimentaria, sino que se piensan como apuestas por un modelo alternativo al capitalismo. Las luchas campesinas en Colombia y en el mundo muestran que la soberanía alimentaria es el arma más poderosa que tienen los campesinos para oponerse al capital.
NOTAS
[1] En Colombia unos 5 millones de personas sufren desnutrición, en http://www.eltiempo.com/colombia/me...
[2] Es importante señalar que existen dos tendencias o modelos claramente establecidos de reforma agraria, el primero, en el que es el Estado el que compra tierra a particulares y la redistribuye entre campesinos; el segundo, en el que el Estado regula el mercado de tierras y ofrece subsidios a campesinos para que estos realicen procesos de compraventa con particulares.
[3] En la misma línea, Samir Amin (en prensa) ha indicado que a los países del Sur global se les ha vendido el concepto de seguridad alimentaria, mientras que los países del Norte (EEUU y la Unión Europea) han adoptado la soberanía alimentaria, esto agenciado por la banca y los organismos multilaterales. La seguridad alimentaria estaría dada para los pueblos del sur por la comida industrial, de masas -rica en harinas y grasas saturadas-, pueblos que, sin soberanía alimentaria, seguirían con una producción agropecuaria para la exportación a los llamados países desarrollados.
[4] Soberanía alimentaria que además de ser un derecho de los pueblos, encuentra origen y sentido en la acepción política de soberanía.
[5] Las organizaciones campesinas colombianas en su mayoría reivindican la soberanía y la autonomía alimentaria como dos conceptos diferenciados pero complementarios. Algunos autores proponen la autonomía alimentaria como una noción alternativa, que va más allá de la soberanía alimentaria (Véase Mantilla, 2004; Mantilla y Morales, 2008). En nuestro criterio, los planteamientos ligados a la autonomía alimentaria, esbozados por académicos y organizaciones, son recogidos por la soberanía alimentaria y han entrado a formar parte de ésta a partir de su dinamismo y evolución conceptual.
[6] Otro tipo de luchas que se han desarrollado por parte del campesinado no son objeto de análisis de este texto, como son aquellas basadas en la protección del ambiente, la participación política electoral, la oposición al libre comercio, el rechazo a la guerra, etc. De igual forma desborda los objetivos y límites de este estudio el abordar las luchas campesinas y agrarias en el siglo XX, sin embargo haremos algunas referencias puntuales a parte de ellas.
[7] Con base en Ordóñez (2012).
FUENTES
ALTIERI, Miguel y Clara NICHOLLS (2010), "Agroecología: potenciando la agricultura campesina para revertir el hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo", en Revista de Economía Crítica, No. 10.
AMIN, Samir (en prensa), “Soberanía Alimentaria, Justicia Alimentaria y la Cuestión Agraria: Construyendo la convergencia de luchas en la diversidad” (prefacio), en Holt-Giménez, Eric (Ed), ¡Movimientos Alimentarios Uníos! Estrategias para transformar nuestros sistemas alimentarios, Bogotá, ILSA y Food First.
En Colombia unos 5 millones de personas sufren desnutrición, en http://www.eltiempo.com/colombia/me...
GASCÓN, Jordi (2011), “¿Del paradigma de la industrialización al de la Soberanía Alimentaria? Una comparación entre los gobiernos nacionalistas latinoamericanos del siglo XX y los pos-neoliberales a partir de sus políticas agrarias”, en Gascón Jordi y Montagut Xavier (coords), Estado, movimientos sociales y soberanía alimentaria en América Latina ¿Hacia un cambio de paradigma alimentario?, Quito, Flacso, Icaria y Xarxa de consum solidari. pp. 215-259.
HOLT-GIMÉNEZ, Eric y PATEL Raj (2010), Rebeliones alimentarias. Crisis y hambre de justicia, Barcelona, El Viejo Topo.
MANTILLA, Alejandro (2004), La alimentación que nos ofrecen, Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
MANTILLA, Alejandro y MORALES, Juan Carlos (2008), Alimentación digna para todas y todos ¡Es un derecho!, Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
MONTAGUT, Xavier y Fabrizzio DOGLIOTTI (2008), Alimentos globalizados. Soberanía alimentaria y comercio justo (2da Ed.), Barcelona, Icaria.
ORDÓÑEZ, Freddy (2012), Zonas de Reserva Campesina. Elementos introductorios y de debate, Bogotá, ILSA, INCODER y SINPEAGRICUN.
ORDÓÑEZ, Freddy et al (2011), Economía campesina, soberanía y seguridad alimentarias en Bogotá y la región central del país, Bogotá, ILSA, OXFAM, CICC, SDDE.
VARÓN, Orminso, DÍAZ, Ricardo y José DONADO (2008), Crisis alimentaria en Colombia, Bogotá, Universidad La Gran Colombia.
VÍA CAMPESINA (2011), ¿Quién somos? La voz de las campesinas y de los campesinos del mundo. Recuperado el 9 de abril de 2010 de http://viacampesina.org/sp/index.ph...
VIVAS, Esther (2011), Soberanía alimentaria: la agricultura y la alimentación en nuestras manos, Bilbao, Manu Robles-Arangiz Intitutua.
VIVAS, Esther (2009), “Los entresijos del sistema alimentario mundial”, en Montagut Xavier y Vivas Esther, Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos, Barcelona, Icaria

Tomado de: Agencia de Prensa Rural

Las plantaciones de café orgánico en Perú sufren menos daños por plaga de la roya

Las plantaciones de café orgánico que cumplieron con las recomendaciones de buenas prácticas agrícolas han sufrido un menor daño por la plaga de la roya, en comparación con cafetales convencionales y las áreas que no tuvieron ninguno o poco abonamiento, afirmó la Junta Nacional de Café (JNC). El presidente del Consejo Regional del Café de Cajamarca, y de la Unión de Cafetaleros Ecológicos de San Ignacio, Felipe Alberca, indicó que según los técnicos de las cooperativas y del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), en estas áreas los daños van del 2% al 15%, debido a la buena nutrición de las plantas, deshierbo y raleo de la sombra.
“Se aprecia que los daños son menores, a pesar de ser cafetos de variedades susceptibles a la roya. Con un buen manejo agronómico para la próxima campaña, se puede logar una producción adecuada”, declaró. Señaló que en reciente evento realizado en Jaén, con auspicio del gobierno regional de Cajamarca, los diversos actores de la cadena destacaron lo acontecido con cafés orgánicos.
Además, se han comprometido a impulsar planes para el corto, mediano y largo plazo, que además de mitigar los daños de la roya, comprende la renovación de las plantaciones. El presidente de la Junta Nacional del Café, Anner Román Neira, reveló que el país tiene 95.000 hectáreas certificadas de café orgánico, y una producción estimada de un millón 200 mil quintales, cultivado por 38.000 productores.
“Es el cultivo orgánico más importante del país, pero está excluido de los incentivos que brinda el Estado a la agricultura no tradicional, a pesar del valor agregado que brinda su producción orgánica”, expresó. Refirió que entre los socios de su cooperativa Cenfrocafe, los daños de la roya se han dado en áreas con ninguna o poca fertilización.
“Aquellos que hemos fertilizado tenemos igual o mayor cosecha que el año pasado. Nosotros venimos trabajando en buenas prácticas agrícolas, con buenos resultados y rendimientos promedio de 21 quintales por hectárea entre los 2.000 asociados”, explicó. Señaló que se ha registrado una disminución del área certificada de café orgánico, en el orden del 10%, debido al incremento de los costos de producción y carencia de incentivos en los precios que años atrás se aplicaba en el mercado internacional.
“Hace tres años Senasa reportaba 105 mil hectáreas certificadas, y ahora muestra una tendencia decreciente. Con la plaga de la roya se incentiva la fumigación de áreas afectadas con insumos prohibidos por reglamentos de producción orgánica. Esto ocasionará una disminución del área orgánica de nuestros cafetales”, advirtió.

Enlace: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/plantaciones-de-cafe-organico-en-el-peru-sufren-menos-danos-por-plaga-de-la-roya

Publicado por: América Economía

Agricultura urbana en Bolivia, una política de estado

La ciudad se halla ante el desafío de recuperar una vocación agricultora que nunca debió perder. Un derecho de los ciudadanos, pero también un imperativo, si se toma en cuenta que en 2020   la población de América Latina y el Caribe será urbana en el 82,3%. En 2012, ya era tal el 78%, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La ciudad avanza, en general de manera inorgánica, con problemas a nivel de servicios básicos, gestión ambiental y marginalidad, diagnostica la entidad.
Una manera de responder a esa realidad es la agricultura urbana y periurbana, explica Alain Santandreu, uruguayo radicado en Perú y que estuvo en Bolivia para un taller sobre la materia, que incluyó un recorrido por lugares en El Alto donde se trabaja bajo los principios de tal agricultura que, para el caso, es propiamente periurbana.
“Lo primero que hay que sacar de la cabeza es que se trata sólo de ver huertas familiares o escolares o de otro tipo, de las cuales hay miles de emprendimientos”, advierte el experto. La agricultura urbana puede ser de huertas, sí; pero también de crianza de animales, cultivo de flores, de plantas medicinales, frutales; puede ser para el autoconsumo o el simple placer, también para la comercialización; tener objetivos ecológicos, de cuidado de la salud; puede responder a un enfoque de género, generacional; utilizar el terreno de la comunidad o la terraza particular y hasta el pedazo de tierra que queda en la pavimentada acera. Y lo mismo pueden desarrollarla los pobres que los ricos. El etcétera es bastante largo, da a entender Santandreu.
En El Alto, la ONG Comunidad y Acción, que no tiene vocación productiva, ha visto que la agricultura puede ser un instrumento para avanzar hacia sus objetivos sociales. Y a ello ha apostado, con el respaldo de la FAO.
Una de las familias beneficiadas por un proyecto que eligió a 100 para colaborarlas es la de Martha Cadena Flavia, vecina de la zona de Santa Rosa de Lima. Migrante, como su esposo, llegó de Zongo, área rural de La Paz, a los márgenes de una urbe que va empujando al campo, según se ve en las casas de ladrillo sobre calles de tierra que se alternan con trozos de terreno en los que, a veces, asoman plantaciones de papa y/o retozan cerdos. Martha cría también gallinas en su patio regado de juguetes de alguno de sus cuatro hijos. Desde septiembre último, luego de ser capacitada, maneja un huerto familiar construido en el mismo patio.  “Tengo lechugas, rábano, nabo, pepino, vainitas, espinacas, zapallitos”, enumera. “Todos los días cocino verduras; antes compraba un poco para la sopa y eso debía durar toda la semana”. Costó algo que los hijos mayores aceptasen las ensaladas, pero “ahora comen bien, también tortillas, y les gusta”.
La mamá cuenta algo más: “Mi hijito que está empezando el colegio, antes no podía aprender. Ahora, la profesora me dice que está mejor”.  Lo atribuye a la alimentación que ya no le cuesta mucho financiar.
En su zona no hay agua potable. Por eso, le han enseñado a cosechar agua de la lluvia. Desde las cubiertas hasta turriles, el riego para la huerta está asegurado.
Parecido es el caso de Julia Condori, instalada en la zona 14 de Septiembre, desde la que se puede ver el nevado Huayna Potosí. Esta mujer joven, de pocas palabras, tiene dos hijos pequeños y la huerta, en su caso, está en la parte externa de la casa. Agua, debe acarrearla desde una pila pública. Entre sus acelgas, apios y demás vegetales sonríe y deja la parquedad.
A quien es fácil escuchar es a Victoria Mamani Sirpa. El ingeniero agrónomo Juan José Estrada, que dice tener 30 años de ejercicio como horticultor, la considera su colega. Y la ha convencido de que no abandone su labor como motivadora e instructora de otras familias.
Ella tiene una huerta en su hogar del sector alteño Germán Busch 113 desde hace cinco años. Nació en La Paz, de padres que migraron de Viacha. “Desde chica me gustaban las flores, las plantas”; cuando se abrió la posibilidad de la horticultura, “escuchaba a los técnicos con su lenguaje difícil; me anotaba las palabras y buscaba en el diccionario. Entendía entonces y explicaba a mis compañeras lo que significaban”. Esa inquietud, su inteligencia y habilidad para comunicar —puede vestir pollera y hablar en aymara— la hacen una valiosa aliada de los profesionales.
“Soy sólo apoyo”, se declara modesta. “Es una experta”, sostienen quienes la conocen. En su casa, la estructura de adobe techada con plástico (agrofil) está precedida por una hilera de gladiolos en flor y lo que ella llama “zapatitos”. “Ya dije que amo las flores y, se crea o no, crecen en El Alto”.
No puede tener otras, pues atraen bichos que amenazarían a las hortalizas. Dentro de la huerta, la temperatura marca 41 grados centígrados y la humedad es gratificante. En invierno, ocurrirá igual. Solamente habrá que poner frazadas sobre la cubierta si el frío es extremo. De día, el sol calienta y las botellas pet pintadas de negro (en otros lugares se usa piedras) liberarán ese calor por la noche.
Esto último lo explica ya Jimmy Carlo Mamani, el hijo menor de Victoria. El niño tiene nueve años y ayuda, más que sus dos hermanos mayores, en el cuidado de las plantas. “Hay que sembrar la semilla y regarla sin exceso. El almácigo es trasplantado al suelo, cuidando de que el agujero sea lo suficientemente hondo como para que la raíz no esté torcida. A diario, hay que vigilar que no aparezcan plagas; si ocurre, se fumiga con el humo del ají o del eucalipto y, de ser necesario, se lava con agua y jabón las hojitas”. Este alumno de cuarto de primaria de la Unidad Educativa Illimani puede dar clases a su maestra en temas de botánica. Ya ha llevado al curso entero a conocer la huerta y a explicar las bondades, entre las que se cuenta un parral del que este año la familia cosechó ocho racimos de uva blanca, y frutillas.
Santandreu considera que el futuro del niño está asegurado. De joven, puede estudiar “algo relacionado con plantas”, como dice el propio Jimmy; y si no, tendrá ya los conocimientos  y la experiencia.
Además, los hijos de todas las mujeres mencionadas están aprendiendo a comer mejor que sus progenitores. Mary Leidi, hermana de Jimmy, sabe cocinar variedad de platos con las hortalizas. Si alguno de ellos, también John, el del medio, tiene hambre, cosecha su comida “y listo”.
Cosechar y listo es, en algunos restaurantes del mundo, algo glamuroso. El uruguayo, cuya especialidad es en rigor la gestión de conocimientos de la agricultura urbana y periurbana, cita a chefs top del mundo, que han habilitado pequeñas huertas de las que sacan la especie o el vegetal que el cliente elige. Y por algo así no sólo están a la vanguardia, sino que cobran lo suyo.
 La semana de visita a El Alto —que, en los ejemplos, muestra un enfoque de género y generacional—, la FAO y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural realizaron un taller para abundar en la materia. El municipio de Montero (Santa Cruz) presentó un trabajo que involucra al adulto mayor, como en Cobija (Pando) se está avanzando para que la población tenga finalmente sus propias hortalizas, pues actualmente no las cultiva.
La agricultura descrita, en definitiva, afirma Yara Morales, asesora en Comunicaciones de la FAO en Bolivia, responde a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado: que la población tiene el derecho a una alimentación adecuada, es decir productos sanos e inocuos. 
Que la gente viene desde hace cientos de años incorporando prácticas agrícolas y hasta pecuarias en la ciudad, aun contraviniendo disposiciones ediles, es una verdad, dice Santandreu. Sólo que ahora son las políticas de los países —Bolivia adopta desde este año la agricultura urbana y periurbana— las que están reparando el error que condujo al menosprecio de la agricultura, bajo la idea de que la ciudad es el progreso y que el campo es el retraso. Ahora, el verde comienza     a abrirse campo en medio del cemento.

Enlace: http://www.la-razon.com/suplementos/escape/Agricultura-urbe-politica-vivir-mejor_0_1817218363.html

Author: Mabel Franco

Publicado por: La Razón (Bolivia)

Grupo de países de América Latina y El Caribe alertan sobre avance de la desertificación en la región

Fecha de publicación:19/04/2013
El Grupo de países de América Latina y el Caribe, GRULAC; reunido en Alemania, en el marco del 11° periodo de sesiones del comité para implementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación, dio a conocer su preocupación por los efectos que la variabilidad climática asociada a la sequía y a la afectación de la calidad de los suelos, puede ocasionar en las funciones de los ecosistemas y la seguridad alimentaria a nivel de la región de América Latina y El Caribe, así como en el resto del mundo.
En la Declaración del GRULAC se recalcó la necesidad de implementar procesos proactivos más que reactivos. “El mayor costo de los efectos de la desertificación, la degradación de tierras y la sequía es consecuencia de la falta de una adecuada acción frente a estos procesos. La recuperación de tierras degradadas supone la disponibilidad de gran cantidad de recursos financieros y de un término considerable de tiempo que no se condice con nuestra tendencia actual de desarrollo y crecimiento poblacional. La prevención de la desertificación supone un trabajo arduo sobre zonas frágiles y zonas con procesos de degradación en las cuales basamos gran cantidad de nuestras actividades productivas”, señala el documento.
“Hacemos un llamado de atención sobre las necesidades de financiamiento de nuestros países para la debida implementación de los compromisos que hemos adquirido en el marco de la Convención. Es necesario contar con recursos adecuados y predecibles. Solicitamos elevar una recomendación a la Conferencia de las Partes para que la Secretaría realice las gestiones necesarias ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial con el fin de tener apoyo adecuado, considerando que los países se han comprometido a presentar sus informes nacionales bianualmente”, destacó el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, Gabriel Quijandría, en representación de los países del GRULAC en esta importante reunión internacional.
Trabajos en marcha
Durante la reunión los países del GRULAC destacaron los procesos llevados a cabo hasta el momento en torno a la implementación de la Estrategia Decenal de la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación y la Sequía, a la cual se encuentran alineados los Planes de Acción Nacional, Planes de Acción Subregional y Planes de Acción Regional sobre Desertificación. “Urge que los países tengan retroalimentación constante respecto de los procesos que se realizan actualmente en la Convención, con el fin de incluirlos en los trabajos y procesos de alineación de sus planes de acción nacionales”, enfatiza la Declaración de GRULAC, alerta también sobre la necesidad de garantizar un óptimo funcionamiento del Mecanismo Mundial, órgano de la Convención encargada de la gestión y asignación de fondos para la implementación de la Convención en cada uno de los países.

Enlace: http://www.generaccion.com/noticia/186814/grupo-paises-america-latina-caribe-alertan-sobre-avance-desertificacion-region

Publicado por: Generaccion.com

INVITADXS

Autonomías, soberanías, desarrollo rural y Zonas de Reserva Campesina

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana convocan a las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, al gobierno nacional, los partidos políticos, sectores académicos, organizaciones no gubernamentales y gremios de la producción agropecuaria a participar en el seminario nacional que realizaremos el próximo 26 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá. D. C., sobre el enfoque de la autonomía que construyen las comunidades rurales, sus planes de desarrollo y de vida y sus enfoques de desarrollo.
A raíz de los diálogos que actualmente adelanta el gobierno de presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, los avances que ha tenido el movimiento campesino, indígena y afrodescendientes, el informe de desarrollo humano 2011 del PNUD y la propuesta de Ley de Tierras y Desarrollo Rural del gobierno colombiano se ha puesto de presente la discusión sobre los enfoques que en adelante debería tener el campo colombiano y dentro de él, la autonomía territorial de las comunidades rurales.
En esta discusión, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), organizadas en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), presentaron su Propuesta Política y Programática para Una Reforma Agraria Integral, el Reconocimiento de los Derechos Campesinos, y la Paz con Justicia Social para Colombia a la mesa de negociaciones de la Habana, dentro de la cual uno de sus puntos principales tiene que ver con la concepción para construir su autonomía en los territorios donde existen y se impulsan ZRC. Del mismo modo, las comunidades indígenas y afrocolombianas han venido luchando por el respeto a su autonomía y la defensa de sus territorios a través de sus resguardos y territorios colectivos construyendo autónomamente sus respectivas relaciones con el Estado y sus entornos.
Dadas las consideraciones anteriores, creemos fundamental impulsar escenarios de encuentro en el que podamos reunir diversas visiones y concepciones sobre el ejercicio constructivo de la Autonomía territorial de las comunidades rurales como aporte fundamental a la democracia y la paz de Colombia.
Por tales consideraciones, los invitamos a participar activamente de este seminario y esperamos contar con su presencia, disposición y participación.
Convocan:
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-ANZORC
Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana.
Red de Investigadores en Autonomías Territoriales y Zonas de Reserva Campesinas
Estudiantes de 2 Semestre Maestría en Desarrollo Rural Universidad Javeriana
Financian:
Unión Europea y Fórum Syd.
Mayores informes y preinscripciones:
zonasdereservacampesina@gmail.com
Tel: 2810844 – 3182551349- 3158259064- 3144830242- 3204773751- 3143316094

Tomado de: Agencia de Prensa Rural

Feliz dia de la Lucha Campesina

Hoy 17 de abril es el dia de la lucha campesina, por lo que queremos recordar a todos y todas las campesinas que luchan día a día por construirse un mundo mejor. Feliz día a todos y todas las que luchan por una reforma agraria integral, por el derecho a la tierra y al territorio, por el derecho a la paz con justicia social, por el derecho al retorno a sus tierras con garantías de no repetición, por el cese al fuego y por la constitución y mantenimiento de las Zonas de Reserva Campesina

FELIZ DÍA DE JUSTA LUCHA CAMPESINA SIN ESTIGAMATIZACIONES

PORQUE NO SOMOS VIOLENTOS, SOMOS CAMPESINOS EXIGIENDO SUS DERECHOS

Juan de la Cruz Varela y el desarrollo rural hoy

No exagero al afirmar que Juan de la Cruz Varela fue el principal dirigente campesino colombiano del siglo XX

Por: Luis Eduardo Celis

Juan de la Cruz Varela nació en 1902 en Ráquira, Boyacá. Sus padres fueron Dionisio Varela y Vicenta Aldana, quienes huyendo de la pobreza emigraron al Alto Sumapaz, en 1905, a lo que hoy se conoce como el municipio de Cabrera. La pobreza los acosaba, sin tierra y como arrendatarios. Juan de la Cruz escasamente asistió tres años a las escuela, trabajó desde niño y mostró a muy temprana edad un carácter independiente y concentrado; de su padre heredó una firme honestidad y de su madre una especial sensibilidad por el prójimo. Al morir ésta en 1918, su padre estableció una nueva relación con Manuela Buitrago, hogar en que el joven Juan de la Cruz no se sintió cómodo, así que optó por independizarse y hacerse cargo de sus hermanos menores, en medio de conflictos con su padre.

En 1928 conoció a Erasmo Valencia, quien habría de ejercer una influencia determinante en su vida. Valencia, político caldense, fundó ese mismo año el Partido Agrario Nacional, y encontró en Juan de la Cruz el líder nato y comprometido con el campesinado del Sumapaz y el oriente del Tolima, que exigía tierra y respeto en medio de un latifundismo que sometía al campesinado a unas relaciones desiguales y oprobiosas. Lucha ésta en la que se comprometió a fondo, y que lo llevó a liderar un amplio proceso de organización campesina que partió de la reivindicación por la tierra y le permitió ocupar cargos políticos en Icononzo, como concejal, y en la Asamblea del Tolima, de la que incluso fue presidente.

Conoce a Jorge Eliécer Gaitán y ante el declive del PAN se une a la UNIR, liderado por Gaitán, con quien continúa la lucha por las reivindicaciones del campesinado, recurriendo a la denuncia política y a las acciones legales. Al igual que con Erasmo Valencia, con Gaitán construye una relación franca y profunda, a ambos los reconoce como maestros y compañeros de lucha. Sus muertes en el 48 y el 49 lo dejan desolado.

En 1950 solicitó su ingreso al Partido Comunista, donde fue recibido con beneplácito, en la medida en que reconocían a Juan de la Cruz como un líder agrario y político de respeto. Al recrudecerse la violencia tras el asesinato de Gaitán, la organización campesina en el Sumapaz y el oriente del Tolima se hace importante y sus logros meritorios. Ante la violencia optan por las formas de autodefensa y resisten hasta 1953, cuando la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla lanzó una ofensiva militar sobre Villa Rica, en el 55. Es por ello que deben recurrir nuevamente a las armas, hasta la llegada del Frente Nacional, cuando pactan el desarme y exigen garantías para la acción social y política. En las elecciones de 1960, se presentó como suplente de Alfonso López Michelsen a la Cámara de Representantes, a pesar de su filiación comunista y de que su partido estaba ilegalizado; pero fue el camino que asumió para seguir vigente en la arena política. En los años sesenta, debió nuevamente resistir a la violencia de los latifundistas.

Se dice que en la década de los 70 veía con cierta distancia la acción de las FARC, y que no había una relación cordial entre Juan de la Cruz y Manuel Marulanda. Ya tres guerras eran suficientes, y su prioridad era consolidar los logros en el Sumapaz y el oriente del Tolima, pero para su desgracia la guerra volvió a arreciar en estos territorios.
No exagero al afirmar que Juan de la Cruz Varela fue el principal dirigente campesino colombiano del siglo XX, que lideró una acción social y política triunfante y conquistó importantes reivindicaciones de tierra y respeto al campesinado: fueron miles los que se hicieron a un pedazo de tierra y lograron quitarse de encima el yugo de unas relaciones oprobiosas y de un latifundio que no dudó en recurrir a la violencia.

Hoy el país discute de nuevo cómo lograr un desarrollo rural que haga del campo un lugar digno, donde sea posible la vida lejos de la violencia y los autoritarismos. Los indicadores nos muestran un campo violento, desigual, pobre, muy poco productivo, casi el mismo contra el que se levantó Juan de la Cruz Varela ya hace nueve décadas, y que espera bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos avanzar en equidad y democracia, dos asignaturas que permanecen pendientes. Aún falta ver si la ley de Desarrollo Rural que el gobierno presentará a consideración del Congreso es el instrumento idóneo para avanzar en la búsqueda de un agro más justo, que abra las posibilidades para cerrar de manera definitiva el conflicto armado con las FARC y el ELN, que por cierto nacieron con las reivindicaciones agrarias impresas en sus motivaciones fundacionales.

Para quienes deseen conocer en mayor detalle la vida de Varela, fallecido en 1984, recientemente fueron publicados dos muy buenos trabajos: el de Rocío Londoño –profesora de la Universidad Nacional- titulado “Juan de la Cruz Varela y la sociedad campesina de la provincia de Sumapaz, 1850-1980”; y el de su hija Laura María Varela en compañía de Deyanira Duque, “Juan de la Cruz Varela entre la historia y la memoria”.

* Luis Eduardo Celis es coordinador de la línea de Incidencia Política de la Corporación Nuevo Arco Iris

Tomado de: Semana.com

 

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) aran el camino

Un sistema nacional de ZRC y el fortalecimiento de los procesos son las iniciativas de paz del campesinado colombiano  

Por: Hernán Camacho

Estigmatizado por unos, bien querido por otros, pero principalmente olvidado por el Estado, San Vicente del Caguán, segundo municipio en importancia del departamento de Caquetá y cuna de paz una década atrás, fue el escenario del III Encuentro de Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Reseña de un historia de resistencia viva del campesinado colombiano y una fórmula real de paz con justicia social.
Cuatro mil campesinos de al menos 50 procesos de reserva campesina provenientes de todo el país se dieron cita el 22 y 23 del pasado mes de marzo en el coliseo de ferias del municipio para exigir como sujetos políticos condiciones de transformación del territorio mediante el sistema nacional de reservas campesinas. Propuesta que responde a dos principios elementales: cumplir la ley 160 de 1994 y respetar la autonomía y organización campesina.
Las propuestas
“Todo lo que está pasando es una verdadera forma de autonomía. La organización campesina ha sido colapsada o interrumpida por baños de sangre por décadas. Hoy se ve que a pesar de eso los campesinos han logrado construir su propio proyecto”, manifestó el representante Iván Cepeda, asistente al encuentro junto al también parlamentario Hernando Hernández y el periodista Alfredo Molano, quien es uno de los más agudos conocedores del proceso campesino.
“Es una articulación entre la institucionalidad, los procesos de reserva y la autonomía campesina”, dijo César Jerez, vocero de Anzorc, asociación que agrupa los procesos de zonas campesinas. Pero además se pidió el fortalecimiento de los procesos de zonas de reserva con la inclusión de estás en el Plan Nacional de Desarrollo, pues sin respaldo político ni presupuestal las reservas perderían la filosofía para la cual fueron creadas.
Pareciere absurdo pero en el país los campesinos que emprenden una lucha por la supervivencia en el marco de la ley son macartizados como “oxigenadores” de la insurgencia y “enemigos” del desarrollo. Entre charlas de campesinos apostados por todo el municipio se escuchaba un debate político ancestral y neurálgico: “Lo peligroso que resulta hablar de la tierra en Colombia”.
Prueba de ello, la tensión vivida en las dos jornadas de trabajo campesino en San Vicente del Caguán. Pues la militarización a lo largo del evento y el hostigamiento en las carreteras, vías fluviales y hasta en el aeropuerto del municipio, nunca dejaron de existir. De ello fueron testigos los visitantes, observadores nacionales e internacionales y periodistas.
Los incómodos
Pero tales incomodidades no eran casualidad. En el evento se le exigió nuevamente al Ministerio de Defensa responder cuál es la razón para seguir manteniendo el veto a la figura jurídica de las zonas. Durante años voces castrenses han señalado que las 830 mil hectáreas de tierra comprendidas en las seis ZRC son santuarios de las FARC y por lo tanto ellas responden a la retaguardia y movilidad guerrillera. Nada más traído de los cabellos. A ese coro de vilipendios se suman las palabras del representante ganadero, sector dueño de 36.5 millones de hectáreas en el país, José Félix Lafaurie, que califica las zonas como cartuchos rurales.
Tal cúmulo de improperios se respondieron de manera contundente con una presencia masiva de los delegados de los 50 procesos campesinos que gestionan hoy ante el Ministerio de Agricultura la consolidación de sus territorios como zonas de reserva. Algo que para la directora del Instituto Agrario de Desarrollo Rural (Incoder) y representante del Gobierno Nacional en el encuentro, Myriam Villegas, es imposible. ¿La razón? No puede existir ningún rincón del país “sin presencia del Estado”.
Las razones que persisten
Pues bien, justamente es por el abandono estatal que tienen razón de ser. Las zonas se consolidan con autonomía campesina de hecho. En la reserva de la región de El Pato, cerca a San Vicente del Caguán, sus habitantes abrieron carreteras, administran la escuela y el hospital, implementan redes de energía y administran ejemplarmente un cogobierno para atender sus necesidades básicas. Necesidades a las que el Estado nunca ha asomado para satisfacerlas. Es casi una democracia ateniense en el trópico caqueteño.
El campesinado habló de tierras, territorio y política, pues en medio de las conversaciones de las FARC y el gobierno Santos, las ZRC pueden ser una fórmula de paz de la que el país aprovecharía al máximo: “A la sociedad colombiana le decimos que las puertas de las ZRC están abiertas al país, que, como las concebimos y reclamamos, son territorios de abastecimiento de alimentos, de cultura, de protección de nuestra riqueza ambiental, de conocimientos tradicionales, de estrategias de convivencia que contribuyen a la paz”, señalan apartes de las conclusiones que deja el encuentro.
Interlocución política
Pero llamaron la atención de manera enérgica las improntas impuestas de manera sistemática y pendenciera por buena parte de los medios de comunicación a su propuesta. “Las zonas no somos voceros de las FARC”, manifestó el pleno del campesinado respondiendo a lo señalado por los enemigos de la paz que coinciden en ser los enemigos de sus territorialidades y autonomías.
La conclusiones agregan: “Invitamos a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a reconocer el verdadero valor de estas ZRC, a evitar la intoxicación informativa y la especulación sobre las ZRC, que no hacen otra cosa que poner en riesgo nuestra integridad y destruir una oportunidad de desarrollo rural y paz para el país”.
“La organización campesina entiende que no son gratuitas esas acusaciones, pues es el militarismo, los terratenientes y las multinacionales están detrás de todo eso”, subrayó Manuel Olivares, campesino del sur de Caquetá, que con botas y sombrero le explicó a VOZ, mapa en mano, cómo las locomotoras minero-energéticas han escogido sus territorios para la explotación.
En tanto que la polémica despertada, una semana atrás, por la supuesta presencia de la insurgencia de las FARC en el evento, cuyo anuncio había desencadenado una fuerte reacción de los enemigos visibles del proceso, se dio a conocer el segundo día de encuentro, cuando esta en su página de internet publicó un saludo desde Cuba por su delegación de paz en el que exhortó al campesinado a seguir entregando iniciativas de paz para la terminación del conflicto tan importantes como la preservación y ampliación de las ZRC.
La reacción criminal
No obstante al éxito que representó la jornada y las iniciativas en firme de paz que serán entregadas a la mesa de conversaciones en La Habana, la nota negativa del encuentro se conoció dos días después cuando volvieron a ser víctima de atentados tres líderes de restitución de tierras y del proceso de organización campesina.
Gustavo Adolfo Pizo, Alonso Lozano y Hermes Vidal, de Cauca, Meta y Córdoba respectivamente, fueron ultimados por el rigor paramilitar que campea en aquellas zonas con auspicio de las autoridades. Y la historia se repite pues los tres líderes campesinos venían denunciando intensas amenazas a partir de la reclamación de tierras y el impulso al proceso de zonas de reserva campesina. En las zonas de reserva y en la garantía para ejercer la política distante del Establecimiento está el camino arado a la paz

Por: Agencia de Prensa Rural

¿Zonas de Reserva Campesina o entidades territorios rurales de paz?

Si del fin del conflicto armado se trata para avanzar en la edificación de la paz, es progresista pensar en ZRC como Entidades Territorios Rurales de Paz  
Por: Héctor Pineda

Aunque con toda seguridad, al salir a la luz pública el presente escrito, la ultraderecha uribista desatará toda su incontinencia insultante en las redes sociales contra el que escribe -así lo viene haciendo al referirse a mis escritos de un tiempo para acá-, me arriesgo a hacer una reflexión sobre la polémica que se ha desatado con respecto a las llamadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), creadas mediante la Ley 160 de 1994, y que se han constituido, por razones predecibles, en el centro del debate en las conversaciones que se desarrollan en La Habana (Cuba), debate que ha ingresado en las fronteras patrias, precisamente por los antiguos territorios de fuerte presencia guerrillera, clara señal que será, sumada a la resurrección jurídica de la UP, sin duda, elemento esencial para el logro del fin de la guerra con la guerrilla de las Farc.
Con respecto a las ZRC, hasta donde trasciende, la almendra de las diferencias entre las Farc y el Gobierno Nacional -según escrito del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, publicado en este diario (EL TIEMPO, 23-03-13, ’Republiquetas, no; zonas de reserva campesina, sí’)- radica en que la mirada gubernamental concibe las ZRC como territorios para el desarrollo rural de especial atención con respecto a beneficios de créditos y tutela estatal, y por lo que trasciende entre líneas del debate, las Farc las consideran unos territorios con autonomía, vale decir, gobernados por las propias comunidades.
En buen romance, para el Gobierno, según la ley, las ZRC son unidades de planeación para el desarrollo rural, y para las Farc -por lo menos pareciera ser que es lo que quieren- son entidades territoriales que sin duda ponen en evidencia la intención de solicitar la convocatoria a una asamblea constituyente que le dé vida a la nueva entidad territorial rural.
Debo confesar que la discusión, irremediablemente, me devolvió al debate de 1991 en la Asamblea Nacional Constituyente con la fallida propuesta de los Distritos Especiales de Paz, entidades territoriales transitorias que permitieran la posibilidad del ejercicio del gobierno con las formas y las maneras propias de la democracia, en los territorios afectados por la violencia del conflicto interno.
La respuesta del establecimiento, en boca del general Bonnet (enlace de las Fuerzas Armadas con la ANC), fue la misma que hoy se expresa en las palabras del ministro de Agricultura: "No se aceptan republiquetas independientes", aludiendo a un término acuñado por la corriente conservadora laureanista al referirse a los territorios con fuerte presencia de la guerrilla de las Farc y que, entre otras cosas, sirvió de pretexto político y militar para el bombardeo, en la década de los sesenta. La intención de exterminar la guerrilla de las Farc y erradicar la violencia del campo colombiano a punta de bala, a la "visconversa", produjo la diáspora por el territorio nacional, y la violencia se exacerbó.
Bueno, pero ha corrido mucha agua debajo de los puentes, incluidas las lecciones y aprendizajes de procesos de paz exitosos a finales de la década de los ochenta y, por supuesto, señales claras de la posibilidad de llegar a los espacios de ejercicio de gobierno mediante el mecanismo del voto popular, esencia de toda democracia. Sin embargo, no dejan de preocupar las muestras de intolerancia derechista y guerrerista que quiere reversar lo avanzado, incluida la posibilidad de una paz en lo rural que, como toda premisa del fin del conflicto, está mediada por un acuerdo de desarme y de ejercicio de la política en democracia.
Entonces, si del fin del conflicto armado se trata para avanzar en la edificación de la paz, es progresista pensar en ZRC como Entidades Territorios Rurales de Paz. Debate abierto.
@ticoponeda

Tomado de: Agencia de Prensa Rural

COLOMBIA: REFORMA AGRARIA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ARMADOS

Interesante ensayo del profesor Dario Fajardo Montaña (Link) donde nos habla del mundo rural, su incidencia en la política y la economía nacional, y de  las tareas que sería necesarias  para sentar las bases de una paz duradera, que se sustente en la construcción mas equilibrada de las relaciones económicas y políticas de la sociedad colombiana y, en particular, de su mundo rural

Tomado de: Mamacoca.org

La cuestión agraria en Colombia

Por: Tatiana Roa Avendaño
A través de su historia, Colombia ha mantenido un agudo conflicto agrario con implicaciones en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales del país. La cuestión agraria [1] ha estado en el centro del histórico conflicto político armado colombiano. No hay duda, el conflicto ha estado atravesado por la disputa por la tierra.
En este país, como en otros países latinoamericanos, es evidente la existencia y permanencia de la estructura latifundista de la tenencia de la tierra, los usos de la misma se realizan en contravía de su vocación y quienes se benefician de políticas y programas son los señores de la tierra: terratenientes, latifundistas, élites agropecuarias e inversionistas extranjeros.
Las cifras oficiales demuestran una tendencia imparable a la concentración de la propiedad, al aumento de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, a la disminución de la producción de alimentos y al aumento de los desplazamientos forzados de las comunidades campesinas asentadas en los departamentos con mayor concentración de la propiedad rural (CODHES/UNICEF, 1998; Machado, 1998) [2].
Durante el siglo pasado, el campesinado colombiano empeoró sus condiciones de vida y considerables extensiones de territorios e importantes ecosistemas han sido destruidos por los procesos de colonización que propiciaron las políticas agrarias.
La realidad es que el campo colombiano, escenario del conflicto armado, ha sufrido importantes trasformaciones en los últimos años. Hay una tendencia regresiva de los cultivos transitorios mientras que los de ciclo largo evidencian un fortalecimiento. Esta tendencia ha estado asociada a conflictos en torno a la tierra, al desplazamiento, a precarias relaciones laborales, y a los subsidios o apoyos estatales. Es el caso, hoy tan en boga, de las plantaciones para la producción de agrocombustibles a partir de la caña de azúcar y la palma aceitera [3].
En Colombia, campesinos, aparceros, indígenas, trabajadores agrícolas, negros, tienen una larga y dura historia de contienda y confrontación con terratenientes, empresarios agrícolas y empresas transnacionales. Son muchos los hechos que recuerdan esta historia.
Es conocida la Masacre de las Bananeras en 1928, durante el movimiento huelguístico que lideró el destacado dirigente agrario Raúl Mahecha [4] y que Gabriel García Márquez recuerda magistralmente en Cien Años de Soledad. La huelga contra la United Fruit Co. da cuenta de la permanente confrontación en que han vivido los trabajadores agrícolas como el resto del campesinado [5] colombiano.
Aún en la actualidad, los movimientos campesinos, indígenas y de trabajadores agrícolas continúan enmarcando sus demandas en la lucha por tierra y reforma agraria, en los últimos años, a través de la Minga Indígena, Campesina y Negra se ha incluso demandado la "liberación de la Madre Tierra" y la defensa del territorio, incorporando estas nuevas demandas a las ya existentes.
Es a través de la contienda política como el campesinado ha logrado sus avances y conquistas. Bien lo dice Bernardo Mancano Fernandes [6] (2004: 5) que considera que la formación del campesinado "no ocurre solamente por la reproducción ampliada de las contradicciones del capitalismo. Lo otra condición de creación y recreación del trabajo campesino es una estrategia de creación política del campesinado: la lucha por la tierra".
La disputa y el control sobre la tierra han sido permanentes. En Colombia, como en otros países, la histórica oposición de los señores de la tierra, actores políticos representados en: terratenientes y latifundistas y las élites gobernantes impidió que avanzaran las tibias leyes de reforma agraria que se produjeron en el país. Los pocos avances que se querían fueron truncados por estas élites agrarias nacionales y extranjeras que buscaban proteger sus intereses.
Por el contrario, durante el siglo anterior, las desigualdades crecieron y la concentración de la tierra es hoy aún mayor; los apoyos estatales para modernizar y mecanizar sus predios, a través de créditos e infraestructura se quedaron en manos de unos pocos.
Más recientemente, durante los últimas semanas, diversos medios de comunicación destaparon la "olla podrida" que ha terminado siendo el Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) [7], que destinó mayoritariamente sus subsidios hacia familias de terratenientes, reinas de bellezas y personas al frente de proyectos agroindustriales, poniendo al descubierto los intereses de un gobierno que ha continuado privilegiando a gran latifundista y agroindustrial.
Es por esto que en los diversos procesos de paz la cuestión agraria ha sido un eje preponderante y lo será para un futuro proceso de paz o período de posconflicto. La clave de un panorama distinto para Colombia sólo es posible con profundas trasformaciones de éstas.
Este ensayo busca analizar la cuestión agraria en Colombia, las dinámicas y la contienda política del campesinado colombiano en las demandas por tierra y reforma agraria desde inicios de siglo XX a finales del siglo pasado. A través de la reconstrucción de algunos hechos históricos, buscaremos identificar los repertorios de contienda, los actores políticos, los procesos de movilización y desmovilización, así como las oportunidades políticas del movimiento campesino [8].

Los orígenes de las luchas campesinas por la tierra

La creación política del campesinado colombiano se ha dado a través de una valiente lucha contra la explotación latifundista y el monopolio de la tierra. Los campesinos establecieron en diversas ocasiones formas colectivas de trabajo agrario, herencia de los pueblos indígenas, y en múltiples momentos defendieron la tierra incluso a través de rebeliones armadas.
"Sea de manera espontánea u organizada, el campesinado ha demostrado una gran capacidad de lucha y resistencia, al tiempo que ha hecho producir la tierra como nunca lo hicieron los grandes propietarios, con el fin de alimentar y abrigar al pueblo" (Fals Borda, 1975: 51).
A comienzos del siglo XX, estas luchas campesinas en Colombia eran meramente locales. Están los casos de Viotá (Cundinamarca), del páramo de Sumapaz en el mismo departamento [9], del Caribe donde las luchas campesinas estuvieron guiadas por las ideas socialistas, que como todo en su época, habían llegado primero a la Costa que a Bogotá [10].
También, en la región conocida como Eje Cafetero, los campesinos, peones, colonos, aparceros y arrendatarios levantaron un movimiento que llamaron ligas campesinas (Fals Borda, 1975: 118). Sus repertorios de contienda [11] tenían que ver con asuntos como "sembrar libremente café y establecer trapiches en las haciendas [...]; cambiar el reglamento de la hacienda establecido en 1886, [...] no pagar los arriendos, [...] (Los campesinos) se declaraban habitantes de tierras baldías y no volvían a pagar arriendos" (Mondragón, 2003).
La contienda política del campesinado en esos años tuvo la influencia política e intelectual de los agraristas, en cabeza de Erasmo Valencia, el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán y una "izquierda que defendió el campesinado y se arraigó en él desde sus orígenes, a través de las organizaciones socialistas o marxistas, en particular el Partido Socialista Revolucionario y luego el Partido Comunista" (Ibid, 2003).
Las tesis centrales de estas tres corrientes campesinistas planteaban: i) el bienestar nacional depende de los agrarios, era el lema agrarista de Erasmo Valencia; ii) Gaitán proponía una economía regulada y la intervención del Estado con criterio social y; iii) los comunistas demandaban una revolución agraria y antiimperialista dirigida por la clase obrera (Ibid, 2003).
Si bien el programa comunista era más radical y extenso, coincidían con el programa gaitanista en cuanto al destino de la propiedad de la tierra de la reforma agraria, que sería entregada a los campesinos gratuitamente. La diferencia más importante entre estos dos programas consistía que mientras Gaitán pedía la incorporación de las regiones indígenas a la economía nacional, el Partido Comunista reivindicaba el reconocimiento de las comunidades indígenas, de su completa libertad y de la autodeterminación de sus propios gobiernos (Ibid, 2003).
Lo cierto es que el programa del campesinado colombiano nunca incluyó dentro de sus repertorios de contienda la reivindicación de la inalienabilidad ni la propiedad colectiva o comunal de la tierra y mucho menos la nacionalización. Por esta razón, según Héctor Mondragón (2003), de acuerdo a los programas escritos, "un triunfo de una revolución agraria en Colombia en el siglo XX se habría parecido más a la revolución boliviana de 1952 que a las revoluciones mexicana, rusa, china o cubana".
Todo ello no obstante, el movimiento indígena, entre ellos el Quintín Lame y otros indigenistas socialistas como Blanca Ochoa de Molina y Antonio García, sí tenía y tiene aún incluida en sus repertorios de contienda la inalienabilidad de las tierras de las comunidades, desde un punto de vista cultural (Mondragón, 2003).

La contienda política por la reforma agraria de 1961

A inicios de los años 1930 se vive en Colombia un auge de la lucha de masas que permitió importantes conquistas al movimiento popular, lo que hizo que en 1942 se constituyera la primera organización campesina: Federación Campesina e Indígena, dentro de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). En 1947, la Federación se transforma en la Confederación Campesina e Indígena, la cual "integraba la visión campesina con la indígena, más o menos en la forma que los entendían los comunistas y los socialistas en los años 30" (Mondragón, 2003).
De esta manera, el movimiento campesino e indígena de la época logra articular las luchas étnicas y culturales de los pueblos indígenas con la lucha de clases, que, recogiendo la voz del investigador Orlando Fals Borda, pueden resultar complementarias y articuladoras. Como lo expresa en su memorable obra Historia doble de la Costa [12], allí se pregunta sobre las relaciones campesinos e indígenas y afirma con fuerza: "la experiencia de estos años nos enseña que cuando la etnia sigue viva por cualquier razón histórica, conviene emplear sus componentes culturales para afirmar e impulsar las luchas de clase del pueblo" (Fals Borda, 2002: 21B).
El sociólogo colombiano señala el ejemplo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que incorporaron en sus luchas estas tesis, igual que lo hicieron importantes líderes indígenas como Manuel Quintín Lame, indígena nasa [13] que promovió importantes movilizaciones y recuperaciones de tierra en el Cauca, al suroccidente de Colombia. (Fals Borda, 2002: 21B).
Pero, si bien hubo importantes avances en la organización campesina durante estos primeros años del siglo XX, al llegar la Violencia la organización de campesinos e indígenas es literalmente aniquilada. Se produce así una desmovilización del campesinado producto de la terrible represión.
La Violencia, creciente desde 1946, incrementada con los ataques contra Viotá en noviembre de 1947 y contra las comunidades del Cauca en enero de 1948, fue generalizada después del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948 y se ensañó contra la Confederación y cobró la vida de la mayoría de sus dirigentes, entre ellas la de su presidente, envenenado en 1952 (Mondragón, 2003).
La Violencia también produjo la desmovilización indígena que se encontraba en ascenso en los departamentos de Cauca, Tolima, Huila, Caldas, y en la Sierra Nevada y Tubará en el Atlántico. La Liga de Indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, que gracias a su aislamiento geográfico había logrado mantenerse, tuvo que ser disuelta en 1956. Algunas de las reivindicaciones indígenas sólo tuvieron eco a finales del siglo XX, cuando la Constitución de 1991 [14] recogió varias de sus demandas, luego de las innumerables y largas luchas tanto de movimientos indígenas no armados como armados [15].
En los años 1950, la única organización campesina que logra subsistir es la Federación Agraria Nacional (FANAL), que había sido creada en 1946 por los padres jesuitas al tiempo con la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) (Fals Borda, 1975: 126). Sin embargo, es tal el acoso sobre los líderes campesinos, que muchos de los más importantes optaron por la lucha armada [16]. La Violencia "obligó a muchas comunidades a emigrar a otros sitios, armarse y defenderse [...]. La lucha [...] se convirtió en lucha de clases por el control de la tierra" (Fals Borda, 1975: 121)
A mediados de los años 1950, el Gobierno autoriza medidas para el desalojo masivo de arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes campesinos de tierras. La lucha por la tierra se libraba en lugares donde históricamente había existido enfrentamiento de clase: Tolima, Córdoba, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. En ellas surgen guerrillas liberales.
La movilización campesina se retoma a finales de los años 50 del siglo pasado, se produce una radicalización de la contienda política campesina y dentro de sus repertorios esta la demanda por una ley de reforma agraria, como en efecto ocurrió posteriormente. En 1958 se firmaron tratados de paz con todos los guerrilleros que entre otras cosas abrían el paso a medidas de reforma agraria y que propiciaron la reorganización del campesinado.
"Los tratados de paz crearon un clima favorable a la expedición de una ley de reforma agraria, aunque el recién establecido Frente Nacional, surgido por acuerdo entre liberales y conservadores para manejar el poder, dificultaba el camino" (Mondragón 1963).
Además de las demandas y las protestas del campesinado, la convergencia de la movilización campesina con diversas oportunidades políticas, llevaron a que finalmente se aprobara la Reforma Agraria de 1961.
Estas oportunidades políticas tuvieron que ver con: i) el triunfo de la revolución cubana, ii) la Alianza para el Progreso que buscaba neutralizar las tendencias revolucionarias que pudieran proyectarse desde Cuba, y iii) las orientaciones reformistas y desarrollistas promovidas desde la CEPAL, que favorecían una nueva fase de industrialización sustitutiva (Fajardo, 2000, Mondragón, 2002a, Fals Borda, 1975).
Pero, mientras de un lado se había logrado la Ley de Reforma Agraria, la presión del Gobierno sobre el campesinado crecía. Es así como en 1964 se produjo el ataque a Marquetalia [17] por parte del Ejército. Ante la agresión, la respuesta de estos campesinos fue la creación de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tanto las FARC como la otra recién constituida guerrilla el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el sacerdote Camilo Torres en sus filas, incluyen en sus programas la cuestión agraria. El programa campesino volvía a expresarse en las luchas guerrilleras (Mondragón, 2003). Por ese año de 1964, crece la contienda del campesinado por la tierra. Éste buscaba hacer sentir su voz con el propósito de hacer cumplir la ley de reforma agraria de 1961. En el mismo año varias tomas de haciendas se realizaron en Cereté (Córdoba) y Manatí (Atlántico) (Ibid, 2003).
Un nuevo actor político empieza a jugar con fuerza dentro del campesinado y tendrá un rol importante en la cuestión agraria: la Iglesia. Un proceso renovador se estaba produciendo en su interior. De un lado, algunos de los sacerdotes más progresistas, seguidores de la Teología de la Liberación que promueven el movimiento de Comunidades de Base, articulado al Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, crean el grupo de Golconda y comienzan a influir en las organizaciones campesinas.
Aunque, como dice Mondragón (2003), "el proceso de radicalización en FANAL y en la Iglesia no tenía necesariamente una orientación guerrillera".
Lo cierto es que también los procesos de urbanización creciente demandaban garantizar el abastecimiento del creciente consumo de alimentos en las ciudades. De esta forma, un replanteamiento de la cuestión agraria llevaría a impulsar la adopción de tecnologías modernas en el campo y resolver los asuntos de tenencia de la tierra.
Adicionalmente se pretendía articular a la estrategia de industrialización sustitutiva un conjunto de productores agrícolas que, al recibir tierras, iban no sólo a originar bienes agropecuarios para el mercado, sino que a su vez se trasformarían en demandantes de productos industriales y de capital [18].
De esta manera, en el caso colombiano, las políticas de industrialización sustitutiva ponían el acento en la tenencia de la tierra y la ampliación de la frontera agrícola con cierto mejoramiento técnico, sin que esto significara necesariamente la mecanización. La política central para el agro en los años 60 buscaba dar un segundo aire a los procesos de modernización, que ya se encontraba en su última fase, ampliando el mercado interno. Luego de amplios debates, incluso con sectores más radicales del liberalismo, la propuesta de Reforma Agraria se concretó con la Ley 135 de 1961.
En síntesis, la Reforma Agraria Integral, como fue denominada esta ley, tuvo como objetivos la solución a las problemáticas de la generación de empleo, el abastecimiento alimentario y la superación de la violencia, con medidas que pretendían la democratización del acceso a la tierra, la asistencia técnica calificada, la dotación de créditos e infraestructura y la capacitación cooperativa [19].
Sin embargo, la Reforma Agraria Integral no obstante no pretendía grandes transformaciones, desde sus inicios tuvo una fuerte oposición de los sectores latifundistas que se aliaron para impedir la redistribución de tierras y la reestructuración productiva del campo, revertiendo incluso orientaciones que se habían dado durante la década anterior, como fue señalado por la primera evaluación realizada a la Reforma Agraria y que tuvo lugar a principios de la década de los años 70 del siglo anterior [20] (Fajardo, 2000).
Adicionalmente, el pacto político y electoral conocido como el Frente Nacional [21], que estaría vigente entre 1958 y 1974, acordado entre las élites políticas colombianas del Partido Liberal y el Partido Conservador Colombiano para impedir la continuidad en el poder del general Gustavo Rojas Pinilla o el surgimiento de una tercera fuerza política, fue otra de las limitaciones para democratizar los procesos de Reforma Agraria.

Un nuevo momento...

Terminando la década de 1960 se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (1967). En febrero de 1971 se crea en Toribío (Cauca) el Consejo Regional Indígena del Cauca, con dos demandas fundamentales: la recuperación de tierras y el fin de terraje, los cuales se constituyen en los primeros repertorios de contienda de este importante movimiento indígena, que aún hoy subsiste, y que posteriormente incluirían "la ampliación de los resguardos, el fortalecimiento de los cabildos y la recuperación de la cultura y la historia indígenas" (Fals Borda, 1975: 127).
El CRIC se vincula a la Secretaría Nacional Indígena de la ANUC.
En menos de nueve meses, la ANUC realiza 600 tomas de tierra, y por esta razón el Gobierno reprime con fuerza el movimiento y busca su división, creando la Línea Armenia. Mientras el ala más radical, que convoca al Segundo Congreso Nacional en Sincelejo (Sucre), posteriormente sería conocida como ANUC - Línea Sincelejo (Fals Borda, 1975: 129). Otras organizaciones campesinas jugarían un importante rol, es el caso de la Acción Campesina Colombiana (ACC).
A finales de los años 80 se produjo un auge de movilizaciones campesinas y de tomas de tierra; se fortalecieron notablemente las organizaciones indígenas y los sindicatos de trabajadores bananeros de Urabá. Este auge coincide con el fortalecimiento de proceso políticos como el de la Unión Patriótica (UP), A Luchar (AL) y el Frente Popular, y de organizaciones gremiales campesinas como la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSA), Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (ANTA) y sectores de la ANUC, y la ANUC Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR) (Mondragón, 2003).
En febrero de 1988, la recién creada FENSUAGRO, organización agraria de segundo grado, que surgió de la Federación FENSA, levanta una importante jornada nacional de movilizaciones campesinas y fortalece la creación de nuevos sindicatos agrarios y de procesos de lucha por la tierra de los pequeños y medianos campesinos.
Sin embargo, la reacción del Estado fue una dura represión militar contra el movimiento campesino e indígena. Son tristemente recordadas las masacres en las zonas bananeras y el asesinato de los líderes que estuvieron al frente de las Marchas Campesinas del Nororiente: Valentín Basto y Martín Calderón.
La Ley de Reforma Agraria nunca afectó ni puso en riesgo el latifundio. Fue mayor la presión de los terratenientes, de forma que en lugar de que produjera la expropiación de tierras, por el contrario, en lo fundamental se priorizaron y promovieron procesos de colonización y titulación de baldíos, ampliando la frontera agrícola y haciendo que la colonización avanzara hacia zonas frágiles de las selvas andinas e incluso amazónicas, destruyendo importantes territorios.
El desplazamiento de los campesinos sin tierra a nuevas zonas de colonización no resolvió las condiciones de vida del campesino sino, por el contrario, las deterioraron, al tener que asentarse en lugares cada vez más inhóspitos, sin infraestructura, de suelos pobres, limitaciones para el manejo del agua, lejos de los mercados y sin apoyo técnico y financiero, además de los conflictos ambientales que ello provocó.
Para investigadores agrarios como Héctor Mondragón, Orlando Fals Borda y Darío Fajardo, ésta es una continua condición para el fortalecimiento de la insurgencia campesina que a finales de los años 1990 estaba ya bastante consolidada.

Hacia un mercado de tierras

Para mediados de los 90, el país atravesaba por una de las más prolongadas crisis económicas de su historia reciente. La agricultura se encontraba bastante debilitada afectada por la aplicación de políticas comerciales aperturistas. La población que sufría la crisis no tuvo otro camino que las economías ilegales, entre ellas los cultivos de uso ilícito (Fajardo, 2006).
No obstante, en esos años se produce una sobreoferta de coca, provocada dos factores que convergen: de un lado el Proceso 8000 [22] que abre algunas acciones contra las estructuras financieras del narcotráfico y la masiva vinculación de gente al cultivo de coca debido a la crisis agraria. Con los golpes a las estructuras financieras y precios bajos, se provoca una profunda crisis en las zonas de cultivos.
De esta forma, campesinos, cosecheros, cultivadores y no cultivadores de hoja se movilizan a mediados de 1996, en lo que se conoció en Colombia como las "marchas cocaleras", desarrolladas en el Caquetá, Guaviare, Putumayo y sur de Bolívar (Fajardo, 2006).
En este contexto se promueve la Ley 160 de 1994, que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, establece un subsidio para la adquisición de tierras y reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Esta ley es el fundamento del mercado subsidiado de tierras, más conocido como mercado de tierras, que promueve el Banco Mundial (BM) (Mondragón, 2002a). Tuvo como principio básico la negociación voluntaria de tierras.
De hecho el BM otorgó el 30 de junio de 1996 un crédito de 1,82 millones de dólares, para financiar experiencias piloto y una Unidad Técnica, con el propósito de sentar las bases a una reforma agraria basada en el mercado. El programa se ofreció como una salida a las interferencias burocráticas y la innecesaria intervención del Estado (Ibid, 2002a).
Mientras, de un lado, el Sistema Nacional de Reforma Agraria no operó como un concepto articulador, del otro se establece el mecanismo de mercado de tierras como sustituto neoliberal a una reforma agraria efectiva. En la práctica este mecanismo se constituyó en un detrimento del Estado y de los campesinos aspirantes al subsidio de tierra, dadas las condiciones asimétricas de negociación con que se presentan los actores involucrados en las mesas de concertación.
El contexto de la crisis del agro, de las movilizaciones campesinas, de la ley agraria más neoliberal, del tránsito hacia un nuevo gobierno, otorga una concesión a colonos y campesinos. Ésta es el reconocimiento y la inclusión de las reservas campesinas [23], de las cuáles en 2002 funcionaban tres en Caquetá, Guaviare y Cundinamarca, se han aprobado otras en Putumayo, Guaviare y sur de Bolívar y estaban por aprobarse otras en el Magdalena Medio y Cundinamarca (Mondragón, 2002).
No entraremos a analizar esta figura pero sí vale la pena señalarla como un hecho importante de conquista de las luchas sociales.
Como era de esperarse, los intentos de hacer una reforma agraria a través del mercado de tierra fracasaron. De esta forma, el presidente Andrés Pastrana sustituye este programa por el de alianzas estratégicas [24] entre grandes y pequeños propietarios y empresarios y que el Banco Mundial llama "asociaciones para la producción" (Fajardo, 2006).
En muchos casos, los grandes propietarios o empresarios han utilizado tácticas coercitivas violentas para forzar a campesinos a vincularse a estas asociaciones. Han sido bastante conocidos los casos de Jiguamiandó y Curvaradó en el departamento del Choco [25] y Tumaco, sur de Colombia, que han merecido la atención internacional por las profundas implicaciones sobre los derechos humanos, los derechos colectivos y territoriales de las comunidades negras de este territorio.
Es indudable que los grandes beneficiarios de las políticas agrarias han sido los señores de la tierra. Son innumerables los estímulos, incentivos y exenciones [26] que se han promovido para privilegiar los cultivos de tardío rendimiento, de exportación y para agrocombustibles, en su mayoría propiedad de grandes terratenientes, medianos y grandes empresarios e inversionistas internacionales.

A manera de conclusión

La realidad del campo colombiano ha estado caracterizada por la alta concentración de la propiedad de la tierra, siendo esta una de las principales características de la estructura rural del país. Según un reporte del Banco Mundial de 2003, el coeficiente de Gini agrario era del 0,74, en 1974, en 1996 subió a 0,81, y a inicios del 2000 alrededor de 0,85.
Los pocos esfuerzos por transformar la realidad del campo han fracasado. Por el contrario un proceso de contrarreforma agraria se está viviendo actualmente en el país, con ingredientes como el uso de la fuerza de las armas o de dineros derivados de actividades ilícitas para intimidar al movimiento campesino e indígena que lucha por la tierra y para provocar el desplazamiento en zonas de interés para las élites agrarias.
En adición, los dos últimos gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez han venido promoviendo paquetes de leyes que tendrían a ampliar la repercusión en el sector agrario del país [27], además del desmonte a los pocos apoyos al pequeño campesino y por el contrario el fomento y el paquete de subsidios para la agroindustria y los grandes propietarios, el más reciente y sonado caso del Agro Ingreso Seguro confirma las motivaciones que han tenido las políticas agrarias en Colombia.
Según la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Colombia es el país con más desplazados en el mundo: tres millones de personas, cifra que para algunas ONG de derechos humanos es sin embargo modesta frente a la cruda realidad nacional. Históricamente, los terratenientes colombianos han utilizado su poder político local y han establecido fuertes lazos con los poderes militares tanto del Estado como de otras fuerzas armadas por fuera de ley para reprimir las históricas movilizaciones de campesinos e indígenas.
En 1972 establecieron el Acuerdo de Chicoral, que sepultó en definitiva el proyecto de Reforma Agraria, al materializar sus imposiciones en las Leyes 4ª y 5ª de 1973 y 6ª de 1975, legalizando la contrarreforma agraria. En las últimas décadas, sectores de terratenientes apoyaron la conformación de grupos de autodefensas o paramilitares para reprimir la organización campesina y para desplazar familias campesinas, colonos, indígenas o negras que se interponen en sus proyectos productivos [28].
Y no más, el pasado 25 y 26 de septiembre (de 2009), en el municipio de Melgar (Tolima), un "nuevo pacto de Chicoral", como lo bautizó el periódico El Espectador, se estaría constituyendo.
"(A) instancias del Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que hace parte el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, se reunieron 60 líderes agrarios de diez departamentos y dos sindicatos agrícolas de Antioquia y el Valle, para dar los primeros pasos hacia la constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, una organización que busca edificar una alianza entre empresarios, industriales y el Estado para orientar a las comunidades campesinas" [29].
Otra estrategia utilizada por las élites agrarias fue la organización asociaciones de productores para lograr su "representación […] en agencias gubernamentales encargadas de diseñar políticas monetarias, fiscales y de regulación de la tenencia de la tierra" (Andrade, 2005: 37). En el caso colombiano, ya desde 1934, los terratenientes organizaron la Asociación Patriótica Económica Nacional (APEN) para o ponerse abiertamente al movimiento de masas [30].
Estas asociaciones tienen un peso importante en las decisiones políticas en lo que respecta a su gremio, participan en las entidades gubernamentales y las comisiones que el Gobierno crea para diseñar las políticas que afectan al agro y ocupan en muchos casos los espacios que la Constitución de 1991 abrió para la participación de la sociedad civil.
Como en el resto de América Latina, las políticas agrarias llevaron a que fueran los agricultores capitalistas quienes se beneficiaran de la "liberalización de los mercados de tierras, mano de obra y capital, de la creciente apertura de la economía a la competencia internacional, del nuevo impulso exportador y de la eliminación de medidas de apoyo al sector campesino".
"Con más tierra más capital y recursos técnicos, con mejores lazos con los mercados nacionales y en especial los internacionales, con su mayor influencia sobre la política agrícola, los agricultores capitalistas pudieron explotar mejor que los agricultores campesinos las nuevas oportunidades que ofrecieron los mercados" (Thorp, 1998: 252).
El asunto es que, mientras no se resuelvan los conflictos de tierra en Colombia, éstos seguirán siendo el caldo de cultivo del conflicto armado más antiguo del continente. Además, pone en entredicho el futuro del país que actualmente importa más de 8,1 millones de toneladas de alimentos anuales, mientras destina sus mejores tierras y grandes recursos económicos a través de subsidios y auxilios, para producir materias primas que se exportan a muy bajos precios, con pocos beneficios para Colombia.
Lo paradójico es que en medio de la más importante crisis alimentaria mundial, mientras se debieran estar promoviendo políticas públicas que revaloricen al campesinado y enfrenten la crisis, la dirigencia colombiana sólo ve el campo y la producción campesina en términos de productividad y competencia, sin entender que tan solo con profundas transformaciones en la cuestión agraria estará la base para la autonomía y la soberanía alimentaria y la paz de este herido país.
Es esto lo reclaman, en la actualidad, los movimientos sociales colombianos ligados a la tierra, la naturaleza y el territorio, caminando la palabra a través de la Minga de los Pueblos, han logrado llamar la atención sobre la importancia de liberar la Madre Tierra para recomponer no sólo las relaciones entre los seres humanos sino de también nuestras relaciones con la naturaleza.
Quito, 15 de octubre de 2009

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[1] Philip McMichael (1998: 4) considera que la cuestión agraria no puede ser solo considerada como un proceso nacional porque los procesos de globalización imprimen a ésta otro carácter y otros problemas. Mientras Bernardo Mancano Fernandes (2004: 3) considera que la cuestión agraria "nació de la contradicción estructural del capitalismo que produce simultáneamente concentración de riqueza y expansión de la pobreza y de la miseria".
[2] Fajardo, Dario, La tierra y el poder político; La reforma agraria y la reforma rural en Colombia. En http://www.fao.org/docrep/004/Y3568T/y3568t02.htm
[3] Mejía, Mario, Monocultivos y Sustentabilidad en megaproyectos agrícolas. Especial Referencia a la palma africana y caucho, En Agrocombustibles: Llenando Tanques Vaciando Territorios, Bogotá, Censat Agua Viva, 2008
[4] Fals Borda, Orlando, Historia de la Cuestión Agraria en Colombia, Bogota, Publicaciones de la Rosca, 1975. Pg: 116
[5] Fals Borda (1975: 51) define el campesinado como "el conjunto de clases sociales con cuya fuerza de trabajo se hace producir la tierra de manera directa, estableciendo formas diversas de relaciones de producción".
[6] Bernardo Mancano Fernandes, Cuestión Agraria: conflictualidad y desarrollo territorial, Ponencia, 2004, Pg: 5
[7] El programa AIS fue creado a través de la Ley 1133 de 2007, con el propósito de "reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía", según dice su web. En http://www.ais.gov.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=112
[8] Estas categorías son desarrolladas por Mc Adam, D, Tarrow, S., Tilly, C., en Dinámica de la contienda política, Barcelona, Editorial Hacer, 2005
[9] Mondragón, Héctor, Expresión y propuestas del campesinado, Bogotá, 2003. En http://www.kus.uu.se/CF/politicas/actor_campesino.pdf
[10] Fals Borda, Orlando, Historia doble de la Costa. Tomo 4, Retorno a la tierra, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República y El Áncora Editores, 2002d, Pg: 146 B
[11] Mc Adam, D, Tarrow, S., Tilly, C., en su texto Dinámica de la contienda política, consideran que los repertorios de contienda representan las formas culturalmente codificadas que tiene la gente de interactuar en la contienda política (2005: 17). La palabra repertorio identifica un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través de un proceso de elección relativamente deliberado. Son creaciones culturales aprendidas que surgen de la lucha. Es a través de la protesta que la gente aprende a romper ventanas, derribar casas deshonradas, escenificar marchas públicas, peticionar, mantener reuniones formales u organizar asociaciones de interés especial. Sin embargo, en un momento particular de la historia aprende una cantidad bastante limitada de modos alternativos de acción colectiva (Tilly).
[12] Fals Borda, Orlando, Historia doble de la Costa. El retorno a la tierra, Tomo 4, Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República y El Áncora Editores, 2002, pg. 21B
[13] Los nasas es el nombre original del pueblo que por muchos años fue llamado paeces en forma despectiva por los españoles, y continuó usándose en la República.
[14] Es bueno resaltar que esta conquista de los movimientos indígenas se logró, no obstante en Colombia este tema tiene una extrema limitación debido a que menos del 10% de la población rural y menos del 5% del total de la población es considerada como indígena.
[15] En 1980, en el sur de Colombia, departamento del Cauca, se constituyó el Comando Quintín Lame como una organización guerrillera de autodefensa indígena. El Quintín Lame participó de los procesos de negociación de paz que se dieron entre 1989 y 1991, que culminaron en el armisticio y la firma de la Constitución Política de 1991.
[16] Son ampliamente conocidos los casos de Juan de la Cruz Varela, que "había sucedido a Erasmo Valencia como dirigente de los agrarios de Sumapaz, se levantó en armas e ingresó al Partido Comunista en 1952. Rafael Rangel que había sido el alcalde nombrado por la insurrección obrera del 9 de abril en Barrancabermeja, dirigió por años un movimiento guerrillero campesino de amplio apoyo popular" (Mondragón, 2003)
[17] En ese momento, Marquetalia era un asentamiento de colonización de ex guerrilleros que habían firmado la paz en 1958.
[18] Thorp, Rosemary, "La crisis del ajuste", Cap. 7 en Progreso, Pobreza y Exclusión. Una historia económica de América Latina en el siglo XX, Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. 1998. Pg: 252
[19] Fajardo Montaña, Darío La reforma agraria en las agendas para la búsqueda de soluciones al conflicto armado KO’AGA ROÑE’ETA se.xi (2000) en http://www.derechos.org/xi/3/fajardo.html
[20] Fajardo Montaña, Darío. La reforma agraria en las agendas para la búsqueda de soluciones al conflicto armado KO’AGA ROÑE’ETA se.xi (2000) en [http://www.derechos.org/xi/3/fajard...]->http://www.derechos.org/xi/3/fajard...]
[21] El Frente Nacional es un pacto que establecieron liberales y conservadores para tumbar la dictadura militar del general Rojas Pinilla que se dio luego de la guerra civil iniciada a finales de los años 40, conocida como la Violencia, generada por la polarización bipartidista en Colombia.
[22] Las denuncias de dinero de la mafia en la campaña política del presidente Ernesto Samper hace que la Fiscalía General de la Nación abriera un proceso jurídico que es conocido como el Proceso 8000.
[23] Es importante señalar que, mientras los campesinos no tienen reconocimiento sobre sus territorios, con la excepción de los lugares donde hay constituidas y reconocidas Reservas Campesinas, a partir de la Constitución Política de 1991, indígenas y comunidades negras cuentan con normas que protegen su propiedad colectiva de la tierra, declarando la inalienabilidad de los resguardos indígenas y de las tierras comunales de los grupos étnicos. Cabe resaltar que durante los últimos 50 años se han reconocido algo más de 30 millones de hectáreas para la constitución y ampliación de resguardos indígenas, que representan alrededor del 59% de las tierras adjudicadas por el viejo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), hoy Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER.
[24] El fundamento de las alianzas estratégicas es subordinar el campesino en las grandes explotaciones de cultivos comerciales, que es el modelo utilizado para vincular a los pequeños propietarios de tierra en las zonas de cultivo de palma aceitera.
[25] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, De la Siega de la palma a la biodiversidad en Agrocombustibles: Llenando Tanques Vaciando Territorios, Bogotá, Censat Agua Viva, 2008
[26] Algunos de los más importantes estímulos, incentivos y exenciones que reseña Mario Mejía (Censat Agua Viva, 2008, pág: 125-126) en su texto Monocultivos y Sustentabilidad en megaproyectos agrícolas, hacen especial referencia a a los subsidios para el cultivo de palma aceitera y caucho: Certificado de Incentivo Forestal (CIF) (Ley 139 de 1994) para plantaciones forestales. Dona el 75% de los costos de establecimiento y 50% de los costos de mantenimiento del segundo al quinto año. Incentivo de Capacitación Rural (ICR) otorga hasta el 40% del crédito para modernización rural, establecimiento y sostenimiento de pequeños productores. Agro Ingreso Seguro (AIS) cubre los costos directos a pequeños productores 100%, a medianos 80%, con el DTF menos dos puntos, plazo 15 años y 3 años de gracia. Se exime de renta líquida gravable por diez años a los cultivos de tardío rendimiento (Decreto 1970 de 2005). Fomento cauchero según Ley 686 de 2001, con un fondo creado con el 3% de las ventas, Fondo de estabilización de precios de aceite palmero (Ley 101 de 1993). El etanol esta exonerado del impuesto del valor agregado (IVA) y de los impuestos y sobretasas a los combustibles (Ley 788 de 2002)
[27] El más controvertido proyecto ha sido el Estatuto de Desarrollo Rural, el cual fue sancionado como la Ley 1152 de 2007 y declarado inexequible por la Corte Constitucional en el mes de marzo de 2009, debido a la fuerte presión de los movimientos campesinos, negros e indígenas, que lo demandaron su inconstitucional por no haber realizado la consulta previa en las comunidades negras e indígenas.
[28] Existe numerosa literatura que documenta los casos de la palma aceitera en el Pacífico colombiano reseñados antes, pero también en las zonas bananeras del Golfo de Urabá, donde diversas denuncias han acusado a las empresas y los gremios de productores de provocar masacres o desplazamientos masivos para beneficiar sus intereses económicos. Los propios organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han realizado importantes investigaciones sobre estos casos.
[29] El Espectador, redacción política, Bogotá, 25 de octubre de 2009 En http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso168513-un-nuevo-pacto-de-chicoral?page=0,0
[30] Actualmente, son diversas las organizaciones de productores agrícolas que existen en Colombia: la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), la Federación de Cultivadores y Productores de Caña (Fedecaña), la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé); son sus representantes los que participan

Tomado de: Agencia de Prensa Rural